En el diario "la nación" integrante del grupo clarin, leemos la siguiente "editorial":
No más venganza
La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos
LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.
Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.
Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".
La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.
Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.
Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.
La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.
El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.
Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.
cada cual sacrá sus conclusiones, a mi me parece una monstruosidad y lo mismo opinan los empleados y periodistas de la planta del diario La Nación por ello hicieron una manifestación y huelga de brazos caídos.
EL PAIS › UN PRESIDENTE, DOS PAISES > TRABAJADORES DE LA NACION SE MANIFESTARON EN CONTRA DEL EDITORIAL PUBLICADO AYER
El repudio desde adentro del diario
En una asamblea, los empleados acordaron una declaración conjunta donde se pronunciaron a favor de “la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. “En nada nos representa”, señalaron sobre la nota editorial.
Con un “sí a la democracia” y un “no al olvido” los trabajadores del diario La Nación repudiaron el editorial de la empresa publicado ayer, donde el matutino fijó posición en contra de los juicios de lesa humanidad, “las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos” de los “condenados, procesados y sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”. “En nada nos representa”, aseguraron los trabajadores a través de un comunicado acordado en una asamblea.
Desde empleados hasta secretarios de redacción compartieron, a primera hora de la tarde de ayer, una asamblea. Allí, los trabajadores del diario, de las revistas que edita la misma firma y de su plataforma online decidieron rechazar públicamente y de manera colectiva el editorial que salió en la edición impresa de ayer del matutino, horas después del ballottage.
“Entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas”, plantearon en el comunicado que acordaron durante el encuentro y en el que expresaron el rechazo a “la lógica que pretende construir el editorial de hoy (por ayer), que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’”. También acordaron fotografiarse todos juntos en estado de asamblea con carteles de “Yo repudio el editorial”. “Los trabajadores del diario La Nación decimos sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos no al olvido”, concluyeron en la toma de posición a la que adhirieron los trabajadores de la empresa y las comisiones internas que representan al sector de prensa y al de imprenta.
La asamblea para “hablar sobre el tema” se programó por la propia necesidad de quienes hacen el matutino y el resto de los productos periodísticos de la empresa de “expresar la indignación” que generó el editorial titulado “No más venganza”. La postura empresarial respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura por el terrorismo de Estado cosechó las primeras críticas y repudios temprano en la mañana, vía redes sociales. Incluso, las “firmas” más reconocidas del diario utilizaron otros espacios en donde se desempeñan como periodistas, sus cuentas de Twitter y Facebook, para declarar su desacuerdo con el eje del texto. El repudio colectivo fue saludado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ambos colectivos de trabajadores que también repudiaron el editorial de La Nación.
La empresa publicó a la tarde en su sitio web un artículo en el que recogió las críticas recibidas, incluidas las de sus trabajadores, aunque negó que el editorial solicitara la suspensión de los juicios sobre violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo ni reivindicara a genocidas. “Por el contrario, condena al terrorismo de Estado, al tiempo que también cuestiona a grupos terroristas que actuaron en los años 70.”
El diario La Nación saludó la elección de Maurizio Macrì con un editorial cavernícola de paradójico contenido. Titulado “No más Venganza”, ordena al nuevo gobierno poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad, que atribuye al kirchnerismo. También carga en la cuenta del abominado gobierno saliente la denominación de juventud maravillosa para la militancia revolucionaria del siglo pasado, que el diario equipara con los terroristas que asesinaron a un centenar de espectadores y comensales en teatros y bares de París. Además califica como vergüenza nacional que hayan muerto en prisión más de 300 detenidos por estas causas.
Son demasiadas falacias. Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, más de medio centenar de altos jefes de las Fuerzas Armadas ya estaban detenidos por decisión judicial, entre ellos los máximos jefes de la primera junta golpista, Jorge Videla y Emilio Massera (el tercer integrante, Orlando Agosti, había muerto seis años antes). La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue dictada por la justicia federal dos años antes, debido a la persistencia de los organismos defensores de los derechos humanos, que nunca consintieron la impunidad de esos graves crímenes. “Juventud maravillosa” fue el agradecido reconocimiento de Juan D. Perón a la sacrificada militancia, armada y no armada, que en 1972 haría posible su regreso a la Argentina al cabo de casi dos décadas de exilio forzoso. Acaba de publicarse el excelente libro de Ariel Hendler 1964, historia secreta de la vuelta frustrada de Perón, que muestra el compromiso de varias generaciones con esa reivindicación fundamental del pueblo argentino. Comparar esos hechos con los atentados de París es un desatino mayúsculo que descalifica a sus autores.
En cuando a los juicios en sí, hasta ahora ha habido 522 condenados y 57 absueltos, además de 250 sobreseídos o con falta de mérito en la instrucción de los procesos. Esta proporción indica que no se trata de tribunales populares que ejercen la venganza sino de procesos regulares, con garantía del debido proceso y el derecho de defensa, a los que nadie entra condenado. Es cierto que un número de imputados tiene edad avanzada y que muchos han muerto, ya condenados o bajo proceso, lo cual no se debe a perversidad de nadie sino al largo lapso en que fue imposible avanzar en su enjuiciamiento por decisiones políticas que La Nación aplaudió. Pero el tiempo también pasó para las víctimas y sus familiares, por razones obvias y no como consecuencia de la mecánica procesal. El designado sucesor de Hitler, Rudolf Hess, murió en la prisión aliada de Spandau a sus 93 años, la misma edad que tiene ahora el Contador de Auschwitz, Oskar Gröning, quien en abril de este año fue condenado en Alemania a cuatro años de prisión. A diferencia de sus pares argentinos, reconoció su responsabilidad en los horribles crímenes cometidos y abominó de ellos.
El matutino de las familias Mitre y Saguier ha publicado muchos pronunciamientos semejantes y durante los años atroces convalidó con su silencio informativo y su encomio editorial los crímenes del gobierno que le concedió la única fábrica de papel para diarios, en asociación con Clarín y La Razón, financiada con créditos a tasa subsidiada de los bancos públicos.
Si esto era previsible, lo extraordinario ocurrió a lo largo del día. Juan Pablo Varsky en su programa de radio, Gabriel Sued, Mariana Verón, Patricio Insúa y Hugo Alconada Mon en Twitter, fueron los primeros en señalar su completo desacuerdo con el editorial del diario en el que trabajan. Con el paso de las horas este goteo se convirtió en una catarata a la que se sumaron incluso Pablo Mendelevich y Pablo Sirven. Mendelevich escribió que no compartía “ni el contenido ni el tono ni la oportunidad”. Para el redactor Diego Battle el editorial es “infame” y lo más triste fue que hubiera salido sin firma y en el primer día de Macrì como presidente electo.
Por la tarde se realizó una asamblea dentro del diario que emitió una declaración de repudio, destacando la diversidad de ideas, proyectos e identidades políticas que conviven en su redacción. Desde esa diversidad rechazaron la lógica que pretende construir el editorial “al igualar a las victimas del terrorismo del Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’. Los trabajadores del diario La Nación decimos Si a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al olvido”. Antes de la firma de las comisiones internas de prensa y gráficos y del resto de los trabajadores del diario, proclaman “Por Memoria, Verdad y Justicia”. Hasta la senadora Norma Morandini hizo saber que el editorial había tergiversado palabras suyas sobre los juicios, cuya continuidad defiende.
Algo parecido ocurrió en el Grupo Clarín hace tres años, cuando esa empresa denunció a los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Orlando Barone, Edgardo Mocca y Javier Vicente por incitación a la violencia y coacción agravada, a raíz de informes y opiniones difundidos en los medios en los que trabajan. El editor responsable Ricardo Kirschbaum y varios columnistas expresaron su desacuerdo, lo cual obligó al multimedios a retirar la denuncia que atentaba contra la libertad de expresión. La diferencia es que esta vez se trató de un movimiento colectivo con definiciones categóricas adoptadas en asamblea. Durante su transcurso los trabajadores exhibieron carteles que decían “Nunca Más” y “Yo repudio el editorial”.
El episodio es expresivo de un momento especial de la vida política del país. La mayoría de quienes fijaron esas posiciones son muy críticos del kirchnerismo, pero no por ello quedan al margen de los cambios profundos que esta década produjo en el país. Hasta la Corte Suprema de Justicia afirmó que esos juicios son irreversibles porque ya forman parte del contrato social de los argentinos del siglo XXI. El propio Macrì ha comprendido que la evolución de la sociedad y lo apretado de los guarismos por los que superó al candidato del Frente para la Victoria no permiten ninguna confusión cronológica del tipo que alientan algunos obstinados partidarios de la alianza Cambiemos. El nuevo gobierno asumirá el 10 de diciembre de 2015, no el 6 de septiembre de 1930, cuando el gabinete de ministros se loteó entre los abogados y representantes de los grandes grupos agropecuarios y las principales empresas británicas en la Argentina. Tampoco se avecina el fatídico 9 de junio de 1956, cuando “se acabó la leche de la clemencia”, como celebró los fusilamientos el socialista Américo Ghioldi. Y es mejor que vayan despertando de su ensoñación quienes añoren el orden antisubversivo implantado el 24 de marzo de 1976. Todos ellos se engañan, como lo demostró ayer el nuevo mandatario al afirmar en su primera conferencia de prensa que continuarían los juicios contra los represores de la dictadura. Ninguna política que la sociedad haya asumido como propia podrá ser revertida sin una grave conmoción, como debió notificarse ayer el vocero de la nostalgia de tiempos que si la sociedad no lo quiere nunca volverán.
La UCEP se ha convertido en un grupo de tareas que sale a golpear a quienes duermen en las calles. Hay cuatro candidatos del PRO implicados en decisiones cuestionadas de la administración macrista: - Marcelo Iambrich: director del CGP Nº 6, desalojó una huerta orgánica en Caballito con una topadora. Una caricatura suya apareció entre los archivos de la polémica Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), publicados por este diario en noviembre de 2009. El dibujo dice Marcelo “Topadora” Iambrich y está caracterizado el director del CGP en un tanque, vestido de soldado y arrollando plantas de marihuana. - Ignacio Crevena: director del CGP Nº 15, convocó a la Policía Metropolitana a realizar tareas de Inteligencia en una reunión vecinal. Encabeza la lista del PRO en esa comuna. - Matías Lanusse: ex coordinador de la UCEP e imputado en la causa abierta por el accionar de esa unidad, es tercer candidato en la lista del PRO de la comuna 2.
Existe, a su vez, un caso en el que una mujer embarazada denunció no solo haber sido golpeada e insultada, sino también haber sido abusada sexualmente por miembros de la UCEP, lo que derivó en un desplazamiento de placenta constatado por personal médico del hospital Ramos Mejía. FUENTES Ver Fuente periodística Ver Fuente denuncia mujer embarazada
Vetó una ley que indemnizaba a las víctimas del Plan CONINTES de Frondizi
La ley 2601, votada por la Legislatura a fines de 2007, establecía una reparación para aquellas personas que hubieran estado detenidas, procesadas, condenadas y/o a disposición de la justicia o de los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), implementado por Arturo Frondizi entre 1960 y 1961, y cuyo objetivo era reprimir las huelgas y protestas populares y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares. Los dos principales considerandos de Macri para vetar la ley fueron que a nivel nacional no existía una reglamentación sobre el tema y la “carencia” de recursos presupuestarios para afrontar la indemnización. FUENTES - Ver Fuente Wikipedia Para ver el contenido de la ley y su veto
Desestimó y vetó Ley 3268 que planteaba la creación de un registro de ex presos políticos entre 1955 y 1983.
La Ley vetada permitía lograr un registro con el mayor caudal de información posible sobre los ciudadanos porteños que hayan sido presos políticos en centros legales o clandestinos de detención durante aquel período de tiempo en cualquier parte del país. Este registro voluntario no pudo hacerse efectivo al ser vetada la ley por el Jefe de Gobierno Porteño. FUENTE Fuente Centro Documental de Información y Archivo Legislativo - Ley 3268
Vetó una ley para la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos en la Ciudad.
A partir de un importante caudal de denuncias y reclamos, la Ley 3298 –vetada por decreto por Macri- buscaba aplicar normativa tendiente a la prevención de las prácticas de tortura, tratos inhumanos, degradantes o penas crueles en lugares de detención e internación tanto públicos como privados. Argumentando que esto ya está de algún modo contemplado a nivel general por la regulación a favor de los derechos humanos y otras leyes establecen obligaciones y deberes asumidos por el Estado Nacional, se rechazó la sanción de la ley desde el Ejecutivo de la Ciudad. Esto representó una verdadera pérdida en el avance de un foco de lucha que el Estado, también a nivel local, debería asumir, en lugar de considerar que la regulación vigente es suficiente o dejar todo en manos de la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. FUENTE Ver Fuente Centro Documental de Información y Archivo Legislativo para contenido de ley y decreto de veto
Vetó la ley 3335, que premiaba a instituciones que luchen por los derechos de sobrevivientes de violencia de género.
Mediante la misma hubiese quedado establecido formalmente el premio “Raquel Liberman”, equivalente a un monto igual a un sueldo de diputado (a entregar por única vez, no periódicamente), destinado al reconocimiento de una ONG, una red de ellas o persona/s que lleven adelante un proyecto social ejemplar que promueva y proteja los derechos de los sobrevivientes de situaciones de violencia contra las mujeres o promueva la discusión social sobre aquel tema en el ámbito de CABA. Esta iniciativa, muy bien recibida por varios sectores de la sociedad, traducida en proyecto de ley, fue rechazada por Macri, sosteniendo desde su equipo de trabajo que no estaba claro “qué organismo se encargaría del financiamiento”, a pesar de ser un monto ínfimo y haber tenido la posibilidad de hacer efectivo algo de gran valor simbólico con mínimos recursos. FUENTE Ver Fuente Centro Documental de Información y Archivo Legislativo para contenido de ley y decreto de veto
Vetó una ley que creaba un fondo para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina
En 2010, Macri vetó la ley 3329, que creaba un fondo de $240.000 anuales durante 5 años para la localización y restitución de tales niños y la defensa del derecho a la identidad y de los derechos del niño que lleva a cabo la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo. Los principales justificativos de Macri fueron que esos fondos no estaban contemplados en la ley de presupuesto dictada para 2010 (aunque recordemos que el macrismo subejecutó todas las partidas presupuestarias por montos exponencialmente mayores, lo cual denota que posee un enorme grado de discrecionalidad en el manejo del Presupuesto).
Designación de un procesado por atentado a la AMIA como Jefe de Policía.
Seleccionó a “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, quien está implicado en la Causa AMIA. Luego se excusó diciendo que fue recomendación de la embajada de EE.UU, siendo pública e inmediatamente desmentido por funcionarios de la misma. Fuente periodística: La Nación Ver Fuente periodística
Macri está actualmente procesado en causa por escuchas ilegales.
La Cámara Federal, en un fallo unánime, sostiene que Macri "conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido". Fuente periodística: El País (España) Ver fuente periodística
La Justicia lo obligó a eliminar propaganda con datos falsos sobre sueldos docentes.
Debió retirar de circulación y corregir los folletos que contenían información irreal con respecto al salario de docentes y sobre la construcción de escuelas. También ordenó al Gobierno de la Ciudad que se retracte. Fuente periodística: Terra Ver fuente periodística
No cumplió su promesa de regular la publicidad oficial.
A pesar de haber prometido en su campaña de 2007 que regularía fuertemente la publicidad oficial, Macri vetó (parcialmente, en sus artículos clave) la ley sobre su transparencia. La ley 3391, que se proponía regular y hacer más transparente la publicidad oficial en la Ciudad, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura el 3/12/2009. No obstante, en el decreto 122/10, Macri vetó 9 de sus 18 artículos, entre ellos, los que establecían disposiciones sobre transparencia y prohibición de uso propagandístico de la pauta estatal que significaban pasos positivos en relación con el manejo de estos fondos públicos. Los vetos más importantes fueron efectuados sobre los artículos 8º y 9º de la norma (Ley 3391). Por el primero se prohibía que los avisos oficiales incluyeran “el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad” o “frases, símbolos, logos y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas”. El segundo establecía limitaciones para la emisión de publicidad oficial durante los 30 días anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales, con varias excepciones para casos de necesidad y urgencia. Fuentes Ver Fuente Censura Indirecta Ver Contenido de la ley y su veto por medio del decreto 122/10
En el primer año de funcionamiento del Ente Autárquico Teatro Colón (2009) la participación de su presupuesto en el total del asignado al área de Cultura cayó al nivel más bajo de la historia de Buenos Aires como ciudad autónoma (13%). El anterior registro de menor participación (18%) se había producido el año anterior (2008), el primero de la gestión de Mauricio Macri. La diferencia entre uno y otro año fue que el 2008 no tuvo temporada de ópera, por primera vez en la historia del Colón, mientras que en 2009 se cumplió una muy modesta programación extramuros. Vale decir que en el año con actividad operística se destinaron menos recursos, en términos relativos, que cuando no se desarrolló esta actividad central. Fuente - Periodico Tribuna Ver Fuente periodística
Echó a 41 músicos del Teatro Colón
Los músicos dejaron de formar parte de la orquesta estable de la sala a raíz de reclamar mejoras edilicias del Teatro. Fuente - Diario Jornada Ver Fuente periodística
Utiliza los edificios públicos para hacer fiestas privadas
La información sobre la fiesta de cumpleaños que hace un tiempo el empresario Andrés von Buch realizó en el Teatro San Martín, que implicó la paralización de tres de las cuatro salas del teatro, tuvo un amplio eco en la Legislatura porteña, pues cosechó pedidos de informes y declaraciones contrarias a que un teatro público suspenda su actividad para realizar este tipo de eventos. FUENTE - Diario La Nación Ver Fuente periodística
Cerró más de 500 talleres gratuitos
Según denuncian desde el 2008 los mismos Docentes a cargo, desde el GCBA se cerraron talleres en aproximadamente un 55%, hubo rebajas de salario para unos 500 docentes y muchos otros, en cambio, fueron directamente despedidos. Mientras desde Ministerio de Cultura informaban que planeaban un aumento de vacantes, los números concretos muestran una disminución de actividades culturales de alrededor de 50 mil vacantes a sólo 24 mil. FUENTE Ver Fuente periodística La Nación Ver Fuente periodística Clarín
Desmantela el C.C, San Martín e intenta privatizar salas
Tras cuatro años de intento de clausura (2006-2010), la sala Alberdi perteneciente al C. C. San Martín y cedida a la DGEART (Dirección General de Enseñanza Artística) que brinda espectáculos, sobre todo para chicos, gratuitos desde hace 25 años, fue sometida por sus autoridades a un sistemático boicot que propició su vaciamiento tanto a nivel edilicio como de sus actividades. De esta manera, en un par de años se logró el notable record de achicar de 30 a 9 la cantidad de talleres, campaña que se corona a principios 2010, con el cierre de la sala, sus sobrevivientes talleres y la ya magra programación de espectáculos. FUENTE - Comisión de Alumnos, Ex Alumnos y Amigos de la Sala Alberdi Ver Fuente Alumnos Alberdi Ver Fuente Argentina Arde
Vetó la ley para realización de murales y creaciones artísticas en CABA
El pasado año 2008 el muralista Néstor Portillo, junto a sus compañeros del Grupo Contraluz presentaron un anteproyecto de ley para regular y promover la realización de murales en edificios públicos, pagados con presupuesto aprobado por la misma Legislatura. Sobre finales de aquel año aprobaron la ley pero luego no la reglamentaron y, finalmente, fue vetada parcialmente durante el año 2010. FUENTES - Ver Fuente Centro de Estudios Porteños Ver Fuente Espacio Muralismo y Arte público
La Dirección de Recursos Físicos de Salud ejecutó tan sólo el 1,96% de su presupuesto, mientras que Maquinaria y Equipo utilizó el 0,58 de los recursos presupuestados. En construcciones, se esforzaron para llegar a un 5,7 por ciento: 14 millones de los 251 destinados. FUENTE Ver fuente Periodística
Redujo el presupuesto del Hospital Garrahan
El PRO decició aplicar una reducción presupuestaria del 18,5% para el Hospital Juan Garrahan, lo que afectará tanto la continuidad de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la atención así como también los insumos, especialmente los importados. Ver Fuente Periodística
Los hospitales no tienen insumos
Por cambios en el modo de compra de insumos, implementados por el gobierno de la ciudad, los hospitales públicos no reciben tela adhesiva, sueros, sangre, sondas, etc. Este problema persiste desde hace años, con el agregado de que el dinero depositado en las cuentas de los hospitales muchas veces es retirado si el Gobierno de la Ciudad decide que es necesario en otro sector –ante la magnitud de la subejecución presupuestaria en todos los sectores, la necesidad de redirigir fondos ejecutados es inexplicable-. FUENTE – Hospital Público Ver Fuente Hospital Público Ver Fuente periodítisca
Dejó vencer 5 millones de pesos en medicamentos
En febrero de 2010 deja vencer en un galpon más de 5 millones de pesos en medicamentos. El subsecretario del Ministerio de Salud porteño, Rodolfo Kirby, aseguró que “no es tan grave” que se hayan vencido medicamentos e insumos hospitalarios. “No se deterioró la salud de nadie”, afirmó el funcionario. FUENTE - Diario Política Ver Fuente periodística
Vetó una ley que permitía la producción estatal de medicamentos para abastecer al sistema de salud pública
La ley 2566, votada a fines de 2007 por la Legislatura, fue vetada por Macri con el principal argumento de que “no es viable en el contexto y las condiciones previstas”. La ley proponía la creación de un laboratorio estatal que fabricara medicamentos para ser dirigidos exclusivamente al sistema de salud estatal (recordemos que hoy día faltan medicamentos en muchos hospitales públicos de la Ciudad). Además, la ley incluía la capacitación de personal e investigación y desarrollo en el campo farmacéutico. Los legisladores que habían apoyado la iniciativa, como Martín Hourest, sostuvieron que “el PRO no quiere producción de remedios a bajo precio que compita con los laboratorios privados”. FUENTES Ver Fuente periodística La Nación Ver Fuente periodística Clarín Ver Contenido de la ley y su veto
El Hospital Neuropsiquiátrico Borda en muy bajas condiciones
El 6 de abril del 2011 se incendia una sala del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. El hospital presenta tendidos eléctricos con cables de tela a la vista y sin disyuntores, que producen una situación de peligro generalizado. La propagación del fuego causa la muerte de un paciente que, por su diagnóstico (retraso mental con drogadependencia), debía estar atendido en el servicio 14-22 que atiende a adictos . Este servicio fue cerrado por voluntad del ministro de Salud Jorge Lemus diez días antes del incidente. En mayo de 2008, la magistrada le dio 20 días de plazo al gobierno porteño para presentar un plan de obras para reparar todas las fallas de infraestructura y seguridad que tenía el edificio, pero la gestión PRO apeló el fallo, y desde entonces, el expediente duerme un inexplicable letargo en la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese fuero. FUENTE – REDI, Red por los derechos de las personas con discapacidad.
El borda, más de noventa días sin gas
La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció que a la falta de gas, interrumpido desde hace más de noventa días, se suma un elevado número de ventanas y vidrios rotos, la falta de provisión de mantas y frazadas, la falta de agua caliente para por lo menos 600 pacientes afectados, en el Hospital de Salud Mental. FUENTE - TN (Todo Noticias) / Diario La Nación Ver Fuente periodística TN Ver Fuente periodística La Nación - Videos y fotos
Cerró un centro de rehabilitación donde se asistían a 500 chicos discapacitados
El Gobierno de la Ciudad decidió cerrar y desmantelar las instalaciones de un centro de zooterapia para chicos y chicas con capacidades diferentes ubicado en Parque Roca, Lugano. Allí se le daba ayuda y contención a más de 500 niños desde 1993. FUENTE - Diario Político Ver Fuente periodística
No cumplió su promesa de construir el hospital de Lugano
En noviembre de 2010 el Jefe de Gobierno Mauricio Macri firmó el decreto 849 que en base a un estudio de expertos determinó que no era necesaria la construcción de un hospital de la complejidad que se había proyectado y olo construyó un centro de salud. En la campaña de 2008 un afiche del PRO anunciaba la construcción de un hospital con 240 camas, 35 consultorios, 25 camas de terapia intensiva, 8 quirófanos, 300 médicos y 220 enfermeras. Una comisión vecinal presentó un amparo solicitando se ordene al gobierno construir el Hospital General de Agudos y se mantenga las multas impuestas a Macri y al Ministro de Salud Jorge Lemus en 2010 por incumplimiento. FUENTE - Diario PERFIL Ver Fuente periodística
No garantiza que las ambulancias del SAME ingresen a las Villas
El recurso legal solicitó al gobierno porteño la prestación "irrestricta y oportuna del servicio de ambulancia" del SAME en el asentamiento habitado por más de 25 mil personas. Humberto Ruiz, de 47 años, murió en la villa 31 debido a que los médicos del SAME se negaron a ingresar al asentamiento para asistirlo. La responsabilidad es del gobierno porteño, del ministerio de salud a cargo de Jorge Lemus, por no garantizar el ingreso de las unidades de urgencias a las villas. FUENTE - Prensa Argentina Ver Fuente periodística
La Justicia presentó habeas corpus contra Macri por privación ilegítima de la libertad en niños con alta médica en hospitales psiquiátricos
Los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, resolvieron el 21 de diciembre de 2010, convalidar la sentencia del juez de Primera Instancia, Marcelo Bartumei Romero, en relación al habeas corpus preventivo y colectivo presentado por el Asesor Tutelar Carlos Bigalli. El objetivo de la acción de habeas corpus a favor de niñas, niños y adolescentes internados, aún contando con alta médica, en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García” y en el “Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear”, consistió en obligar al Gobierno local a cesar con privaciones de libertad por no contar con políticas públicas adecuadas para la atención de este universo poblacional desconociendo la protección integral de sus derechos. Así, se confirmó la declaración de ilegalidad de esta práctica sistemática llevada a cabo por las autoridades locales. La resolución de este habeas corpus revela la deficiente planificación y ejecución de políticas públicas con sistema de redes, en el marco de la denominada “desmanicomialización” Fuente - Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires Ver Fuente
Pone en riesgo de mala praxis a los porteños atendidos en hospitales públicos
El servicio de anestesiología del Hospital de Quemados no cumple con las normas básicas de equipamiento anestesista. A través de la Asociación de Trabajadores del Estado denunciaron a Macri manifestando que desde su gestión se están recibiendo órdenes de derivar casos de intervenciones médicas a niños (principalmente en casos que requieren de anestesia en el Hospital de Quemados) a otros hospitales como única respuesta a sus solicitudes de mejores condiciones y herramientas de trabajo. Ver Fuente periodística Página 12
Detuvieron nombramientos de agentes para compra de insumos necesarios en Hospitales.
Hubo jornadas de paro en hospital porteños denunciando que desde la Gestión Macri, retrasando la designación de agentes (incumpliendo promesas de nombramientos de 6000 a la o largo del mandato), están intentando beneficiar un gran negocio para la medicina privada, derivando cuestiones que corresponden al Gobierno de la ciudad, es decir, al sector público, por falta de insumos y aparatología necesarios. Fuente periodística Impulso Baires Ver Fuente periodística
Tomando como parámetro el monto total asignado para paradores y otra infraestructura social, sólo se ejecutó un 6,88%. En tanto que, en lo que al principal programa social corresponde, “Ciudadanía Porteña”, se utilizó un 16,5% de lo presupuestado. Fuente: Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ver Fuente Ministerio de Gobierdo de la ciudad de Buenos Aires Ver Fuente Periodística
Deja a discapacitados bajo línea de pobreza.
Desde organizaciones de discapacitados hubo repercusiones positivas por la participación de Gabriela Michetti como vicejefa de gobierno, al ser usuaria de silla de ruedas. Sin embargo, se vetaron dos leyes que, de haberse promulgado, hubieran contribuido a mejorar la situación habitacional de personas con discapacidad en situación de pobreza. Nos referimos a la Ley 2973 “Emergencia Habitacional” (vetada parcialmente), y la Ley 3654 “Prórroga de emergencia habitacional por 3 años”. Fuente: REDI, Red por los derechos de las personas con discapacidad Ver Fuente
No cumple con las normas de Hogares de Niños
Los “Hogares de niños” (99 entidades) de la Ciudad de Buenos Aires, pese a recibir ingresos mensuales por niño, plantearon su imposibilidad de cumplir con las normas de habilitación. Estas normas incluyen la posibilidad básica de accesibilidad, por ejemplo. El macrismo elevó en la Legislatura una iniciativa de prórroga en la aplicación de las normas, violando no sólo la Ley 962 (Accesibilidad física para todos), sino también la Constitución de la Ciudad y la Ley de Protección Integral del Niño. Fuente: REDI, Red por los derechos de las personas con discapacidad Ver Fuente
No brinda acceso a la información
Vetó dos leyes que hubieran mejorado el acceso a la información para personas ciegas: la Ley 3090 (Decreto Nº 673/09 B.O 11/08/09): Ley de Defensa del Consumidor - Trámites en Sistema Braille, y parcialmente la Ley 3107 (Decreto Nº 675/09 B.O 11/08/09): Acceso a la Información Pública - Actualización de Contenidos Páginas Web. Fuente: REDI, Red por los derechos de las personas con discapacidad Ver Fuente
Delega politicas para niños, niñas y adolescentes, responsabilidades del Estado en manos privadas
Una de las principales iniciativas del gobierno de la ciudad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los Centros de Primera Infancia, se caracterizan por ser políticas que no lleva adelante el Estado directamente sino que las delega, a través de la gestión asociada –un eufemismo para no explicitar que el Estado no asume sus responsabilidades en materia política social– en organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas vinculadas a empresas y fundaciones privadas. El gobierno subsidia a organizaciones comunitarias para dar formato a instituciones que no necesariamente se encuadran según el diseño curricular del Ministerio de Educación y que no siempre cuentan con personal docente a cargo de los niños y niñas, que no tienen supervisión de dicho Ministerio. Todo ello, en detrimento de fortalecer el circuito de educación inicial de gestión estatal del Ministerio de Educación, que constituye la política pública obligada en esta materia. FUENTE - Informe de Buenos Aires para todos, Proyecto Sur. Ver Informe PDF
Vetó una ley que cedía terrenos debajo de la autopista 25 de Mayo al Sindicato del Seguro con el fin de fomentar actividades sociales, culturales y deportivas
La ley 2607, promulgada por la Legislatura a fines de 2007, promovía la cesión de un predio debajo de la autopista 25 de Mayo, entre Tacuarí y Piedras, al Sindicato del Seguro. La norma, además de propiciar prácticas sociales, culturales y deportivas, establecía que 250 chicos de escuelas públicas porteñas debían hacer uso del predio semanalmente. Siguiendo el pedido de la empresa Autopistas Urbanas S.A., Macri la vetó argumentando que había “disparidades informativas” respecto a la exactitud de la ubicación del predio. FUENTE - Para el contenido de la ley y su veto: Ver Ley2607
Macri vetó una ley de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
La ley 3271 tenía como objetivo la reinserción laboral de adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad social, en particular, de aquellos que han egresado de comunidades terapéuticas, hogares convivenciales o derivados por los programas de prevención y asistencia en materia de consumo de sustancias psicoactivas y por las organizaciones que celebran convenios con el Gobierno de la Ciudad. Se proponía brindarles capacitación formal y práctica para que puedan aprender un oficio, saber los derechos que les corresponden como trabajadores, entre otros. Se elegía como organismo de aplicación una Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Económico a la que se le atribuiría la capacidad de celebrar convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación y organismos estatales de otras jurisdicciones. Los dos principales argumentos por los cuales Macri vetó la ley son: el primero, de carácter formal, en la que señala que la Subsecretaría de aplicación se focaliza en la inserción laboral de un sector específico de la población activa en el ámbito de la tecnología. El segundo, se refiere a una cuestion de poder de decisión ya que se destaca que, según la Constitución de CABA, el Jefe de Gobierno es el único que puede celebrar convenios interjurisdiccionales y que, en ese sentido, sería "improcedente" e "inconstitucional", otorgarle esa competencia a una Subsecretaría. En definitiva, el centro de la cuestión es que una política social destinada a un foco poblacional vulnerable y marginado que tiende a su incorporación dentro del ámbito laboral, con un marco, además, terapéutico, es vetado con la excusa de la "especificidad del rubro" pero, sobretodo, por una cuestión de poder de decisión en relación a la firma de convenios con otros organismos. Esto último es maravilloso porque Macri es quien se jacta en decir que "la Ciudad quiere pero que Nación no lo deja". FUENTE Para ver el contenido de la ley y su veto Para ver el contenido de la ley y su veto II
Esto explica el por qué del odio de este grupo político con cristina.
Esta nota es del año 2010
EL PAIS › UN NUEVO GRUPO DE PRESION Y EL TE DEUM DE LA CATEDRAL
Operación amnistía
Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sostener lo contrario. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado. Lo forman abogados de multinacionales y ex funcionarios de la dictadura que temen seguir los pasos de James Smart y Joe Martínez de Hoz. El acto del martes en la Catedral apunta en la misma dirección.
Por Horacio Verbitsky
La semana pasada una nueva “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” remitió una carta pública a la Corte Suprema de Justicia. Sostiene que desde 2003 se ha consagrado una justicia de dos velocidades que niega derechos y principios esenciales “a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo”, quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad “que no existían como tales al momento de los hechos”. Interpreta que los ministros de la Corte sufren “inícuas presiones” por parte del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de “grupos de presión” que “pretenden convertir la justicia en su propia venganza” y “no contentos con haber conseguido en los estrados judiciales un derecho ínfimo a sus enemigos, ahora van por más”. Esa es una ostensible referencia a los avances de las investigaciones en dirección a los responsables civiles, como los ya detenidos James Smart y Joe Martínez de Hoz.
La Corporación
Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es “una amnistía general”, que clausure “la venganza, la persecución implacable”. Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, “todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”, afirmación de inocultable tono autorreferencial.
Beautiful people
Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:
- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.
- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro Caso Timerman. Punto Final, “por su colaboración en este caso”, no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”.
- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.
- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡”extorsión a los Estados Unidos”!
- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.
- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.
- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.
- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.
- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. “Eldestein”, corrigió el testigo. “¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?”, insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: “Yo para ciertos nombres...”. Para eludir riesgos, repreguntó: “¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?”
- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.
- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.
- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: “¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?”, quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. “¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?”. Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.
Abogados de negocios
Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:
- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.
- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.
- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.
- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.
- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.
- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.
- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.
Los defensores
Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no “las demasías de ayer”, algunos firmantes han dado muestras en contrario:
- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que “es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra”. Citando a Macaulay adujo que “la moderación es una estupidez”.
- Oscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.
- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan “legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia”, lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como “soldado ignaciano”, y no por su amigo Astiz.
- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó “tremenda marimba é palos” a los cuatreros y los hizo desaparecer. “Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje.”
- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.
- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia “para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer”. Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.
- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.
- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.
- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.
- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.
- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.
A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.
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Por Horacio Verbitsky