"Vamos a presentarnos al Poder Judicial hoy mismo y vamos a esperar la respuesta. Alguien tiene que frenar esta locura", alertó Sabbatella, quien dijo estar sentado en su escritorio "con una ley que dice que tengo mandato hasta 2017" y agregó: "La Ley de Medios crea un ente autárquico y descentralizado, que fue declarado consituticional por la Corte Suprema".

"Si (a Aguad) no le gusta la ley tiene que ir al Parlamento y discutirla", resaltó el titular de la AFSCA y le informó al gobierno nacional que "si tienen algo para decirme sobre cómo desempeño mi función, la ley preveé mecanismos de remoción".

"En el caso de la AFSCA -continúa el CELS-, órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la medida remueve al presidente y el directorio del órgano y anula el sistema de remoción previsto por ley, tal como anunció hace unos días el Ministro de Comunicaciones de la Nación al sostener que una ley no puede limitar la facultad del presidente para nombrar y remover funcionarios.

"De este modo, mediante los decretos 13/15 de modificación de la Ley de Ministerios y el 236/2015 (que dispuso la intervención simultánea de la AFSCA y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, AFTIC), el Poder Ejecutivo avanzó en forma ilegítima sobre facultades que el artículo 75 inc 19 otorga en forma exclusiva al Congreso de la Nación. Este avance entra en contradicción con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, que exigen que cualquier regulación en esta materia esté expresamente definida en una ley.

"La decisión del Poder Ejecutivo implica también otorgarle al interventor designado de hecho una amplia discrecionalidad para desarrollar funciones que la ley reservó a un órgano representativo de diversos sectores y al cual protegió con la autarquía. La Declaración Conjunta de 2001 de los Relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE remarcó que "las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales". En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en el fallo del caso Clarín de 2013 que: 'Es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión'.

"La LSCA significó un cambio histórico de paradigma. La regulación del sistema de medios audiovisuales no puede quedar librada únicamente a la lógica mercantil. Es función del Estado garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación a través de políticas públicas destinadas a fortalecer la diversidad, el acceso, el pluralismo y el debate democrático. Para ello, un punto central es que las políticas tiendan a la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación y que respondan a las necesidades de todos los actores: las empresas de medios de comunicación, los medios públicos, los medios no comerciales, los trabajadores de los medios de comunicación y las audiencias como sujetos de derechos, entre muchos otros.

"Las demoras o deficiencias que ha tenido la implementación de la LSCA requieren medidas para profundizarla y no un cambio antidemocrático de objetivos y principios que surgieron de un amplio debate, fueron decididos por el Congreso nacional y ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida del Ejecutivo es un paso claro en contra de una política que se construyó sobre la base de un fuerte consenso social y político", concluye el organismo de derechos humanos presidido por el periodista Horacio Verbitsky.

"Dijimos que no íbamos a poner palos en la rueda, pero tampoco vamos a permitir que no respeten la ley", sentenció Recalde en la puerta de la sede del AFSCA y le exigió al gobierno nacional que "gobierne dentro de los límites de la Constitución, no violándola".

"Esto es un servicio público, la informacion es un derecho, quizá el que más se viola en nuestro país. A la persona que no tiene accesos a la información se le cercena parte de su libertad", advirtió.

El decreto 236/2015 por el cual se interviene la Afsca y la Aftic y el contenido de la conferencia de prensa ofrecida ayer por el ministro Oscar Aguad son dos manifestaciones de cómo traduce el gobierno de Mauricio Macri el respeto a la “institucionalidad” y el “diálogo”. Si para el discurso del PRO la aceleración de la inflación se llama “sinceramiento de precios” y “estar con vos” se transcribe en la represión a trabajadores que reclaman por sus derechos en el espacio público, la pretensión de acabar por decreto con leyes aprobadas democráticamente por mayorías legislativas es una clara manifestación de abuso de poder, aunque esto surja de un gobierno elegido democráticamente.

Está claro que Macri y su equipo –como le gusta decir– han decidido gobernar por decreto y amparados en el hecho (circunstancial para la cuestión fundamental de la democracia) de que el Congreso se encuentra en receso.

El “decretazo” puede analizarse desde diferentes perspectivas. Sin pretender agotarlas en estas pocas líneas puede decirse, en primer lugar, que la determinación del Poder Ejecutivo va en línea con lo antes señalado. Macri y los suyos están dispuestos a cambiar la orientación política del país “a como sea”, sin respetar ni las normas ni atender a que casi la mitad del país que no acompañó su propuesta. Quienes se llenaron la boca con la institucionalidad y la seguridad jurídica proceden de manera impune contra la misma contando, en muchos casos, con la connivencia de una Justicia que es cómplice o se hace la “distraída” y con medios de comunicación dominantes que actúan como secuaces del poder, omitiendo información o brindando sólo aquella que favorece a las acciones del PRO gobernante.

El avance contra la Afsca y la Aftic es un pago de favores a los medios de comunicación concentrados que trabaron durante años con chicanas judiciales la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es la apertura al negocio de las transnacionales de la comunicación bajo el pretexto de la actualización tecnológica y la convergencia.

La medida es también un ataque a los medios chicos, comunitarios, alternativos, a las cooperativas de los pueblos medianos y pequeños, porque todos ellos serán marginados del negocio de las comunicaciones pero, lo que es más grave, de la posibilidad de ofrecer miradas alternativas y voces plurales en el escenario de la comunicación. Esa es la manera como el ministro Aguad entiende que apoya a los medios pequeños. Y todo ello... “por ahora”... dijo el ministro. Parece que hay más noticias para este boletín...

Justicia cómplice o distraída y medios de comunicación que ocultan información y niegan la pluralidad mientras se silencian voces opositoras son también condiciones para garantizar el ajuste económico social que ya comenzó a ejecutar el macrismo.

Todo en la misma línea. Se designan por decreto jueces de la Corte Suprema y por decreto se atenta contra el derecho a la comunicación por el cual la sociedad argentina luchó durante años, por el cual se movilizaron organizaciones sociales, comunitarias, políticas, de derechos humanos. Nada de eso importa porque lo esencial es favorecer a los “amigos” y “socios” del poder.

Lo descripto es parte de la “revolución de la alegría” prometida por el PRO. Así es como el gobierno de Mauricio Macri y la nueva derecha argentina nos estás diciendo a los argentinos como entienden la democracia, el republicanismo, el diálogo, la participación y la seguridad jurídica. Esta parece ser la concreción de “gobernar para todos” anunciada por el Presidente. ¿Qué otras cosas debemos esperar?

Con el frente del edificio todavía vallado por la infantería, el interventor designado por Mauricio Macri en la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), Agustín Garzón, asumió ayer en el organismo, donde como primera medida echó a quince directivos y anunció que comenzará una auditoría de la gestión de Martín Sabbatella. Garzón se hizo cargo de la Afsca a pesar de que la Justicia tiene pendientes de resolución más de diez pedidos de amparo en favor de la continuidad de Sabbatella, que fue removido por decreto, violando el mecanismo que establece la ley de medios. “Tenemos el derecho de ingresar y comenzar con las tareas que nos encomendó el Presidente”, sostuvo el interventor en la puerta del edificio.

Garzón llegó a la sede del ente encargado de aplicar la ley de medios audiovisuales a las 8 de la mañana, acompañado por Miguel de Godoy, el elegido de Macri como su próximo titular. El jueves 24, Sabbatella fue desalojado del edificio por una orden del juez federal Julián Ercolini. El operativo terminó a las 20.50 de la Nochebuena y, en los días siguientes, los trabajadores del área de fiscalización que quisieron cumplir con sus funciones –son los que monitorean lo que aparece en las pantallas– fueron impedidos de entrar a trabajar.

Garzón y De Godoy dieron una conferencia de prensa en la puerta, antes de ingresar. De Godoy dijo que “no es la idea del Gobierno derogar la ley de medios”. Sobre la clausura y el hecho de que los trabajadores siguieran sin poder entrar a trabajar, señaló que ayer y hoy dieron asueto. “Queremos que se sientan tranquilos. No van a tener problemas todos lo que tengan una función, estén bien nombrados y trabajen”, agregó.

Alertado por la noticia, un grupo de colaboradores de Sabbatella se presentó y pidió ver la orden judicial que levantaba la clausura y permitía el ingreso del interventor, pero no tuvieron respuesta. Lo mismo reclamaron en el juzgado de Ercolini, sin resultados.

En ese grupo estuvo Fernando Torrillate, director de comunicación de la Afsca, que horas más tarde integraría la lista de los despedidos. Otros de los cesanteados son Daniel Larrache, Sergio Zurano, Sebastián Rollandi y Gustavo Hurtado, todos integrantes de la primera línea de conducción. “Obviamente, somos personal político de Sabbatella y nos vamos a ir en el momento en que él se vaya. No le damos legitimidad al actual interventor”, señaló Torrillate.

Mientras la intervención avanzaba, Sabbatella fue recibido en el Congreso por diputados y senadores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ley de medios. Allí cuestionó que se haya permitido el ingreso de Garzón en la Afsca. “Es un disparate que el juez Ercolini, que el 24 de diciembre ordenó el desalojo y clausura de la Afsca, siga prohibiendo el ingreso de los trabajadores pero permita romper la faja de clausura para que ingresen Garzón y Godoy, decidiendo de esa forma sobre una cuestión en la que no tiene competencia, que es la cuestión de fondo de si es legal o no el decreto de intervención. El mismo Ercolini cuando ordenó el desalojo había dicho que no iba a opinar sobre ese tema de fondo, y sin embargo hoy avala de hecho el decreto, permitiendo sólo el ingreso del cuestionado interventor.”

Liliana Fellner, presidenta de la comisión, anticipó que desde la Bicameral presentarán otro pedido de amparo, “porque el decreto firmado por el presidente Macri avasalla dos leyes debatidas y aprobadas por el Congreso, que incluso prevén mecanismos de remoción de los directores, y además el decreto deja fuera de función a los directores designados por el Congreso, sin respetar la división de poderes que establece la Constitución”.

De la reunión participaron también el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, los diputados Marcos Cleri y Adrián Grana, los miembros del directorio de la Afsca Ignacio Saavedra y Eduardo Rinesi.

Los legisladores del FpV consideraron que el decreto de Macri para intervenir la Afsca y la Aftic roza “la inconstitucionalidad” y lo calificaron como una medida “arbitraria e ilegal”.

Por otra parte, desde el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual el periodista Néstor Busso presentó ante el juzgado federal de Viedma otros dos recursos de amparo, con pedido de medida cautelar, contra los decretos de intervención. Así, los pedidos de amparo son ya cerca de quince, en tribunales de distintos puntos del país. El primero de ellos, presentado por el propio Sabbatella ante la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, debería tener respuesta en las próximas horas.

De acuerdo a lo que establece el artículo 132 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el directorio de la Afsca, que es el organismo encargado de aplicarla, está integrado por dos directores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres propuestos por la Comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y dos propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico de una universidad nacional. Este último es el cargo que ocupa, desde hace algo menos de dos años, Eduardo Rinesi, investigador, docente y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien el último martes, cuando todavía no se conocía la nueva avanzada del Gobierno luego puesta en suspenso por el juez platense Luis Arias, dialogó con Página/12. Los directores de la Afsca fueron removidos hace pocos días por un decreto presidencial que interviene el organismo, decreto que ha sido cuestionado ante la Justicia.

“Las iniciativas oficiales remueven a las autoridades de la Afsca y de la Aftic de modos no previstos en las leyes que los crean y reemplazan en la conducción de ambos a unos cuerpos colectivos donde se expresan las voces de diversos y plurales actores del mundo social, político y mediático (las fuerzas políticas con representación parlamentaria, los representantes de los gobiernos provinciales, los prestadores con y sin fines de lucro, las universidades nacionales, los sindicatos, los pueblos originarios, etc.) por la voz única de un delegado del Poder Ejecutivo. Se trata de una pérdida enorme de riqueza y de pluralidad, sin ninguna duda”, sostiene Rinesi.

–El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, señaló que “una ley del Congreso no puede limitar las posibilidades del presidente”, y opinó también que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa el clima de un tiempo político que había que dejar atrás. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–La primera de esas dos expresiones es, por supuesto, gravísima. Las leyes pueden y deben limitar las posibilidades de los ciudadanos y también, y de manera muy especial, las de sus mandatarios. Forma parte de la mejor tradición del pensamiento republicano occidental la comprensión de que exactamente en eso radica la diferencia entre un régimen constitucional y uno despótico. La segunda expresión plantea un problema interesante: por supuesto que el ministro Aguad, así como el gobierno que él integra, tiene todo el derecho del mundo a opinar que la LSCA es anticuada o inadecuada o lo que fuera. O a pensar eso mismo de cualquier otra ley que rija en el país. Y a militar para convencernos de eso y a procurar que esa ley sea cambiada por otra que él encuentre más adecuada a través de los mecanismos previstos para eso. Es decir: reuniendo las mayorías parlamentarias necesarias para modificar una ley y ganando las votaciones que es necesario ganar en las cámaras del Congreso nacional. Lo que no se puede es, en nombre de una opinión personal o grupal sobre a qué espíritu corresponde o deja de corresponder una ley vigente, desconocerla, violarla o pasarla por encima. En el caso de esta ley, además –y no quiero aburrir repitiendo cosas de sobra conocida–, se trata de una norma discutida como pocas antes, si acaso como alguna, en los más diversos ámbitos de una sociedad civil fuertemente movilizada en torno a ella, y votada por amplias mayorías en las dos cámaras del parlamento nacional.

–El mismo ministro Aguad ha indicado que él cree que la comunicación debe regirse por las leyes del mercado, y que la ley tiene una perspectiva diferente.

–En esto último tiene toda la razón: la ley tiene, en efecto, una perspectiva diferente, y ése es sin duda uno de sus rasgos definitorios y más interesantes. Como ha sido dicho muchas veces, la ley se inspira en una idea, en un “paradigma” sobre la comunicación que se la representa no ya –o no ya solamente, si quisiéramos decirlo de un modo más moderado– como una mercancía, sino en primer lugar como un derecho. Como un derecho “humano” inalienable, como dice el artículo 2 de la ley que estamos discutiendo. Pensar la comunicación como un derecho humano universal nos lleva a un lugar muy diferente que pensarla como un bien transable en el mercado. Pensarla como un derecho nos lleva, por ejemplo, a atender al carácter federal de un país que ha ganado muchísimo, en este tiempo, en términos de reconocimiento de voces diversas, de acentos locales, de identidades regionales. A pensar en los derechos que tienen todos los habitantes del país, y no sólo los que habitan en ciertas regiones o los que tienen capacidad de compra en el mercado, para expresarse sin ninguna restricción y para recibir, al mismo tiempo –porque el derecho a la comunicación es ese doble derecho: a comunicar y a recibir información–, contenidos radiales o televisivos que les resulten interesantes, pertinentes, cercanos. Si yo pienso la comunicación como una mercancía no tengo por qué preocuparme porque haya, por ejemplo, radios en quechua o en otras lenguas originarias. Si la pienso como un derecho, tengo, sí, que preocuparme porque existan esas radios y puedan sostenerse. Si pienso la comunicación como una mercancía no puedo pensar en programas ni ofertas ni canales sin pensar en su número de oyentes o de espectadores. Si la pienso como un derecho puedo deslindar mi juicio sobre la calidad de un cierto programa o de un cierto canal –pongamos como ejemplo uno, sostenido por el Estado, que todo el mundo considera muy bueno, y que es muy bueno: Encuentro– de esa pregunta.

–Y en estos años, ¿se ha avanzado en esa dirección de hacer más efectivo ese derecho humano a la comunicación? ¿Se ha logrado que haya más posibilidades de comunicar y de ser informado de manera adecuada: diversa, variada, plural?

–Se ha hecho mucho. Menos que lo que querríamos, por supuesto. Pero mucho. Cerca de 1400 autorizaciones y licencias de radio y televisión, tanto para el sector privado –con y sin fines de lucro– como para el sector público, estatal y no estatal. Cantidad de autorizaciones de radios y de canales de televisión digital a gobiernos provinciales, municipales y locales, a la Iglesia Católica, a los pueblos originarios. Y, por cierto, a las universidades públicas, que se han convertido en fortísimos actores de una comunicación independiente, crítica, de muy buena calidad, en todo el territorio del país. Y muchísimos concursos: casi 1400 frecuencias de radio y casi cien canales de TV digital. Y un fuerte apoyo estatal para la producción de contenidos, para el mejoramiento de lo que se hace, para el equipamiento de los medios menos provistos...

–¿Cómo es eso?

–Es que pensar la comunicación como un derecho quiere decir también eso: entender que el Estado es el encargado de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho que se proclama. Igual que sólo hay derecho efectivo a la educación si el Estado está ahí construyendo y sosteniendo las escuelas, pagando los salarios de los profesores, mejorando la calidad de sus bibliotecas, igual que sólo hay derecho efectivo a la salud si el Estado está ahí construyendo y sosteniendo y mejorando nuestros hospitales, así también sólo hay un derecho efectivo a la comunicación si el Estado no deja librado a su suerte –“suerte” que a veces se nombra con el eufemismo de las “leyes del mercado”– a los actores menos poderosos, sino que los acompaña y los sostiene. Los financiamientos del Fondo de Fomento Concursable Fomeca que se han otorgado en estos años, a través de la realización de distinto tipo de concursos, a organizaciones de la comunicación comunitaria, son en ese sentido fundamentales.

–¿La decisión del gobierno de intervenir la Afsca significa un retroceso en este sentido? ¿Qué es lo que esperan de la Justicia con respecto a las medidas cautelares que se presentaron contra remoción de los miembros del directorio?

–Sobre esto último esperamos, por supuesto, que la Justicia pueda terciar en lo que aparece como un evidente conflicto entre poderes del Estado y ponga un poco de orden en una escena normativa que, así como queda definida, aparece, por decir lo menos, muy confusa. Quizás mientras nosotros estamos conversando se produzca alguna novedad en este sentido (Nota del redactor: la charla se produjo el martes pasado). Pero sobre lo primero que me pregunta: sí, mi temor es grande. Y doble, le diría. Por un lado, y en un sentido más general, me preocupa que el Poder Ejecutivo avance, en este campo o en cualquier otro, en un sentido contrario al previsto en una ley de la Nación. Que una ley –que cualquier ley de la nación, en general, aunque ésta de la que aquí estamos hablando sea una, por todas las razones que ya dimos, muy especial, muy importante, muy fundamental en el proceso de construcción de una sociedad más democrática– sea desconocida por medio de un decreto, es grave. No es la idea que tenemos de un estado de derecho sano. Y puede sentar un precedente preocupante. Por otro lado, y en un sentido más específico, me parece que el reemplazo de un cuerpo plural donde se expresan voces diferentes, surgidas de espacios diferentes, elegidas, a través de procesos muy pautados y muy cuidados, por actores diferentes –por la comisión bicameral encargada del seguimiento de la Ley, por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado a su vez por múltiples actores representantes de muy diversas realidades–, por una única voz representante de los designios del Poder Ejecutivo expresa una concepción sobre el modo de pensarse la forma en que debe aplicarse una ley muy monolítica y muy parcial, preocupantemente desconocedora de los matices y de las riquezas que tiene la LSCA, y que si queremos seguir construyendo una sociedad cada vez más democrática no podemos dejar de tener todo el tiempo en cuenta.

A orillas del lago Nahuel Huapi, rodeado de 30 hectáreas de bosques y montañas, Mauricio Macri firmó ayer un nuevo decreto de necesidad y urgencia. Según anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Presidente resolvió mediante un DNU que a partir de ayer se terminó “la guerra del Estado contra el periodismo”. La medida, que se publicaría el lunes en el boletín oficial, crea un Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y elimina la Afsca y la Aftic, autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Además, se realizan modificaciones en varios artículos de esa legislación para beneficiar al sector privado. Ambos organismos habían sido intervenidos por decreto la semana pasada y sus interventores, Agustín Garzón y Mario Frigerio, ya habían desplazado a Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sin embargo, ayer el juez de La Plata Luis Arias dictó una medida precautelar en la que declaró nula la intervención del Ejecutivo y le ordenó que se abstenga de realizar cualquier modificación de “las facultades y la existencia de la Afsca”. El juez Arias advirtió que en caso de avanzar con el DNU anunciado ayer, la actitud de Macri “dejaría de ser una violación a la constitución y pasaría a cometer directamente un delito”. De todas formas, fuentes del PRO aseguraron que apelarán el fallo y ratificaron que el lunes publicarán el DNU.

Sobre el filo del fin de año, el jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa junto a Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Miguel de Godoy, ex secretario de medios porteño y eventual titular del Enacom. “Hace 7 años se inició una guerra contra el periodismo. Esa guerra tuvo muchos capítulos, siempre motivados por una visión cerrada de la democracia, autoritaria, que planteaba que aquel que no se disciplinara al pensamiento de la Presidenta debía ser combatido, marginado, perseguido de distintas maneras por el Estado”, aseguró Peña, en un alegato político para fundamentar la destrucción de los ejes centrales de la ley de medios audiovisuales, aprobada por amplias mayorías en el Congreso.

El funcionario nacional adelantó que el DNU tiene tres aspectos principales: la creación de la Enacom (que absorbe a la Afsca y la Aftic) que contará con un directorio de siete miembros, cuatro representantes del Ejecutivo y tres del Parlamento. Esa composición choca con los cuestionamientos que realizaron tanto radicales como macristas durante el debate de la LSCA, quienes le habían reprochado al kirchnerismo que el directorio de la Afsca tenía mayoría oficialista. Además, este nuevo organismo dependerá del ministerio de Comunicación, también a contramano de los pedidos de mayor independencia por parte de la oposición al FpV.

Fuentes del ministerio de Comunicaciones aclararon a Página/12 que la ley de medios audiovisuales y la de Argentina Digital seguirán vigentes hasta tanto se apruebe en el Congreso una nueva ley de comunicaciones. Sin embargo, el DNU prevé una “flexibilización” de esa regulación. Por un lado, se permite la transferencia de licencias para el sector con fines de lucro, prohibida por el artículo 41 de la ley (declarado constitucional por la Corte Suprema). Si bien se mantiene el mecanismo que exige pedir autorización para aprobar la transferencia de licencias, en caso de que el Enacom no responda y se haya presentado toda la documentación, a los 90 días quedará tácitamente aprobado el traspaso de la licencia.

Por otro lado, se modifica el artículo 45 de la ley, que es el que restringe la multiplicidad de licencias. Se quita el tope máximo de 35 por ciento de audiencia potencial y se traslada la regulación de los prestadores de servicios de TV por cable a la órbita de la ley Argentina Digital. El fundamento de esta última medida es que las redes que se utilizan para dar servicios de televisión por suscripción con vínculo físico se utilizan también para dar servicios de Internet por lo que así se unificaría la regulación de la red en una sola norma.

Por último, Peña anunció que se iniciará el período de transición de dos años (con una prórroga eventual de un año más) para que las telefónicas puedan dar servicios de televisión por cable, lo que implicará el ingreso de grandes empresas como Telefónica al mercado del cable y la posibilidad de otorgar el famoso “triple play”, que incluye internet, telefonía y televisión.

Mientras todas estas cuestiones seguirán reguladas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia, se dispone la creación de una comisión bicameral del Congreso para que comience a discutir una nueva regulación que integre las dos leyes actuales. Según adelantó el jefe de Gabinete, estiman que la discusión de la nueva ley puede prolongarse por aproximadamente un año.

Tras conocerse los anuncios, Sabbatella aseguró que “es una locura lo que hacen Macri y sus funcionarios. Arrasan los derechos consagrados por leyes del Congreso Nacional mediante DNU”. “Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU”, insistió Sabbatella mediante las redes sociales.

Batalla judicial

Casi en paralelo con el anuncio, ayer se conoció la decisión de jueza en lo contencioso administrativo federal, Cecilia Gilardi, de rechazar el pedido de una medida precautelar solicitada por Sabbatella. La jueza, en cambio, resolvió continuar con el procedimiento establecido en la ley que regula las medidas cautelares y le ordenó al Ejecutivo que presente dentro de los tres días siguientes el informe que de cuenta del interés público comprometido en caso de dictarse una cautelar. De todas maneras, pocas horas más tarde, el juez Arias, de La Plata, sí aceptó un amparo similar presentado por el delegado de la Afsca en esa ciudad, Guillermo Guerín. Si bien Arias determinó que no es competente para resolver el fondo de la cuestión –la constitucionalidad del decreto de intervención– otorgó la precautelar para resguardar derechos subjetivos del demandante, así como derechos de incidencia colectiva como el acceso a la información y la libertad de expresión. El magistrado recordó que la Corte Suprema, al declarar la constitucionalidad de la ley en 2013, advirtió sobre la importancia de que el encargado de aplicarla (la Afsca) sea un “órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. Arias entiende que a través del decreto 236, que dicta la intervención “se somete al órgano de aplicación a la voluntad directa del Ejecutivo Nacional, quebrantando la finalidad y el espíritu de la ley”.

En la parte resolutiva del fallo, el juez se declara incompetente y remite la causa al juzgado federal, que deberá ser sorteado en los próximos días por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, otorga la medida precautelar, ordenándole al Ejecutivo que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Afsca”. De esta manera, deja sin efecto todas las medidas adoptadas por el interventor, Garzón al 29 de diciembre. “No se modifica la intervención, la intervención sigue vigente. Tampoco implica la reposición de las autoridades desplazadas de la Afsca. Simplemente implica que no se puedan remover funcionarios y empleados, no se pueda disponer la fusión de las entidades vinculadas a la comunicación que se había anunciado a través de la creación del Enacom, conforme a la conferencia de prensa que se dio a conocer hoy a la mañana”, explicó Arias en declaraciones a Radio del Plata.

Conocido este fallo, los funcionarios de la Afsca removidos esta semana por Garzón se presentaron en la sede del organismo pero la policía federal les impidió el acceso. Desde el PRO, en cambio, insistían anoche en que el amparo se otorgó por un juez incompetente y adelantaban apelarán la medida una vez la Cámara Federal sortee el magistrado que llevará la causa a partir de ahora. De todas maneras, ante la advertencia de Arias había dudas respecto de la publicación en el boletín oficial del último DNU de Macri. Se tomarán los próximos días para analizar la mejor salida del conflicto, teniendo en cuenta que existen múltiples presentaciones judiciales realizadas por defensores de la ley de medios, en distintos juzgados del país.