La lucha entre los jueces y Lula aboca a Brasil al caos institucional
Media hora después de que el expresidente Lula tomara posesión ayer de su nuevo cargo de ministro, un juez federal de Brasilia ordenaba anular el acto e invalidar cautelarmente el nombramiento
De alarma en alarma, Brasil se hunde a cada paso en el caos político, jurídico y social. Media hora después de que el expresidente Lula da Silva tomara posesión ayer de su nuevo cargo de ministro, un juez federal de Brasilia ordenaba anular el acto e invalidar cautelarmente el nombramiento. Aduce que la presidenta Dilma Rousseff comete un delito designándole porque le permite escapar de la justicia. Mientras, en Brasilia y São Paulo se suceden las protestas contra el Gobierno, en algunos casos con peleas y agresiones. Además, el reloj de la destitución parlamentaria contra Rousseff ha empezado a correr.
Rousseff y Lula, durante el nombramiento este jueves. Igo EstrelaGETTY IMAGES
La decisión del juez Itagiba Catta Preta Neto, que en Facebook se ha retratado a sí mismo sonriendo en manifestaciones contra Rousseff y Lula con anotaciones insultantes contra ellos, dejó al país en suspenso, al Gobierno y a Lula noqueados y al sistema político instalado en una suerte de limbo jurídico. El Gobierno adelantó que va a recurrir el auto en cuanto reciba la notificación y otros juristas se apresuraron a asegurar que una segunda instancia judicial puede asimismo invalidar la acción del juez Catta Neto automáticamente. Pero la noticia volvía a colocar al país entero en el estado de estupefacción, sonrojo y parálisis del que no sale desde hace varios días.
El miércoles por la noche, la explosiva divulgación de una conversación entre Rousseff y el expresidente Lula grabada por la policía sacó a la calle a millares de personas para protestar. En el centro de São Paulo algunos pasaron toda la noche, cortando la avenida Paulista, la arteria más emblemática de la ciudad. En la charla grabada por la policía, que tenía pinchado el teléfono de Lula, Rousseff dice: “Te estoy mandando el papel para tenerlo ahí; úsalo sólo en caso de necesidad, porque es el acta [de ministro]”. Para los investigadores no hay duda: Rousseff trataba de proteger a Lula, sospechoso de estar involucrado en una de las ramificaciones del caso Petrobras, de acabar en la cárcel. Si la policía se presentaba en el último momento, antes de que Lula fuera oficialmente nombrado ministro (la ceremonia estaba prevista para ayer), bastaba con que el expresidente presentara el acta para comenzar a gozar del mayor grado de inmunidad que tienen los ministros de Brasil.
Así, quedaba ya fuera del radio de acción del juez federal Sérgio Moro, que es el que instruye el caso Petrobras, pasando a depender del más lento Supremo Tribunal Federal. El enfrentamiento entre Moro, convertido en una especie de héroe popular para la derecha y que acaba de recibir el apoyo corporativo de una asociación de jueces, y el Gobierno, del Partido de los Trabajadores (PT), explica buena parte de la caótica situación del país. Moro fue quien ordenó pinchar el teléfono de Lula —y posiblemente el de Rousseff—, el que mandó prender al expresidente el 4 de marzo y el que estaba dispuesto a encarcelarle.
Abucheos
Rousseff, en el discurso de toma de posesión de Lula, muy seria, negó la interpretación policial de la polémica frase y alegó que tanto el documento remitido al exmandatario como la charla obedecían a un asunto simple y burocrático: la eventualidad de que este, por motivos personales, no pudiera acudir a la ceremonia. La presidenta le enviaba el acta, sin firmar por ella, para que Lula lo firmase y lo remitiese a su vez. Después cargó contra el juez Moro, al que acusó de practicar métodos anticonstitucionales.
La ceremonia de posesión fue cualquier cosa menos conciliadora y se convirtió en un símbolo del clima incendiario que vive el país. Las protestas se sucedían en el centro de São Paulo, y en Brasilia, enfrente del Palacio, los gritos de “fuera, fuera” se oían en la sala donde el nuevo ministro firmaba solemnemente su nombramiento y, en el preciso momento en que Rousseff comenzó su discurso, un diputado asistente de la oposición, Major Olimpio, exclamó: “Qué vergüenza”. Rousseff se calló entonces. Y un grupo de espectadores favorables al Gobierno, entre gritos y abucheos, expulsaron al diputado. Los defensores de Lula y Rousseff prorrumpieron entonces: “No va a haber golpe, no va a haber golpe”, en referencia a que la presidenta no va a ser expulsada del poder.
El nuevo Gobierno de Rousseff-Lula —muchos en Brasil se preguntan ahora quién manda de verdad— nace ya agonizante, extremamente frágil, zarandeado desde todos los lados, mordido económicamente y amenazado con la destitución parlamentaria. Las votaciones decisivas que pueden acabar con Rousseff desde el Congreso se celebrarán a finales de abril y mayo. Para entonces, Lula, el encargado de negociar, tiene que haber reunido el número suficiente de diputados de los partidos considerados aliados para bloquear el proceso. No va a ser fácil. En un gesto explícito, el vicepresidente, Michel Temer, de uno de esos partidos teóricamente aliados, no acudió a la ceremonia de posesión. Todo un síntoma.
LA BOLSA CELEBRA LA POSIBILIDAD DE NUEVO GOBIERNO
ALICIA GONZÁLEZ
La tormenta política que asola Brasil es vista con buenos ojos por los inversores extranjeros, que perciben en esta crisis la perspectiva de un nuevo Gobierno que encarrile la mayor economía de Sudamérica. Desde el inicio de la sesión, la Bolsa y el real brasileño lideraban las ganancias globales, con subidas próximas al 7% en el caso del índice de la Bolsa de São Paulo. La rentabilidad exigida por los inversores para prestar dinero al país se situó en el nivel más bajo desde el pasado diciembre.Los analistas interpretan que el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro hace más factible la destitución dela presidenta Dilma Rousseff, aunque conlleve una etapa de inestabilidad.
La Fiscalía de São Paulo ha denunciado este miércoles al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, según medios brasileños. La denuncia supone un golpe más para el exmandatario, después de que la semana pasada fuese interrogado en otra investigación paralela, dirigida por la fiscalía de Paraná, que analiza si se benefició de la corrupción en la estatal Petrobras.
La Fiscalía de São Paulo acusa a Lula da Silva y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ocultar la propiedad de un apartamento de lujo en el litoral del Estado. La vivienda está al nombre de la constructora OAS (investigada en el caso Petrobras), y Lula siempre ha negado que fuese suya. La otra investigación, la del caso Petrobras (llamada Operación Lava Jato o Lava coches) también menciona este apartamento como prueba de que Lula recibió beneficios ilícitos de constructoras. La defensa de Lula había recurrido al Supremo Tribunal Federal argumentando que ambas investigaciones se pisaban la una a la otra.
Lula da Silva ha negado los cargos de la Fiscalía de São Paulo. Su fundación, el Instituto Lula, publicó un comunicado el martes para insistir en que el exsindicalista no es propietario del apartamento y "no cometió ninguna ilegalidad" .
Las sospechas de corrupción cercaban últimamente a Lula da Silva, pero nunca habían sido firmes como ahora. El viernes, la policía registró su casa y se lo llevó a declarar durante tres horas, y la fiscalía publicó un durísimo comunicado acusándolo ser "uno de los principales beneficiarios" de una trama de corrupción que supuestamente desvió entre 10.000 millones de reales (unos 2.400 millones de euros) entre 2004 y 2012.
Para proteger a Lula, todavía un icono del Partido de Trabajadores (PT) y unposible candidato electoral en 2018, algunos ministros le han ofrecido la posibilidad de ocupar un puesto en el Gobierno, informa Afonso Benites. Si aceptase la cartera (la secretaria de Gobierno o el Ministerio de Comunicaciones son los cargos que más suenan), Lula pasaría a estar aforado. Es decir, en el período en el que ocupase un cargo gubernamental, solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, y conseguiría escapar del implacable juez Sérgio Moro, que lidera la Operación Lava Jato y que el viernes lo forzó a declarar. "Soy víctima de un espectáculo mediático", dijo Lula tras ser conducido al aeropuerto de Congonhas (São Paulo) para prestar declaración. "SI querían oírme solo tenían que haberme llamado y yo habría ido, porque no debo nada a nadie y no temo nada".
Estas últimas acusaciones contra Lula han creado todavía más tensión en Brasil, donde la crisis política es omnipresente desde hace meses. La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta una petición de destitución, continúa bajo mínimos (solo un 11% de los ciudadanos aprueban su gestión) y la crisis económica pinta un panorama oscuro. En 2015, según los últimos datos, el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contrajo un 3,8 con relación al año anterior, el peor resultado registrado desde 1996. Para expresar su descontento, varios movimientos sociales y partidos de oposición han convocado una gran protesta en decenas de ciudades para este domingo. El Gobierno ha expresado su temor de que se produzcan enfrentamientos violentos y ha pedido "tolerancia" y "unidad" a los brasileños.