El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, propuso “consultar al pueblo argentino” sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los fondos buitre y adelantó que presentarán un proyecto de ley en ese sentido. “Volver a endeudarse no es ninguna solución”, afirmó el legislador.

La alianza Cambiemos aspira a dar este martes la media sanción al proyecto que deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano para cumplir con las condiciones impuestas por el juez de Nueva York Thomas Griesa para habilitar el pago a los tenedores de bonos reestrucurados y salir del “default técnico”.

Consultado sobre si el bloque del FPV dará quórum el martes, Recalde se limitó a adelantar: "Vamos a ir al recinto a defender nuestra posición, que es la defensa del pueblo argentino". Reiteró que "el problema del quórum es un problema del oficialismo".

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(Gran Papiyo)      

El arreglo del Gobierno con los fondos buitre puede sentar un mal precedente para otros países que afrontan o están en riesgo de afrontar extorsiones similares por parte de aquellos tenedores de bonos que quedaron fuera de las reestructuraciones de deuda. Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertaron sobre las consecuencias que tendrá, de aprobarse, el acuerdo que impulsa el Gobierno con los fondos buitre no sólo para Argentina, sino para todos los estados del mundo que intentan resolver sus crisis de deuda externa de manera soberana. En un comunicado emitido en Ginebra, Suiza, el experto sobre las consecuencias de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el experto sobre la promoción de un orden Internacional Democrático y Equitativo Alfred De Zayas sostuvieron que la oferta de Macri y Prat-Gay de pagar 4650 millones de dólares cash a los buitres “alentará litigios disruptivos de acreedores holdout” como el que se cursa contra la Argentina en Nueva York “en todo el mundo”.

“No son buenas noticias”, coincidieron los expertos ante la posibilidad concreta del acuerdo, porque “dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración”. Ambos advirtieron, además, que “el mensaje” que enviaría Argentina al mercado financiero “sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración”, lo opuesto a lo que el país impulsó hace tan sólo seis meses ante la propia asamblea de la ONU, con el anterior gobierno.

En septiembre del año pasado, por iniciativa argentina, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría los nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana. Con 136 votos a favor y sólo 6 en contra (EE.UU., Israel, Canadá, Alemania, Reino Unido y Japón), los principios creaban el marco de acción entre los estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe abstenerse. Entre otras cosas, la resolución establece que si una reestructuración como las impulsadas por el país en 2005 y 2010 es aprobada por “una mayoría calificada”, el resto de los bonistas “no representativos” (en este caso, los buitres) deben subordinarse a lo acordado por la mayoría.

Los expertos marcaron el peligro que engendra esa contradicción. “Aunque Argentina promovió los principios de reestructuración soberana, ahora está a punto de pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas”, señalaron. Y adjudicaron el cambio de rumbo a la operación “de las fuerzas del mercado”. “Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema”, dijeron.

Bohoslavsky y De Zaya recordaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó en 2014, en plena ofensiva buitre contra el país, su preocupación “por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Ante el nuevo escenario, llamaron la atención sobre el costo del arreglo, que implica tomar nueva deuda, tal como lo planteó el ministro Prat Gay. El regreso al endeudamiento externo “exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera”, agregaron. En ese sentido, llamaron a los miembros del Congreso a “considerar cuidadosamente las consecuencias del acuerdo” y a actuar “con prudencia” sobre el monto de endeudamiento que acarrearía el acuerdo si es aprobado en ambas Cámaras. “Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos”, sugirieron.

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(Gran Papiyo)          

En mi humilde y alquilada casa chaqueña, de niño, fui criado bajo conceptos rígidos. “En asuntos morales sólo se puede ser inflexible”, decía mi padre, socialista lector de La Vanguardia, hombre ascético y trabajador como no he vuelto a ver jamás, y además un tipo recto como rayo de bicicleta.

Después, cuando él murió a sus apenas 50 años, de adolescente admiré la labor de mi hermana cuando integraba el Tribunal de Conducta en la sede chaqueña del Partido (lo escribo con mayúsculas), que era como se llamaba en mi casa a la Unión Cívica Radical.

De ellos aprendí que ser derecho y no traidor –como postula el insuperable “Cambalache” de Discépolo– es un imperativo moral y una práctica de vida, y acaso será el único valor que va a recibir mi descendencia.

Desde luego que estas referencias personales se deben a que esta columna no encuentra, hoy, otra manera de afrontar el desdichado, horrible, nuevamente trágico presente argentino.

Porque todo indica que el Gobierno puede salirse con la suya: nos endeudará de la manera más absurda e infame por dos o tres generaciones, y así nuestros hijos y nietos pagarán otra vez los negocios sucios que consienten muchos políticos y economistas, ahora con la complicidad de un nutrido elenco de legisladores corruptos.

Aunque ya se sabe que, en un cierto sentido, corruptos son todos: tanto el que corrompe con ventajas de cualquier tipo, como el que por ellas acepta cambiar su posición, su voto o su trasero.

Así veremos esta semana el penoso espectáculo retórico y los votos infames del massismo, el radicalismo, el socialismo, la Sra. Stolbizer, y muchos dizque “justicialistas” que infartarían, si los viera, al mismísimo Juan Domingo Perón.

No tienen vergüenza: creen y quieren hacer creer que proceden por el bien público, para “salir del default y volver a los mercados”, para “colocar a la Argentina en el mundo”, para “asegurar la gobernabilidad” y otras sandeces.

Engañan al pueblo argentino con basuras semánticas, y ni ellos se dan cuenta de que lo que hacen no son asuntos de política o de economía. Son cuestiones de moral, de ética, de decencia y honradez, valores que ellos suelen enarbolar en tribunales y para los diarios, pero en los que jamás podrían medirse con ningún ciudadano decente y trabajador.

Y es que son iguales o peores que muchos de los que ellos acusaban hasta hace poco. Los cuales esos muchos, por supuesto y es obvio, tampoco podrían medirse en estas materias. Pero estos son peores porque encima pretenden convencer a la sociedad con argumentos mentirosos, cínicos y ocultando sus propios intereses y las comisiones que han de recibir, y para colmo disfrazándose de opositores patrióticos.

No tienen vergüenza como no la tiene el macrismo que los está pariendo y los corrompe, si imponen (y si la hoy oposición lo permite con quórum o votos comprados) que dos abogados de oligarcas y ricos, presuntamente especialistas en trapos sucios, lleguen a la Corte Suprema de Justicia.

Y tampoco la tiene el desdichado Consejo de la Magistratura organismo que nació para controlar y mejorar la cuestionada Justicia de este país, en el que hicieron entrar por la ventana a un consejero para así tener una mayoría espuria que, de pronto y servilmente, ahora va a juzgar al desprestigiadísimo juez Oyarbide pero salvando al igualmente desprestigiadísimo juez Bonadio, porque así conviene al gobierno, porque así perfeccionan la revancha y porque así creen pasarse por abajo a “la pobre inocencia de la gente”.

El coro puede oírse, aunque no canten: unos se autoconvencen del cuento de que la política y la economía son “así”, y otros se autopavonean con el cuento de que están mejorando el lamentable servicio de Justicia de este país.

Dan ganas de decirles, contrariando a Bill Clinton, que no es la economía ni la política, estúpidos, ni tampoco es la justicia ni son asuntos de Derecho. Es la moral. Simplemente la moral. Eso que vienen demostrando que no tienen en absoluto.

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(Gran Papiyo)