El gobierno de Mauricio Macri intentó justificar la avalancha de despidos en la administración pública como un modo de enfrentar la supuesta precarización laboral heredada. “Nuestro objetivo es fortalecer el Estado. Creemos que la precarización de los contratos, que son más de 60 mil que ha dejado el kirchnerismo, es una muy mala forma de fortalecer el Estado”, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. La poda continuó ayer por el Ministerio de Salud con el despido de 113 trabajadores que se desempeñaban desde hace años en los programas de Maternidad e Infancia y de Salud Sexual y Procreación Responsable. La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en esa cartera advirtió que “el ministerio se encuentra paralizado a pesar de la emergencia sanitaria declarada en varias provincias” por las inundaciones en el litoral y los brotes de dengue, fiebre chikunguña y zika. “Más de mil trabajadores y trabajadoras se encuentran sin poder desempeñar sus tareas y sin garantías sobre la continuidad de los programas y de sus fuentes de trabajo”, denunció el sindicato, que convocó “a organizaciones de la sociedad civil y al pueblo” a manifestarse “en defensa de nuestro trabajo y la salud pública”. La cita es mañana 11.30 frente al ministerio, en avenida 9 de Julio.

En conferencia junto al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, Peña defendió la decisión de dejar en la calle a miles de empleados públicos como un modo de “fortalecer el Estado” y eliminar la “precarización” laboral. “Los contratos son más de 60 mil, con malas condiciones para los trabajadores del Estado. Son una mala forma de fortalecer el Estado. Lo único que hicieron es empobrecerlo”, dijo el jefe de Gabinete en referencia a quienes prestaban funciones con diversas variantes de relaciones laborales precarias. Para fortalecer el Estado “se requiere un proceso de organización”, agregó Peña, frase que en las redes sociales se tradujo como “proceso de reorganización”, el nombre con el que se presentó en sociedad la última dictadura. “Muchos de estos contratos que se han cortado eran del año pasado y de 2014”, dijo. Se aumentó “enormemente la planta de empleados sin ningún criterio, en muchísimos casos con criterio de militancia o en otros casos de criterio de funciones específicas que no entran dentro una planificación del Estado”, intentó explicar Peña. “Lo importante es una política que fortalezca al empleo público a través de concursos y convocatoria abierta”, dijo el funcionario, y anunció que en los próximos días se presentará “un plan de modernización del Estado para que haya políticas de recursos humanos, para que el Estado brinde los servicios que tiene que brindar a la ciudadanía”.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se permitió opinar que es “un poco apresurado” convocar a un paro nacional ante los despidos del gobierno del que forma parte, en referencia a la medida que anticipó el secretario general de la ATE, Hugo Godoy. “Plantear un paro general por esto, donde en algunos casos están defendiendo situaciones de precarización laboral, porque el gobierno anterior, a través de algunos mecanismos de contratación, no les daba un escenario de sustentabilidad a muchos trabajadores, me parece que es un poco apresurado”, expresó en declaraciones radiales. Luego pidió “separar la paja del trigo” al advertir que “el Estado no tiene que ser quien financie los recursos para la política”.

La ola de despidos continuó por el Ministerio de Salud, que echó a 113 empleados. Camila Lynn, delegada de ATE en esa cartera, informó que los cesanteados recibieron telegramas de despido sin causa y alertó que llevaban adelante importantes políticas sanitarias como la procreación responsable, el control de la mortalidad infantil o la mortalidad en madres adolecentes. “Hace un mes nos dijeron que suspendiéramos toda la actividad y quedáramos en stand by hasta que ellos tuvieran en claro los objetivos del programa y ahora comenzaron a despedir gente”, informó a Radio Nacional. “Teníamos 56 personas trabajando en este programa y nos dijeron que no quieren a más de 15”, informó la trabajadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que se encarga de distribuir anticonceptivos en hospitales públicos y centros de salud, generar programas de concientización y brindar asistencia en educación sexual, procreación reponsables y fertilización asistida, entre otras tareas. Otros quince despedidos prestaban servicios en el plan de Maternidad e Infancia, que también verá reducia su capacidad de acción. Lynn aseguró que las autoridades encargadas de comunicar los despidos ya advirtieron “que esta es la primera tanda” y advirtió que “el ministerio de Modernización es el que está pidiendo el recorte en todas las reparticiones, por eso la decisión es primero despedir gente y después sentarse a hablar con los gremios a ver qué se puede hacer”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó ayer a un paro nacional con movilizaciones en todo el país para el próximo miércoles 24 de febrero. El sindicato reclama la apertura de las paritarias, un aumento de salarios “muy por encima del 25 por ciento” que plantea el gobierno de Mauricio Macri, un “límite a los despidos” de trabajadores estatales y el fin de la criminalización de la protesta social. La medida de fuerza, que anunció en conferencia de prensa el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy, se aprobó en un plenario del consejo nacional de ATE con los 24 secretarios generales del todo el país e incluirá al Estado nacional y a las administraciones provinciales y municipales. “Macri se ha convertido en el abanderado de una política de extorsión para reducir el nivel de los costos laborales de los empresarios en el ámbito privado y de ajuste en el sector público”, explicó Godoy. “El Gobierno quiere reducir a la baja la discusión salarial condicionando a los trabajadores, porque llevarnos a la mesa paritaria con 20 mil despidos es ponernos una pistola en la cabeza”, denunció. Advirtió que la decisión de ATE es “pelear por salarios y por la reincorporación de todos los despedidos” y destacó que “con la ola de despidos el Gobierno ya inició la discusión paritaria”.

“Hemos resuelto convocar a un paro nacional de trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales el día 24 de febrero que será acompañado por movilizaciones a lo largo y lo ancho del país”, dijo el dirigente durante le conferencia de prensa del sindicato en su hotel del barrio de San Telmo. Godoy se mostró acompañado por los secretarios del consejo nacional y los secretarios generales de los consejos provinciales, que antes habían participado del plenario. También estuvieron presentes Jorge Yabkowski, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), y Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Conadu Histórica, organizaciones que se sumarán a la protesta prevista para el 24 de febrero.

“El aumento de salario en el marco de la inmediata apertura de paritarias que los trabajadores del Estado nacional y las administraciones provinciales y municipales venimos demandando está muy por encima del vergonzante planteo del ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca, que oscila entre el 20 y 25 por ciento”, señaló. “Las necesidades de los trabajadores se demuestran en distintas referencias: desde 2007 a diciembre de 2015 los estatales perdimos, en promedio, el 46 por ciento de la capacidad adquisitiva de nuestro salario” y para los municipales “la pérdida es mucho mayor”, destacó. “Por otra parte, los trabajadores del Indec han demostrado que una canasta mínima para dos personas y dos niños no puede ser menor a 15.677 pesos”, advirtió.

Sobre el mentado mote de “ñoquis” instalado por el gobierno nacional y los grandes medios para justificar la ola de despidos, el dirigente consideró que se trata de “una excusa para poder implementar los despidos masivos”. “El Gobierno reconoció que la campaña de que somos ñoquis o militantes es un argumento para reducir personal. Nosotros agregamos que es un mecanismo de extorsión para negociar salarios en baja y para desarmar ámbitos fundamentales del Estado, como en Fabricaciones Militares, el Ministerio de Salud o la Unidad de Investigación de la causa AMIA”, denunció el dirigente. “Los trabajadores quieren trabajar y les ponen la policía en la puerta para no entrar, como en el Ministerio de Cultura y la Dirección de Fabricaciones Militares, por ejemplo”, subrayó.

Por último, Godoy incluyó entre los reclamos “el fin de la criminalización de la protesta social, que se profundizó con la aprobación de la Ley Antiterrorista y que este Gobierno está ejecutando cada vez más intensidad”. “El 24 de febrero será la primera medida de fuerza de este año si no hay un cambio en la actitud del Gobierno, si no se frenan los despidos y habilitan ámbitos para discutir salarios y la precariedad laboral”, afirmó.

El diputado Nicolás del Caño señaló horas después que “desde el PTS y el Frente de Izquierda apoyaremos toda medida de los trabajadores para enfrenar el ajuste” y “estaremos en la primera fila de la resistencia”, aunque también advirtió que “para enfrentar a los miles de despidos de estatales y privados y la escalada inflacionaria todas las conducciones sindicales deben convocar a planes de lucha”. “Hasta el momento la mayoría de los dirigentes sindicales han dejado actuar libremente al macrismo y a las administraciones del Frente para la Victoria en sus políticas de ajuste. ¿Cuánto más hay que esperar?”, planteó el ex candidato a presidente del Frente de Izquierda.