Como en el resto de la villa, el contrato de alquiler de María no tiene validez legal. «La casa es de unos peruanos, yo les pago y ya está. Nada más. Acá no se paga ni luz ni agua, sólo la garrafa de gas», cuenta María mientras lava ropa debajo del ventanuco (sin cristal) por donde se cuela la única luz de la calle. María quiere volver al barrio de Pompeya, en el sur de la ciudad, donde ha vivido desde que dejó Salta: «No me gusta vivir así, cuando llueve se inunda todo y cuando hace calor el cemento recalienta la casa». Afuera, en el laberinto de callejuelas sombrías decoradas con un enjambre de cables y cañerías, tampoco es que se respire el aire más natural del mundo. Hay que salir a la placita de la entrada para abrir los ojos de par en par. Y de paso, cruzar miradas con los malandros que deambulan por el barrio sin oficio ni beneficio.

 

Sin papeles ni leyes. Así es la vida en Bajo Autopista y en el resto de la Villa 31, una zona marginal donde junto a los pobladores argentinos se entremezclan comunidades de varios países sudamericanos (Perú, Bolivia, Paraguay) y donde reinan las bandas de narcotraficantes peruanas. El paco (residuo de cocaína) es moneda corriente en el barrio. Lo reconocen los vecinos y lo asume la policía. «La cosa está tranquila pero de vez en cuando se hamacan las cosas», resume un oficial de policía que prefiere mantener el anonimato. La comisaría de policía de la villa parece haberse mimetizado con el resto de viviendas y ya se planea la construcción de un segundo piso. Sin márgenes para extenderse por tierra, la villa crece hacia arriba. Aunque en Bajo Autopista el máximo es de tres alturas por razones obvias, en algunos barrios de la villa ya se ha llegado a las siete plantas, todas ilegales, todas construidas como Dios les dio a entender. César Sanabria, 31 años, es un delegado barrial conocido como el arquitecto de la villa. Estudiante de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, les dio algunos consejos a los técnicos del Ayuntamiento para el «techado» de Bajo Autopista, como el revestimiento de madera que ahora luce en un antiguo pilote que afeaba la medianera. Ahora, ha logrado convencer al Ayuntamiento para que inaugure una estatua de siete metros del padre Carlos Mugica, referente y precursor de los curas villeros y asesinado en 1974, víctima de la violencia política.

Sanabria y la mayoría de los pobladores de la villa esperan que algún día su barrio deje de estar estigmatizado y las autoridades cumplan con una promesa casi secular: la urbanización completa de la zona para que deje de ser un rincón marginal de la ciudad y cuente con servicios públicos adecuados, como el imprescindible hospital. De momento, no hay leyes que valgan en la villa. Las viviendas se alquilan o venden mediante un papel firmado entre los interesados, a unos 150.000 pesos (10.000 euros) por planta en el caso de la venta. «Si uno quiere tres alturas, ya sabe lo que tiene que pagar», explica César en la azotea de su casa.

Pero de la misma forma que los vecinos de Bajo Autopista han asimilado el ruido de los miles de coches que les rondan las cabezas cada día, la ilegalidad también es vista con naturalidad. Lo saben bien Karen Pinche, una mujer peruana que llegó hace cuatro años al barrio y abrió con su esposo un restaurante. «Acá lo bueno es que no hay controles ni de Sanidad ni de Vivienda ni nada. Uno alquila un local y abre un negocio, sea un restaurante o lo que sea», comenta Karen, 29 años, ante la despreocupada mirada de dos de sus cinco hijos. ¿Y el ruido de la autopista, la inseguridad, la droga? «Uno se acostumbra a todo», zanja la mujer.

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