Imagen: Pablo Piovano.

El macrismo prepara hacia fin de año un paquete de leyes que incluyen la venta de terrenos públicos, la concesión por décadas del autódromo o del Centro de Exposiciones, entre otras. Los proyectos son resistidos por un sector de la oposición y, al igual que ocurrió hace dos años, las votaciones podrían quedar sujetas a la negociación de siete cargos de la Auditoría porteña, que se deben votar a fin de año. Entre esas leyes, está nada menos que el Presupuesto 2016, que el macrismo no envió a la Legislatura pese a que la Constitución porteña establece que debe ser mandado antes del 30 de septiembre. Por ese motivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) entabló una demanda ante el fuero contencioso administrativo. El gobierno porteño, que extraoficialmente admite que no piensa mandar el presupuesto hasta después de las elecciones, contestó un requerimiento de la jueza Elena Liberatori. Pero el fiscal Ocampo pidió urgente el expediente, como una forma de frenar la demanda.

En la bancada macrista señalan que tendrán trabajo a partir del 23 de noviembre para reunir las voluntades para el paquete de leyes. Entre otras, intentarán aprobar las siguientes:

1 Venta del Buenos Aires Design. El paseo comercial tiene desde hace años una concesión con un canon irrisorio de 49.029 pesos por un complejo que tiene 60 locales comerciales, 145 cocheras, una terraza de 300 metros cuadrados y dos centros de convenciones. Es administrado por la empresa Emprendimientos Recoleta SA (ERSA), cuyo accionista mayoritario es el grupo IRSA de Eduardo Elsztayn. Para que esa concesión no pasara por el control legislativo –obligatorio para todas las concesiones de más de 5 años– se lo otorgaron por 4 años y 364 días. Desde julio, el PRO busca directamente vender ese complejo con el objetivo de financiar la construcción de la Ciudad Judicial. Se presupone que la compradora sería la misma empresa. Los legisladores Gabriela Cerruti, Lorena Pokoik, Paula Penacca, José Cruz Campagnoli, Fernando Muñoz y Pablo Ferreyra participaron de una radio abierta para rechazar la venta.

“Estuvimos en la puerta del Buenos Aires Design acompañando a los vecinos. La oposición a la enajenación de un bien que es patrimonio cultural de la ciudad y que debería estar al servicio de los ciudadanos. Estoy igual de en contra de que la concesión sea a un valor irrisorio. Tenemos que poder acceder todos a esa zona”, indicó la kirchnerista Pokoik a este diario. Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, consideró: “No creemos que la venta del Buenos Aires Design sea una buena política. Además, no tiene una tasación lógica y válida de lo que sale ese terreno en la Ciudad de Buenos Aires.” “No renunciaría a ese inmueble y vería de qué manera lo relaciono con la oferta del Centro Cultural Recoleta. No quita que se lleve una concesión como corresponde y no la que hoy tenemos”, indicó Ferraro.

2 Venta del predio El Dorrego. El macrismo ya había intentado vender el edificio conocido como El Dorrego hace dos años. Como informó este diario, en 2013 recortó tres millones de pesos al programa de Intervención Social en Villas para refaccionarlo y luego tenía pensado entregárselo a la productora de Adrián Suar, quien compartió con Macri el partido en el que Boca se consagró campeón del torneo local. Ahora el PRO volvió a la carga, con un proyecto más moderado: Suar salió del primer plano y propone vender parte del predio para financiar en la otra parte el Centro Metropolitano Audiovisual. “Este paquete de leyes reafirma la lógica privatizadora con el que el macrismo viene gobernando la ciudad de Buenos Aires”, afirmó la legisladora de La Cámpora Paula Penacca. “Plantean ventas de terrenos de la ciudad, que no son destinados a construcción de vivienda en el marco de la crisis habitacional. En cambio, habilitan grandes negocios para los mismos empresarios amigos de siempre”, indicó.

3 Concesión del Autódromo. Se busca crear un fideicomiso por 30 años que será administrado por la Corporación del Sur y empresas vinculadas a la industria automotriz. “Todo lo que tiene que ver con venta de activos de la ciudad me voy a oponer, porque es el único capital que tiene la ciudad. No es un Estado con empresas productivas y de servicios, sino con tierra”, señaló el legislador Fernando Muñoz. “Este gobierno inició en 2007 la venta de tierras con lo de Catalinas Norte y luego una serie de terrenos que vendieron hipotéticamente para las obras del Teatro San Martín. Hace unas semanas presenté un pedido de informes sobre qué pasó con esas ventas”, indicó.

4 Concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones. Recién terminado, el PRO busca entregar a un privado el nuevo edificio junto a la Facultad de Derecho de la UBA. Como informó este diario, el Gobierno porteño hizo una inversión del 313 millones de pesos en la construcción, por lo que tanto la jefa del bloque del kirchnerismo Gabriela Alegre como el legislador Aníbal Ibarra discutieron a fines del año pasado con la jefa del bloque macrista Carmen Polledo cuando se trató el proyecto para concesionarlo por 30 años. “Con el Centro de Exposiciones, tanto Hernán Arce, Juan Nosiglia, Paula Oliveto Lago y yo nos expresamos con nuestra posición de no compartir el criterio de entregar llave en mano una obra así –indicó Ferraro, de la Coalición Cívica–. Se pueden tomar otros ejemplos, donde hay una clara participación del Estado en asociación con el sector privado. Puede ser una sociedad estatal.”

5 Venta de una parte del Tiro Federal. Se propone vender una parte para construir un Centro de Innovación. “Con el Tiro Federal, se reproduce una lógica de distritos que no promueve un desarrollo positivo para la ciudad. Todas las medidas avanzan con la enajenación de tierras públicas y con el Estado gobernando a favor de los intereses de grandes empresas”, advirtió Penacca.

6 Concesión del Bus Turístico. El contrato venció en 2013, pero el PRO se resiste a licitarlo. El negocio está en manos de una unión transitoria de empresas (UTE) de las compañías Flechabus y Rotammund. Estas empresas informaron que la cantidad de pasajeros es cercana a 300 mil personas, por lo que la facturación llegaría a los 78 millones de pesos anuales. El Estado se queda con el 25 por ciento de ese dinero. En lugar de licitarlo, el PRO quiere renovar la concesión a través de una resolución que requiere de 31 votos en lugar de 40 votos. En la oposición, lo ven como una trampa reglamentaria, de esas por las que el PRO suele poner el grito en el cielo en el Congreso nacional.

A estos proyectos se podrían sumar otros, como la renovación de la concesión del Club de Golf en Lugano, la aprobación del proyecto de IRSA del resistido barrio Solares de Santa María junto a la Reserva Ecológica o incluso existe la versión de la creación de una Agencia de Bienes del Estado (no obstante, no hay ningún proyecto presentado). Para la gran mayoría de estas normas, el macrismo requiere de 40 votos, por lo que tendrá que negociar con algún sector del interbloque kirchnerista o bien con alguna parte de la bancada de ECO.

“Nuestra postura, desde la Coalición Cívica, siempre fue no acompañar estos proyectos, salvo para cuestiones de asignaciones específicas como la venta de Catalinas Norte para nuevas escuelas o para las mejoras del Teatro San Martín. Como criterio, ratificamos nuestra postura de que no creemos en una política de descapitalización para llevar adelante otro tipo de políticas”, señaló Ferraro. “Los kirchneristas tenemos la tendencia a no privatizar. Esa es mi posición personal: ser kirchnerista es defender el patrimonio público”, indicó Pokoik. “El PRO tiene una impronta privatizadora que contrasta con lo que hizo el Gobierno nacional en estos años. O privatizan o plantean concesiones a varias décadas, en vez de poner su prioridad en los sectores más necesitados”, advirtió Campagnoli.

A esto se le suma otro elemento de la negociación: los cargos. En 2013, hubo denuncias de que se negociaban los cargos de la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el Consejo del Plan Urbano y las tres cabezas del Ministerio Público. En esa situación fue que llegó al cargo del fiscal general el macrista Martín Ocampo, que ocupa un cargo equivalente al de Alejandra Gils Carbó a nivel nacional. En este caso, están en discusión los siete puestos de la Auditoría General de la Ciudad, que serán tratados en paralelo a un paquete de leyes que el PRO intentará aprobar luego de que pasen la segunda vuelta nacional.

La promesa de una apertura irrestricta de las exportaciones de carne vacuna en un eventual gobierno de Mauricio Macri, sumado a una también anunciada megadevaluación, y la eliminación de retenciones al maíz, insumo básico para la producción de cerdos y aves, representa un combo explosivo para el bolsillo de los consumidores. El especialista en carne de la Federación Agraria, Mariano Bondone, sostuvo a este diario que la combinación de estas políticas dispararían el precio de la carne al consumidor entre un 100 y un 150 por ciento. Entre el mercado interno y la exportación, la clave sigue siendo la gestión del comercio exterior, a través de los ROE u otro instrumento, y el incentivo a la producción. El representante de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, indicó a este diario que a partir de las promesas realizadas por el PRO, los empresarios del sector ya aplicaron en el último mes aumentos preventivos en los distintos cortes (ver aparte). El flamante titular del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, Ulises Forte, aseveró a Página/12 desconocer las propuestas de Cambiemos, a pesar de que él integra ese espacio político desde su pertenencia al radicalismo. A diferencia de lo planteado por Macri, para Forte los ROE no deben ser eliminados, aunque “sí debería mejorarse su implementación”.

Entre 2008 y 2009, cuando el consumo de carne bovina había llegado a su máximo histórico de 68,4 kilos por persona por año, los lobbystas ganaderos del consorcio de exportadores ABC junto a periodistas agropecuarios cuestionaban en reuniones privadas los altos niveles de consumo interno abogando por una drástica baja. El planteo era que el país debía enviar al exterior los mejores cortes. Entre 2012 y 2013, el precio del ganado en pie dentro de la Argentina recobró valor, y la producción bovina tuvo un fuerte vuelco hacia el mercado local, en detrimento de los postulados de los lobbystas ganaderos exportadores. En 2003, el precio del kilo vivo era de 1,52 peso, mientras que en 2014 se ubicó en 15,1 pesos, un incremento de 893 por ciento. Y en dólares, el precio del ganado en pie tuvo una recomposición de 287 por ciento.

–¿Existe esa visión política de que hay que reducir el consumo interno para exportar más? –preguntó este diario a Bondone.

–La cosmovisión existe. Lo central será establecer prioridades, o se piensa en la mesa de los argentinos y en la soberanía alimentaria o no. Si abrimos directamente las exportaciones, con cero retenciones, más una devaluación, será mas interesante exportar que abastecer el mercado interno. Pero la consecuencia inmediata será un kilo de carne a 16 o 17 dólares cuando hoy en el mercado interno está a 6 o 7 dólares. Lo que necesitamos primero es aumentar la producción para luego ir abriendo saldos exportables de a poco. Y si a este escenario también le agregamos la eliminación de retenciones al maíz, habrá un aumento directo de los costos de alimentación en los feedlots que recaerá sobre todo en la producción y consumo de cerdos y aves. Las políticas neoliberales que se están proponiendo van a pegar muy duro sobre la soberanía alimenticia y el consumo de los argentinos –respondió Bondone.

La producción total de carne –vacuna, aviar y porcina– creció un 50 por ciento en el periodo 2003-2014. Esto se explica por el incremento de la producción de carne aviar en un 187 por ciento, seguido por la carne porcina con un 158 por ciento, mientras que la carne vacuna se mantuvo casi estable con una suba de 6 por ciento. En 2003, la carne bovina representaba el 75 por ciento del total producido, mientras que la producción aviar equivalía al 20 por ciento del mercado y la porcina al 5 por ciento. En toda la serie analizada, la carne vacuna perdió 22 puntos porcentuales de participación, que fueron compensados por las otras dos producciones. La carne de pollo incrementó su participación en 18 puntos y la de cerdo, otros cuatro puntos.

–¿Cómo puede repercutir en el mercado interno la liberación total de exportaciones de carne vacuna como propone Macri? –preguntó este diario a Forte.

–No conozco la propuesta en sí. La solución para el sector de la carne no es exportar más sino producir más y exportar más al mismo tiempo, que haya un solo tipo de cambio...

–¿Hay que eliminar los ROE? –insistió este diario.

–No digo eliminar los ROE sino pensar en una herramienta más dinámica que dé previsibilidad, que si la industria se compromete a que la carne estará en tal puerto en una fecha determinada, así suceda. Hoy por hoy no hay productor que desprecie a su mejor cliente, que es el mercado interno. Para aumentar las exportaciones (sin dejar de lado el mercado interno) hay que finalizar con el ternericidio, incentivar la faena de animales más pesados, etc. Esto está sujeto a un ciclo biológico –respondió Forte.

“A los trabajadores debe quedarles claro que una propuesta de devaluación y apertura irrestricta de exportaciones de ganado vacuno y granos significará una reducción de la capacidad de compra cercana al 50 por ciento. El plan económico del PRO es una transferencia directa de recursos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la cadena agroindustrial”, aseveró a este diario Alberto Cantero, ex titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Todavía resta algo más de una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque los economistas de Cambiemos ya generaron impacto sobre la economía nacional. No a través de la supuesta “confianza” que aseguran van a transmitir, sino a causa de sus promesas de quita masiva de retenciones, eliminación de la regulación sobre las exportaciones y brusca devaluación, que motivaron una fuerte suba en el precio de la harina, grasas y margarinas, que se utilizan en los panificados. Las panaderías salieron a denunciar las subas.

En diálogo con Página/12, Gerardo Di Cosco, de la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Rosario, explicó la situación. “La semana pasada estuvimos en Buenos Aires reunidos con las autoridades de la Federación Molinera. Nos dijeron que esperaban una rebaja de retenciones y que iban a trasladarla al precio de la harina, aunque teóricamente eso iba a acontecer a partir del 10 de diciembre. Pero estos muchachos se adelantaron y en una semana aumentaron un 30 por ciento la bolsa de harina. En algunas zonas ni siquiera entregaban harina. Encima se sumó el anuncio de devaluación por parte de los economistas de Macri”, indicó.

La devaluación del peso incrementa no sólo el precio interno de los bienes de consumo final, insumos y maquinarias importadas sino también de las mercancías que además de ser exportadas se venden en el mercado local. Si el dólar oficial subiera, por ejemplo, de 9,50 a 15 pesos, el ingreso en pesos de un exportador se vería incrementado en casi un 60 por ciento. Ese empresario va a procurar obtener la misma suba en sus ventas que se dirijan al mercado interno. De hecho, una de las razones por la cual en la Argentina la devaluación tiene efecto depresivo tan inmediato sobre los salarios es que se trata de una economía que exporta bienes de consumo básico. Un ejemplo de lo anterior de ello es el trigo. Además, Macri prometió eliminar de un plumazo retenciones y regulaciones para exportar.

“Son todos aumentos por las dudas, y ahora los precios no bajan más. Los grandes molinos, que son tres o cuatro, han ido comprando el trigo a valores que eran la mitad de lo que son ahora. Suben los precios por si el dólar llega a tocar los 15 o 16 pesos, no les importa nada la gente. Hace diez días la bolsa de 50 kilos de harina estaba en 160 pesos, hoy se vende a 210 pesos y podría llegar a 300 pesos si se aplican las medidas que propone Macri. Por las mismas razones también subieron las grasas y margarinas un 35 por ciento, y no hay ninguna razón real para explicarlo, es todo por las dudas”, agregó Di Cosco. “En Rosario y zonas de influencia les sugerimos a todos los panaderos que sean prudentes, pero ya subieron los precios entre un 10 y 12 por ciento”, admitió el dirigente.

Otras voces se alzaron en el mismo sentido. Emilio Majori, presidente de la Federación de la Industria Panaderil de la provincia de Buenos Aires, consideró que el aumento en el precio de la harina llega al 80 por ciento. “Del molino nos dicen que los productores no quieren vender por los vaivenes de la política, hasta que pase el 10 de diciembre. Estamos bancando todo lo que podemos para no trasladar el aumento de la harina al precio del pan”, indicó. Por su parte, la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad detalló que “hace 10 días pagábamos la bolsa de harina a 140 pesos y hoy se está pagando en diferentes zonas del país entre 200 y 220 pesos. Los componentes, materias primas y productos de embalaje también han aumentado”, sostienen los panaderos.

Días atrás, el titular de la Cámara de Fabricantes de Pastas y Afines de Córdoba, Aldo Ferreyra, detalló el traslado de precios a la harina especial, que se utiliza para la fabricación de pastas. “El viernes pasado los grandes molinos que marcan el precio suspendieron las ventas en Córdoba. Cuando volvieron a vender lo hicieron a 295 y 300 pesos la bolsa cuando antes estaba a 245 pesos cada una. Los 50 kilos de harina especial para pastas frescas aumentaron en una semana 55 pesos”, sostuvo el propietario de la fábrica cordobesa Di Pascualle. Representa un aumento del 20 por ciento en el precio del insumo. El empresario pyme responsabilizó comportamiento especulativo a las promesas devaluatorias y desregulación del sector agropecuario. Desde Apyme agregaron que también se presentan situaciones de abuso de precios en el sector de galletitas.

Federico Sturzenegger.
Carlos Melconian.
Alfonso Prat-Gay.
Imagen: Leandro Teysseire.

Hasta ayer era una broma las redes sociales que escondía, detrás del chiste, un diagnóstico político: el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, oculta a sus referentes económicos para no dar a conocer, antes del ballottage, las recetas que planea aplicar si llega a la Casa Rosada. Pero su rival, Daniel Scioli, recogió ese tema y lo puso en el centro de la campaña. “No es casualidad que haya mandado a callar a todos los economistas”, apuntó los focos hacia la zona más floja del discurso opositor. El candidato del Frente para la Victoria no fue el único que advirtió ese flanco débil. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, hoy en el Frente Renovador y muy crítico del oficialismo, también cuestionó el intento del macrismo de maquillar su programa económico, al que calificó como un “ajuste invotable”.

Dos alternativas

“Yo garantizo la presencia del Estado como garante de los equilibrios que hay que tener, especialmente la atención a los humildes, a los trabajadores, a la clase media. El piensa dejar todo librado a la lógica del mercado, volver a un neoliberalismo que después termina haciendo estragos en la economía real, dejando desprotegidos a todos los sectores productivos. Esas son las dos alternativas. No es casualidad que mandó a callar a todos los economistas –planteó ayer Scioli, apuntando contra el equipo económico de Cambiemos–. Yo no escuché nada más: Melconian, ni Prat-Gay, ni Aranguren, ni Sturzenegger. ¿Por qué no hablan más? Porque cada vez que han hablado han sincerado lo que quieren hacer y ahí la gente toma conciencia de eso. Eso sí genera miedo.”

Las diferencias centrales en los programas económicos de uno y otro candidato será uno de los ejes de la campaña del gobernador bonaerense en la semana que queda hasta el cierre, y particularmente en el debate que lo confrontará con su rival el domingo a la noche. En su equipo aseguran que ese es el punto más débil de la propuesta de Cambiemos y que “si la gente se entera de lo que piensan hacer, no lo van a votar”, por eso Scioli redoblará sus esfuerzos para destacar los contrastes. “Macri propone dejar liberado el cepo, que haya una gran devaluación y generar un ajuste”, sostuvo ayer, contraponiéndolo con la administración “responsable” de las reservas que propone él y que implica un manejo más gradual en las variables para evitar consecuencias negativas.

Lo que decía Cavallo

Scioli encontró ayer un aliado inesperado en Lavagna. El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, hoy opositor y parte del armado de Sergio Massa, sorprendió al criticar con dureza al plan económico de Macri, ya que días antes había deslizado que en la segunda vuelta se inclinaría “por el cambio”. Distinto fue el mensaje que el economista dio ayer. “Desde la alianza PRO esconden a sus economistas y cuando no lo hacen reproducen lo que decía Domingo Cavallo. Falta que digan que hay provincias inviables”, aseguró el ex funcionario. Si bien dijo que no coincide con los planes económicos de “ninguno de los dos” candidatos, apuntó sus cañones contra el macrismo. “Un cambio para el ajuste es invotable”, aseguró, ya que resulta “imposible sacar de un día para el otro el cepo si no es por una devaluación o suba del tipo de cambio”.

Lavagna dijo que “muchos precios funcionan en base al dólar oficial, con lo cual si sube implicará un traslado a los precios”, a no ser que “hagan esa devaluación en un contexto de un progreso económico muy fuerte de reactivación, que permita bajar los costos fijos y mejorar la productividad”, pero “eso no aparece” en el panorama actual. En cambio, “si lo que hay es ajuste tradicional, como tantas veces hubo en la Argentina, es decir, si se va a combinar lo peor que es la devaluación con transferencia a la inflación, hay que aclararlo”, advirtió el economista. “Por eso hay voceros de Cambiemos a los que los sacaron de circulación, para que no digan lo que piensan.”

No lo digas ahora

“Si vos explicás qué es la inflación, vas a tener que decir que la emisión monetaria genera inflación, que entonces debería reducirse la emisión y que si hacés eso tendrías un ajuste fiscal donde la gente va a perder su trabajo y eso no queremos que lo digas. Cuando seas gobierno hacé lo que vos creas, pero no lo digas ahora en el medio de un debate.” Así relató el diputado Federico Sturzenegger, del PRO, los consejos que le dio el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba antes de comenzar la campaña. Irónicamente, el ex presidente del Banco Ciudad fue el primero de los economistas de Cambiemos en ser escondido, debido a su vinculación directa con la gestión de Cavallo en 2001 y el Megacanje, por el que estuvo procesado.

El segundo fue otro economista del riñón de Cavallo, Carlos Melconian. El ex candidato a ministro de Economía de Carlos Menem en 2003 formaba parte del equipo de campaña de Cambiemos hasta que declaró, diez días antes de las elecciones, que pensaba utilizar 2 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar a los fondos buitre. Para subsanar ese error, el jefe de gobierno porteño sacó a la cancha a Alfonso Prat-Gay, un economista con un currículum menos escandaloso que sus compañeros. Duró poco: primero las críticas de otros economistas ortodoxos ante su propuesta de levantar las restricciones a la venta de dólares “el día uno” y luego sus dichos discriminatorios contra las provincias del interior lo mandaron de nuevo al banco.

No solamente fueron economistas los que se complicaron a la hora de explicar los planes de Cambiemos. Desde especialistas en Energía, como Juan José Aranguren, que relativizó la importancia de una YPF nacional, hasta el jefe de Gobierno porteño electo, Horacio Rodríguez Larreta, que opinó que cuando abran el cepo “confía” en que “la gente no vaya corriendo a comprar dólares”, contribuyeron a complicar el discurso macrista de cara al ballottage.

Ahora, la pelota quedó en manos de Rogelio Frigerio, que –con un apellido desarrollista– busca espantar los fantasmas para garantizarle a su jefe una victoria el 22. El actual titular del Banco Ciudad adoptó un discurso casi kirchnerista a la hora de anunciar las políticas que aplicaría su espacio de llegar al gobierno. Ayer, en un encuentro ante la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, desmintió una devaluación súbita, defendió la soberanía energética y aseguró que “no existe proceso de desarrollo que no haya sido liderado desde el Estado”.

El gobierno porteño contestó sin precisiones el pedido de informes que había hecho la Legislatura porteña sobre las contrataciones a la empresa La Usina, que fue fundada por el ex candidato de Cambiemos Fernando Niembro. Como principal excusa, los funcionarios de Mauricio Macri sostuvieron que existe una sola copia en papel de los expedientes y que el original fue enviado al Poder Judicial. Ni está digitalizado ni se quedaron con una fotocopia. Por ese motivo –se excusaron– no podían dar mayores detalles sobre los contratos. De las veinte preguntas que les hicieron, contestaron tres. “La respuesta es una tremenda burla a la ética y la transparencia que debe regir la función pública”, sostuvo la jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Gabriela Alegre.

Niembro renunció a su candidatura antes de la primera vuelta, luego de que se supiera que una empresa que fundó había recibido más de 23 millones de pesos en contrataciones directas por parte del gobierno porteño. La Usina Producciones fue creada en 2012 y, poco tiempo después, empezó a recibir contrataciones de diversas áreas del gobierno porteño. Cuanto más se supo sobre la empresa, más sospechas surgieron: fue creada con un capital accionario de 10 mil pesos y Niembro vendió su parte a comienzos de este año por una cifra simbólica (20 mil pesos) a la hija de su socio, Atilio Meza, que también era candidato de Cambiemos.

La empresa no tenía antecedentes, nunca tuvo una web y las contrataciones no se publicaron en el Boletín Oficial. Las 192 contrataciones –la mayoría mediante mecanismos de urgencia– que recibió del gobierno de Macri fueron por los más variados motivos: desde colocación de publicidad a hasta encuestas de satisfacción. Esto motivó la apertura de una causa penal y la Legislatura hizo un pedido de informes a principios de septiembre. Dos meses más tarde, llegó la respuesta del gobierno porteño, que fue magra en materia de información.

No respondieron: qué servicios y productos fueron contemplados en las contrataciones, las áreas de gobierno que los contrataron (algunas contestan y otras, no), por qué no fueron publicados en el Boletín Oficial, y no entregaron un sólo documento. Entre las cosas que respondieron está los nombres de los socios de la empresa –que ya eran de público conocimiento– y dieron detalles sobre las encuestas que había encargado el Ministerio de Espacio Público.

Sobre estas encuestas –cuyos resultados no mostraron– el gobierno porteño afirmó que “en materia de contenerización, dichas encuestas favorecieron la prioridad, con respecto a la instalación de contenedores por zonas, percepción de los vecinos respecto al avance de dicha implementación (...) En cuanto a la prestación de servicios específicos, como el barrido y limpieza de calles y veredas, la información obtenida en las encuestas aludidas permitió modificar la frecuencia”. El documento afirma, inclusive, que las encuestas orientaron “la planificación y aprobación de los planes de trabajo transitorio que deben utilizar las contratistas del Sistema Público de Higiene Urbana”.

Al equipo de Alegre le llamó la atención, si es cierto que estas encuestas de Niembro reconfiguraron todo el sistema de recolección, que fueron encargadas a una empresa sin antecedentes. También es llamativo que, si se hicieron por un extenso tiempo, no se llamara a una licitación pública (o privada, que tiene solo cinco oferentes) y se recurriera a un mecanismo reservado a casos de emergencia. El gobierno porteño sostuvo que no tenía las encuestas ni el informe de los resultados, porque se la entregaron al Poder Judicial. No se quedaron ni con una fotocopia.

Sobre las colocaciones de publicidad que hacía la empresa de Niembro, respondió la Dirección de Planificación de Medios, que responde al secretario de Comunicación Social, Pablo Gaytán. No respondieron, en tanto, las otras áreas del gobierno porteño que habrían contratado por su cuenta a la misma empresa. El área de publicidad oficial sostuvo que no tienen ningún documento digitalizado, ya que “en virtud de la experiencia diaria y la operatoria recogida a lo largo de la gestión” decidieron hacer todo en papel. Esto iría en contra de la ley 3304 que implica la digitalización de todos los archivos. Lo cierto es que como todo estaba en papel y, aparentemente, tenían una única copia que fue entregada al Poder Judicial, aseguraron que no podían dar más precisiones sobre las contrataciones a Niembro. “Que Macri y Larreta decidieran mandar esto a la Legislatura, en mi opinión, confirma la ilegalidad de las contrataciones a Niembro y que el cambio que propone el PRO es hacia más impunidad y más corrupción”, concluyó Alegre.