La figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el gobierno de Dilma Rousseff y la justicia, que alimenta el caos político vivido por Brasil.

Lula, quien asumió el jueves el ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas cómo diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento. (Lea también: 'No vamos a aceptar que haya un golpe en Brasil': Lula da Silva)

Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de “limbo” y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.

La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de la Presidencia fue adoptada por un juez de São Paulo, quien argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.

Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, con un ritmo propio, notoriamente más lento que los tribunales ordinarios.

El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, quien conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto 

al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.

El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a las crisis tanto política como económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.

El acoso al gobierno de Rousseff avanzó ayer con la filtración de una escucha telefónica, en la cual el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula.

“Tienen que moverse”, dijo Falcao en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, nuevo jefe de Gabinete. Medios locales apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras el mismo día en que la Fiscalía de São Paulo le pidió a la justicia que ordene la prisión preventiva contra Lula.

La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación. Desde el Ejecutivo apuntan contra el juez Moro y quieren abrir una investigación sobre supuestas escuchas ilegales en el palacio presidencial, tras divulgar el magistrado la grabación de una polémica conversación entre Lula y Rousseff. En esta, la presidenta le explica a su padrino político que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use “en caso de necesidad”. Un diálogo que analistas locales interpretaron como una evidencia de la preocupación de ambos por la posible detención preventiva de Lula antes de su asunción como ministro.

Para Rousseff, “no es válido” grabar a un presidente “sin autorización judicial”, que tiene que ser concedida por el Tribunal Supremo. “En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la justicia”, advirtió la mandataria, acosada por la amenaza de un juicio político “destituyente” impulsado por la oposición.

En sesión extraordinaria, la Cámara de los Diputados acordó ayer acelerar el trámite del posible juicio político. La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla por las acusaciones –formuladas por juristas y cuatro partidos de oposición– basadas en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

El trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un parlamento en el que el apoyo a Rousseff mengua cada semana.

Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, exministro de Rousseff, se mostró ayer convencido de que su formación romperá su alianza con el gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo.

Mientras esto sucedía, miles de personas ovacionaron a Lula en una marcha de apoyo en São Paulo, convocada por los sindicatos y varias organizaciones sociales. Se esperaban al menos 100.000 personas.

Policía no es ‘golpista’

La Policía Federal brasileña, responsable por la investigación del escándalo Lava Jato, rechazó este viernes la acusación de “golpista” y protagonizó actos de apoyo a su operación contra los desvíos en la petrolera estatal.

El sindicato de agentes de la Policía Federal divulgó un comunicado en el que rechaza las acusaciones de “golpista” que contra la institución hizo un canal de televisión, por las operaciones y las escuchas contra Lula en el marco de la investigación por las corruptelas en Petrobras.

EFE
Río de Janeiro