El oneroso acuerdo con los fondos buitre no solo no estimuló las inversiones extranjeras y la creación de empleo como prometió el Ministerio de Hacienda y Finanzas sino que tampoco permitió clausurar en forma definitiva la disputa legal en los tribunales de Nueva York. El viernes pasado un fondo de inversión radicado en Bahamas inició un nuevo reclamo ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan que se suma a otros litigios formulados desde que Argentina le pagó a los buitres más agresivos. La demanda realizada por la firma Brainbridge asciende a un total de 65 millones de dólares.

En el escrito, el fondo reclama cobrar por sus tenencias de títulos de deuda pública argentina emitidos en 1992 y 1993. Los acuerdos alcanzados desde que se le pagó a los buitres encabezados por NML Capital de Paul Singer alcanzarían a 8 de cada 10 dólares en bonos no presentados a los canjes de 2005 y 2010.

La demanda del buitre offshore está impulsada por el abogado Antony Constantini. El letrado del estudio Duane Morris es el mismo que encabezó los recientes juicios que le permitieron al fondo Greylock Capital alcanzar un acuerdo por viejos títulos públicos emitidos bajo las leyes de Nueva York, Alemania, Italia y Suiza. En esta oportunidad el Palacio de Hacienda sostiene que los bonos presentados por Brainbridge no son elegibles para ingresar al acuerdo ofrecido por el gobierno de Mauricio Macri a los acreedores. El fondo bahameño presentó un escrito de 46 páginas ante la justicia federal de Nueva York que todavía debe determinar si la causa recae en el juzgado de Gabriel Gorenstein o Thomas Griesa.

En abril la Cámara de Apelaciones neoyorquina resolvió habilitar al país a colocar deuda en los mercados sin riesgo de embargo por parte de los demandantes. No obstante, en la letra chica de esa medida que permitió realizar la emisión de deuda para pagarle a los buitres los magistrados advirtieron que aquellos tenedores que no aceptaron la oferta argentina, en su mayoría pequeños fondos de inversión, podrían acudir a la Justicia para proteger sus intereses. “Levantar el stay no obliga a los tenedores de bonos individuales a aceptar el acuerdo propuesto. La Corte expresamente reconoce que no tiene el poder de forzar a los demandantes a aceptar un acuerdo”, indicaba el escrito donde también se destacaba la “buena fe” con que negoció el gobierno.

Las nuevas demandas comenzaron a aparecer a lo largo de los últimos meses. Además de Brainbridge y Greylock Capital, los analistas de la consultora Research for Traders mencionan a Lucesco Inc, Inspiro Emerging Markets Fund y Cantor Fitzgerald. Una investigación del economista Martín Guzmán permite estimar los exorbitantes beneficios logrados por el fondo más agresivo con el acuerdo alcanzado en abril que, contra los pronósticos del ministro Prat-Gay y su equipo, estimularon nuevos reclamos. De acuerdo al cálculo publicado por el Centre for International Governance Innovation (CIGI), NML Capital pagó 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibió 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento.

El escrito presentado por el abogado Constantini, Braindidge plantea que Argentina “hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraban e hizo pagos a algunos de ellos”, lo que considera una “violación de la disposición de tratamiento igualitario” (pari passu) porque la Argentina “creó una preferencia entre idénticos valores”. El fondo sostiene que la ley que habilitó el pago a los buitres funciona como una “nueva ley cerrojo” que impide pagar “otro monto más que el establecido en la oferta unilateral”.