En una carta dirigida “al Pueblo de Dios y al pueblo en general” que “busca ser un aporte a la lectura de la realidad desde el evangelio y los pobres en estos tiempos de neoliberalismo”, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres hace un extenso análisis crítico de los primeros días de la gestión del presidente Mauricio Macri en el plano internacional, derechos humanos, lo social, el terreno judicial y la política. Los sacerdotes católicos advierten sobre el “autoritarismo grave”, el retroceso en materia de derechos humanos, denuncian “la gran cantidad de despidos”, la baja efectiva de los salarios, los despidos “indiscriminados” que estiman en 50 mil, “la injusta encarcelación de la presa política Milagro Sala”, las amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información y la “abundancia y abuso de los DNU”. Después de “transcurridos poco más de dos meses de este gobierno legal, pero de gesto perversos” el pedido de los curas es “en nombre de Dios y de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo, ¡modifiquen el modelo!” y “con el Papa Francisco gritamos: ¡este modelo mata!”.

El documento señala expresamente que “nos parece preocupante el vaciamiento de los temas de derechos humanos” y reseñan algunos hechos que así lo ponen de manifiesto, incluyendo “los numerosos y muy graves casos de represión, comenzando por Cresta Roja, en la Autopista Riccheri, los municipales en La Plata y Villa Sauze (La Pampa) y hasta el absurdo ataque a una murga de niños en la villa 1-11-14, del Bajo Flores y los recientes de Coronel Suárez”. El Grupo de Curas, uno de cuyos coordinadores es el sacerdote Eduardo de la Serna, critica también el “lamentable protocolo de seguridad” y “la puesta en duda de la cantidad de desaparecidos por parte de Darío Lopérfido (...) en sintonía con la inicial ‘falta de tiempo’ del presidente de la nación para recibir a las organizaciones de derechos humanos (tiempo que prefirió usar para juntarse con los dueños del poder, los empresarios Magnetto y Rocca, entre otros”. Denuncian como “autoritarismo grave” que se aumenten “las balas de goma (y también de plomo), los camiones hidrantes, los francotiradores y fotógrafos, los retenes policiales, el autoritarismo de las fuerzas de seguridad (pidiendo documentos y haciendo bajar de los buses a personas sin causas evidentes y hasta las consultas en viviendas acerca de quienes habitan)”.

En materia social los curas resaltan “la gravísima cantidad de despidos realizados de manera compulsiva e indiscriminada, sin auditorías públicas ni explicaciones convincentes” denunciando también que “el mismo gobierno que impulsa los despidos designa para un alto cargo estatal a la propia esposa del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, responsable del recorte del Estado, a la hermana de la reina de Holanda o a una parienta de la vicepresidenta, por ejemplo”. Destacan, por el contrario, la “muy importante participación en la marcha convocada por el gremio ATE contra los despidos” y denuncian que tal movilización, pese a su importancia, “sea totalmente silenciada por la prensa hegemónica”.

La metodología del texto apunta a resaltar en cada capítulo aquellos hechos que, a juicio de los curas, son relevantes y merecen ser atendidos. Así, en el subtítulo referido a lo internacional se menciona la presencia de Macri en el foro de Davos “convocado por los poderes fácticos de la economía mundial” y, entre otros acontecimientos, el hecho de que la canciller Susana Malcorra insista en la integración a la “Alianza del trans-Pacífico”. Esa parte del documento finaliza denunciando “el inminente sometimiento de nuestro pueblo a una nueva, abultada e inmoral deuda externa con los proyectos de la derogación de la ‘ley cerrojo’ y la ‘ley de pago soberano’ a pedido del juez municipal de New York Thomas Griesa, con la excusa de ‘insertarnos en el mundo’ “.

En otra parte de la extensa declaración se dice que “la baja de los salarios es notable a partir del aumento de los precios, de la quita de los subsidios a la electricidad y combustible” advirtiendo que todo ello crea una “explosiva mezcla” a partir de trabajadores tratados como “mano de obra barata” y de la “ley de la selva que ya hemos vivido”. Hay un alerta también por el “preocupante silencio de numerosos sindicatos que deberían defender a los trabajadores y en más de una ocasión parecen defender su propia ‘caja’ aprovechando las ‘obras sociales’”.

Respecto de la situación de Milagro Sala, los curas sostienen que “el reciente regalo de un rosario por parte del Papa es un evidente indicio de la preocupación del pontífice que el gobierno se niega a ver en nombre de la supuesta independencia del Poder Judicial” mientras que “los reiterados gestos de acercamiento del presidente Macri y el gobernador Morales en las últimas semanas dicen exactamente lo contrario”.

Hay también apreciaciones críticas sobre el uso “aberrante” de los DNU como “expresión autoritaria”, considerando que la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un “silenciamiento de las voces necesarias para que ciudadanía conforme su propio criterio independiente y libre.

Denuncian finalmente los sacerdotes católicos “la falsedad del discurso que propone ‘Pobreza cero’, algo que es un buen slogan con buena prensa, pero no existe en ningún país del mundo”. Agregando que “lo que sin duda vemos es que con todas las políticas sociales y económicas que se están aplicando la pobreza crece a un ritmo vertiginoso, muy por el contrario de descender”.

La carta se anuncia como la primera de una serie que los Curas continuarán emitiendo periódicamente para analizar la realidad del país “desde el evangelio y los pobres”.

Continuando con la tarea de emitir cartas quincenales dirigidas a sus comunidades y a la sociedad en general, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) dio a conocer un nuevo documento en el reiteran su demanda de libertad para la dirigente social jujeña Milagro Sala “y de todos los presos políticos”, denuncian las “políticas de derechos humanos regresivas y amenazantes” puestas en práctica por el gobierno de la Alianza Cambiemos y advierten sobre la represión de la protesta social y el “silencio” de los medios de comunicación acerca de los llamados “papeles de Panamá” que involucran al presidente Mauricio Macri y a funcionarios de su gobierno. Tras manifestar su preocupación por el “agravamiento progresivo y preocupante de la situación social y económica” los Curas sostienen que “son llamativas las supuestas amenazas recibidas por funcionarios, lo cual parece excusa para reforzar la represión”. Los sacerdotes expresan, una vez más, su convicción de que “este modelo no cierra sin represión”.

“Que el Presidente afirme que Hebe (de Bonafini) es ‘una desquiciada’ (un agravio de quien se arroga contradictoriamente la misión de unir el país) luego de manifestarse desinteresado en el número de desaparecidos y de hablar de ‘guerra sucia’ no hace sino sumar un nuevo repudio a los ya demasiados que nos vemos en la obligación de proclamar”, dicen los Curas en otro parte de su documento.

Sostienen que la diferencia entre el anterior gobierno y el actual “en un tema tan sensible, su colaboración activa en la justicia o su desinteresarse de ella nos parece demasiado grave, aunque el actual Presidente afirme que no quiere ‘tener injerencia en el poder judicial como lo hizo el gobierno anterior’”. Y subrayan los sacerdotes católicos que “lamentamos que se intente conceder prisión domiciliaria a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, como el caso emblemático de Etchecolatz” expresando al mismo tiempo “nuestro más firme repudio uniéndonos al reclamo que sobre el tema han formulado organismos de derechos humanos”.

Tras denunciar que en el caso de los “papeles de Panamá” existe un “silencio cómplice” de los medios nos preguntamos, dicen los Curas, “cuánto más debe esperar el Poder Legislativo para interpelar a todos los implicados en ‘la ruta de la corrupción M’”. Y señalan que “lo que revela el material presentado son pistas de posibles maniobras de lavado de dinero, el delito que figura en la carátula de la causa”. Expresan, no obstante, que “la investigación afortunadamente avanza y compromete cada vez más al presidente Macri, lo cual constituye una situación de considerable gravedad institucional que la población debe conocer”.

Otro de los capítulos del texto difundido por los Curas está dedicado a denunciar hechos de represión. Señalan que “Jorge Peña, de Renatea Jujuy fue interceptado en su automóvil en el que viajaba con sus tres hijas”; recuerdan la “grave represión en el Puente Pueyrredón con camiones hidrantes y policía a jubilados y otros manifestantes”; la “represión a quinteros en el Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires) con 48 detenidos (7 menores) uno de los cuales, Lautaro Leverato, recibió 13 balazos de goma”; que en Ramos Mejía “balearon el frente de la unidad básica “Los Mismos de Siempre” ubicada en la intersección de las calles Colón y Bulnes en la localidad de Ramos Mejía” y que la Gendarmería y Policía bonaerense reprimieron con balas de goma en la Autopista Buenos Aires-La Plata “a compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Anibal Verón y otras organizaciones sociales aplicando el infame protocolo elaborado y defendido por la ministra Patricia Bullrich”. A ello se suma a la “represión a azucareros que desde hace 56 días están defendiendo los empleos ya que enfrentan el lock out de la empresa Seabord Corporation a la que pertenece Tabacal Agroindustria que tiene paralizada la planta en El Tabacal, Salta incluyendo balas de plomo a los gases lacrimógenos”.

Los sacerdotes católicos que trabajan en medios pobres adhieren también a las denuncias del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) respecto de amenazas a dirigentes campesinos y el ataque de “sicarios” del “agro-narco empresario Orlando Canido” contra familias de la comunidad Iaku Cachi.

En el mismo texto se denuncia “una brutal transferencia de ingresos con una inversión de la ecuación distributiva de la renta nacional” y “un modelo económico que concentra la riqueza en pocos actores y generaliza el desempleo con salarios a la baja”, “un endeudamiento externo usurario y descontrolado”, “un quiebre violento de la protesta y la organización social de base como lo muestra el experimento jujeño” y “una destrucción del aparato productivo, la industria nacional y las economías regionales”. Por todo ello manifiestan su adhesión a la “marcha federal, el 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre contra el ajuste, los tarifazos, los despidos y exigiendo la liberación de los presos políticos”.

En el plano teórico el documento de los Curas en la Opción por los Pobres critican “una democracia de baja intensidad” que contradice los intereses de los trabajadores y los sectores populares.