Una prueba más del chantaje y soborno q está implantando Macri - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Dirigentes de organizaciones sindicales y sociales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido de amparo para que el Ejecutivo Nacional restituya los fondos que sacó al Ministerio Público Fiscal de la Nación a través del decreto de necesidad y urgencia 257/15 del 29 de diciembre de 2015. De acuerdo con la denuncia, el desfinanciamiento presupuestario de la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó que incluye el control sobre el presupuesto de una comisión técnica con predominio político del gobierno y un importantísimo recorte del presupuesto de 2016. Una de las áreas que sufrirá mayor impacto es la Procelac, encargada entre otros frentes de las investigaciones sobre flujos de capitales internacionales y narcotráfico. Para los denunciantes, la medida pretende “un ahogamiento a la salud financiera y económica de este Ministerio Público, que es elemental para llevar cumplir sus funciones constitucionales”.

La presentación lleva las firmas de Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; Guillermo Robledo del Movimiento Helder Cámara para la Paz entre las Religiones; Esteban Castro de la Confederación General de Economía Popular; Hugo Yasky de la CTA; Adolfo Barja del Sindicato Unico de Trabajadores de administraciones Portuarias; Julio Urien de la Federación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y Fernando Muñoz, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es requerirle al organismo que adopte de modo urgente medidas cautelares para frenar la disolución velada del organismo que promueve el gobierno de Cambiemos. A partir de ahora, el texto completo del documento comenzará a circulación para sumar nuevas adhesiones.

“El decreto-ley 257/2015 no puede considerarse aisladamente sino que forma parte del cuadro general de asunción del poder absoluto y del desbaratamiento de los controles constitucionales”, señalan. “A través de dicha norma, se concreta una iniciativa política del actual Poder Ejecutivo dirigida a atacar la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal.”

Uno de los méritos de esta presentación es que se detiene a analizar el decreto que luego de las primeras críticas salió de la agenda pública. En el recorrido, lo enmarcan en la serie de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo y presentan los argumentos que desmantelan el supuesto motor del decreto 257 que “bajo el pretexto de suspender la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal socavó la autarquía del ministerio público fiscal”. Uno de los datos que también trabaja el documento es el control de los medios de comunicación de parte del Gobierno. “Los medios sobreviven con la pauta publicitaria y la pauta del Estado. Un reciente estudio demuestra que la pauta privada de los principales medios coincide en un 90 por ciento con el origen empresarial de los CEO que ocupan hoy los ministerios nacionales.” Enumeran medidas como levantamientos de programas opositores y la clausura anticipada de contratos a comunicadores. Un situación que, estiman, sería “periciable en un juicio de abuso de autoridad y de juicio político”.

“Los firmantes venimos a solicitar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se adopten de manera inmediata medidas cautelares a favor nuestra, para la protección de los derechos garantizados” por la Convención Americana “en atención al cumplimiento de los requisitos de gravedad y urgencia de la situación, así como el de irreparabilidad del daño en virtud de la reciente sanción del decretoley 257/15”, dicen.

Tras la asunción del presidente Mauricio Macri, “la institucionalidad corre peligro de una manera que en las últimas décadas no se había visto nunca”. Desde el 10 de diciembre, “el Gobierno se ha arrogado el poder absoluto anulando el balance y el control recíproco entre poderes que conforman nuestro régimen republicano y democrático”. Ante la imposibilidad de obtener mayorías para los trámites de sanción de leyes, recuerdan que el Ejecutivo intenta imponer su voluntad con el acto de “eludir el Congreso” y “legitimar los decretos-leyes sancionados”. En un mes, dicen, sancionó múltiples decretos-leyes en una serie que cuentan: 13/20151; 211/20152; 256/20153; 257/2015; 267/20154 y 73/20165. Los decretos van desde la modificación de ley de Ministerios, Presupuesto 2016; el sistema de escuchas, ministerio público fiscal, las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las retenciones de los fondos a las provincias. Iniciativas con las que el Ejecutivo vulneró “nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos a través de nuestros representantes”.

La persecución de Cambiemos sobre el organismo que conduce Alejandra Gils Carbó quedó en evidencia ya desde la campaña. “El Presidente de la Nación, sus funcionarios e integrantes de la alianza Cambiemos expresaron su deseo de que la Procuradora General de la Nación presente su renuncia a los fines de poder designar en el cargo a alguien de confianza en un total desconocimiento de los mecanismos legales y constitucionales habilitados para la remoción en el cargo de la Procuradora.” Luego de desplegar sin éxito la estrategia de presiones públicas para lograr su renuncia, el gobierno “avanzó con la sanción del decreto-ley 257/15, que bajo el pretexto de suspender la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, busca debilitar al Ministerio Público Fiscal, limitar sus competencias constitucionales, y sujetarlo al control del Poder Ejecutivo por vía de socavar su autarquía financiera”.

Para funcionar, la Procuración necesita recursos pero además administrarlos “sin injerencias de otros poderes”. El artículo 2 del decreto-ley sustituye el artículo 39 de la ley 27.148 que en línea con el Poder Judicial consagró la independencia y autonomía del organismo. El DNU dispone un “supuesto plan progresivo que se definirá en una comisión técnica con predominante dominio político del actual Poder Ejecutivo, donde el Ministerio Público deberá sujetarse a una negociación política permanente sin parámetros objetivos que enmarquen la discusión, para asegurarse los recursos necesarios para su funcionamiento, y luego sin contar con mecanismos predefinidos para asegurar el flujo de los fondos comprometidos, en un marco de presiones políticas dirigidas contra la actual titular del órgano”.

En días en que los despidos de estatales se anuncian de a cientos, la vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a desmarcarse del montón y confirmó que echará del Senado por lo menos a 1500 personas. La funcionaria adelantó que la “auditoría” a cargo de una comisión revisora “compuesta por todos los bloques” estará terminada la semana que viene, con la baja de “1500 o 1600” empleados.

La titular del Senado defendió los despidos con el argumento de que “si pasa en una empresa, se funde”, aludiendo a los 2035 trabajadores que habían sido nombrados en planta permanente durante la gestión de su antecesor Amado Boudou y que Michetti cesanteó a días de haber asumido. A ellos sumó, la semana pasada, los despidos de otras 400 personas de la planta transitoria.

“Estamos cerrando el tema de aquella primera cuestión que fueron los 2000 despidos por los decretos que Boudou había hecho” con los que “duplicó” la planta permanente del Senado, declaró. Ante las críticas recibidas entonces, la vicepresidenta formó una comisión revisora con integrantes de todos los bloques para evaluar los casos. Ayer estimó que la comisión concluirá con “1500 o 1600 personas despedidas” que “no cumplían tareas, eran planta política y de golpe (fueron pasados a) planta permanente, con lo que violaban las normativas”, agregó. Michetti agregó que aún no tiene un “número exacto” sobre los nombramientos que serán dados de baja.

Aunque enmascarado tras la alusión a los ñoquis, el despido masivo de trabajadores en el Senado tuvo como argumento central el ajuste de gastos. Cuando decidió las cesantías, Michetti no distinguió entre personas que iban a trabajar y ñoquis, sino que despidió a todos los incluidos en los decretos firmados por Boudou. Así, en el paquete de despedidos incluyó inicialmente, sin saberlo, a cien discapacitados que después debió reincorporar, ya que una ley obliga a Congreso a tener un porcentaje de empleados discapacitados.

Luego el argumento sobre la intención de recortar un gasto excesivo también tambaleó, cuando se supo que mientras despedía gente, Michetti había ascendido a su prima en el Senado, duplicándole el sueldo –por lo que pasó a cobrar más de 45 mil pesos–, además con un aumento retroactivo al 10 de diciembre. Michetti no pudo negar la noticia, y mostró su enojo con la prensa por haberla publicado. Recriminó que no le reconocieran que viaja en avión en clase turista para ahorrar. “Si tenemos en cuenta todo lo que me he recortado de recursos a mí misma, podemos hablar de un ahorro de más de siete millones de pesos anuales”, sostuvo para justificar, con sus viajes, el aumento de sueldo a su prima.

El miércoles, Michetti oficializó el despido de casi 400 empleados con el argumento de que pertenecían a una “planta política de Gabinete” y que cumplían “tareas esencialmente transitorias” que “cesan con el cambio de mando”. En la disposición interna se aseguró que “las entidades gremiales con actuación en el ámbito del Honorable Senado de la Nación acompañan el diagnóstico”.

El titular del gremio legislativo APL, Norberto Di Próspero, que la semana pasada justificó esos 400 despidos, ayer se mostró con poca voluntad de criticar la confirmación de otros 1500 cesanteados. “No escuché las declaraciones (de Michetti) ni vi las conclusiones de la comisión, por eso no puedo opinar”, dijo a Página/12 ante una consulta sobre el tema.

EL PAIS › SE CONOCIO UN SUGESTIVO INTERCAMBIO DE MENSAJES ENTRE EL JEFE DE LOS DIPUTADOS DEL PRO Y DIEGO BOSSIO

No era por convicción, era por los sanguchitos

El intercambio de mensajes muestra los términos de la negociación para que el Frente Renovador y el PJ disidente aprueben el acuerdo con los buitres. Bossio buscó restarle trascendencia. El bloque del FpV pidió que se esclarezca.

“Vos nos querés secar”, le dice el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, al referente de los peronistas disidentes y ex titular de la Anses, Diego Bossio, en un tramo del sugerente intercambio de mensajes de Whatsapp que se conoció ayer, relacionado con las negociaciones en torno del acuerdo con los fondos buitre en el Congreso. “No me arrepiento del chat, no está fuera de lo normal, salió a defenderse Bossio luego de que la imagen de la pantalla de su teléfono circulara por las redes sociales generando un escándalo. No fue la misma evaluación que hicieron sus ex compañeros de la bancada del Frente para la Victoria para quienes el intercambio de mensajes “evidencia unas reglas de juego que, siendo suaves, carecen de transparencia de procedimiento”.

Según la imagen difundida, el chat entre Bossio y Massot –que se encuentra en ese momento “en línea”– se produjo el martes al mediodía, durante el debate en las comisiones de Presupuesto y Finanzas del proyecto del gobierno de Mauricio Macri para cerrar el acuerdo con los buitres. Para conseguir mayoría al Gobierno le resulta determinante obtener el apoyo del Frente Renovador y del PJ disidente.

Massot comienza el diálogo preguntándole cómo le va, a lo que Bossio contesta “en la reunión”. “Ok, ayer cerramos bien con STM (en el kirchnerismo interpretaron que hacía referencia a Sergio Tomás Massa), parecido a lo que hablamos. Adoramos (hay que imaginar que es un error de tipeo y Massot quiso poner “acotamos”) el endeudamiento a lo necesario para cerrar los acuerdos y que la deuda subsiguiente sea para obra pública. Venís al 4º piso?”, le explica y consulta Massot a Bossio.

El ex titular de la Anses le responde pidiéndole el número de celular del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que Massot le envía. “Ahora lo quieren resolver”, agrega Bossio, algo que podría ser una afirmación o una pregunta sin signo de interrogación. “Son más blandos que vos”, le dice Massot, aparentemente sobre los diputados del Frente Renovador. “Sí”, reconoce Bossio.

“Ellos nos quieren dignificar. Vos nos querés secar”, agrega Massot en una de las frases más significativas del diálogo. Lo mismo la que le sigue y cierra el chat, por lo menos en el tramo que se conoció. “Y piensas (por “piensan”) que nos vas a arreglar con 5 sanguchitos de miga y 3 mates fríos”, concluyó el jefe de la bancada de diputados del oficialismo. Las interpretaciones del cierre daban para todo. Por ejemplo, según imaginaban legisladores del FpV, que Bossio daba poco para lo que recibía a cambio.

Massot prefirió no hacer ninguna declaración sobre el asunto. Bossio salió a hablar por radio cuando su chat ya era el tema del día en las redes sociales.

Antes que explicar el contenido del diálogo, Bossio prefirió responsabilizar a los integrantes de La Cámpora por la difusión de la foto a través de la cuenta de Twitter “La Banelco de Macri”, creada para la ocasión. El ex titular del Anses durante el gobierno kirchnerista reconoció el chat como verdadero pero lo encuadró dentro de su “práctica permanente de diálogo y consenso con dirigentes políticos de otras fuerzas”. Que gracias a esta práctica fue que pudieron incorporar “muchos cambios” a la ley que impulsa el oficialismo.

Bossio buscó quitarle misterio al diálogo. Dijo que Massot le habló de cosas como “el lugar del encuentro, en el cuarto piso, y me cargó por una comida. En rigor, lo de “5 sanguchitos de miga y 3 mates fríos” no sonó a una comida en sentido literal, sino que parecía algo figurado sobre una retribución escasa. En la entrevista radial, el referente del bloque del peronismo disidente buscó justificar su apoyo al acuerdo con los holdouts. “Hay una sentencia en firme en contra de la Argentina”, recordó. Agregó que “no hay negociación perfecta, es la posible” y que “hay una necesidad de resolución” del conflicto con los buitres, por lo que –junto a su bloque– votarán a favor de la propuesta oficial.

La bancada del Frente para la Victoria respondió a la novedad con un comunicado que firmó su jefe, Héctor Recalde, resaltando lo grave de la situación porque el trasfondo del asunto tiene que ver con “el arreglo con los fondos buitre que propone el Gobierno que llevará al endeudamiento del patrimonio nacional y a hipotecar el futuro de la Patria”. Según Recalde, “este plan canje necesita ser esclarecido de inmediato porque desconocemos los ‘valores’ que se están negociando”. En el mismo tono, añade que “el código con que se manejan ambos dirigentes deja en evidencia que no es ni la cantidad de sanguchitos ni la temperatura del mate lo que se está negociando”.

“Asimismo, queremos saber si STM es Sergio Tomás Massa, porque de ser así sería una gravísima imputación contra el diputado del Frente Renovador”, subraya el comunicado del FpV, que concluye: “Nuestro bloque, en vísperas de la discusión de una ley de gravedad institucional, exige que se aclare lo que estuvo en juego en esa negociación. El principio de asepsia requiere manos limpias y uñas cortas, no brebajes oscuros ni las migajas de un banquete a expensas del futuro del pueblo argentino”.

Una de las imágenes difundidas ayer a través de las redes, con Bossio leyendo en su teléfono y la pantalla con el diálogo.

ECONOMIA › EL GOBIERNO OFRECIO ACELERAR CON UN BONO LA RESTITUCION DEL 15 POR CIENTO DE COPARTICIPACION A LAS PROVINCIAS

Los gobernadores se fueron con una mejora

Con esta propuesta el primer año devolverían el seis por ciento, tres en efectivo y tres a través de un instrumento financiero. Los gobernadores que hablaron anticiparon su respaldo al acuerdo con los fondos buitre.

Por Nicolás Lantos

A pesar de que algunos calificaron como insuficiente la nueva propuesta del gobierno nacional para restituir el 15 por ciento de los fondos coparticipables que reclaman, los gobernadores destacaron ayer la “buena voluntad” del presidente Mauricio Macri en esa negociación. El Gobierno les propuso apurar la restitución añadiendo al 3 por ciento previsto para el primer año y 3 por ciento extra a través de un bono. En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, los gobernadores anticiparon el respaldo a la propuesta oficial para que el Congreso apruebe el acuerdo que se realizó con los fondos buitre y anunciaron que a partir de ahora van a repetir las reuniones una vez por mes, con escenario rotativo en cada provincia.

Fue la segunda reunión que mantuvieron las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, luego de que Macri recibiera a todos los mandatarios en la quinta de Olivos durante la primera semana de su mandato. La agenda, esta vez, fue más concreta: el reclamo de los gobernadores para que se le restituya el 15 por ciento de la coparticipación y un plazo más perentorio, ya que la Casa Rosada necesita del apoyo de los distritos para hacer pasar por el parlamento su acuerdo con los fondos buitre que litigan contra la Argentina en Nueva York.

En ese sentido Macri, que participó breve y protocolarmente del encuentro encabezado por Frigerio, puede darse por satisfecho: en la conferencia de prensa posterior recibió fuertes señales de apoyo por parte de los gobernadores que oficiaron de voceros: el entrerriano el sanjuanino Sergio Uñac (Frente para la Victoria), el neuquino Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) y la fueguina Rosana Bertone (FpV). Los tres destacaron ante los micrófonos en la Casa de Gobierno la necesidad de saldar la deuda con los tenedores de bonos que quedaron fuera de los canjes. Muchos gobernadores esperan el cierre de ese conflicto para salir ellos también a tomar deuda en los mercados.

Respecto al asunto coparticipación, no fueron tan resolutivos. Si bien hubo “avances” y la propuesta del gobierno fue mejor a la que había hecho dos semanas atrás, todavía no alcanza lo que pretenden las provincias. La Rosada ofrece la devolución del 15 por ciento en 5 años más un monto similar en garantía para la emisión de deuda en cada distrito. Ayer, el Gobierno ofreció una mejora al añadir al primer 3 por ciento de devolución un 3 por ciento extra, pero no en efectivo sino a través de un “instrumento financiero”. De esa manera, la devolución progresiva comenzaría con un 6 por ciento. Los gobernadores se mostraron satisfechos con la mejora, aunque insisten que quieren plazos más cortos y poner sobre la mesa compensaciones a la caída de los montos coparticipables que corresponden al impuesto a las Ganancias y a las retenciones a la soja.

Del encuentro participaron 22 gobernadores (todos con excepción el mendocino Alfredo Cornejo, retenido en su provincia entre el final de la fiesta de la Vendimia y las negociaciones contra reloj con los docentes de esa provincia por las paritarias, que fue reemplazado por su vice Laura Montero) y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por el gobierno nacional estuvieron Frigerio y los titulares de la AFIP, Alberto Abad, y de la Anses, Emilio Basavilbaso.

Macri se hizo presente en el salón Norte de la Casa de Gobierno, donde se celebraba la reunión, durante pocos minutos, para saludar a los mandatarios provinciales y destacar la nueva relación entre el gobierno central y las provincias, que “consolida el país federal”. También les prometió a los gobernadores que “pondrá toda su voluntad” en resolver el problema de la coparticipación y excusó las demoras en “el estado en que encontraron las finanzas” que dejó el gobierno anterior, que explican “las dificultades para poder resolverlo en forma inmediata”.

Ayer, después de la reunión, en el equipo de Mauricio Macri se manifestaron “conformes” con el compromiso que tomaron los gobernadores y consideraban que el paso del proyecto de ley que permitirá saldar el conflicto con los buitres “ya está abrochado”, tras conseguir el apoyo de los mandatarios provinciales. “Nos cierran todos los escenarios”, se confiaban ayer, calculando cuántos votos necesitan en cada cámara para hacer pasar la nueva legislación.

Quizás por eso Frigerio calificó al encuentro como “productivo e importante” al presentar públicamente la propuesta oficial de devolución de los fondos coparticipables: “una restitución parcial y en el tiempo del 15 por ciento, sumada a algún instrumento financiero, que pueda adelantar una parte todos los años de esas acreencias”, en línea “con las posibilidades que tiene un Estado quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero como el que heredó este gobierno”, según definió. “Vamos a ir avanzando paso a paso en esta relación deteriorada tantos años, y en un federalismo que tenemos que construir de una manera responsable y adulta”, agregó.

Uno de los principales avances acordados fue la realización de una cumbre mensual entre las 24 provincias y el gobierno central, cuya sede irá rotando por cada uno de los distritos, y que estará precedida por encuentros a nivel ministerial para llegar “con la agenda ya definida”. Además de una respuesta definitiva a la devolución del 15 por ciento, en esas reuniones, que comenzarán la semana próxima con una cita de ministros de Economía, también se plantearán compensaciones a las provincias por la merma en los recursos recibidos por impuesto a las ganancias y el fondo sojero.

A pesar de no haber cerrado del todo el acuerdo, Macri logró ayer un respaldo público de los gobernadores a la propuesta para cerrar el diferendo con los fondos buitre. Esa señal de buena voluntad por parte de los mandatarios pudo verse reflejada en la conferencia de prensa con la que concluyó el encuentro y en el compromiso que tomaron aquellos para interceder ante los legisladores de cada distrito para que den quórum y eventualmente aprueben la propuesta en el Congreso, donde el oficialismo depende de esta colaboración para alcanzar los números necesarios, particularmente en la cámara de senadores.

“El quórum hay que darlo para que dentro del recinto se dé la discusión final para tomar decisiones que puedan servirle al país”, sostuvo Uñac en la conferencia de prensa, consultado sobre el arreglo con los capitales especulativos que propone el gobierno. Gutiérrez, en tanto, coincidió en que debe llegarse a un “acuerdo con los fondos buitre” con “justicia y equidad” que permita a la Argentina “reintegrarse internacionalmente” para “recibir inversiones para el fortalecimiento de las economías regionales”.

En la misma línea, Bertone, dijo que tanto ella como su provincia se encuentran “muy interesados en que se pueda dar una solución a este conflicto que mantiene Argentina con los fondos buitre” en los tribunales de los Estados Unidos.

En cambio, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mostró una posición diferente. “Siempre trato de ser optimista pero la verdad es que estamos muy preocupados con lo que está pasando”, dijo. Consideró que la propuesta del Ejecutivo “no responde a las expectativas y tiene más que ver con el pago de la deuda externa que el de la deuda interna”.

La propuesta que ayer le formuló el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, a las provincias para la devolución de las retenciones de coparticipación significará, sólo en este año, transferencias adicionales del Tesoro nacional por 37.813 millones de pesos. No todo saldrá en efectivo. A las tres provincias con fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, San Luis y Córdoba) se les restituirá desde este año el 15 por ciento de la coparticipación que se les detraía. La transferencia a favor de ellas en este concepto sumará 14.213 millones de pesos, según la estimación oficial. El resto de las jurisdicciones recibirá un monto extra este año de 11.800 millones, equivalente a la restitución de tres puntos de la coparticipación. Es decir, el Tesoro Nacional resignaría en efectivo 26.013 millones de pesos entre ambos concepto. Pero, además, el “acuerdo gradual” propuesto por el Ministerio del Interior contempla la entrega a las 21 provincias no beneficiadas por el fallo de documentos a descontar por otros 11.800 millones de pesos. Es decir, aparte de la erogación extra ya mencionada, el Estado nacional asume un endeudamiento extra en pesos de 11.800 millones este año.

Estos son los números que ayer difundió la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, a través de su cuenta de Twitter y tras finalizar la reunión en Casa de Gobierno con Rogelio Frigerio. El esquema de la propuesta de devolución del 15 por ciento de coparticipación, tal como lo propuso el ministro y ahora espera la respuesta de los gobernadores, parte de una hipótesis de aumento de los recursos coparticipables de 14,5 por ciento en el primer año (de 2016 a 2017), de 10 por ciento en 2018, de 5 por ciento en 2019 y otra vez el 5 por ciento en 2020. Además de una proyección altamente optimista en cuanto a la evolución de la inflación, la hipótesis de curva de ingresos fiscales coparticipables también incluye una expectativa de reducción de la presión impositiva en el lustro, según confiaron fuentes oficiales.

De acuerdo a ese recorrido, la estimación del 15 por ciento coparticipable que ahora el Estado nacional se compromete a restituir resultaría, año por año, de 73.213 pesos en 2016, 83.829 millones en 2017, 92.212 millones en 2018, 96.822 millones en 2019 y 101.633 millones en 2020. Pero la propuesta del gobierno es que esa devolución se haga paulatinamente. Recién en el último año las 24 provincias podrían cobrar el 100 por ciento de los fondos que le corresponden por el reparto porcentual de coparticipación.

Según el esquema propuesto por Interior, en los años anteriores (2016 a 2019) las provincias seguirán resignando parte del 15 por ciento de coparticipación que se le detraen. Lo resignan, de acuerdo a la propuesta, sin recuperación posterior, por lo menos en el marco de la propuesta que ayer les presentó Frigerio.

La propuesta contempla una transferencia gradual del Estado nacional a las provincias en una escala creciente, que arranca en el 3 por ciento de la coparticipación el primer año, 2016 (11.800 millones de pesos), 6 por ciento en 2017 (27.022 millones), 9 por ciento en 2018 (44.587 millones), 12 por ciento en 2019 (62.422 millones) y el 15 por ciento pleno de la coparticipación estimada para 2020 (81.928 millones de pesos). A esas sumas en efectivo, se le agrega la erogación que en cada año hará el Tesoro Nacional en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, conforme al fallo de la Corte Suprema. El importe de esta última cifra fue estimada en 14.213 millones de pesos para el año 2016, 16.274 millones para 2017, 17.901 millones en 2018, 18.796 millones en 2019 y 19.736 millones de pesos en 2020.

El resto de las provincias recibirán, además de la cifra en efectivo mencionada, documentos a descontar que completan la oferta. El valor de los documentos a transferir surge del 3 por ciento de monto coparticipable calculado para cada año, de lo que resultan, globalmente para los 21 distritos involucrados: instrumentos financieros por valor de 11.800 millones de pesos para 2016, 13.511 millones para 2017, 14.862 millones para 2018 y 15.606 millones para 2019. En 2020, el último año del acuerdo, cuando las provincias cobren el 15 por ciento en efectivo, no habrá más pagos en documentos.

De los 37.813 millones de pesos, entre efectivo y documentos, que el gobierno nacional propone distribuir este año para empezar a resarcir a las provincias por la detracción del 15 por ciento, Santa Fe recibirá 6320 millones de pesos, Córdoba 6279 millones y Buenos Aires 6212 millones, considerando además que esta última cobrará parte en documentos a descontar. En cuarto lugar aparece San Luis, con 1614 millones de pesos, que por efecto de fallo de la Corte a favor cobrará en este reparto más que cualquier otra provincia.

Tras el fallo de la Corte Suprema, en noviembre del año pasado, a favor del reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba, ordenando la restitución del 15 por ciento de la coparticipación que les correspondía para financiar el sistema previsional (resolución de agosto de 1992), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso hacer extensivo el beneficio a todas las provincias, ya que la Corte Suprema consideraba “inconstitucional” la retención. A su vez, ordenaba compensar con fondos del Tesoro la pérdida de recursos para la Anses.

Pero, apenas asumido, el actual presidente de la Nación dictó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual ordenó la “inmediata extinción” de decreto anterior, a considerar que el mismo generaba “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico”, en virtud del “ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional” hubiera implicado. La solución propuesta por el Ministerio del Interior atenúa el impacto, pero en virtud de las buenas relaciones que busca sembrar con los gobernadores provinciales y sus legisladores, termina aceptando un ajuste adicional que obligaría a seguir sumando las necesidades de financiamiento de gobierno para este año y el próximo, como mínimo.

Un reclamo por la Procuración

Contenta de anunciar nuevos despidos

No era por convicción, era por los sanguchitos

Los gobernadores se fueron con una mejora

Pan para hoy, deudas mañana