Después de cinco días de negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri presentó una propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una parte de los litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management. Pero la discusión no está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros originarios como Elliott Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto bueno. La adhesión de la totalidad de los litigantes con sentencias favorables en los tribunales del juez Thomas Griesa implicaría entregarles alrededor de 7000 millones de dólares en efectivo, una reducción promedio del 25 por ciento frente al monto reconocido por las órdenes y sentencias del magistrado. La cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento, levemente por debajo de sus pretensiones. Si se confirma el acuerdo judicial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas recurrirá al endeudamiento en el mercado financiero internacional para obtener los fondos necesarios. Los dólares que se logren por esa nueva emisión de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del acuerdo está sujeta al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la deuda en el exterior, elemento que debe definir el octogenario juez.

La generosidad de la oferta y el entusiasmo exhibido por Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia norteamericana que logró un protagonismo inédito al punto que ayer conversó por teléfono con el presidente Macri y el ministro Prat-Gay, contrabalancean la reticencia de algunos acreedores. La segunda condición necesaria para poner en marcha el pago es la modificación en el Congreso del cuerpo normativo que impide otorgar un tratamiento privilegiado.

Si se contabiliza el reciente preacuerdo por 1350 millones de dólares firmado con los acreedores italianos nucleados en el grupo de presión Task Force Argentina, las conversaciones encabezadas por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, contemplan a dos tercios del 7,6 por ciento de acreedores que rechazaron el canje. En el nuevo equipo económico entienden que el arreglo es indispensable para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado para la Nación, provincias y grandes empresas. El bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo facilita ese proceso.

Dos ofertas

Para que los acreedores carroñeros cobijados por Griesa con títulos de deuda todavía en default por un valor nominal de aproximadamente 2500 millones de dólares renuncien a sus demandas, el gobierno de Macri ofrece pagarles en efectivo aproximadamente 7000 millones de dólares, cuando su reclamo superaba los 9000 millones. La rentabilidad se abulta ya que sus acreencias fueron adquiridas muy por debajo del precio que figura en los bonos.

- Base: A los fondos denominados me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de remate, muchas veces después del default.

- Buitres only: Para el grupo de litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces. Como en el caso anterior, el exiguo precio que pagaron por esos bonos hace que la ganancia real de los buitres sea muy superior.

Cuando se trate de títulos públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les ofrece el pago del 70 por ciento del valor devengado del reclamo. Para incentivar la participación de los buitres dudosos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas propone reducir las “quitas” a 27,5 por ciento en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.

Fin del bloqueo + reformas

Para poner en marcha el acuerdo se deben cumplir dos condiciones: i) la finalización del bloqueo al mecanismo de pago de los vencimientos de la deuda argentina en el exterior y ii) la modificación en el Congreso del plexo normativo vigente para permitir un pago en mejores condiciones que las recibidas por la mayoría y habilitar el endeudamiento necesario para concretar la operación.

Desde la lógica del Palacio de Hacienda, el visto bueno de un grupo de los litigantes originales que harían el pedido formal al magistrado, el entusiasmo del mediador Pollack y el sinnúmero de guiños al gobierno de Estados Unidos, deberían facilitar el levantamiento de las órdenes de Griesa que impiden a los acreedores genuinos recibir sus fondos.

La aparente reticencia de otros buitres históricos como Elliott Management o Aurelius se presentan como el obstáculo a sortear. En ese punto, se ingresa en el terreno de las especulaciones. Si algún acreedor rechaza la propuesta pero Griesa levanta el bloqueo, el conflicto legal con los buitres no se resuelve pero se restablecería el flujo de pagos con quienes participaron del canje y se incrementaría el grado de adhesión. En ese escenario hipotético, nada garantiza que otro magistrado no valide un nuevo reclamo de un buitre rebelde.

La ingeniería parlamentaria para lograr los cambios legislativos –ley de pago soberano y ley cerrojo– y permitir la emisión de nueva deuda externa necesaria para concretar el pasamanos de dólares es un proceso en marcha. Las negociaciones con gobernadores y legisladores están en cabeza del ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ese proceso arrojó esta semana su primer resultado favorable al macrismo con la escisión de un grupo de legisladores del bloque del FpV. La implementación de la propuesta contempla que los tenedores de títulos públicos todavía en default que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus acreencias.

¿Cómo se pagaría?

El pago de los 8100 millones de dólares (buitres neoyorquinos más lobbistas italianos) será en efectivo. Para obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.

Hasta ahora la propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas recibió el visto bueno de nueve grupos de fondos buitres que tienen en su poder un tercio del valor nominal de los títulos públicos todavía en default. Los acreedores carroñeros que acepten la propuesta antes de fin de mes serán los primeros en recibir el pago en efectivo. El desembolso llegará apenas se logre la derogación del marco normativo que impide ofrecerles un tratamiento privilegiado. Si todos los demandantes aceptan los términos del gobierno de Mauricio Macri sería necesario emitir nueva deuda externa por 15 mil millones de dólares, una cifra equivalente a la mitad de las reservas internacionales. Más allá de la resistencia de los fondos más agresivos como Elliott Management o Aurelius, el ministro Alfonso PratGay indicó ayer que buscarán conseguir esos recursos a través de una única operación de endeudamiento bajo legislación extranjera en el mercado internacional. Esa colocación se verá facilitada por el bajo nivel de deuda heredado del kirchnerismo. Durante una conversación con medios gráficos antes de partir a China para una reunión del G-20, el funcionario confirmó que las negociaciones con quienes rechacen la propuesta inicial seguirán abiertas sin fecha de vencimiento. El titular del Palacio de Hacienda no descartó la posibilidad de mejorar las condiciones de pago para esos demandantes siempre y cuando ese camino no sea vetado en la discusión parlamentaria.

“Este es el último obstáculo que tenemos para acceder al mercado financiero internacional y lograr fondos para el desarrollo”, consideró ayer PratGay acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Desde la perspectiva del equipo económico la prioridad no está en alcanzar una solución que contemple al 7,6 por ciento de los acreedores que rechazaron el canje. Aunque pretenden convencer al mayor número posible de “holdouts”, el objetivo urgente es lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado en mejores condiciones para la Nación, provincias y grandes empresas. En el actual escenario recesivo inducido por el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo y donde ni la devaluación ni el promocionado shock de expectativas generaron el ingreso de dólares anunciado, el endeudamiento es presentado desde el gobierno como la alternativa ineludible para impulsar el crecimiento.

“Este en un tren que no se para. Estamos negociando con todos los acreedores. Encontramos una salida y ojalá que se suban todos, el que no quizás lo haga más adelante. Queremos que entren todos pero para nosotros es un éxito haber cambiado la manera que nos ve el juzgado”, señaló el ministro PratGay. El viernes pasado el juez Thomas Griesa accedió a levantar el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda en el exterior cuando Argentina “elimine los obstáculos legales” para implementar la oferta y efectivamente realice una pago al bloque de acreedores que hayan aceptado la propuesta oficial antes de fin de mes.

Ese desembolso, confirmaron los funcionarios, se financiará con una emisión de deuda externa. La colocación, posiblemente canalizada a través de la plaza inglesa o neoyorquina, no se limitará a financiar el pago del primer grupo sino que apuntará a la cifra global: son alrededor de 15.000 millones. Equivalen a la mitad de las reservas internacionales del Banco Central y alcanza a tres cuartas partes del monto global reclamado por esos litigantes en tribunales alrededor del mundo.

Por eso, para “recuperar el acceso al crédito internacional” Prat-Gay y Caputo consideran que las únicas condiciones son la derogación de la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano y la autorización para emitir nueva deuda. “Cuando eso suceda vamos al mercado internacional con la seguridad de que si le pagamos a quienes aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero se levanta la medida cautelar del juez Griesa. Después podemos seguir negociando con los fondos que no hayan aceptado”, explicó el ministro.

El encuentro de PratGay y Caputo con los medios tuvo lugar en el salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda, a metros de donde horas antes había tenido lugar una asamblea por 13 trabajadores despedidos de la Secretaría de Política Económica (ver aparte). Durante esa extensa conversación, el funcionario criticó la aproximación al litigio del gobierno saliente. Celebró, en cambio, la celeridad con la que su estrategia y la oferta realizada permitieron modificar la intransigencia del juez.

Dependiendo del camino judicial elegido la propuesta del nuevo gobierno les reconoce a los buitres entre 1,5 y 3 dólares por cada dólar aunque esa rentabilidad es mayor si se contempla el precio de remate al que adquirieron sus acreencias después del default. Bajo esas condiciones los demandantes recibirán entre 70 y 100 por ciento de sus reclamos judiciales. El kirchnerismo ofrecía pagarles 30 centavos por cada dólar de valor nominal de sus bonos, la misma fórmula que aceptó el 92,4 por ciento de los acreedores. “El Congreso es quien nos autorizará”, concluyó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de mejorarles la propuesta a los buitres originarios como Elliott, Aurelius y Blue Angel.