El próximo jueves, por primera vez en el siglo transcurrido desde que se celebran elecciones por el voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal alcanzará el gobierno por medios legales y no derribando a golpes instituciones y derechos. El miércoles pasado, Cristina Fernández de Kirchner promulgó en la EXma la ley 27217 que crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral “de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar”. Al día siguiente, se presentó en el auditorio Emilio Mignone de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un monumental informe de mil páginas sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Un ejemplar ya fue entregado al fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuradoría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público y a su adjunta Carolina Varsky, y la semana próxima recibirá el suyo el diputado Héctor Recalde, autor del proyecto por el que se creó la Comisión Bicameral. La relación entre estos hechos es evidente, pero indirecta, porque ni 2016 es 1976, ni Macrì es Videla, por más que representen intereses afines, aunque no idénticos. Es difícil imaginar un momento más oportuno que ahora para una reflexión al respecto. El objeto de la Comisión Bicameral será “la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”. Su informe final describirá las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera de entonces e identificará a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron y/o se beneficiaron” con esas políticas.

Responsables, no cómplices

El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por el programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el área de economía y tecnología de FLACSO y el CELS. La responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que se relevaron fuentes documentales, de prensa, bibliográficas y judiciales, nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los ministerios de Defensa y de Trabajo y de las instituciones parte de la investigación. Se compiló un listado inicial de 200 empresas cuyos trabajadores fueron víctimas de la represión del terrorismo de estado, de las cuales se seleccionaron luego 25, de distintas actividades económicas y regiones del país, a las que el Ejército atribuyera importancia especial. El equipo de trabajo describió los distintos aportes empresariales que habilitaron, exacerbaron o facilitaron la comisión de los delitos y cuantificó en qué cantidad de casos se produjo cada uno de esos aportes. La práctica más frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente la entrega a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores; la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro de las fábricas; la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad en cargos directivos en las empresas; la infiltración de agentes de Inteligencia entre los trabajadores; los operativos militares dentro de los predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones secuestros o torturas a sus trabajadores; la instalación de las fuerzas represivas dentro de las fábricas; el empleo de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro; el control del ingreso a la planta por fuerzas militares; la intervención militar en conflictos a solicitud de los directivos de las empresas; la detención de trabajadores en el camino entre la empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa. Todo esto impide referirse a complicidad o participación en delitos cometidos por otros, ya que lo que existió fue responsabilidad de un sector patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores. Eduardo Basualdo consideró que esta caracterización constituye un salto cualitativo en el conocimiento de la participación empresarial en la dictadura, que destruyó la industria y el empleo y abrió paso a un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. El subsecretario de política criminal Luciano Hazan destacó que no basta con el compromiso del presidente electo de no interferir con el avance de los juicios, ya que cuando se trata de la patronal la reticencia de los jueces requiere de un compromiso activo del Estado, a través de sus distintas dependencias, relevando y suministrando información. Y el secretario de derechos humanos Martín Fresneda hizo una semblanza emocional de su padre, detenido-desaparecido en la trágica Noche de las Corbatas por ser abogado defensor de trabajadores. El mismo día fue asesinado Norberto Centeno, coautor de la ley de contrato de trabajo, una de las primeras que avasalló la Junta Militar. Al concluir la dictadura la participación de los trabajadores en el ingreso había caído al 22 por ciento, el mismo porcentaje del peso de la industria (que perdió 20 mil fábricas) en el total de la economía. Ése fue el programa regresivo que no pudieron implantar en 1955 ni 1966, y que en 1976 requirió el empleo de una fuerza sin límites para quebrar esa resistencia y golpear las bases materiales de un proyecto nacional y popular.

Tomar distancia

Tanto en el informe de la CONADEP de 1984 como en el juicio a las Juntas Militares de 1985, se incluyeron varios casos de complicidad empresarial. Pero la política criminal de entonces sólo permitía avanzar contra quienes ejercieron la comandancia en jefe de alguna de las tres Fuerzas Armadas. El gobierno era débil y el neoliberalismo prevalecía en el mundo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su apogeo. No obstante, el presidente Raúl Alfonsín consiguió con estas herramientas interrumpir el círculo vicioso de los golpes de Estado. Ocupados en defenderse ante los tribunales, los militares no tuvieron tiempo y ánimo para opinar de la política económica o cultural, sobre el largo de las faldas de las mujeres y el pelo de los hombres como venía ocurriendo desde 1930. Ese diseño contribuyó a aislar a los ex Comandantes que fueron abandonados por sus socios civiles. El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia del juicio a Videla, Massera & Compañía. La noche anterior, el presidente recibió en Olivos a quince grandes empresarios, a quienes por entonces se conocía como capitanes de la industria. Introducidos en el entorno presidencial por el canciller Dante Caputo, aseveraron que sólo concebían el desarrollo de sus empresas dentro del sistema democrático por lo que no harían nada para obstaculizar el juicio. Luego reclamaron un cambio drástico de política, cuyo costo sólo podía ser asumido por el Presidente. Su ministro económico Bernardo Grinspun, tal vez sin mayor comprensión de los cambios estructurales producidos pero con indudable buena fe, había querido reparar el tejido industrial desgarrado durante la dictadura y la respuesta que halló fue una creciente inflación. El presidente convocó a un acto en defensa de la democracia en peligro, pero su discurso ante la multitud que acudió en su auxilio proclamó la economía de guerra contra el salario, que se concretaría con la remoción de Grinspun y el Plan Austral. Una flamante procesadora de texto apareció de un día para otro en la Cámara Federal, que hasta entonces tenía escasos recursos para llevar a cabo su tarea descomunal. La versión que circulaba en los tribunales era que se trató de una gentileza del grupo Bulgheroni. El 29 de mayo de 1991, ya retirado de la Justicia, el camarista y luego Procurador General Andrés D’Alessio, reveló su verdadero origen. Uno de los miembros del tribunal, Jorge Valerga Aráoz, le preguntó a su amigo Osvaldo Pérez Cortés quién podría prestarles un equipo moderno. Pérez Cortés presidió la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación durante la dictadura, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Informática Jurídica durante 1983 y 1984 y Gerente Legal de Asuntos Contractuales y Contencioso Administrativo de Sideco Americana, desde marzo de 1984. En respuesta a la consulta de Valerga Aráoz, Pérez Cortés regaló la procesadora de texto a la Cámara Federal en nombre de Sideco Americana. Su gerente general era Maurizio Macrì. No es de extrañar que la investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, de “quienes por su ubicación en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o atroces. Ni una palabra del poder económico. El juicio pudo realizarse sin riesgo de descarrilamiento institucional pero dejó una democracia castrada que no supo, no quiso o no pudo demasiadas cosas fundamentales. Luego de la bancarrota del gobierno radical, que debió dejar el poder antes de tiempo en medio de una crisis hiperinflacionaria y de saqueos, los grupos económicos emergentes como el nuevo poder participaron con entusiasmo en el desguace del Estado. Cuando Carlos Menem accedió a la presidencia, Pérez Cortés fue uno de los hombres que el grupo Macrì colocó en el Poder Ejecutivo, primero como Subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación y luego asesor de gabinete del Ministerio del Interior. En la actualidad, el ex camarista Valerga Aráoz es el abogado defensor de Carlos Blaquier, principal accionista de una de las empresas investigadas, el Ingenio Ledesma.

Crisis de fin de siglo

Recién cuando ese proceso hubo concluido y una acelerada fuga de capitales precipitó la crisis de fin de siglo, fue posible reabrir los juicios que Alfonsín y Menem habían cerrado con las leyes y decretos de impunidad y pensar en el análisis y eventual enjuiciamiento de la responsabilidad empresarial. Al mismo tiempo se recuperaron niveles de ocupación y de ingresos durante una sostenida reindustrialización. Según la CAME, a partir de 2003 se crearon cerca de 19.000 nuevas industrias y por cualquier medición que se consulte, la participación de los trabajadores en el producto volvió a crecer: al 51 por ciento para el inverosímil INDEC; al 39 por ciento para el centro de estudios CIFRA, de la CTA; al 42,4 por ciento según el Centro de Población, Economía y Desarrollo de la UBA(CEPED), que dirige Javier Lindenboim; al 42,9 por ciento para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular, que conduce Claudio Lozano. Un trabajo que CIFRA difundió esta semana como balance de la década sostiene que “la alianza de partidos ubicados a la derecha del espectro político” que está a punto de asumir el gobierno representa a una “fracción del capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente que ya no estaría basado en la valorización financiera sino en la producción agroindustrial bajo el paradigma sojero, así como en un nuevo ciclo del endeudamiento externo a partir de pagarle a los fondos buitre y de devaluar la moneda con el consiguiente efecto negativo sobre los salarios, la ocupación y la distribución del ingreso”.

En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre Carta Abierta a la Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando de las similitudes entre el gobierno de 1976 y el que comenzará el jueves. Los nombres de muchos funcionarios designados (como el jefe de personal de Telecom Marcelo Villegas que será ministro de Trabajo del Hada Buena en Buenos Aires) sugieren que los objetivos económico-sociales no son muy distintos. Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites y restricciones que la democracia impone a la derecha que por primera vez ha ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso de Juan Cruz Avila.

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