La democracia asiste impasible a su propio retroceso. Tarde, los argentinos descubren que durante los años que los fundamentalistas de la Constitución fueron oposición y reclamaron mayor “calidad institucional”, tenían los dedos cruzados, en posición “pido”.

El pasado martes, el gobierno dictó dos nuevos decretos de necesidad y urgencia en relación con la justicia. Mientras uno establece la suspensión del Código Procesal Penal, sancionado por ambas cámaras legislativas y cuya implementación estaba prevista para el próximo 1 de marzo, el restante ordena el traslado del Departamento de Interceptación y captación de las Comunicaciones (DICOM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) a la Corte Suprema, contrariando las previsiones de la ley de inteligencia nacional, promulgada en marzo de este año, y que accedió a transparentar esa sensible área de producción de pruebas en materia penal y a democratizar su funcionamiento, otorgándole a un órgano extra poder como lo es el MPF, la facultad de su control.

Horas después de la publicación de ambas disposiciones el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó en “forma definitiva por falta de pruebas” al presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en las que estuvo procesado cinco años. ¿Casualidades u otra devolución de gentilezas, como con Clarín, los sojeros y quizá los más famosos presos del mundo escapados por la puerta del penal de General Alvear, aunque esta vez a los jueces, especialmente los federales, que tomaron como una afrenta y una amenaza a su sistema de acumulación de poder propio la sanción del nuevo Código y la prohibición del adulterio entre jueces y agentes de inteligencia?

Ambos decretos “de necesidad y urgencia” vulneran un precepto constitucional: toda normativa en materia penal es facultad excluyente del Congreso. Y que nadie se confunda: no hay reuniones del Congreso porque el presidente en ejercicio decidió no convocarlo a sesionar, pudiendo hacerlo en calidad de extraordinario. Si hay necesidad y urgencia de nombrar a dos ministros en la Corte, de suspender la Ley de Medios, de devolver las escuchas telefónicas a los agentes de la SIDE, y de regresar todo el poder a los jueces, dando vía libre a sus vicios corporativos, entonces lo necesario y urgente en convocar a los legisladores y abrir el Parlamento. Porque es el consenso entre las fuerzas políticas lo que debe primar cuando se trata de evaluar tantas y tan sensibles modificaciones al funcionamiento institucional de un país. Al menos así ocurre en una República.

Sin embargo, la Corte Suprema postergó el traspaso hasta el 15 de febrero de 2016 “sin perjuicio de la evaluación que pueda efectuar sobre la validez del Decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales”. Así, el Tribunal no observó tal necesidad y urgencia, y abrió una ventana a la inconstitucionalidad del decreto.

A propósito, resulta notable que los primeros cuestionamientos al DNU sobre las escuchas hayan sido de los trabajadores judiciales. En efecto, el decreto presidencial fijó que el traslado del área, de la órbita del MPF a la de la Corte, incluyera la transferencia de “su personal, sus bienes y su presupuesto”, como si los trabajadores fueran muebles, o pudieran ser inventariados.
Esos trabajadores, señor presidente de la Nación, son precisamente eso: trabajadores. Tienen derechos, no como los armarios. Los amparan las leyes laborales, no como a las sillas ergonómicas. No son seres inanimados, como una computadora programable; desempeñan un rol social desde su especificidad laboral, que mal podrían cumplir si permitieran que otro poder del Estado avanzara alevosamente sobre uno de sus más elementales derechos como trabajadores: mantener su empleador, preservar sus condiciones de trabajo y su vínculo de contratación.

Esos trabajadores forman parte del plantel del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Deben reportarse, en última instancia, a Alejandra Gils Carbó, no a Jaime Stiuso. Deben velar por el cumplimiento de las normas y la Constitución, no observar obediencia a oscuros agentes de inteligencia, que ocultos tras los generosos cortinados que Daniel Angelici les ofrece en Boca, se frotan las manos y sueñan con volver al edificio de avenida De los Incas.

La intervención de los trabajadores judiciales en el conflicto abierto que el gobierno mantiene con la democracia, no es un detalle menor, y cobra sentido porque uno de los argumentos del macrismo en su forzamiento de los límites que impone la división de poderes fueron dados por Julio Piumato.

Para derrocar el nuevo Código, Macri argumentó la “magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Nuevo Código Procesal Penal y por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación”, dice el decreto. Cuánto tendrán que luchar los trabajadores judiciales para desagraviar el nombre de ese gremio, que tiene una veintena de militantes desaparecidos, y fue manchado una vez más y quizás en su punto más alto, en su honorabilidad y compromiso con el pueblo y la democracia, y no con la rancia corporación judicial. Jamás en la historia de ese sindicato se citó su nombre entre los considerandos de un DNU presidencial, cuyo tenor y alcances bordean formas solapadas, elegantes y sin dudas novedosas de golpismo institucional.

La traición de Piumato explica el surgimiento de nuevas formas de representación gremial entre los judiciales. Los trabajadores del MPF que laboran en DICOM recurrieron a SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina), cuyas autoridades realizaron una asamblea y se llevaron un mandato: luchar por mantenerles el puesto de trabajo y las condiciones de ese empleo. Las medidas incluyeron un comunicado de alerta, que trajo alivio a los trabajadores, y un petitorio entregado a la Procuradora General de la Nación, quien horas más tarde y a través de sus más allegados funcionarios se comprometió a “respetar las condiciones de trabajo y a mantener su vínculo laboral con el MPF”, según la declaración emitida por la seccional Nº 1 de ese gremio.

Sin dudas, lo mejor que puede pasarle a la sociedad democrática violentada por gobernantes y jueces, es que trabajadores judiciales y estatales asuman su rol social e histórico y se comprometan con la legalidad desde su puesto de trabajo. Como todo lo que es bueno y fuerte, el límite a la prepotencia de clase crece desde el pie. 

La tradición platense se repitió en el inicio del 2016. La quema de muñecos se transformó en un evento masivo en La Plata y convoca a multitudes que participan activamente en la confección de los muñecos que serán quemados en el punto exacto de intersección entre el año que se va y el nuevo que comienza.

En ese contexto se produjo la quema de dos muñecos particulares: uno con el rostro del presidente Mauricio Macri y otro de su ex competidor y ex gobernador por 8 años, Daniel Scioli.

Al menos 120 momos participaron del evento y el más votado obtuvo un premio de $15.000, el segundo, $12.000, y el tercer puesto, $9.000.

La imágen acercada donde puede verse la cabeza de animales.

La foto que eligió el presidente, Mauricio Macri, para saludar a los argentinos por el nuevo año que comienza produjo fuertes críticas en las redes sociales entre los usuarios que señalaron que puede verse detrás de la instantánea familiar la cabeza de animales supuestamente cazados colgados en la pared de la casa de Villa La Angostura, donde pasó las Fiestas.

Si bien la propiedad en la que el mandatario recibió el nuevo año a orillas del lago Nahuel Huapi pertenece a sus amigos Eduardo y Cindy Cohen, las críticas se reprodujeron por la selección de la fotografía compartida en la cuenta oficial del Presidente, donde pueden observarse lo que parecieran ser cabezas de pumas.

Macri recibió el nuevo año en Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones y desde donde se trasladó días atrás en un viaje relámpago a Concordia, una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Anoche, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para brindar por los argentinos, con una foto familiar en la que están él, su esposa Juliana Awada y la pequeña Antonia, hija del matrimonio. 

La foto familiar para saludar por el nuevo año.

Denuncian penalmente a Macri, Peña y Garavano

Dos abogados vinculados con la defensa de los Derechos Humanos y sociales, patrocinados por una ex jueza federal, denunciaron penalmente al presidente, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, por el delito de "abuso de autoridad" por la designación por decreto simple de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti "en comisión" en la Corte Suprema. Al mismo tiempo, la denuncia advierte que si ambos abogados asumieran los cargos para los que fueron designados por decreto, estarían cometiendo el delito de "usurpación de autoridad", publicóTiempo Argentino.

Los denunciantes, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, con el patrocinio letrado de la ex jueza del Tribunal Oral Federal de San Martín Lucila Larrandart, formularon la presentación que recayó ante el juzgado federal a cargo del magistrado Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. El artículo 248 del Código Penal establece penas de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo para "el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes"; el 246 fija prisión de un mes a un año e inhabilitación para quien "asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente".

Según la denuncia, la designación de dos jueces de la Corte por decreto "contraría lo que es constitucionalmente lo debido y obligatorio" y constituye "un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio de la Ley Suprema". La designación de los magistrados de la máxima instancia judicial se encuentra regulada en el inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución, que establece que el presidente de la Nación "nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto". La denuncia advierte que "resultaría cuanto menos irrazonable que el constituyente se refiriera a esa misma atribución, aunque en ciertas condiciones diferentes, 15 incisos más adelante nuevamente, y no en el mismo". Rosenkrantz y Rosatti fueron designados por el inciso 19 de ese artículo de la Constitución, que asigna al jefe del Estado la facultad de "llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

Refuta la denuncia: "el vocablo 'empleo' no abarca los cargos vinculados a la magistratura, sino exclusivamente a los relacionados con el Poder Ejecutivo (militares, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocio). Una interpretación contraria vulneraría el principio republicano de gobierno, la división de poderes, el principio de independencia judicial".

La denuncia refuta también que las dos vacantes se hubieran producido en receso parlamentario. Explícitamente indica que "una de las dos vacantes que se intenta cubrir se produjo por la renuncia del entonces juez Raúl Zaffaroni el día 31 de diciembre de 2014", hace un año. Y pese al tiempo transcurrido, "se encuentra esa vacante sin cubrirse, a pesar de que se han enviados distintos pliegos de candidatos para aquel cargo, sin que el Senado haya decidido votar por alguno de ellos". ¿Por qué no se cubrió la vacante? "Como es de público conocimiento, el Partido/Alianza que lidera el actual Presidente de la Nación se ha negado de modo sistemático a dar tratamiento al pliego propuesto para cubrir dicha vacancia.La urgencia, no aparece a los cuatro días de un nuevo gobierno."

La decisión de designar por decreto no a uno, sino a dos jueces en comisión "significaría una palmaria injerencia en el desempeño independiente de los jueces de la Corte así designados, y consecuentemente el desempeño de las funciones como magistrados podría llevarse adelante con temor o dependencia".

"El sistema institucional prevé dos modos de hacerlo dentro del marco de la legalidad: llamado a sesiones extraordinarias y cubrir el cargo con la designación de conjueces". El gobierno desdeñó las dos alternativas, según explica la denuncia. "En un Estado de Derecho, el hecho de no contar con mayorías necesarias en alguna de las Cámaras Legislativas no habilita a la arbitrariedad manifiesta de la designación, a la utilización de un decreto para dichos nombramientos, y menos aún del dictado de una resolución contraria a la Constitución Nacional."