Una serie de protagonistas del mundo judicial, empresarios encabezados por la Sociedad Rural, periodistas mayormente del grupo Clarín y políticos alineados con el PRO publica hoy una feroz solicitada contra el juez federal Daniel Rafecas por su decisión, hace un año y medio, de cerrar por inexistencia de delito la denuncia que presentó Alberto Nisman antes de morir. El fiscal imputaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, un texto que fue votado por el Congreso Nacional.

El detalle es que aquel fallo de Rafecas fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, pero en el texto que se publica hoy sólo se pide la remoción del magistrado y no de los camaristas. La movida se explica porque esos integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, tienen convocada para el jueves próximo una audiencia donde deben resolver un pedido de la DAIA para que se abra el caso de la denuncia de Nisman. En otras palabras, la solicitada no es ni más ni menos que una presión sobre la Cámara y expresa el punto de vista de los servicios de inteligencia y embajadas que en su momento estuvieron detrás del texto del fallecido fiscal. Ayer, al conocerse el texto, otros jueces de Comodoro Py recordaban que en los últimos 30 años nunca hubo una solicitada de esta naturaleza contra un magistrado ni una presión contra la independencia judicial de esta naturaleza.

Entre enero y febrero de 2015, Rafecas se tomó un mes y medio para estudiar la denuncia de Nisman y la desestimó por inexistencia de delito en un escrito de 63 páginas. Antes que él, la jueza María Romilda Servini de Cubría sostuvo que el texto de Nisman no merecía ser tratado en la feria judicial y que no incluía las pruebas correspondientes. En un escrito posterior, el también juez federal Ariel Lijo coincidió y elogió la resolución de Servini. Rodolfo Canicoba Corral no sólo señaló que la denuncia carecía de “entidad probatoria”, sino que opinó que correspondía investigar a Nisman por haber trabajado sin control de un juez.

Después de conocido el fallo de Rafecas, algunos de los mayores juristas del país salieron a respaldarlo. Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo sostuvieron que la denuncia de Nisman tenía más de política que de judicial y le dieron la razón a Rafecas respecto de la inexistencia de delito. El magistrado explicó en ese fallo que ninguna de las afirmaciones de Nisman en su denuncia ocurrieron en la realidad: el Memorandum nunca entró en vigencia, no se conformó la Comisión de la Verdad prevista en el texto, no se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas de los sospechosos iraníes, no se armó ninguna pista de “fachos locales” como señalaba Nisman que iba a ocurrir, no se compró una gota de petróleo de Irán ni el Estado le vendió granos en retribución. Quien fuera titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, sostuvo públicamente en este diario y en The Wall Street Journal que la denuncia de Nisman era “falsa” y que el gobierno argentino no había solicitado levantar las alertas rojas a los acusados iraníes, sino todo lo contrario.

La Cámara Federal confirmó el fallo del magistrado un mes más tarde, a finales de marzo de 2015. El camarista Jorge Ballestero hizo un arduo trabajo de relevamiento de las escuchas entregadas por Nisman –300 conversaciones– y en su escrito destapó un virtual fraude: señaló que había un caprichoso armado de las escuchas, uniendo en una supuesta continuidad frases de una conversación con afirmaciones de otra charla de otro momento. Tras la confirmación de la Sala I, el fiscal Javier De Luca, de larguísima trayectoria en tribunales, coincidió con el juez, los camaristas y los juristas en que no había delito alguno en la denuncia, con lo que la causa fue archivada.

La solicitada de hoy es una nueva ofensiva auspiciada por los servicios de inteligencia, embajadas y sectores empresarios con el objeto de presionar a la Sala I ante la audiencia del jueves que viene. No se respetan los pasos institucionales, permitiendo un libre debate de posiciones en la apelación ante la Cámara. En esta oportunidad, además, es indudable que se llegará a la Casación por impulso de los querellantes e incluso es probable que el expediente termine en la Corte Suprema. De manera que todos los caminos están abiertos.

Hoy por hoy no se está por concretar ningún acuerdo con Irán –lo que sí hicieron las grandes potencias, incluyendo a Estados Unidos– ni está vigente un memorándum. El único objetivo real, de fondo, es la urgencia por darle un escarmiento a una ex presidenta y a un ex canciller que buscaron avanzar en el caso AMIA, después de 20 años de parálisis, apartándose de la diplomacia dictada por los poderosos.

Desde la noche del miércoles el juez federal Daniel Rafecas comenzó a recibir decenas de mensajes, textos y muestras de solidaridad de distintos sectores, espacios que salieron en resuelto apoyo de uno de los jueces caracterizado por “no responder a las pretensiones del poder”, como señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Los abrazos fueron una respuesta inmediata a la solicitada conocida esa noche y aparecida en las ediciones de ayer de Clarín y La Nación que pedía sin vueltas su remoción por desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman. A modo de contra-solicitada, ayer terminó gestándose un enorme movimiento de apoyo canalizado en un documento con firmas de integrantes de organismos de derechos humanos, abogados, magistrados, docentes, periodistas, científicos, académicos y referentes de distintos campos culturales y sociales. El texto denuncia la “persecución contra un juez independiente a través de esta inusitada práctica, cuya intención, a no dudar, es disciplinar a todos los operadores judiciales, que de tolerarse, afectará gravemente al Estado de Derecho y a las instituciones de la República”.

Anoche, las más de mil firmas reunían a Taty Almeida y Vera Jarach de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales; Dora Barrancos, directora del Conicet; Juan Méndez, relator de la ONU, Diego Tatián, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. A integrantes del campo intelectual como Horacio González y juristas como Julio Maier, el economista Eduardo Basualdo. Firmaron integrantes del mundo del arte como Darío Grandinetti, Cecilia Roth, Fernán Mirás, Cristina Vanegas, Adriana Varela, Albertina Carri, Susana Hornos, Kevin Johansen. Jueces e integrantes del Poder Judicial como Adrián Grünberg, Miguel Angel Osorio, Alejandro Alagia, Marcelo Ferreira, Carlos Rozanski, Felix Crous, Roberto Falcone, María Laura Garrigós de Rébori, Victor Abramovich, Luis Niño. Lo mismo el periodista y matemático Adrián Paenza. El mundo de la academia y del campo de la memoria y los derechos humanos como Elizabeth Jelín, Sofía Tiscornia, Daniel Feierstein, Pilar Calveiro, Osvaldo Bayer. El mundo de la política como Héctor Recalde, Felipe Solá y Alberto Fernández. Carta Abierta. Organismos de derechos humanos. Memoria Abierta, el directorio de organismos de derechos humanos de la ex ESMA e innumerables sobrevivientes, familiares y testigos de los centros clandestinos de concentración de la última dictadura argentina. Firmas de las centrales gremiales. Y una declaración del colectivo nucleado en el Manifiesto argentino con las firmas entre muchos otros de Mempo Giardinelli, Noé Jitrik, Tununa Mercado y Alejandro Mosquera.

La solicitada que despertó este enorme reacción en cadena salió publicada en los diarios de ayer con la firma de sectores del poder judicial, empresarios encabezados por la Sociedad Rural, periodistas que trabajan en medios oficiales y en el grupo Clarín y políticos alineados al PRO. Tal como publicó el periodista Raúl Kollmann en la edición de ayer de este diario, la publicación parece un mecanismo de presión no sólo destinado a Rafecas. El juez cerró la denuncia que presentó Nisman por inexistencia de delito. La decisión fue confirmada por la sala I de la Cámara Federal. Pero los integrantes de esa sala, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, convocaron para el jueves próximo una audiencia donde deben resolver un pedido de la DAIA para que se reabra la denuncia. Los organismos, organizaciones y cientos de hombres y mujeres que salieron a apoyar al magistrado recuerdan ese subtexto. Para fundamentar “tamaña solicitud” como el pedido de remoción –señalan– “se basan en un fallo del magistrado que fuera ulteriormente confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”. El documento agrega que “no podemos menos que rechazar de plano este grosero pedido de destitución contra el doctor Daniel Rafecas, por su intervención en aquel caso; intervención estricta, fundada, lógica y normativamente”. Luego de describir el pedido de remoción como una “persecución” y a Rafecas como un juez independiente, resaltan su compromiso con el trabajo con las garantías del Estado de derecho. “Reconocemos que la actuación de Daniel Rafecas ha sido con especial apego a las leyes y al igual que en la labor docente, ha demostrado un profundo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y las libertades democráticas”.

Durante las primeras horas del día, el Llamamiento Argentino Judío que preside Jorge Elbaum lanzó su propia convocatoria de firmas a través del portal Change. A las seis de la tarde, el marcador superaba las 2.700 adhesiones. “La persecución al juez Daniel Rafecas está motorizada por el diputado Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA -escribieron en el texto–, responsable de ensuciar la conducta proba de un juez de la Nación. Los ciudadanos que buscamos una justicia independiente de los intereses corporativos y ajenos a las presiones geopolíticas, repudiamos la ofensiva desatada contra funcionarios que no claudican, y permanecen fieles a la verdad y a los intereses de la Nación”.

Durante la mañana, los apoyos escalaron todo tipo de soporte. El juez recibió un mail del abogado Pablo Llonto, directo desde la sala donde se esperaba la sentencia por el juicio de lesa humanidad de San Martín. “Desde aquí toda, pero toda nuestra solidaridad, y de centenares de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que saben quién sos”. Estela de Carlotto le dijo a Página/12: “Creo que este abrazo a Rafecas significa un gesto de solidaridad. Hemos compartido con él espacios jurídicos donde ha actuado con toda corrección. Entendemos que es un hombre que se ajusta a derecho y que resuelve sin ningún tipo de componendas. Esto es una persecución insana, realmente detestable, que se le hace a una buena persona y buen juez porque no responde a algunas pretensiones de quienes suscriben la solicitada. Es realmente tan desagradable y tan antidemocrático. Es una infamia”.

En la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano opinó en esa línea. “Salimos a apoyarlo porque Rafecas manejó nuestras causas y las lleva adelante, porque ha dado a conocer en otros lugares del mundo el horror de nuestros campos de tortura y exterminio. Esto nos dejó muy preocupados por las firmas de estos personajes tenebrosos. Es una cosa más de lo mucho que está pasando últimamente, pero estamos seguros que vamos a ganar esta pulseada porque se la merece”.

Julio Maier dijo que se anticipaba el contenido de la solicitada al leer las firmas. “Está el presidente de la Sociedad Rural, está Marcos Aguinis, algunos que colaboraron con el gobierno militar. Está muy clara la división del país. Personalmente nunca vi una corrupción tan grande dentro del Poder Judicial”. Recordó que Nisman es la persona a la que le han descubierto cuentas en el extranjero, viajes con modelos de vacaciones, inmuebles en otros países. “Nunca vi una cosa así. Deben existir corruptos, pero un fiscal que pide corrección de sus propios escritos a embajadas extranjeras o embajadas extranjeras que le pide sus escritos al sólo efecto de que el fiscal los formalice y los lleve ante la justicia... Sobre Rafecas, no se por qué se la agarran con él. No lo conozco en términos personales, pero me merece todo el respeto y mi cariño”.

Adrián Grünberg es titular del Tribunal Oral Federal 1, quien estuvo a cargo del Juicio Cóndor. “Conozco a Rafecas hace más de 20 años. Por sus cualidades técnicas y capacidad de trabajo es sin duda uno de los mejores jueces de Comodoro Py. También puedo dar fe de su calidad humana y hombría de bien, es un excelente académico. En 30 años de tribunales no he visto nunca un ataque tan furibundo e injusto. Espero que la Asociación de Magistrados de la que cual Rafecas es parte saque un comunicado diciendo algo sobre este ataque”.

Anoche, uno de los correos continuaba recibiendo adhesiones:yoapoyoarafecas@gmail.com

Habían recibido allí el apoyo de José María Monner Sans, abogado, hermano del Monner Sans de la solicitada.

La procuradora general Alejandra Gils Carbó sostuvo que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que analice los recursos de queja planteados por el fiscal Ricardo Sáenz y las querellas contra la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de rechazar el envío a la justicia federal de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En un dictamen de 17 palabras, la jefa de los fiscales mantuvo el recurso presentado por Sáenz –quien sostiene que el caso debe pasar a la justicia federal– para que el máximo tribunal “pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada”. Casación se pronunció a fines de agosto a favor de que el expediente siga en la justicia ordinaria por entender que no existe ninguna prueba de que Nisman haya sido asesinado.

“A fin de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta”, consigna el dictamen, que se completa con la fecha del miércoles. Los recursos ante la Corte habían sido presentados por Sáenz y por los abogados Pablo Lanusse, por la madre y la hermana de Nisman, y Juan Pablo Vigliero y Manuel Romero Victorica en nombre de sus hijas menores de edad, a quienes representa la madre, Sandra Arroyo Salgado. Aún si Gils Carbó no hubiera sostenido la queja del fiscal, el tema igual habría llegado a la Corte aunque sólo con los argumentos de las querellas. El tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti deberá resolver ahora si la causa sigue su trámite ante el juez federal Julián Ercolini, como pide la familia del ex fiscal, o con la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, como sostiene la defensa de Diego Lagomarsino, el ex empleado de la unidad fiscal AMIA a quien Nisman le pidió el arma de la que salió el disparo mortal.

Hace dos semanas Casación rechazó en dos fallos el cambio de fuero de la causa y desestimó sendos recursos de los familiares de Nisman para acceder a la Corte, que ahora deberá analizar si acepta el caso pese a no existir una sentencia definitiva. Los jueces Mario Magariños, María Laura Garrigós de Rébori y Daniel Morín señalaron que no hay ninguna prueba concreta de que Nisman haya sido asesinado, por lo que el expediente debía seguir en manos de Palmaghini. La doctrina señala que si un funcionario público es asesinado por cuestiones relacionadas con su función, corresponde que instruya la causa la justicia federal. Pero si muere en un hecho común, un robo, por ejemplo, o se quita la vida, corresponde que investigue la justicia ordinaria.

Los familiares de Nisman presentaron dos recursos. El primero recusando a los magistrados porque supuestamente son integrantes de la agrupación Justicia Legítima. Otra Sala de la Casación, compuesta por Horacio Dias, Carlos Mahiques y Pablo Jantus contestó que Magariños y Morin no son parte Justicia Legítima y en el caso de Garrigós que ello no implicaba que no podía intervenir. Ante un recurso para llevar el cuestionamiento a la Corte, la Sala rechazó el pedido por no tratarse de una sentencia firme sino de una recusación. Hubo un segundo recurso en el que se cuestionó que el caso no fuera enviado al fuero federal. Magariños, Garrigós y Morín rechazaron el intento de llegar a la Corte por la misma razón: es un pedido de cambio de fuero, no un fallo definitivo. De esa manera, la investigación sigue en manos de Palmaghini, quien curiosamente había alegado que tenía que pasar al fuero federal. Lo hizo después de dos extrañas declaraciones de espías, uno de ellos Horacio Antonio Stiuso. Sáenz insistió en su recurso de queja con el argumento de que “existe gravedad institucional cuando lo resuelto excede el mero interés individual de las partes y afecta a la comunidad, como claramente se configura en el caso” y opinó que fue “injusta y arbitraria” la decisión de Casación de mantener el caso en el fuero ordinario. Ahora la Corte tiene la palabra.

“El pase a la justicia federal va a abrir un largo derrotero de indefinición de lo sucedido, si fue un homicidio, si fue un suicidio o un suicidio inducido, y muy difícilmente pueda dar una respuesta sino que se va a encargar, como en todas las variantes de encubrimiento del caso AMIA, de señalar las responsabilidades de las autoridades pública en la falta de resultados”, dijo Alejandro Rúa, abogado vinculado a Memoria Activa y querellante en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están siendo juzgados Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.

“Preveo que en la lógica de lo que vendrá será decir que no están en condiciones de decir lo que pasó, pero esto es responsabilidad de tal o cual”, dijo durante una entrevista en el programa A los botes (Futuröck FM).

Después del fallo de la Corte Suprema, que dispuso que el caso pase al fuero federal, el juez federal Julián Ercolini recibió ayer los 62 cuerpos del expediente. Hoy llegarán a Comodoro Py cajas con pruebas a las fiscalía especial que creó Eduardo Taiano, quien tendrá a su cargo la instrucción.

Según Rúa, que también representa al ex canciller Héctor Timerman en la denuncia por la firma del acuerdo con Irán, el pase a los tribunales federales de la investigación por la muerte de Nisman “es otra vuelta del caso AMIA en el que nunca hay una resolución sobre lo sucedido sino una permanente atribución de responsabilidades sobre por qué no se llega a una determinación judicial de los hechos”.

Respecto del fallo de la Corte, consideró que “es una resolución que parece ser mesurada en relación a los debates que tuvo el caso, hubo muchos dictámenes asumiendo definiciones bastante tajantes sobre la muerte de Nisman, tanto posicionados en la hipótesis del homicidio como en la del suicidio y la Corte resolvió que la competencia del caso es federal sin posicionarse en ninguna de las dos”. En la interpretación de este abogado, la Corte “dijo que no cabe duda de que Nisman era un agente federal y que respecto del motivo de su muerte no se puede descartar que haya tenido que ver con su función, no lo afirmó pero indicó que esa hipótesis persiste, y por lo tanto corresponde el pase del caso al fuero federal”.

Según Rúa, “la Justicia federal no se especializa en homicidios, pero la variante no tiene que ver con si fue o no un homicidio, hasta ahora parecía ser que si era un suicidio correspondía a la justicia ordinaria y si era homicidio la competencia tenía que ser federal. En este caso para la Corte el pase al fuero federal implica la posibilidad no descartada en el trámite de que esta muerte, sea cual fuere el motivo, haya tenido que ver con su función”.

El letrado recordó que la Corte falló en sintonía con “lo que ha dicho la familia”, en referencia a la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. El ex fiscal del juicio a las Juntas Luis Moreno Ocampo había advertido que “mandar la investigación (por la muerte de Nisman) al fuero federal” era “mandarla a la guarida de Nisman”.

El multimedios Clarín utilizó ayer nuevamente la tapa de su diario para profundizar la inédita campaña de presión sobre la Justicia tanto en el caso de la muerte de Alberto Nisman como en el que sigue la insostenible denuncia que hizo el fiscal pocos días antes de morir. La base es otra vez la declaración prestada hace siete meses por el ex espía Jaime Stiuso, presentándola como si fuera una novedad y endiosando al otrora jefe de Operaciones de la central de inteligencia como si fuera palabra santa, un ingenuo y cándido testigo, en lugar de un funcionario echado de su cargo, ansioso por venganza contra el gobierno anterior, imputado por numerosos delitos por su actuación en la SIDE y alineado con las derechas de Estados Unidos e Israel. En esta oportunidad, agregó como condimento una supuesta “operación montada por Página/12” para “cubrir el asesinato”. En ese intento, utiliza partes de la declaración de Stiuso que a todas luces son infundadas para cualquiera, y sobre todo para el firmante de la nota, Daniel Santoro, que hace tiempo asegura que se ocupa del tema.

La campaña, con la figura de Stiuso en el centro, tiene como objetivo, en primer lugar, instalar la hipótesis de que a Nisman lo mató un comando iraní, venezolano, argentino sobre el que no se aporta ni un dato ni una prueba. Se busca –aunque suene descabellado, como suele suceder en Comodoro Py– echarle la culpa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El otro objetivo de la campaña es presionar a la Sala I de la Cámara Federal que esta semana debe resolver si reabre la denuncia de Nisman contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento, a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler ya dijeron, hace un año, que la denuncia debía ser desestimada por inexistencia de delito, coincidiendo en un extenso fallo con el juez Daniel Rafecas.

Falso

Cuando Stiuso declaró durante ocho horas el 27 de febrero de este año prácticamente no hubo secreto alguno. Los abogados de todas las partes estuvieron presentes y después pudieron también leer lo que sostuvo el ex espía ante la jueza Fabiana Palmaghini. Ya entonces se hizo público que Jaime, como se lo conocía a Stiuso en la Side, hablaba de que a Nisman supuestamente lo mató un comando iraní-venezolano, apoyado por el gobierno kirchnerista. El problema es que Stiuso no pudo aportar una sola prueba de sus dichos, al punto que su abogado tuvo que salir al día siguiente a bajarle completamente el precio a la declaración: “no tiene pruebas directas de que a Alberto Nisman lo hayan asesinado. No tiene un testigo ni nada que se le parezca. Tiene una interpretación de los precedentes que pudieron llevar a que a Nisman lo mataran. No, tampoco sabe qué grupo intervino”, señaló Santiago Blanco Bermúdez.

Pero, además, en esa declaración, Stiuso cambió lo que había dicho un año atrás, en febrero de 2015. En ese entonces sostuvo que no sabía nada de la muerte del fiscal, que lo asombró y que no podía aportar nada. Toda su declaración se extendió a lo largo de cuatro fojas, o sea la transcripción de menos de diez minutos. No obstante, este año el espía argumentó que la fiscal Viviana Fein omitió cosas en su declaración anterior, pese a que el texto tiene su firma y la de su abogado. De forma asombrosa, por esas acusaciones de Stiuso, la fiscal fue denunciada por la jueza Palmaghini. Esto motivó una causa judicial en la que intervino el juez penal Ernesto Botto. El magistrado no solo sobreseyó a Fein, sino que en su fallo se pregunta por qué Palmaghini no imputó a Stiuso por falso testimonio. O sea que un juez distante del caso AMIA y de la muerte de Nisman dejó en claro que Stiuso mintió.

Esa declaración del ex espía, descartada por su propio abogado y por un juez, es el instrumento usado otra vez por Clarín, en su principal título de tapa, para marcarle la cancha al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, encargados desde esta semana por la Corte Suprema, y después de un sorteo trucho, de la investigación de la muerte del fiscal. La base de la ofensiva es el desopilante comando iraní-venezolano-kirchnerista, sobre el que no existe evidencia alguna: nadie vio entrar o salir a nadie del edificio, no aparece ninguna persona entrando al departamento ni entrando ni saliendo del baño en el que se produjo la muerte. La junta médica de 17 forenses sostuvo que no hay evidencia de homicidio y la junta de criminalistas fue aún más contundente: sostuvo que no había ninguna otra persona en el baño en el momento de la muerte. El balazo fue disparado a un centímetro de distancia, no hay pelea en el baño, no hay desorden, no hay sangre ni huellas ni ADN de ninguna otra persona y en la mañana de su deceso el fiscal entró a Infobae para leer un texto sobre el regreso de la muerte, posteado por Claudio María Domínguez.

La primera en dar a conocer el guión del comando iraní, venezolano, kirchnerista fue Elisa Carrió, quien sostuvo que agentes venidos de Teherán vigilaron la operación desde un barco de Buquebus en el que viajaron desde Montevideo a Buenos Aires. La fiscal Fein pidió todas las listas de pasajeros de aquel fin de semana y no aparece ni uno solo originario de Irán o de otros países de Medio Oriente. La fiscal también evaluó a quienes vivían en Le Parc: nadie se mudó ni desapareció después de la muerte del fiscal.

Menos pruebas todavía hay respecto de algún grado de participación de los mencionados por Stiuso: Luis D’Elía o Fernando Esteche. Ni la fiscal ni la jueza llamaron nunca a declarar a esos dirigentes ni aparecen involucrados de ninguna manera.

Mentiras

Uno de los puntos más llamativos de la campaña formulada por Clarín y Daniel Santoro es que se señala que Página/12 protagonizó una “operación” publicando que el informático Diego Lagomarsino, quien supuestamente le prestó el arma a Nisman, estuvo reunido con la jueza de Lomas de Zamora Silvia González para pedirle asesoramiento. Stiuso da a entender que el encuentro de Lagomarsino y la jueza no existió y que este diario armó una mentira para mejorar la situación del informático.

Hoy en día está claro en la causa judicial que efectivamente Lagomarsino fue a ver a la doctora González. Lo declararon públicamente y ante la justicia tanto el informático como la jueza. Así fue publicado en todos los medios y, sin lugar a dudas, Clarín lo sabe. Aun así, reprodujo lo dicho por Stiuso sin ninguna aclaración o contexto, en un claro intento de sembrar sospechas sobre la cobertura del tema realizada por este diario. Pero lo único concreto es que Página/12 publicó la verdad. Y todo lo que se escribió en este diario se verificó paso a paso luego: el ascensor por el que subió Lagomarsino, el ascensor por el que bajó, el café que tomaron y todos los detalles.

Otro dato asombroso que convalida Daniel Santoro es que Stiuso declaró que el kirchnerismo, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigía José Sbatella, inició una campaña destinada a desprestigiar a Nisman revelando la existencia de una cuenta del fiscal en Nueva York. Como todos los que cubren periodísticamente la causa, Clarín sabe perfectamente que fue la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, la que informó a la fiscalía que Nisman tenía la cuenta en el Merrill Lynch de Nueva York. Arroyo Salgado argumentó que notificaba la existencia de los dólares no declarados para que se investigue si a Nisman no lo mataron por un conflicto económico.

Desde la cuenta del Merril Lynch se pagaron las expensas de terrenos en Punta del Este y, además, en ella apareció un depósito de un empresario desaparecido, Damián Stefanini. Es decir que fue Arroyo Salgado quien abrió las puertas para que se conozca la existencia de una fortuna no declarada acumulada por Nisman. No fue la UIF.

Los repetidos viajes al exterior y la falta de trabajo de Nisman en la causa ya habían sido denunciados por los familiares de las víctimas del atentado, que pedían la remoción del fiscal. Las fotos de las modelos junto al fiscal en el Caribe sólo confirmaron lo que venían diciendo Memoria Activa y otras agrupaciones.

Oscuro

Llama la atención que Stiuso denuncie en su reflotada declaración la existencia de un aparato clandestino de inteligencia a partir de la empresa Dark Star Security. Y más llama la atención que Clarín lo transcriba sin hacer ningún comentario.

El fiscal Federico Delgado fue el encargado de investigar el caso Dark Star, a la que Stiuso denunció en su momento por hacer espionaje para el Reino Unido y por cuestiones referidas a Malvinas. Delgado dictaminó que fue una falsa denuncia y que Stiuso la usó para intervenir, durante tres años, los teléfonos de jueces, fiscales, periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Todo el caso motivó una denuncia por espionaje ilegal, no contra Dark Star, como dice Stiuso y reafirma Clarín, sino contra el propio Stiuso. Nada se menciona tampoco de los más de 600 celulares que Jaime tenía a su nombre, lo que hablaría de un servicio de espionaje paralelo.

En la operación de santificación del ex espía no hay mención de los delitos por los que está imputado, entre ellos contrabando agravado, a raíz de que se pasaban por la Aduana toneladas de supuestos equipos de inteligencia que resultaron ser aparatos médicos, de odontología y hasta consolas de juegos.

Presión

La alianza Stiuso-Clarín la emprende ahora contra Página/12, cuya cobertura profesional, ajena a las presiones de los servicios nacionales e internacionales, fue una de las principales referencias en el país y el mundo frente a las delirantes teorías que se pretendieron instalar en torno de la muerte de Nisman. Intentan abrir sospechas sobre este diario usando los dichos de Stiuso que, nuevamente sin prueba alguna, como también lo sabe Clarín, sostiene que el gobierno de CFK utilizó a Página/12 en una supuesta campaña destinada a afirmar la hipótesis del suicidio.

Transcurrido un año y medio, a pesar de las abiertas presiones políticas y mediáticas, ni la fiscal Fein ni la jueza Palmaghini ni la Cámara del Crimen ni la Cámara de Casación ni aún la Corte pudieron encontrar “pruebas”, aunque sea mínimas y forzadas, para inclinarse hacia el homicidio. Los peritos oficiales produjeron, por abrumadora mayoría, dictámenes contrarios a la existencia de un asesinato en el departamento de Le Parc. Mal que le pese a Clarín, no fue este diario sino las investigaciones oficiales y las miradas de los más calificados especialistas jurídicos y criminalísticos las que marcaron el rumbo de la cobertura.