Desde la asunción de Mauricio Macri han pasado exactamente cuatro meses y cinco días. 
En este período el gobierno ha adoptado una serie de medidas que muestran el carácter rabiosamente pro mercado del PRO pero también las contradicciones de un gobierno que, ostentando un programa de gestión de derecha, ha llegado al poder sobre la base de una campaña plagada de demagogia populista. 
El ascenso al poder del macrismo se explicó más por el agotamiento del régimen kirchnerista que lo precedió que por una convicción del electorado en abrazar esa salida y su plan de gobierno. Eso explica en gran medida el cimbronazo electoral que lo catapultó al balotaje en las últimas horas previas al domingo de las elecciones generales.
Esa característica de su ascenso, como no podía ser de otra manera, signó y signará los primeros  meses de gobierno en la medida en que, su propia base electoral, dista de abrazar a libro cerrado su programa de gobierno.
Ese programa "normalizador", claro está, se orienta claramente en favor del sector financiero y los exportadores de granos. 
Por ese motivo las primeras medidas apuntaron a liberar las restricciones cambiarias y provocar una devaluación de la moneda del 40% y elevar las tasas de interés de referencia hasta un 38% generando las condiciones para una bicicleta a la medida de la especulación financiera. 
Como si esa desvalorización de la moneda no implicara un subsidio suficiente para el sector cerealero el gobierno anunció, en el primer mes de mandato, una fuerte quita de retenciones para la exportación de soja y un plan de reducción paulatina de las mismas.
Pero el supuesto y mentado "éxito" de la salida a las retricciones cambiarias se vio desmentido por la realidad en la medida en que, pocos meses después, el valor de la divisa volvió a rozar los 16 pesos a los que había llegado su cotización paralela antes de la devaluación oficial. 
Más allá de su reacomodamiento de las últimas horas en un valor cercano a los 15 pesos, lo que es un dato de la realidad es que la liquidación de granos se ubica muy por detrás de lo que el gobierno esperaba a partir de esas medidas. Varios especialistas estimaron que esa liquidación apenas superó el 50% de lo que el propio gobierno proyectaba.
Este desplante de los sectores que en los que el gobierno depositaba su confianza para obtener las divisas necesarias para normalizar el mercado de cambio se explica, precisamente, por su voluntad de obtener aun mayores beneficios. Y su percepción de que las dificultades existentes podrían producir un nuevo contexto devaluatorio que potencie sus ganancias a mediano plazo. Hay consultoras que, de hecho, proyectan para fin de año, un dólar a 18 pesos.
Así los silo bolsas todavía siguen esperando (especulando) con mejores condiciones de rentabilidad para los exportadores de cereales.
Esa supuesta "salida exitosa de las restricciones cambiarias", en realidad, se tradujo en una inflación que, según las estimaciones del "índice Congreso", para el mes de febrero fue de más de un 4% que, anualizado, supera el 50 por ciento. 
Pero, además, la situación financiera tampoco se ha "normalizado", las reservas del BCRA siguen en caída y no se ha detenido la fuga de capitales.
Como resultado de esa eliminación de las retenciones agropecuarias y mineras se ha deteriorado la recaudación fiscal que pretende ser balanceada con miles de despidos en el sector público tanto nacional como a nivel de los gobernadores de todo signo político y los municipios que, a su turno, afectarán el consumo y el mercado interno. 
Por otro lado la suba de la tasa de interés impuesta por el BCRA ha agravado la tendencia a una recesión económica porque ha encarecido drásticamente el crédito productivo. Los despidos en el sector privado y, en especial, en la construcción son expresión de esa situación.
Los tarifazos aplicados en la electricidad plantean un escenario similar al del Rodrigazo, como también lo plantea la devaluación que ya llega al 60%. 
La estampida de las tarifas de los servicios afectará también los costos industriales que, a su turno, alimentarán aún más el espiral inflacionario. 
La salida que propone el PRO implica un reordenamiento social y político de las relaciones entre las clases. No alcanza ni el tarifazo ni la devaluación. 
Por ese motivo las paritarias que ya están empezando a sustanciarse tienen un carácter estratégico para el gobierno. Trascienden la dimensión de la redistribución de la riqueza y, por el contrario, pretenden ser la llave de la estabilización del gobierno que depende, en última instancia, de la imposición sobre los trabajadores asalariados de nuevas condiciones de acumulación. No sólo a nivel económico sino también una sumisión de orden político. 
La primer ronda de negociaciones ya ha puesto de relieve las dificultades del gobierno para controlar el proceso político y las contradicciones del propio régimen político. Es que, por ejemplo, y más allá del impacto real sobre los ingresos de los docentes, el acuerdo nacional de Ctera ha pulverizado simbólicamente las intenciones del gobierno de imponer un techo del 25% de aumento salarial. 
La seguidilla posterior de acuerdos semestrales fijados alrededor del 20% también ponen de relieve las dificultades del gobierno para controlar y cerrar el proceso paritario en curso y demuestran que, el propio gobierno, avanza empíricamente sobre las condiciones de vida de los asalariados e incluso de su propia base social.
La movilización convocada por los gremios estatales el pasado 24 de febrero sorprendió a los propios organziadores y fue un golpe al gobierno en la medida en que, más allá de la masiva movilización de los estatales canalizó el descontento de otros sectores sindicales y, especialmente, concitó la atención de vastos sectores populares. 
El fracaso de las medidas tomadas en los últimos meses llevó a acelerar el pacto con los fondos buitres. La pretensión  de apurar el acuerdo para antes del 14 de abril, está motivada por el intento desesperado de conseguir un rescate financiero internacional, bajo la forma de un endeudamiento externo a gran escala. 
Sin embargo, según un informe de la consultora internacional Bloomberg (vocera directa de los interesese de Wall Street), la tasa de interés proyectada en caso de un acuerdo con los buitres seguirá siendo de alrededor del 9 por ciento equivalente a la que, actualmente, se financia nuestro país en los mercados internacioales. 
Por eso, el pacto con los buitres se ha transformado en la piedra basal de un nuevo régimen político y económico, cuyas características serán dictadas por el gran capital financiero internacional, sus organismos financieros de crédito, y sus estados. 
El  posible alineamiento del kirchnerismo con esta política, en la medida en que ya han garantizado el quórum necesario para la sesión en la cámara de diputados y adelantado sus votos necesarios en el Senado para su aprobación, plantea todo un realineamiento político al interior del propio PJ de vasto impacto a nivel sindical y entre los sectores populares. 
Es que, el acuerdo, como ya se dijo, es el punto de partida para una ofensiva en regla sobre los trabajadores y sobre la soberanía nacional que pondrá a prueba todo un entramado político y sindical enrolado con el gobierno anterior que, inevitablemente, generará nuevas condiciones sobre el régimen político y que podría incluso jugar un papel crucial en el entramado de corrientes que se disputarán la conducción del PJ en el mes de abril. 
 Los sectores vinculados a la autodenominada "izquierda kirchnerista" como La Cámpora o el Movimiento Evita entre otros, y que todavía se mantienen dentro del PJ e incluso apoyan varios gobiernos provinciales que también son ejecutores del ajuste que está en marcha, deberán elegir donde se ubican en la disyuntiva que plantea la situación política. 
Es cierto que, el Ministerio de Economía bajo la conducción de Kicillof, nunca se posicionó en una confrontación abierta y que, en rigor, la delimitación con el PRO es acerca de los posibles grises que se plantean en la decisión de pagar.
Los campos están establecidos taxativamente: o ser un "Partido de Estado", acordar con el PRO y sumarse abiertamente como un engranaje del ajuste y la política del capital financiero internacional, o rechazar la extorsión y abrirse un camino propio.  
La especie de que el pacto con los buitres permitirá sortear o morigerar el ajuste soslaya que, tanto la condición como el resultado para su concreción, así como para el operativo de endeudamiento a gran escala que propone el gobierno, es el de reforzar el ajuste contra los trabajadores. «