María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.

Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.

En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.

Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.

Cúpula removida

En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.

Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.

Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.

En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.

Réplicas

Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.

Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.

“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.

Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.

“Más vale que los capturen vivos y vuelvan a la cárcel porque, si no, los responsables serán Vidal y su ministro de Seguridad, Ritondo”, tuiteó el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien desde la cárcel fue acusado por el condenado y ahora prófugo Martín Lanatta por TV como el autor intelectual de los asesinatos en General Rodríguez. La denuncia fue en plena campaña y nunca se pudo comprobar. En respuesta, María Eugenia Vidal dijo: “Justamente en este caso le pido que se llame a silencio”. “Es lo único que no voy a hacer”, retrucó Fernández, quien volvió sobre la idea de que el escape puede haber sido un “pago” por la denuncia de campaña.

“A Lanatta y sus cómplices se les prometieron cosas por la operación mediática eje de la campaña de Cambiemos, y se las tienen que cumplir”, sostuvo Aníbal Fernández. “Estos tipos ‘fugados’ son asesinos, que formaron parte de la campaña, junto con el actual gobierno”, insistió.

El ex jefe de Gabinete comentó que en su momento le había pedido al ex ministro Ricardo Casal que garantice la seguridad de Lanatta y que ahora repetía el pedido con la actual gestión. “Más le vale que tanto la gobernadora Vidal como sus ministros se responsabilicen de devolverlos vivos a la cárcel. Por fin nos enteramos cuánto cobraron los Lanatta por la falsa denuncia que llevó a Vidal a la provincia”, escribió Fernández. Lo que tampoco toleró fue que Vidal le reclamara que se llamara a silencio. “Los que deben llamarse a silencio son los que hicieron estos gestos vergonzosos para llegar a la gobernación. En 18 días parecen haberles pagado a todos los que colaboraron con la campaña”, retrucó. E insistió: “La gobernadora Vidal, su ministro de Seguridad y su ministro de Justicia son responsables de esta fuga”.

“Me enlodaron de la mejor manera que pudieron para intentar sacar una ventaja electoral. Todos sabíamos que para hacer semejante cosa algo iba a cobrar. Todos suponíamos que era guita. No. Era guita y esto que pasó ahora”, continuó Fernández. Para el ex candidato, “si no le hubieran pagado a este tipo que estaba en prisión con cadena perpetua por la muerte de esos tres pibes hubiera sido imposible” que Vidal ganara en la provincia de Buenos Aires. También apuntó contra el equipo periodístico de Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata que le dio el micrófono al ahora prófugo Lanatta para que hable. “La gente de Jorge Lanata entró seis veces a la cárcel”, subrayó.

En tanto, desde el kirchnerismo, presentaron un pedido de informes por la fuga. Vidal ayer aseguró que “el narcotráfico ha penetrado la política”, pero no señaló a quién o quienes se refería. Diputados y senadores del Frente para la Victoria reclamaron que precise esas declaraciones.

El presidente del bloque legislativo bonaerense, José Ottavis, dijo: “Nos parece que tenemos que apoyar a la gobernadora en su necesidad y en su pedido de justicia y en su afán de llegar a la verdad, pero también le queremos pedir que nos ayude a nosotros a poder avanzar en este pedido y que nos diga quiénes son las personas que ella conoce y sabe que son de la política y tienen que ver con el narcotráfico”. “Este caso viene de una historia de acusaciones de tipo políticas. Nosotros observamos que la operación periodística que llevó adelante el programa de Jorge Lanata con estos tres reclusos dando testimonio y acusando a uno de nuestros candidatos en la última elección, fue intencional. Y la verdad que es muy sospechoso y nos hace pensar que la fuga puede tener que ver con una devolución de favores por parte de un sector político para que no gane nuestro partido político”, indicó Ottavis, quien reclamó que los prófugos aparezcan “con vida” para “poder saber y desentrañar hasta las últimas consecuencias cuál es la verdad sobre las acusaciones que ellos vertieron con intenciones políticas unos meses atrás.”

“No puedo desvincular lo que pasó, la fuga, de los festejos que hubo en el penal de General Alvear cuando ganó la gobernación María Eugenia Vidal. Lo describió el diario La Nación. Abrieron la celda donde estaba Martín Lanatta para festejar la derrota del Frente para la Victoria. La festejaron juntos los penitenciarios y los que ahora están prófugos. Y eso pasó a las 12 de la noche, cuando los presos tenían que estar en su celda desde las 20. De manera que no me sorprende la fuga.” El análisis y el recuerdo fueron hechos por Hugo Cañón, titular de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el organismo que en todos estos años monitoreó las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y que una y otra vez denunció las muertes, torturas y manejos mafiosos en las distintas unidades. Para el ex fiscal, el dato de que los tres condenados a prisión perpetua estuvieran juntos en la enfermería antes de la fuga es determinante e indica que “hubo una orden interna” y complicidades.

“Por supuesto que la permanencia en la enfermería de tres condenados a prisión perpetua por el mismo expediente no puede hacerse sin complicidad interna –dijo Cañón por Radio Del Plata–. Uno, después de haber recorrido unidades durante varios años, sabe cómo se manejan internamente, cómo responden al poder político y cómo se dan determinadas ordenes internas que llevan a que pasen cosas dramáticas.”

“Yo vinculé de inmediato la fuga con el festejo que describió el diario La Nación el 31 de octubre –agregó el ex fiscal–. Martín Lanatta abrazándose con los penitenciarios porque había ganado Vidal. Le abrieron la celda a las 24, lo cual demuestra toda una posición respecto a la expectativa que se abrió con el resultado electoral. Lanatta fue protagonista de una maniobra política, con operadores políticos de la talla de Elisa Carrió y el objetivo fue descalificar al candidato a gobernador del FpV. Todo eso fue muy obvio, muy evidente. Ahora hay que estar atentos a ver qué pasa con estas personas, si están fugadas, si están fuera del país o no, o si aparecen abatidos en un supuesto enfrentamiento, un tiroteo. De esta última forma cerrarían un círculo y mantendrían la imputación en abstracto sobre la denuncia original y deslindándose de responsabilidad los que pudieron haber orquestado todo esto. Los Lanatta y Scillacci podrían hablar sobre aquella maniobra política. Los silencian para que no puedan hablar. Y así termina la historia. Por eso, la preocupación principal es que aparezcan con vida y que se pueda saber algo de cómo funcionó esta fuga.”

Cañón recordó que “la CPM monitoreó todas las unidades. Son más de 55, algunas como la de General Alvear algo alejadas de centros urbanos. Esta era una unidad de alta complejidad y de las más nuevas. Y según lo manifestado y escrito, eran presos sobre los que se habían adoptado las máximas precauciones y monitoreos de control. Por eso sorprende que esto haya ocurrido. Hace un año y medio vimos la fuga del penal de Ezeiza. También requirió de complicidad y el objetivo fue conseguir la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, que molestaba”.

“Así que no son casualidades –redondeó Cañón–. Son operaciones que funcionan como un circuito mafioso. En el SPB hay actividades mafiosas en todo sentido, con recaudaciones ilegales, aprietes a presos, sobornos para poder conseguir visitas familiares, favores sexuales de hermanas y esposas de los presos con los penitenciarios y, además, todo sometido y regulado por un aparato político que, si está en esta trama mafiosa, el aparato penitenciario le resulta eficaz.”