El masivo rechazo al decreto 83/2015 llegó a tocar los zapatos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Entre el viernes pasado y la mañana de ayer ingresaron más de 200 pedidos de juicio político a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación. La primera presentación fue impulsada por un grupo de abogados que intervienen en juicios de lesa humanidad, por “mal desempeño” y “posible comisión de delito” y reseña los distintos tipos de avales públicos que el presidente de la Corte otorgó al DNU del Ejecutivo que designa a dos integrantes de la Corte. “El decreto no tiene otro objetivo que llevarse por delante los principios constitucionales del libre juego de las instituciones y el equilibrio republicano de la división de poderes del Estado de derecho”, señalaron los abogados en un texto en el que también aluden a la reunión de acuerdo entre el presidente de la Corte y el presidente Mauricio Macri. Con el correr de los días, el pedido sumó nuevas presentaciones de ciudadanos de a pie, integrantes de organizaciones sociales, familiares y víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos.

La primera presentación la hizo el abogado Pablo Llonto como parte de un colectivo más amplio. “Esto es lo que hay que hacer cuando ocurre una situación como ésta”, explica. “Cuando alguien del Ejecutivo produce una medida ilegal e inconstitucional se abren dos vías. Una urgente que se inició con la presentación de amparos la semana pasada para que un juez disponga la medida de no innovar que frene la aplicación del decreto. Y la segunda vía es la presentación de juicio político al presidente de la Corte, porque en vez de permanecer callado salió a avalar el decreto. En lugar de esperar que se resuelva por las vías legales y de acuerdo al procedimiento constitucional, incurrió en lo que para nosotros es mal desempeño de funciones.”

Los abogados señalan tres malos momentos de Lorenzetti. El primero, cuando un grupo de periodistas le pidió opinión sobre el DNU y convalidó con sus palabras las designaciones. Dijo son “son bienvenidos” y “dos personas intachables”. El segundo, sucedió al reunirse con el titular del Ejecutivo, “una cosa insólita”, dice Llonto, para acordar un tiempo –de una extensión que aún no está clara– para la aplicación del decreto. Y el tercero fue la emisión del comunicado publicado en el sitio web de la Corte que blanquea el encuentro con el Ejecutivo y la postergación de la aplicación del decreto. Todo esto quedó plasmado de distintos modos en el texto que está revestido de antecedentes y un lenguaje propio de la lógica jurídica.

“Con la extralimitación en sus atribuciones en el dictado del decreto 83/2015 se da por tierra con los elevados principios de nuestro sistema constitucional, desconociéndose al Poder Legislativo en cabeza del Senado de la Nación y se produce un reprochable intento de avanzar sobre el Poder Judicial cooptando miembros adictos sin la independencia necesaria para ejercer en forma incuestionable las funciones para las que se los requiere”, señalan. “No cabe duda del simple análisis del propio texto que se ha amañado un argumento de excepción con el único objeto de eludir el adecuado y transparente procedimiento constitucional del inc. 4 del art. 99 de la Constitución Nacional que es la ineludible manda de la Carta Magna para la designación de los Magistrados del Superior Tribunal y cabeza del Poder Judicial.”

En plena vigencia de la normalidad democrática nada impide, señalan, que el Presidente llame a sesiones extraordinarias. Como sucedió con los amparos, el texto también recuerda otros ejes controvertidos del decreto, como situar como “empleados” del Ejecutivo a los jueces nombrados. Y funda las causales de “mal desempeño” en dos líneas. Una jurídica, en la que recuerdan que “tamaño avasallamiento” debió haber sido rechazado “in limine” por el presidente de la Corte ante la posibilidad de que los jueces “ilegales” ocupen sus cargos. Y recuerdan dos fallos de la propia Corte con pronunciamientos exactamente contrarios. Uno, el caso “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otros s/ Consejo de la magistratura de la Nación” en el que la propia CSJN invalidó las designaciones de abogados para ocupar cargos de subrogantes aunque tuvieran el acuerdo del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y el Senado. Y el caso “Aparicio, Ana Beatriz y otros/ contra el Consejo de la Magistratura” sobre el nombramiento de conjueces en el que se argumenta que el método tradicional –propuesta del Poder Ejecutivo y aprobación por los dos tercios presentes del Senado– “implica una forma de garantizar la independencia de quien ejerce ese cargo, pues si bien su actuación es transitoria, en cada caso que interviene lo hace en calidad de juez de la Constitución, y su falta de independencia afecta indefectiblemente al justiciable”.

Pese a todo ello, dicen, el presidente de la Corte avaló públicamente la irregular e inconstitucional designación con declaraciones públicas a la prensa el martes 15 de diciembre. Y se agravó cuando aseguró además que iba a tomarles juramento. “Expresó que convalidará lo hecho en extralimitación de las funciones que le competen al Poder Ejecutivo tomando Juramento a ‘los comisionados’ con lo que los pondrá en funciones: ‘No podemos no tomarle juramento’, reconoció.”

El sábado pasado, se colocaron doce baldosas en el cementerio de la Chacarita en homenaje a los 191 detenidos desaparecidos que fueron inhumados en fosas comunes en ese lugar durante 1975 y 1979 sin dar aviso a sus familiares. Durante el acto, se recogieron más de 200 denuncias en la misma línea, que se presentaron formalmente ayer al mediodía en la mesa de entradas de la Cámara baja. Las organizaciones que impulsan el pedido de juicio político publicaron la denuncia en busca de adhesiones en el blog de la Comisión de Zona Norte que nuclea a damnificados del terrorismo de Estado y distintas organizaciones. El pedido de juicio político es un derecho de cualquier ciudadano, dice Llonto. “La persona que se sienta afectada puede ir a la mesa de entrada de Diputados e iniciar el trámite que está reglamentado por la Comisión de Juicio Político. Los pedidos que ya ingresaron ahora deben ser analizados por la comisión, que podrá aceptarlos o rechazarlos, pero deben tratarlo.”

“Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano…, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República”, sostiene la resolución de Ramos Padilla, quien hace dos semanas tuvo que renunciar como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca, porque la Corte había declarado inconstitucional la ley de subrogancias.

El fallo suspende por vía de una medida cautelar la asunción de ambos juristas y le advierte a la propia Corte que no podrá tomarles juramento, pero reconoce que en cuanto los dos candidatos propuestos reciban acuerdo por parte del Senado automáticamente el fallo cesará en sus efectos.

La acción de amparo fue planteada por el ciudadano Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio letrado de la abogada Lorena Herrera, reclamando “la nulidad del Decreto número 83/2015 publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional”.

El fallo aceptó a Orbaiceta como parte porque “no existen dudas de que la Corte Suprema cuya composición se impugna tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el P.E.N., sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el decreto 222/03” de autolimitación, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner.

Según la acción judicial, “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.