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El gobierno venezolano decomisó este viernes 3.8 millones de juguetes a una de las principales distribuidoras del país -a la que acusa de acaparamiento- para venderlos en sectores populares.
“Los niños y niñas de la patria van a tener una Navidad feliz”, dijo a periodistas William Contreras, jefe de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), tras el operativo.
“Vamos a garantizarles su Niño Jesús (regalo navideño)”, añadió Contreras.
Dos gerentes de la empresa Kreisel, acusada además de fraude y boicot económico, fueron detenidos, mientras que la Sundde pidió que se prohíba la salida del país a los dueños.
Contreras aseguró que productos importados entre 2008 y 2014 estaban almacenados en depósitos de Kreisel para ser comercializados con sobreprecios de hasta 34,000%.
Ahora serán vendidos a “precios justos” por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales creadas en abril para distribuir comida y productos básicos subsidiados, indicó el funcionario.
El gobierno denuncia que empresarios y comerciantes acaparan mercancía durante largos períodos para especular con los precios.
Venezuela sufre la mayor inflación del mundo, estimada en 475% para 2016 por el FMI, y la moneda perdió 75% de su valor frente al llamado “dólar negro” desde septiembre último.
Contreras sostuvo que los juguetes fueron importados con dólares asignados por el Estado a bajas tasas, pero se les estaba etiquetando según tipos de cambio, mucho más altos, vigentes actualmente.
Ante la sequía de divisas por la caída de los precios del petróleo, algunos empresarios aseguran que deben importar con dólares adquiridos en el mercado paralelo, cuya cotización supera seis veces la tasa oficial más alta.
Esa circunstancia eleva los costos, pues los precios tienen que ser ajustados al ritmo de la inflación y la devaluación para poder reponer inventarios, advierten.
Desde principios de diciembre, el gobierno realiza fiscalizaciones para imponer rebajas en tiendas de ropa, zapatos y accesorios de Caracas, alegando que los precios exceden los márgenes de ganancia fijados por ley.
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