El ballottage funciona como el suplementario o la definición por penales en una final de fútbol. Un gol de diferencia basta para vencer. En este caso fueron menos de tres puntos porcentuales, que describen una elección reñida pero no empatada.

El presidente electo Mauricio Macri tiene legitimidad de origen y se encuentra con un legado mucho más propicio que el que recibieron anteriores mandatarios: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner por no hablar de los provisionales que se sucedieron en 2001 y 2002.

En 2007 Macri explicó en la Embajada de Estados Unidos que “somos el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de ochenta años que está en condiciones de asumir al poder”, tal como reveló la nota de tapa de Página/12 del 21 de febrero de 2011, escrita por Santiago O’Donnell en base a los cables secretos de la Embajada desclasificados por Wikileaks. Le tomó un tiempo pero lo concretó, en comicios libres y pacíficos. Las comparaciones con la Revolución Libertadora u otras dictaduras son, pues, improcedentes. La remisión a los 90 es imperfecta entre otros muchos motivos porque después de esa etapa aciaga hubo largos doce años de gobierno kirchnerista.

Lo que sí es claro es que venció una coalición de derecha que, por remilgos muy argentinos, elude llamarse así. Los primeros pasos de Macri y las reacciones de poderes fácticos lo confirman sin ambages. La pregunta inexorable es si esa fuerza será capaz de construir gobernabilidad y preservar derechos, lo que le permitiría ser competitiva en 2017 y especialmente en 2019.

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La transición breve: La transición comenzó. El gabinete nacional no deja lugar a equívocos, las corporaciones no son “apenas” aliadas del gobierno. Integran su elenco, las patronales “del campo” en Agricultura, un cuadro de Shell en Energía. El conflicto de intereses está en germen. Ricardo Buryaille engrosará su patrimonio personal con las decisiones que tome, Juan José Aranguren puede mejorar a Shell...

CEO, patrones, gerentes por doquier, egresados de universidades pagas... Se sabe que hablar de clases sociales pasó de moda en los cenáculos VIP. Remando contra esa corriente falaz, son las clases dominantes las que ejercerán el poder votadas por una mayoría innegable que seguramente espera mejorar y no resignar derechos, ni patrimonio, ni empleo, ni capacidad adquisitiva, ni proyección de futuro.

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Señales y fotos: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Macri en la quinta de Olivos. Macri criticó su gestualidad, lo que fue comprado sin beneficio de inventario por la prensa dominante que lo apoya sin fisuras y le brindará un blindaje absoluto. No se conoce el contenido del breve palique entre dos pero sí se sabe que Cristina les ordenó a sus ministros recibir de buen modo a quienes los sucederán. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, departió con Marcos Peña. El gobernador Daniel Scioli atendió con cortesía y buena información a la figura clave del comicio: María Eugenia Vidal. Los demás ministros actuarán en consonancia.

La presidenta convocó a los bloques parlamentarios del Frente para la Victoria (FpV). Se difundieron directivas claras y sistémicas: no dejar sin Presupuesto al futuro oficialismo (que incurrió en esa conducta contra el actual) y facilitar que la vicepresidencia provisional del Senado honre la tradición de ser ejercida por el partido del Ejecutivo.

También se dio vía libre al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, para seguir en su cargo. La advertencia que le hizo Cristina es sensata y forzosa: que se sostenga el apoyo recibido por esa cartera, que supone recursos económicos. La asfixia presupuestaria pinta ser una de las herramientas del macrismo para disminuir la incidencia de determinadas políticas públicas.

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#Y sí, ganó Macri: La apodada “campaña del miedo”, en verdad campaña negativa que se ejercita en toda contienda, fue respondida con chanzas virtuales con el hashtag “#si gana Macri”. Uno de los motivos de broma era mofarse de quienes asociaban al pastor electrónico con economistas de derecha, representantes cabales del sector financiero. Los nombramientos comprobaron que la denuncia no era tan graciosa ni imaginativa. Alfonso Prat-Gay ministro de Economía, Carlos Melconian en el Banco Nación y Federico Sturzenegger a la espera de recalar en el Banco Central. Ninguno es sospechoso de ser desarrollista, productivista ni siquiera de conocer algo de la economía real. En sus manos está decidir una devaluación brutal o atenuada antes de que llegue el verano.

A pocos días de que se resuelva tal vez no valga la pena hacer vaticinios subjetivos, pero sí es sensato leer lo que dice un consultor sagaz y los propios cuadros intelectuales de Cambiemos.

Miguel Bein es el especialista no K que mejor siguió y describió la política económica del kirchnerismo, con la que tuvo ciertos acuerdos y varias discrepancias. Su más reciente informe estima el escenario de fin de año y 2016 con una devaluación alta e inmediata. Textualmente, con mínima edición: “un dólar a $13,8 a fines de diciembre de 2015 (...) y un tipo de cambio promedio de $14,8 para todo 2016, paritarias en torno al 28 por ciento (lo cual requiere un fuerte manejo de la política) y un aumento de la tarifa eléctrica en torno a 35 por ciento. En este escenario el déficit primario se estabiliza en la zona de 4,5 por ciento del PIB (...) En 2016 la economía caería en torno al 2 por ciento, con un consumo que lo hace algo más rápido y una tasa de inflación promedio en torno al 40 por ciento (34 por ciento en la punta), producto de la incorporación del cambio en los precios relativos, después de un 2015 donde la aceleración de la inflación en el último bimestre llevaría el índice del 22 por ciento de octubre a un número más cercano al 35 por ciento en diciembre”.

Bein no es catastrofista sino ponderado y costumbrista. Escuchemos otras veces, más afines al macrismo. El diario La Nación reseñó anteayer un cónclave con referentes intelectuales de la derecha o centro derecha: Ricardo Arriazu, Eduardo Fidanza y Mario Blejer (que fue asesor de Scioli, anyway). El periodista Germán de los Santos firma la nota, ajena a toda influencia populista. “Los expositores recomendaron reducir el costo laboral de los trabajadores en un 30 por ciento en dólares”. La gente linda nombra “costo laboral” a los salarios aunque hay quien predica que las ideologías no existen.

La idea del gobierno entrante es “mantener casi intacto el nivel de empleo”. Un modo casi encantador de decir que el neo conservadorismo compasivo se apresta a poner decenas o cientos de miles de argentinos en la calle. Fidanza calcula que hay “cierto consenso sindical de resignar algunos puntos de salario mientras no se pierdan puestos de trabajo”. Arriazu es sedante: “No se necesita un ajuste general como en 1989 y 2001 aunque sí se precisan ajustes micro sobre todo en el costo laboral y en las tarifas de servicios públicos”.

Aranguren afila los números para aumentar exponencialmente las tarifas eléctricas, diz que preservando a los argentinos de menos recursos. Mínima observación de este cronista que hasta acá solo citó a fuentes calificadas: lo primero está cerca de ser un hecho, lo segundo una intención proclamada.

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Entre el pressing y la ilegalidad: Sin dormirse en los laureles La Nación madrugó la semana con un editorial perverso exigiendo un viraje tremendo en la política de derechos humanos. Ni siquiera se apuró a saludar a Macri. Tan brutal fue la pieza que, en gesto que merece resaltarse, periodistas y trabajadores de ese medio manifestaron repudio. Una conducta digna que no fue acompañada por los columnistas invitados de ese diario o de Clarín, por académicos u opineitors.

Quienes se llenaron la boca hablando de equilibrio de poderes, de recuperar la república y las instituciones callan-otorgan. Su campeón llegó a la Casa Rosada, cambiemos el relato intelectual: se adscriben al nuevo oficialismo sin preocuparse por conservar coherencia discursiva. Por eso tampoco se interesan en los embates del macrismo contra funcionarios ligados al poder ejecutivo o del judicial.

Macri y sus adláteres les piden renuncias a Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella, Tristán Bauer y Alejandra Gils Carbó. Maticemos: pedir “un paso al costado” es una movida política, acaso prepotente pero no ilegal.

Si se pretenden suplir los mecanismos legales de remoción de esos protagonistas por un poker de decretos ilegales, será muy otra cosa.

Si bien hay un patrón común, el caso más chocante es el de la procuradora general. Por mandato constitucional cuenta con acuerdo del Senado, revista en otro poder del estado, goza de estabilidad similar a los jueces, solo es removible mediante juicio político.

Los argumentos de funcionarios o dirigentes macristas son banales: “Se debe ir porque es militante, “es cierto que hay una norma pero también hay necesidad de buen gobierno” (sic, de veras). La Constitución no dice que la opinión de Macri, Hernán Lombardi o Sturzenegger supla al pleno del Senado como tribunal de Gils Carbó.

La jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco hizo declaraciones periodísticas ayer en defensa de la legalidad. Gils Carbó –dijo-– solo puede ser removida por juicio político. Tuvo seriedad y apego de la ley, al cierre de esta nota es la única integrante de la Corte que no valida, con su silencio, el ataque a la Procuradora.

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Esa costumbre de fallar: La Corte apuró sentencias que tuvo encajonadas durante años. El tribunal ya no es el cuerpo respetable y prestigioso que conformó Néstor Kirchner. Los mejores exponentes, Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni ya no están. Sensible y con problemas de salud, Highton de Nolasco se viene negando a suscribir o vota en disidencia fallos vergonzosos que promueve Lorenzetti. El presidente re-re-reelecto de la Corte apuró decisiones porque solo construye mayoría de tres con el concurso del juez Carlos Fayt. Una sentencia deplorable le devolvió poder al dirigente amarillo y patronalista Jerónimo Momo Venegas. Maná para empleadores como Buryaile quien declaró que las denuncias sobre trabajo esclavo son una pavada.

La resolución más alocada fue la que decidió sobre reclamos de tres provincias (que por esas cosas de la vida no son gobernadas ni por Cambiemos ni por el FpV). Es un sacudón de miles de millones de pesos, las estimaciones varían. En declaraciones periodísticas Lorenzetti confesó que no conoce el quantum del agujero fiscal que produce. Reconoce una irresponsabilidad llamativa. Desfinanciar la Anses y sisar el patrimonio de la AFIP no afecta personalmente a Lorenzetti quien gana un sueldo bastante superior al que percibirá Macri, no paga impuestos y tiene garantizada una de las jubilaciones más altas de la Argentina.

La Corte agregó un ítem indigesto al gobierno entrante: llegarán reclamos de otras provincias. Se habla de la necesidad (flagrante) de discutir una ley de Coparticipación pero se soslaya que la Constitución del 94 (que contiene aciertos, novedades, errores graves, como casi cualquier producto humano) impone requisitos imposibles de cumplir para dictarla.

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Promesas de campaña: El realineamiento internacional fue una promesa de campaña tanto como la supresión de ciertas retenciones y la reducción de las que gravan la exportación de soja y el aumento del mínimo no imponible de ganancias. El padrón ciudadano las convalidó. Sin caer en el oportunismo estadístico de cambiar de idea, a los opositores les cabe cuestionar las medidas pero no su coherencia inicial.

Wikileaks develó como Macri se puso al servicio de la Embajada. El presidente electo contó que para designar al vil comisario Fino Palacios requirió consejo a la CIA y al Mossad. Tal vez con el tiempo se revele la génesis similar de varios nombramientos de esta semana.

Hay otras promesas de Cambiemos que, todo lo indica, serán puestas en entredicho en los próximos meses o semanas. Aquella que expresó “conservarás todo lo que tenés, es tu derecho” enumerada en discursos y spots publicitarios. Es más que verosímil que el gobierno arranque con una formidable y regresiva redistribución de ingresos, que eleve el nivel de desempleo.

Las gentes de PRO se remiten al ejemplo del ex presidente Arturo Frondizi, cuyo rostro aparecería en billetes de quinientos pesos. Curiosamente, la comparación les hace poco favor: Frondizi recaló en la Casa Rosada merced a la proscripción del peronismo, no pudo completar su mandato y reprimió brutalmente la protesta obrera mediante el Plan Conintes. La posición inicial de Macri es cualitativamente superior: fue elegido en un clima de tranquilidad, sin proscripciones y con participación masiva.

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Esperando a Godot... o a los bárbaros: Vale la pena releer dos columnas excelentes publicadas en Página/12 esta semana. La del sociólogo Carlos Acuña (viernes: “La elección de Macri: paradojas y escenarios futuros”) y la del periodista Washington Uranga (ayer: “El contenido y las formas”. Parafraseándolas vale señalar que el FpV ha quedado como una oposición democrática consistente, que predomina en el Congreso, tiene “capacidad de calle” y gobierna varias provincias.

De cualquier forma, el oficialismo saliente necesita repensar y elaborar por qué perdió el favor de las mayorías sin autocomplacencia y sin quedarse en culpar exclusivamente a los medios o a los errores de campaña (ver asimismo nota aparte).

Nadie puede querer que el macrismo choque con la calesita de movida. Una catástrofe social es indeseable antes que nada porque genera privaciones y sufrimientos a los sectores más vulnerables. Mucho menos importante pero digno de mención es que las crisis de gobernabilidad no suelen terminar como la del 2001: en la formidable presidencia de Néstor Kirchner y la continuidad coherente de Cristina. En general, las debacles “tiran a derecha” como sucedió en 1975, 1989 o 1999.

Ojalá el nuevo oficialismo capte que el alto nivel de empleo, el desendeudamiento público y privado, las paritarias en alza, el amplio sistema de protección social son baluartes para conservar y mejorar. Es lo que comprometió en su astuta campaña: su contrato electoral. Habrá que ver como lo honra o arriesga. Las predicciones razonables sugieren que un shock lo deterioraría severamente y generaría un verano triste para muchos, acaso caliente.

Habrá que esperar, la iniciativa la tiene el gobierno entrante.

Marcos Peña, el jefe de Gabinete del futuro gobierno de Mauricio Macri, reiteró ayer que eliminarán rápidamente las restricciones para comprar dólares. “Es una decisión que se tomará al principio del gobierno; podrá variar en uno o dos días, pero se hará al principio del gobierno, apenas asumamos”, aseguró en declaraciones al diario La Nación. En el macrismo apuestan a una política de shock, tal como prometieron en la campaña electoral, pero la salida del “cepo” debe ser comandada por el Banco Central y por ahora no hay certezas de que Alejandro Vanoli, quien tiene mandato legal hasta 2019, esté dispuesto a abandonar su cargo.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó las primeras restricciones a la compra de dólares el 28 de octubre de 2011, cuando la AFIP creó el programa de Consulta de Operaciones Cambiarias (COC) a través de la resolución 3210. Esa norma establecía que los bancos y las casas de cambio sólo podían efectivizar operaciones de venta de moneda extranjera si antes eran “validadas” por la AFIP a través de ese sistema online denominado COC basado en una formula que el organismo fiscal nunca reveló. Más allá de lo resuelto por la AFIP, para que las entidades que operan en el mercado de cambios cumplieran con esa directiva fue necesario que el Banco Central emitiera la Comunicación A 5239. Si el Central hubiese resistido la aplicación de esa norma no hubiera bastado la resolución de la AFIP, ya que los bancos solo responden a la regulación que impone la autoridad monetaria. Eso explica porque también fueron necesarias comunicaciones del Central cuando se decidió fijar excepciones a ese régimen y cuando se obligó a la validación mediante el COC de los pedidos de dólares para viajes y turismo.

A mediados de mayo de 2012, la AFIP redujo prácticamente a nada la venta de divisas para atesoramiento al dejar de validar la mayoría de esas operaciones. En ese caso, no fue necesaria la intervención del Central porque en lo formal el sistema siguió funcionando igual. La diferencia fue que cuando los bancos o casas de cambio tramitaban la solicitud a través del COC el sistema informaba, por ejemplo, que la capacidad contributiva de la persona era insuficiente, aunque ganara miles de pesos y estuviese queriendo comprar apenas un dólar. El 5 de julio se decidió finalmente formalizar esa restricción de hecho y entonces tuvo que entrar en escena nuevamente el Banco Central. La entidad, conducida en aquel momento por Mercedes Marcó del Pont, dictó la Comunicación A 5318 que prohibió la venta de moneda extranjera bajo el concepto de libre disponibilidad, suspendiendo de este modo la resolución que permitía comprar hasta 2 millones de dólares por mes, posibilidad que en los hechos ya no estaba vigente. Esa es la norma clave de lo que se conoce vulgarmente como el “cepo” cambiario.

Desde entonces, el Central siguió vendiendo dólares para operaciones de comercio exterior, para turismo y viajes (con validación), para pagar los gastos con tarjetas de crédito y débito en el exterior y para otros cientos de ítem específicos, pero ya no para libre disponibilidad. Esa posibilidad se flexibilizó parcialmente en enero de 2014 cuando se introdujo la compra de dólares para ahorro, destinada a trabajadores registrados con un ingreso mensual de al menos dos salarios mínimos, los cuales podían disponer hasta el 20 por ciento de su sueldo para esas compras con un tope de 2000 dólares por mes. La norma del Banco Central que habilitó los cambios fue la Comunicación A 5526 de enero de 2014.

Todas estas normas son las que prometió eliminar el gobierno de Macri a partir del 10 de diciembre, se estima que para volver a la situación previa a octubre de 2011. Para ello, el futuro presidente podría dictar un decreto de necesidad y urgencia, pero igual necesitaría que el Banco Central lo acompañe poniendo en práctica la normativa que se decida. Si Vanoli continúa al frente del Central, podría demorar la aplicación de esa normativa o eventualmente negarse a aplicarla con el argumento de que lo que le piden no coincide con las metas fijadas en el programa monetario aprobado por el directorio del Banco Central.

El último antecedente de este tipo lo protagonizó Martín Redrado entre fines de 2009 y comienzos de 2010. Cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció el 14 de diciembre de 2009 la creación del Fondo del Bicentenario para pagar deuda con reservas, lo primero que hizo Redrado, por entonces titular del Banco Central, fue enviar el decreto presidencial a la subgerencia general jurídica para que analizara sus implicancias. Luego le giró el texto al estudio de abogados que los asesoraba en Nueva York para que analizara si existían riesgos de embargo por parte de fondos buitre. Veinte días después, el Banco no había tomado ninguna decisión y la postura que dejaba trascender Redrado a los medios enfureció a la Presidenta. “Todavía no tuvimos respuesta desde Nueva York ni tampoco finalizó el análisis interno. Mientras no contemos con esos dictámenes, el Banco no va a tratar el tema en su reunión de directorio”, aseguró el 5 de enero. Estaba claro que Redrado no quería cumplir con lo dispuesto por la presidenta. Por lo tanto, al otro día comenzó una puja para desplazarlo que se resolvió recién el 2 de febrero de 2010, cuando una comisión bicameral del Congreso recomendó su destitución.

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