El futuro ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó ayer que habrá un ajuste en las tarifas energéticas del área metropolitana con el objetivo de acercarlas a los costos de su generación y distribución y reducir además la brecha respecto a lo que pagan otras provincias. El ex CEO de Shell no dio precisiones sobre cuánto podrían subir, pero ofreció alguna pista sobre la magnitud al afirmar que en el área metropolitana de Buenos Aires se paga siete veces menos que en provincias como Río Negro, La Pampa o Córdoba por el servicio eléctrico. “Esas distorsiones van en contra de un desarrollo sustentable de nuestra economía, y el mandato que he recibido de Mauricio Macri es poder contribuir en la resolución de estos problemas”, sostuvo en declaraciones radiales. Aranguren dejó en claro también que es probable que se produzcan cortes de energía durante el verano, pero le trasladó la responsabilidad al gobierno que se va (ver aparte). A su vez, aseguró que se mantendrá la mayoría accionaria estatal sobre la petrolera YPF y destacó la importancia del yacimiento de Vaca Muerta.

En lo que refiere a los aumentos, el diagnóstico de Aranguren coincide en parte con el de la consultora de Carlos Melconian, economista designado al frente del Banco Nación, la cual estima que se requiere un aumento de 250 por ciento para la tarifa domiciliaria promedio y hasta 500 por ciento para consumos bajos que actualmente reciben subsidio. Lo único claro por ahora es que el macrismo convalidará fuertes aumentos en las tarifas domiciliarias, pero no queda claro cuándo avanzará. Algunos creen que lo mejor es hacerlo apenas asuman y otros consideran que sería mejor esperar a que pase el verano para que la suba de tarifas no coincida con los cortes que podrían producirse durante los días de mayor calor.

“Normalmente, en los países que son exportadores se subsidia la energía. El nuestro, es tal vez, el único caso que somos un país importador y se subsidia la energía”, aseguró Aranguren, quien cobró relevancia mediática a partir de su enfrentamiento con el kirchnerismo por sus constantes planteos por una suba en los precios del combustible para mantener altos márgenes operativos de las petroleras. El futuro funcionario sostuvo que es necesario recuperar una supuesta racionalidad. “Hemos vivido años en los que las políticas que se implementaron fueron parche tras parche, tratando de administrar el presente sin planificar el futuro”, aseguró. “Es muy difícil poder conducir los intereses tanto privados como estatales si uno no tiene un horizonte adonde poder dirigirse, a los efectos de decidir políticas públicas para alcanzar los objetivos”, sostuvo Aranguren, quien añadió que el objetivo del macrismo es “recuperar los marcos regulatorios, que siguen existiendo y están vigentes por ley, pero que fueron modificados en sede administrativa”.

Respecto al tema tarifas, señaló que debe salirse de la “esquizofrenia” que se vivió en el sector energético en los últimos doce años. “El principal problema que veo para adelante es que un país como el nuestro, rico en recursos, no solo fósiles y no renovables, sino en renovables, hidroelectricidad y nuclear, esté importando el 15 por ciento de la energía que necesita. Esto es un crimen”, sentenció.

En el informe de la consultora de Melconian, que se conoció días antes del ballottage, se insiste en que el 20,6 por ciento del gasto se destina a los subsidios, un total de 242 mil millones de pesos anuales. Las partidas vinculadas a la energía se llevan 14 puntos porcentuales, un total de 164 mil millones de pesos. La mayor parte de los subsidios a la energía se reflejan en tarifas de servicios públicos baratas para la industria y los usuarios residenciales. En tanto, 5 puntos porcentuales del gasto total se explican por los subsidios al transporte. “Se necesita una reducción nominal respecto a 2015 para cerrar el programa. La alternativa es recortar otros gastos”, dice el informe. La estimación de Melconian, uno de los principales referentes económicos del macrismo, es que para eliminar los subsidios en electricidad se debe aumentar un 250 por ciento la factura domiciliaria promedio. Eso implica que una factura de 50 pesos bimestral pasaría a 175 pesos. En el caso de los consumos pequeños subsidiados deberían subir 500 por ciento, de 50 a 300 pesos. Para el comercio y la industria deberían aumentar un 400 por ciento, según su diagnóstico.

En el caso del gas, la factura domiciliaria promedio debería subir entre un 70 y un 100 por ciento, aunque más de la mitad de los hogares con pequeños consumos deberían pagar casi 200 por ciento más. En promedio, una factura de 120 pesos pasaría a entre 204 y 240 pesos, aunque podría llegar a 360 pesos si entra en la quita más agresiva de subsidios. En este sector el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó una quita selectiva de subsidios, pero se mantuvieron abiertas excepciones directas, como el registro para la autopostulación de los usuarios y además se excluyó de cualquier impacto a todos los usuarios con condiciones climáticas de frío severas, como el territorio geográfico desde La Pampa hasta Tierra del Fuego y la Puna en Jujuy.

En el caso de YPF, Aranguren aseguró que quedará “con la configuración accionaria que tiene –51 por ciento en manos estatales, 26 por ciento del Estado nacional y 25 por ciento de las provincias– y el resto en manos privadas”. “En ningún momento se cuestionó mantener la composición accionaria de la compañía: YPF sigue como está, sigue siendo la empresa líder y se buscará que sea más eficiente”, adelantó. En realidad, la posibilidad de una reprivatización de la petrolera estatal había sido deslizada por el presidente electo Mauricio Macri. Por su parte, Aranguren había señalado días atrás que el autoabastecimiento no era una prioridad para el país, lo que se contradice con su intención de dejar de importar energía. Sobre el yacimiento de combustible no convencional en Vaca Muerta afirmó que es un proyecto muy significativo. “El proyecto ha llegado para quedarse y la actual coyuntura de precios en el mercado internacional no va a ser obstáculo para que se desarrolle”, ratificó. En materia de gas insistió en la necesidad de recuperar la inversión.

Sturzenegger (Banco Central), Buryaile (Agricultura) y Aranguren (Energía). Los nombramientos despejan las dudas sobre la opción elegida.

Una megadevaluación que no podría llevar al dólar a menos de 15 pesos, para satisfacer a los exportadores y permitir que se liquiden las operaciones demoradas. Un tarifazo por eliminación de los subsidios a los servicios eléctricos para una amplia franja de la población. La búsqueda urgente de crédito financiero externo para fortalecer la posición de cambio antes de abrir el mercado a la venta de dólares a importadores y público en general. Así, aceleradamente y con un enfoque que favorecerá claramente a un sector empresario en desmedro del mercado doméstico, se prepara la primera batería de medidas que el macrismo aplicaría apenas asuma. En el camino, la devaluación anunciada ya provocó aumentos de precios internos que provocó el primer impacto sobre el poder adquisitivo de la población. Pese a las recomendaciones de moderación de parte de su propio equipo, el futuro gobierno parece no tener alternativas de gradualismo, preso de sus propias palabras.

Las expectativas con respecto al equipo económico quedaron despejadas. Finalmente, Alfonso Prat-Gay estará al mando del Palacio de Hacienda, en un ministerio renombrado. Federico Sturzenegger en el Banco Central y Carlos Melconian en el Nación lo acompañarán. A Agricultura va un integrante de la Mesa de Enlace, Ricardo Buryaile, un defensor a ultranza de la megadevaluación para “sacar del pozo al campo”. Entre las distintas variantes que se le ofrecían a Macri, optó por la “línea dura”. Prat-Gay y Melconian son los que expresan con mayor crudeza la necesidad de “sinceramiento” de precios y de la situación fiscal, inmejorable eufemismo para no mencionar las palabras “Inflación”, “tarifazo” ni “ajustazo”.

A la flamante cartera de Energía y Minería va Juan José Aranguren, otra expresión sin tapujos de la convicción de que los usuarios (que prefieren llamar “clientes”) deberán pagar el gas o la electricidad por lo que cuesta producirlos, y no en función del derecho social a su uso. En buen romance, multiplicar por tres o por cinco la tarifa subsidiada que pagan hogares y empresas. El “premio” por esa política sería un ahorro de 240 mil millones de pesos en subsidios, si se eliminaran por completo. Por consideración a los abonados se permitiría que ese aumento sea escalonado, y hasta se reconocerían excepciones para hogares pobres y jubilados con haber mínimo, a los que se les mantendría el subsidio.

Las opciones moderadas o “gradualistas” fueron dejadas de lado a la hora de decidir los nombramientos en áreas claves. Y sus recomendaciones empiezan a quedar a un costado en los hechos. Javier González Fraga, ex banquero central, radical y mentor, en algún sentido, de Martín Lousteau, opinaba hace menos de un mes que “devaluar más de un 25 por ciento (es decir, llevar el dólar a más de 12 pesos) es peligroso, sería inmoral, porque volvería a castigar al salario como en devaluaciones anteriores, y políticamente suicida”. Macri, evidentemente, no tomó el consejo y optó por lo que recomendaron Prat-Gay y Melconian.

Lo que a estas horas se redefine en las filas macristas es la gradualidad de las medidas, pero no la profundidad del ajuste. El argumento de que “no se sabe cuánto hay en las reservas” está resultando útil para justificar que no se eliminarán todas las restricciones cambiarias de una vez, el 11 de diciembre, como se prometiera. Lo impracticable de la medida se justifica, ahora, con el supuesto “ocultamiento” por parte de las actuales autoridades de datos claves. El objetivo inmediato deberá ser, entonces, obtener divisas, y no hay otra vía tan inmediata como lograr que los exportadores liquiden en las primeras dos semanas. ¿Aceptarían liquidar si le ofrecen un dólar de 13 o 13,50, después que el propio Prat-Gay y hasta Macri le hablaron de 15 o 16? Es decir, sabiendo que si el 11 de diciembre la divisa cotiza a menos de 14, será sólo por pocas semanas, tras la cuales treparía a más de 15.

La respuesta a esa pregunta la dio el propio ministro de Agricultura, que en una entrevista por Radio Nacional (en el programa A cara lavada) justificó, esta semana, la postergación de la liquidación de granos por parte de los productores. “Ustedes no entienden la lógica de los negocios”, le tiró a los integrantes de la mesa de periodistas que lo entrevistaba. Explicó que si los tres candidatos (Macri, Scioli y Massa) habían prometido bajar las retenciones, ¿quién iba a liquidar ahora si después del 10 de diciembre lo haría con un descuento menor? No mencionó que uno de esos tres candidatos prometió, además, una devaluación de más del 50 por ciento. Siguiendo la misma lógica que tan didáctico explicó Buryaile, ¿quién va a liquidar las exportaciones con una devaluación del 30 por ciento, si sabe que en pocas semanas será del 50 por ciento o más?

La lógica de los negocios, que no por casualidad es la misma con la que razonan Prat-Gay y Melconian, indica que la devaluación inicial deberá responder a las expectativas de los exportadores. Ello posibilitaría el ingreso de parte de las liquidaciones postergadas e iniciar el proceso de paulatino levantamiento de las demás restricciones. En la táctica del nuevo equipo económico, el segundo paso inmediato sería la obtención de algún crédito externo, tarea en la cual ya estarían trabajando dos colaboradores inmediatos de Prat-Gay: Pedro Lacoste y Luis Caputo. Si se cumple con éxito la apertura de estas dos vías de ingreso de divisas, el paso siguiente sería habilitar el mercado cambiario a la venta de dólares para las operaciones de importaciones relegadas, que se estiman en unos ocho mil millones de dólares. Recién en la etapa siguiente –recomiendan los técnicos a los que Macri les delegó la tarea–, se abriría el mercado a la venta libre de divisas al público sin restricciones de cantidad.

Ese es el horizonte de estabilidad que imaginan los mentores del plan: un dólar suficientemente alto como para desalentar especulaciones, exportadores satisfechos y liquidando sus ventas, importadores recuperando gradualmente su regularidad de pagos al exterior (y con menor demanda para nuevas operaciones, con un mercado interno menos comprador por la elevación de precios de los productos importados) y un sector externo brindando un flujo intenso de financiación en dólares, por un lado, y la entrada de inversiones que imaginan hoy demoradas por el “atraso cambiario”. Es el “país feliz” del que habló Macri en la campaña.

La contracara sería un mercado interno deprimido, que ya a esa altura habrá transferido a los precios finales el brutal impacto de la devaluación, tarifas de servicios públicos que se habrán elevado para una franja amplia de la población y un posible freno a las inversiones internas por el previsible debilitamiento del consumo. La caída del salario real sería importante, lo cual beneficiaría a quienes miden sus costos laborales en dólares, porque venden en moneda fuerte. Será cuestión de tiempo que ese debilitamiento del mercado interno se traduzca en caída de horas trabajadas (las extras primero, recorte de jornadas después) y, luego, pérdidas de empleo. La discusión paritaria del año próximo se daría (se prevé que no se suspendan, salvo que medie alguna fórmula de acuerdo empresario sindical que anda circulando) en un contexto muy diferente al de años anteriores.

Es la foto típica posdevaluación: un sector satisfecho, con márgenes de renta engrosados y con perspectivas de ver crecer sus negocios. En otro plano, una franja de población que ve recortadas sus posibilidades de consumo, en la que renace el temor a la pérdida del empleo y ve al futuro con inseguridad. No será la grieta sobre la que tanto se insistió en campaña, pero hay una fractura social y económica e perspectiva detrás de este plan y estas medidas.