¿Qué tienen contra Gils Carbó?

En 1999 Pinochet se hizo pasar por un viejito bueno, enfermo terminal, ante los jueces ingleses, para evitar ser trasladado a Madrid, donde lo esperaba Baltasar Garzón para enjuiciarlo por delitos contra la humanidad. Entonces, y tras conseguir el favor de la Cámara de los Lores, el genocida viajó inmediatamente a Chile; apenas descendió del avión le pegó una bofetada al mundo y se levantó, desafiante, de su silla de ruedas. ¿Cuánto le faltará a Mauricio Macri para hacer exactamente lo mismo con su "revolución de la alegría"? ¿Marzo? El ajuste ya empezó por lo simbólico. Y en Tribunales.
En mayo de 2003, apenas ingresó con sus convicciones a la Casa Rosada, Néstor Kirchner dijo, terminante: "El ministro de economía voy a ser yo". Era, hasta entonces, la síntesis conceptual más fuerte de un inevitable y alentador cambio de época en ciernes. Se rompía con una idea fuerza de la década precedente, según la cual el diseño y la implementación de las políticas económicas debían depender de los expertos en números, diplomados en el extranjero. El Estado en manos de tecnócratas y no de políticos. Academia, no ideología. Maestrías, no militancia. 12 años después, el nuevo presidente electo anuncia en su primera conferencia de prensa que designará a 6 ministros para la misma área. Fijate.
El saqueo económico que notifica bajo cuerda la derecha debe ir acompañado de un profundo cambio cultural. Se edificará sobre nuevos (viejísimos) paradigmas. La más cerrada ortodoxia noventista, posmoderna, es presentada como una novedosa "forma de hacer política".
Una de las condiciones necesarias para la híper concentración de riquezas en pocos apellidos, es bajarle el tono a la política de Estado respecto de los juicios contra los genocidas cívico-militares. Especialmente los cívicos y particularmente los económicos. ¿Por qué? Porque unos y otros (los que se beneficiaron con el golpe, y los que aun hoy mantienen su sillón en los directorios de las megaempresas y ansían la mega devaluación) son exactamente los mismos. De ahí la negativa que grandes capitalistas y legisladores de la neo Alianza hicieron respecto del proyecto de ley para avanzar en la investigación sobre el papel que jugaron los grupos económicos en el genocidio.
En tal sentido, bienvenido el desaire generalizado al editorial del lunes en el diario La Nación. Pero para que ese rechazo sea completo debe comprender un repudio, también masivo, a la campaña contra Alejandra Gils Carbó y Alejandro Vanoli. Porque no hay violencia económica, ni ampliación de la brecha social (que es lo que viene a hacer Macri), sin naturalización de las desigualdades que introdujo por la ventana la dictadura.
El editorial del centenario diario es el segundo movimiento de la operación contra la Procuradora y el titular del Banco Central. Resulta difícil creerle a Macri cuando dice que los juicios de lesa humanidad continuarán si inmediatamente después, en el párrafo siguiente, compara el genocidio con los presuntos actos de corrupción del gobierno saliente.
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti también dijo algo parecido, aunque con su propio toque, plagado de sutilezas: "Ningún gobierno es dueño de los Derechos Humanos". La eventual impunidad, ¿tampoco tendría dueño? Las ambigüedades de Lorenzetti en materia de Derechos Humanos se complementan con sus certezas políticas y económicas: el fallo del martes, que ordena suspender la deducción a tres provincias y devolverles sumas retenidas desde 2006, es una terminante orden de desfinanciar la ANSES y vaciar las reservas. Una brutal devaluación judicial, in situ, que debe ir acompañada de una estricta limpieza de todas las malezas del sistema de administración de Justicia, entre ellas, la Procuradora.
El juzgamiento de los crímenes de la dictadura y las investigaciones de las formas delictivas más complejas, como el narcotráfico y el lavado de activos, propias del desarrollo de las sociedades capitalistas profundamente desiguales y con Estados siempre en disputa, son el eje central de la gestión de Alejandra Gils Carbó. La definición por parte de la titular del Ministerio Público Fiscal de una política criminal que ya deje de estigmatizar a los pobres y no busque resolver sus conflictos a través de la punición, es un severo escollo para los planes de contracción económica y ajuste, que generan pobreza, exclusión social y crecimiento de la compleja relación entre delito y sectores vulnerables. Por eso la ofensiva en su contra.
¿Por qué hay que convalidar ligeramente la creencia que asegura que Gils Carbó es una "militante K"? ¿Por qué si la Procuradora jamás se declaró militante política, y es, en cambio, una funcionaria judicial de carrera, ingresada a ese Poder del Estado en 1987? ¿Por qué razón habríamos de creerle a Macri en su forzado discurso respecto de la "independencia de poderes", siendo que él nombró como Procurador general porteño a Martín Olmos, legislador del PRO hasta su nombramiento judicial, y habitué en las pistas de danza que monta el macrismo cada vez que gana una elección? Vamos. Al ingeniero Macri nadie va a pedirle que ejerza como abogado. Pero a un presidente de la Nación al menos hay que exigirle que lea la Constitución.
Por si fuera poco, Piumato. El cacique de uno de los tres gremios judiciales nacionales se convirtió definitivamente y ya sin posibilidad de retorno, en el portavoz entre los trabajadores de los intereses de la oscura corporación de jueces y fiscales. Su última picardía fue llamar a una medida de fuerza en reclamo de la renuncia de Gils Carbó, sin dudas la primera Procuradora del pueblo en tantos años de cruda y dura hegemonía de la derecha en el sistema judicial.
El viejo patrón sindical jamás les pidió la renuncia a Rodolfo Barra y Julio Nazareno, con quienes negoció un aumentito de sueldo disfrazado de reescalafonamiento, en 1994, del que trató que nadie se enterara, para no contradecir sus acuerdos con la mayoría automática, que por nada del mundo quería desagradar a Carlos Menem.
¿Será esa la causa del crecimiento del nuevo gremio SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina), especialmente entre los trabajadores del Ministerio Público Fiscal? ¿Ese es el costo que Piumato debe pagar por la insólita pirueta discursiva e ideológica que disfraza su traición política? ¿Habrá que buscar allí la razón por la que los empleados se desafilian de la vieja sigla y adhieren a la nueva organización, que precisamente hoy irá a elecciones para elegir su primera conducción? La respuesta es sí . «