Ejército de reserva. Es lo que Marx describió en El Capital como la masa de desocupados absolutamente necesaria para el sistema capitalista que hace presión en el mercado laboral para garantizar la maximización de las ganancias empresarias. Ese ejército “pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se hubiera creado a expensas suyas. Le brinda el material humano, dispuesto siempre a ser explotado, a medida que lo reclamen sus necesidades”. Nunca nada tan brutal y tan claro. El propio sistema de producción capitalista genera una masa que no puede ni quiere emplear, y que da sustento a la frase que todo empleado escuchó a su empleador: “Si no te gusta, andate. Tengo una fila así de larga esperando afuera para ocupar tu puesto”. 
En momentos en los que los despidos son masivos y ese ejército se agranda, los derechos laborales se achican. Con cada cesantía habrá un empleado que acepte trabajar horas extras sin que se las paguen, un trabajador que consienta que le abonen la mitad de su sueldo en negro, un obrero que se exponga a trabajar en condiciones que ponen en riesgo su vida y un delegado que tema acercarse a un gerente de RRHH para pedirle un aumento. Y si bien Marx escribió sobre el ejército de reserva en la Inglaterra de mediados del SXIX, poco después de la revolución industrial, esa definición podría aplicarse a la Argentina de hoy, después de años en los que el desempleo fue disminuyendo paulatinamente y donde no hubo despidos masivos. Y si, como agregado, esos despidos masivos que hoy sí hay, los realiza el propio Estado, la sensación de resignación y de desprotección aumenta. El objetivo del Gobierno es claro: disciplinar a la clase trabajadora para que no reclame y, al contrario, agradezca mantener su trabajo.  Ya lo dijo Alfonso Prat Gay: “Cada gremio verá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”. Pero el disciplinamiento financiero también va acompañado por un disciplinamiento ideológico.  Macri creó una nueva cartera en el Gabinete que tiene la función de organizar los despidos. Se trata del Ministerio de Modernización, a cargo de  Andrés Ibarra. En una oficina de esa cartera -ubicada en la ex Somisa- tres empleados revisan cuentas de Facebook y Twitter de un enorme listado de empleados de la Administración Pública para detectar expresiones “kirchneristas” y así determinar quiénes serán cesanteados. El propio Ibarra reconoció a principios de febrero que se despedirá a mas de 6.000 personas en la APN y que, además, Macri firmará un decreto que dará por "finalizados" a los convenios celebrados con las Universidades. "No hablamos de despidos, estamos trabajando en el ordenamiento, producto del sistema heredado. No fuimos los que contratamos mal, o la gente que no va a trabajar y cobra un sueldo", remarcó. Ibarra no quiso llamarlos despidos. Pero lo son. Dio a entender que los cesanteados no van a trabajar pero cobran. O sea, “ñoquis”. Pero hay sobradas pruebas de que muchos de los despedidos no lo eran. Y cuando es el Estado el que despide de a miles, se da la clara señal de que habrá menos controles, menos funciones y menos presencia de ese Estado. Sea como fuere, esos despidos son mucho más que 8.000 sueldos menos que el Estado pagará. Se trata de un intento por disciplinar a la clase trabajadora. «