por  Graciela Pérez para Miradas al Sur

 

 

 

 

Elsa Esther Baker, alias Pomy, nació en el seno de una familia humilde de origen sirio, que apenas tenía dinero para vivir. De adolescente, supo tomar clases de corte y confección que le dieron una especialidad ante la imposibilidad de poder hacer el secundario. Pero su vida cambiaría a partir de la década del ’50 cuando conoció a Abraham Awada, un soltero libanés y musulmán de 30 años. En septiembre de 1953 se casaron. Pomy tenía diecisiete años. La reciente pareja compró un local en la calle Almirante Brown, en Villa Ballester, que tenía en el fondo un lugar para vivir. Así comenzaron tanto su vida matrimonial como comercial. Al local lo llamaron “La Reinita” y pusieron allí un comercio de prendas para chicos. Al poco tiempo lanzaron una marca de ropa femenina, la cual recibió el nombre de Awada. Las cosas fueron bastante bien y Abraham llegó hasta venderle una casa y una calesita de 180 mil dólares al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo.

Hoy en día, en la familia Awada, tres de sus cinco hijos y dos de sus nietas trabajan en el redituable rubro de la vestimenta. Junto a sus hijas Zoraida y Juliana, esposa del jefe porteño Mauricio Macri, Pomy comparte la glamorosa marca que lleva el apellido familiar. En tanto Daniel, su hijo mayor, está a cargo de la marca Cheeky, gigante del rubro, que se queda nada más y nada menos que con el 45% del mercado de ropa infantil.

Ya en los ’90, Pomy pasaría a ser “Madame Awada” y a tener una cadena de locales en los principales puntos comerciales del país. Sus buenos vínculos con el entonces presidente Carlos Menem, harían que su hijo Alejandro –reconocido actor de cine y televisión– se distanciase ideológicamente.

El sobrino de Abraham y Pomy, Alejandro Tfeli, fue el histórico médico de cabecera de Menem. Además, Alberto Artemio Rossi, esposo de Zoraida, fue el arquitecto que ideó la mansión del ex presidente en Anillaco, denominada “La Rosadita”. Las sospechas de que Rossi fuera testaferro de Menem crecieron en la misma proporción que su fortuna personal. La casa riojana estaba a nombre del arquitecto, mientras que los Awada poblaban de tiendas a los shoppings más exclusivos del país.

Otro de los emprendimientos de Rossi era TeleTV, plataforma de juegos telefónicos para televisión. Tal fue su vinculación con el otrora mandatario, que Rossi quedó involucrado en un expediente por la causa del tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, aunque logró salir ileso. En tanto, en el entorno menemista, circulaba la versión de que Abraham Awada sería pariente de Monzer Al Kassar, por línea materna.

El 20 de agosto de 2002, el empresario textil y jefe del clan fue secuestrado al salir del Golf Club San Andrés donde había ido a jugar a las cartas. Cinco días después, tras el pago de 300 mil pesos, Abraham fue liberado. Uno de los partícipes del secuestro fue Carlos Gabriel Caccia, caddie del golf club. Caccia también trabajó con Menem.

La era de Juliana. “Yo me siento muy orgullosa de la familia que tengo. Ellos nos transmitieron algo muy importante que es el amor por el trabajo, el valor del esfuerzo”, declaró la señora de Macri en una entrevista al diario La Nación. Juliana tuvo una infancia y una adolescencia formadas con las costumbres de una clase media muy acomodada. Fue a un colegio inglés de Belgrano que ya no existe, el Chester College. Allí jugó al hockey, pero mucho más al golf en el Club San Andrés. Siendo adolescente, viajó mucho acompañando a su madre a los desfiles prêt-à-porter que se celebraban en Nueva York, París y Londres.
La relación con Macri se dio porque se conocieron en el gimnasio (residían en el mismo barrio). Incluso Juliana vivió en una casa frente a Franco Macri. Pero apenas el nuevo romance del jefe de gobierno salió a la luz, comenzaron a hacerse públicas varias denuncias por trabajo esclavo en los talleres de la empresa Awada. Desde octubre de 2006, la ONG La Alameda, que denuncia con perseverancia la existencia de talleres textiles con trabajadores en condiciones infrahumanas, había asegurado que la esposa de Macri tenía trabajando en su taller del barrio porteño de Villa Crespo a inmigrantes indocumentados de Bolivia, en paupérrima situación. Así, Awada y también Cheeky quedaron vinculadas en una megacausa de empresas textiles que “tercerizan” la elaboración de sus prendas y reducen a la servidumbre a sus empleados. En 2007, Daniel fue sobreseído nada menos que por el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, poco antes de que dejara su puesto como juez federal.

Paralelamente, el ex presidente de Boca siguió fomentando la empresa de su mujer. Tanto fue así que inauguró el “paseo de compras” sobre la calle Aguirre –en donde uno de los locales principales es el de Juliana– repavimentando las calles y colocando faroles. Además, el jefe porteño defendió los talleres textiles por ser ser “la principal fuente de trabajo” en Buenos Aires. Pocos meses antes de iniciar su relación con Juliana, Macri envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Laboral y de Infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires” y, al mismo tiempo, crear el Programa de Regularización Buenos Aires produce. El proyecto ponía en evidencia que “una gran cantidad de familias –en su mayoría de nacionalidad boliviana– obtiene su sustento prestando su fuerza laboral en este subsector, que opera en condiciones de suma precariedad”. El proyecto se aprobó y la ley fue firmada por el jefe porteño el 7 de abril del 2009. Sin embargo, hasta la fecha no fue reglamentada.
En 2013 hubo 5.498 inspecciones a talleres textiles, pero sólo se clausuraron 20 de todos ellos, es decir el 0,36%. Edgardo Castro, delegado general de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Desa­rrollo Económico de la Ciudad afirma que “intiman al empresario con la acusación de los trabajadores, cuando la subsecretaría debe proteger al empleado, y lo notifican para que sepa que van a ir a inspeccionar. Así, el empresario echa a los trabajadores en negro y se regulariza la situación laboral”. Un dato llamativo: en el acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña no figuran ni el procedimiento ni la marca Awada. “Hicieron desaparecer las pruebas ante la no actuación de la Justicia y la demora de la inspección. Así borraron todo lo que comprometía a Awada”, afirmó el funcionario.
Osvaldo Martín García trabajó como costurero en el taller de Villa Crespo que producía para Awada y Cheeky. “Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable”, testimonió García, oriundo de Bolivia.

El circuito comienza con avisos en las calles de varias ciudades de Bolivia. Desde allí llega el 90% de los costureros esclavizados en Buenos Aires, el resto proviene –según el mismo método de reclutamiento– desde Perú. “Los colectivos que traen a esos trabajadores son los mismos que negocian con los tratantes de blancas, porque cargan personas sin documentos y arreglan en las fronteras el paso”, describió con crudeza pero realismo Ezequiel Conde, referente de la Unión de Trabajadores Costureros de La Alameda. Si para Macri “la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de cierta realidad propia de los países limítrofes porque todos los días llegan entre “100 y 200 personas” de la mano “del narcotráfico y la delincuencia”, bien se puede inferir quiénes son los que los alojan para enriquecerse con su trabajo precarizado y trato inhumano.

 

En una esquina céntrica de la Ciudad, bebotes de plástico y maniquíes vestidos como pequeños adultos, con calzas, jeans diminutos y camisas cuadrillé, ocupan la vidriera de uno de los tantos coquetos locales de Cheeky, una de las marcas favoritas de la clase media para vestir a sus niños.

Adentro, chicas jóvenes con pantalones de gabardina y remeras rojas atienden a padres modernos que eligen entre las prendas colgadas en las perchas, cuyos precios no son nada populares. Inaugurada la colección de otoño, pocas cosas bajan de los 170 pesos. Un pantalón para un nene de dos años ronda los 369 pesos y si se le agrega un cinto hay que sumar otros 100. “Hay un 20% de descuento con tarjetas de crédito”, asegura una de las vendedoras incentivando la compra de quienes comparan precios y calidades. En tanto, los hijos de los futuros compradores están más interesados en correr por el local. Todos impecables y bien vestidos, prefieren jugar con sus barbies o muñequitos articulados y tirarse de sopetón en los sillones del local. Según figura en su página web, Cheeky “es la marca líder del segmento infantil; con más de 150 locales en Buenos Aires, el interior del país, América y Europa. Cuenta con una planta de producción de 35.000 metros cuadrados, convirtiéndose así en la fábrica de indumentaria textil más importante del mercado argentino”. Todos estos datos serían una excelente noticia para la industria nacional si no fuera porque su dueño, Daniel Awada, hermano mayor de Juliana y cuñado de Mauricio Macri, quedó imputado en una causa por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. En esa planta de producción trabajan incansablemente familias enteras cuyos hijos juegan con retazos de tela en medio del hacinamiento. No visten Cheeky ni juegan con barbies. “Descarado”, según la traducción del nombre de la firma al castellano, aportaba los moldes de las prendas a los talleres clandestinos. Preocupados con poder alimentar a sus chicos, los inmigrantes trabajan jornadas extensas para ganar apenas 1800 pesos. El equivalente a casi cinco jeans de la marca. En la puerta del local, una madre sale con un cochecito colmado de bolsas. Los muñecos del escaparate callados, petrificados, con sus ropas cancheras, sonríen. ¿Con el mismo descaro?