Un tribunal parece poner en un aprieto a Mauricio Macri con el mismo argumento que acorraló a Cristina Fernández. El gobierno argentino tiene un plazo de 5 días para que YPF presente ante la Justicia el fallo completo que firmó con la petrolera estadounidense Chevron para la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (a 1200 kilómetros de Buenos Aires). La decisión de la jueza en lo contencioso administrativo federal Cristina Carrión de Lorenzo se da luego de la polémica generada en febrero, cuando la empresa entregó una copia del acuerdo pero con tachaduras en las clausulas confidenciales, cumpliendo a medias un fallo de la Corte Suprema.
Hace unas semanas, Carrión de Lorenzo se había opuesto a un pedido hecho por el senador socialista Rubén Giustiniani, quien finalmente presentó una acción de amparo ante el máximo tribunal. El 10 de noviembre de 2015, la Corte le ordenó al gobierno nacional hacer públicas las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron, firmado el 16 de julio del 2013. Cabe destacar que el kirchnerismo siempre se negó a revelar los detalles del acuerdo por considerar que contiene información sensible que no puede darse a conocer, ya que de esa forma violaría secretos comerciales que acordó mantener en reserva cuando suscribió el contrato.
Esa fue una de las críticas más fuertes que el macrismo le hizo al anterior gobierno durante la campaña electoral. Pero días atrás, la actual titular de la oficina anticorrupción, y ex diputada del PRO, Laura Alonso, sorprendió a la opinión pública al cambiar de opinión en forma drástica: “Los contratos de petroleras tienen cláusulas de confidencialidad y estas excepciones están previstas en la legislación nacional e internacional. Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo Alonso, quien había sido una dura opositora a la postura kirchnerista.
EL PAIS
En la misma sintonía del arrepentimiento parece estar Carrión de Lorenzo, quien ahora tomó la medida basada en el fallo que la Corte Suprema dictó hace poco más de cuatro meses. La Corte afirmó que "las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos". Entonces, la Corte expuso que, por estar YPF bajo la órbita del Poder Ejecutivo y realizar actividades de interés público, no puede negarse a brindar información.
"YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información", evaluaron entonces el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt –quien un mes después dejó el tribunal- y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Elena Highton.
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