Luiz Inacio Lula da Silva en la toma de posesión como ministro. AFP
El lío judicial que envuelve todas las relaciones institucionales en torno al expresidente Lula en Brasil continúa, envenenando y paralizando todas las instancias del país. En un toma y daca sin precedentes en la justicia brasileña, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teorí Zavascki, se arrogó el martes el proceso de Lula, investigado por el juez de primera instancia Sérgio Moro, instructor del Caso Petrobras. De esta manera, Lula vuelve a escapar de Moro, que, según temen altos cargos del Partido de los Trabajadores (PT), está dispuesto a llevarle a la cárcel en cuanto pueda.
Lula fue nombrado ministro el miércoles 16 de marzo. Los investigadores están convencidos de que el nombramientorespondía a un intento de refugiarse en el cargo para escapar, precisamente, del juez Moro, gracias a que como un ministro brasileño solo puede ser juzgado por el Supremo Tribunal Superior. El viernes, después de otras intentonas judiciales de jueces de primera instancia, un magistrado del STF, Gilmar Mendes, anuló el nombramiento, dejando el cargo de ministro en suspenso, alegando que Lula trataba de juir de la justicia. De modo que el expresidente volvía, a partir de entonces, a depender, judicialmente, de Moro. Muchos militantes del PT temieron que el juez ordenara la prisión inmediata del expresidente. Incluso se apostaron en los alrededores de su casa en São Paulo para impedirlo.
Ahora, una nueva vuelta judicial revoluciona el proceso: Zavascki, que es el magistrado del Supremo brasileño encargado de procesar a los implicados del Caso Petrobras que gozan de aforamiento, ha decidido hacerse con el caso. Por lo menos hasta que la semana siguiente una decisión colegiada del STF sentencie definitivamente quién se queda con el futuro judicial del expresidente. Zavascki, en su auto, critica duramente a Moro, acusándole de haber divulgado, sin razón judicial pertinente, conversaciones grabadas por la policía de Lula con otros dirigentes del país, entre los que se cuenta la propia Dilma Rousseff.
El Gobierno sostiene que la única razón que empujó a Rousseff a incluir a Lula en el Gobierno fue la de que el expresidente le ayudara a conservar en el Congreso los aliados políticos necesarios para evitar que el juicio político (impeachment) acabe con su mandato en el próximo mes. De cualquier forma, la prensa brasileña asegura que, aún sin cargo oficial, a eso se está dedicando Lula. No le va a ser fácil, ya que estos aliados, que ven a Rousseff cada vez más debilitados, cada día que pasa son más remisos a apoyar al Gobierno y ya prevén un futuro político sin Rousseff ni PT (ni por supuesto Lula) en el Ejecutivo.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Eraldo PeresAP
El principal partido aliado del comatoso Gobierno de Dilma Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ha anunciado el martes, tras una reunión meteórica del Comité Nacional, que abandona el Ejecutivo, aislando aún más a la presidenta. La formación, de ideología voluble, huye del barco del Gobierno cuando este se hunde y sus 68 diputados, cruciales para inclinar la balanza del Congreso para uno u otro lado, apuntan ya a votar a favor de la destitución parlamentaria, impeachment, cuando llegue el momento clave. Este partido no es cualquier cosa en Brasil: cuenta con siete ministros. Uno ya ha renunciado. Se esperan más renuncias los próximos días, ya que el partido aboga por la entrega de todos los cargos. El que lo conserve lo hará a título personal y a costa de enfrentarse a los líderes de la formación. En cualquier caso, el tiempo juega ya en contra de Rousseff, que, o encuentra nuevos aliados, o tiene los días contados. En un mes todo puede estar decidido.
Paradójicamente, el vicepresidente del Gobierno, Michel Temer, uno de los cabecillas del PMDB, no dimitirá de ninguna manera. La razón es obvia: si Rousseff es destituida por el juicio del Parlamento, Temer asumirá automáticamente la presidencia, y tratará de conducir su propio Gobierno, ayudado por la actual oposición a Rousseff, hasta las elecciones de 2018.
El ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, del círculo próximo de Temer, ya ha renunciado, adelantándose al posible paso de los otros. En una carta remitida el lunes a la presidenta Rousseff, alega que el diálogo entre ella y el PMDB “se agotó”. Y añade: “Estoy convencido de que, siendo usted alguien que aprecia sobre todo la coherencia ideológica y la lealtad a su propio partido, entenderá su decisión”.
Rousseff se vio el lunes con estos siete ministros. Uno de ellos contó a O Estado de S. Paulo que la presidenta se mostró todo el tiempo abatida y resignada. Todos se comprometieron a dejar efectivamente sus cargos no antes del día 12 de abril a fin de atender las causas urgentes hasta entonces.
A pesar de esto, ni Rousseff ni el expresidente Lula (aún con su nombramiento como ministro en el limbo jurídico por orden judicial) se han rendido. El expresidente se citó con Temer hace unos días en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, para discutir la salida en tromba del PMDB del Gobierno. Lula, según la prensa brasileña, trató de convencer a Temer, pero éste le aclaró que todo estaba decidido ya y que su partido iba a batallar a favor de la destitución parlamentaria de la presidenta. Lula, que maniobra con las manos atadas al no poder emplear todo el peso de su (fustrado) cargo ministerial, negocia, con todo, con los diputados del PMDB uno a uno para tratar de que la huida no sea completa. En una rueda de prensa celebrada el lunes con periodistas extranjeros aseguró que tratará de formar una minicoalición con los parlamentarios del PMDB que no se sumen a la desafección. El mismo Lula recordó que esta formación es heterogénea, regentada por líderes regionales y no caracterizada precisamente por la unidad de acción. De modo que confía en que una labor entre las grietas sirva para conseguir apoyos personales anti-impeachment.
Mientras, los otros partidos de centro que apoyan al Gobierno –apuntalado por una decena de formaciones de izquierda y de centro- empiezan también a resquebrajarse, atraídos por la inercia del movimiento de escapatoria del PMDB. Todos olfatean que el poder cambiará de manos y no quieren verse con el pie cambiado. El PP, el PR y el PSD, tres aliados del Gobierno, suman entre ellos 100 diputados. El Gobierno teme una desbandada general y se ve cada minuto que pasa más impotente para detener la destitución parlamentaria. El Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Rousseff y Lula, sólo cuenta con 59 diputados. Con sus aliados de izquierda, que por ahora han asegurado que no se sumarán al impeachment, no llegan a los 171 parlamentarios necesarios para detener el proceso. De ahí que Lula, negociador hábil, se multiplique en entrevistas persona a persona.
Cada vez más solo y aislado, el Gobierno de Dilma Rousseff ha perdido este martes el apoyo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más importante de sus aliados en la coalición. La crisis del 'impeachment' que avanza en el Parlamento contra la presidenta, así como el desgaste de su imagen por el 'caso Petrobras' y de lacoyuntura económica, han motivado una decisión que se venía anunciando desde hace meses y que puede complicar mucho ya no sólo la gobernabilidad de Rousseff, sino también su propia permanencia en el cargo, toda vez que el apoyo de los diputados del PMDB se antojaba imprescindible para detener el cese.
Entre ovaciones y gritos de "¡Fuera PT!" y "¡Temer presidente!", el senador y vicepresidente del partido Romero Juca ha anunciado que "en esta reunión histórica, el PMDB se retira de la base del Gobierno", dejando claro que "nadie en el país está autorizado a ejercer cualquier cargo federal en nombre del partido".
Michel Temer, vicepresidente del Gobierno y también presidente de la formación, no ha comparecido este martes a la reunión ejecutiva de la sigla para mantenerse oficialmente al margen del Gobierno. Pero los medios locales aseguran, citando a fuentes cercanas al 'número dos' del Ejecutivo, que la decisión de que su formación abandonara a Dilma por aclamación ha sido básicamente suya y que ha asegurado a Lula que ésta es "irreversible".
De poco ha servido el intento de convencerle de lo contrario del ex presidente Lula, queno puede ejercer como ministro por la suspensión judicial pero sí intenta recuperar apoyos para el Ejecutivo. No obstante, Temer permanecerá al frente de la Vicepresidencia y en la Cámara ya se fragua un proceso para que se convierta en presidente en caso de que caiga Rousseff.
Tampoco surtió efecto el encuentro de la propia Rousseff este lunes con cinco de los siete ministros del PMDB en el Gobierno. Unas horas después, el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, presentó su dimisión. Tras hacerse oficial la salida del PMDB del Gobierno ha seguido sus pasos Mauro Lopes, de Aviación Civil; Eduardo Braga, deMinas y Energía; y Helder Barbalho, de Puertos. Los otros tres ministros, Marcelo Castro (Sanidad), Celso Pansera (Ciencia y Tecnología) y Katia Abreu (Agricultura) aún deben decidir si abandonan al Gobierno o al partido.
La salida del PMDB, mayor partido en el Parlamento con 68 de los 513 diputados de la Cámara Baja, dificultará a Rousseff conseguir el número total de votos contra el 'impeachment'. La mandataria intenta evitar que se concreten los 342 votos necesariospara que su destitución pase a la siguiente fase: el Senado.
En las últimas semanas, el culebrón político de Brasil ha vivido sus episodios más apasionantes. Pocos días después de que Lula declarara tres horas ante la policía para negar cualquier tipo de cobros ilegales relacionados al 'caso Petrobras', más de dos millones de personas salieron a las calles de todo Brasil a pedir la salida del Gobierno de Rousseff, a la que acusan de ser incapaz de gobernar el país y de haber estado demasiado cerca del mayor escándalo de corrupción de la Historia del país (aunque no hay ninguna investigación abierta contra ella), pues fue directora del consejo de administración de Petrobras durante los años en que la petrolera desviaba, con la complicidad de otros políticos y de empresarios de la construcción, miles de millones de euros de las arcas públicas.
La respuesta de Dilma a esa jugada fue cuanto menos arriesgada. Nombró al propio Lula ministro de Casa Civil (algo así como un ministro-jefe del Ejecutivo), de modo que conseguiría proteger al ex presidente de la Justicia ordinaria y también recuperar aliados en la Cámara, tarea para la que Lula es mucho más hábil que Rousseff. No obstante, unas escuchas telefónicas entre ambos divulgadas por el juez Sergio Moroencendieron aún más a los opositores y propiciaron que la Justicia invalidara la posesión del cargo de Lula, que sigue sin poder ejercer hasta que el Supremo emita un veredicto sobre la legitimidad o no de su nombramiento.
Mientras, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara y miembro del PMDB, también es objeto de un proceso de cese por las sospechas de que cobró mordidas ilegales de la trama en torno a Petrobras. Cunha, enemigo del Gobierno desde que empezó a ser investigado es el mayor ejemplo de la complejidad de las relaciones entre el partido que ayer abandonó al Ejecutivo y el PT, en el poder desde que Lula ganó las elecciones en 2002.
Desde que Rousseff entró en la Presidencia en 2010, empeoraron las relaciones con el PMDB, mucho más basadas en el intercambio de favores y cargos que en la proximidad ideológica. Este martes, definitivamente, se han roto.
Claramente conservador, el PMDB, que no tiene una identidad muy definida, también formó parte de la coalición de Gobierno con Fernando Henrique Cardoso como presidente.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, propuso hoy al Tribunal Supremo que se mantenga el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro, pero sin el fuero privilegiado que le blinda ante los tribunales comunes, informaron fuentes oficiales.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia está suspendido de forma cautelar en función de la decisión de un juez del Supremo, aunque el pleno de esta corte tendrá la última palabra sobre el caso.
El magistrado que suspendió la designación, Gilmar Mendes, consideró que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ofreció a Lula el cargo con la intención deobstruir la justicia, puesto que el ex presidente es investigado por lavado de dinero en un caso relacionado con la corrupción en Petrobras.
En su dictamen, el fiscal dijo que "desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay obstáculos" para que Lula asuma su cargo.
No obstante, resaltó que "hay indicios" de que Rousseff incurrió en un "desvío de finalidad", lo que significó que habría ejercido sus competencias legales para alcanzar un "propósito diferente del que le es atribuido por el ordenamiento jurídico".
Por ello recomendó que no se mantenga el fuero privilegiado asociado al cargo de ministro, que obligaría a que los procesos en su contra se tramiten en el Supremo.
Tanto Lula como Rousseff han negado que el nombramiento tenga relación con el proceso abierto contra Lula en el Tribunal Federal de Curitiba y por la petición de la fiscalía de que se ordene la prisión preventiva del ex mandatario.
El fiscal general también solicitó al Supremo que ordene la unificación de todos los procesos abiertos cuestionando el nombramiento de Lula.
Según la fiscalía, existen por lo menos 52 procesos abiertos en tribunales convencionales y otros 16 en curso en la propia corte suprema.
Esos procesos fueron promovidos por partidos opositores y por ciudadanos comuneshace dos semanas, coincidiendo con la investidura de Lula como ministro de la Presidencia, que es la cartera más importante del Gobierno.
La investidura fue anulada el mismo día en el que se celebró el acto, el pasado 17 de marzo, por una sucesión de fallos judiciales en diferentes cortes.
La Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que las averiguaciones relativas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedarán bajo su jurisdicción, con lo que retira el caso al juez Sergio Moro, que investiga las corruptelas en Petrobras.
La decisión se fundamentó en que en unas polémicas escuchas telefónicas ordenadas por Moro durante una investigación contra Lula se grabaron conversaciones del ex mandatario con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y otras autoridades aforadas.
Las grabaciones fueron divulgadas por Moro el mismo día que la mandataria designó a Lula como ministro de la Presidencia, lo cual generó una inmensa polémica que echó más leña al fuego de la crisis política en que está sumergido el país.
El nombramiento de Lula como ministro fue objeto de una andanada de medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia y sigue en suspenso, a la espera de una decisión del propio Supremo.
Algunas de las grabaciones, y en especial la de una conversación entre Lula y Rousseff, sugieren que su nombramiento podría esconder la intención de ayudarle a evitar a la justicia común y trasladar las investigaciones al Supremo, a fin de darle largas al proceso.
Lula es objeto de dos investigaciones, en ambos casos por alegada corrupción, que comenzaron en tribunales de Sao Paulo y Curitiba, este último a cargo del juez Moro, y ahora pasarán a la órbita del Supremo.
La Fiscalía de Sao Paulo, que ya ha presentado una denuncia formal contra Lula, investiga si es el verdadero propietario de un apartamento de playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras.
En Curitiba, se intenta determinar si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a una empresa creada por el ex presidente en el marco de su actividad de conferenciante están relacionados a los desvíos en la petrolera.
Tema anterior
Luiz Inacio Lula da Silva en la toma de posesión como ministro. 
Primer 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
Dilma Rousseff habla con su vicepresidente, Michel Temer, en el Palacio de Planalto. 
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. EFE
El presidente de la Corte Suprema Ricardo Lewandowski.