Argentina acabará el año tal como lo comenzó. Con malas noticias económicas, por un lado, y con la inagotable sucesión de escándalos de corrupción del kirchnerismo, por otro. Un año después de dejar el poder, la situación judicial deCristina Fernández de Kirchner es cada día más complicada. El juez Julián Ercolini ha decidido procesar a la ex mandataria por un presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública durante su mandato (2007-2015), una medida que deja a Kirchner a un paso del juicio oral. El magistrado ha ordenado además el embargo a la líder peronista por un valor de 10.000 millones de pesos (unos 625 millones de euros).
En su resolución, el juez Ercolini dictó también el procesamiento del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido; su "número dos", José López (el ex funcionario que trató de esconder nueve millones de dólares en un convento); el empresario Lázaro Báez (principal receptor de las concesiones de obra pública) y otros ex funcionarios.
Con su acusación de "asociación ilícita", el juez Ercolini ha avalado la investigación realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, para quienes hubo durante la etapa kirchnerista un "plan criminal" orquestado desde el poder para favorecer principalmente a Báez, el empresario convertido en emblema de la corrupción y recluido en prisión preventiva desde hace ocho meses. Según la justicia, Austral Construcciones, la compañía de Báez (un estrecho colaborador en su día del fallecido ex presidente Néstor Kirchner) habría recibido el 78% de las licencias de obra pública otorgadas en la sureña provincia de Santa Cruz durante los doce años de gobiernos kirchneristas. Los contratos (por un valor total de unos 3.300 millones de dólares) se habrían sobrepreciado sistemáticamente y la mitad de las obras nunca se llegaron a realizar. Para los fiscales y el juez, una parte del dinero retornaba al entorno presidencial.
Arropada por la fiel militancia kirchnerista, la ex mandataria pidió la nulidad de la causa cuando acudió a declarar el pasado 31 de octubre. "Es un disparate que se acuse de asociación ilícita a un poder ejecutivo. Se trata de una clara maniobra política, un hostigamiento mediático y una persecución judicial de aquellos dirigentes que pueden ser candidatos", dijo entonces, en referencia a la posibilidad de presentar su candidatura a las elecciones legislativas que se celebrarán en 2017. Para Kirchner, la ofensiva judicial en su contra sólo sería una estrategia política para "tapar el desastre económico y social" causado, a su juicio, por el Gobierno del conservador Mauricio Macri.
Con la resolución dictada por el juez Ercolini, Kirchner cuenta ya con dos procesamientos abiertos. La ex presidenta ya fue procesada por el juez Claudio Bonadio por una causa de menos enjundia: la venta de dólares a futuro aprobada en los últimos meses de su gobierno, una polémica decisión que provocó millonarias pérdidas al Fisco.
En esta ocasión, la medida adoptada por el juez Ercolini es mucho más grave. Se trata de la primera causa de corrupción que podría llevar a Kirchner ante un juicio oral en un año crucial para su futuro político.
El calvario judicial de Kirchner comenzó en abril. Desde entonces ha declarado varias veces en los tribunales. Además de las dos causas en las que ya hay un procesamiento, la ex presidenta está involucrada en otros casos ("Hotesur", "Los Sauces") en los que la justicia la investiga por un presunto desvío de fondos y blanqueo de capitales, con Báez y otros empresarios afines al kirchnerismo como supuestos socios de un entramado de corrupción institucional.
El anuncio del procesamiento se produce un día después de que Macri sufriera su primera crisis de Gobierno al relevar a su influyente ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El primer año de Macri en el poder se ha caracterizado precisamente por ese ping-pong mediático. Cada vez que la economía arrojaba una mala noticia, afloraba un nuevo caso de corrupción kirchnerista.
Fernández saluda a sus simpatizantes a la salida de un tribunal en octubre. EITAN ABRAMOVICHAFP
El procesamiento decretado ayer de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones —una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo— supone un importante giro en la situación de la exmandataria desde que dejara el poder en diciembre de 2015.
Aunque se trata de su segundo procesamiento judicial, es el primero que la involucra en una trama de corrupción a gran escala en la que además aparecen implicadas importantes personalidades de su mandato (2007-2015) y el del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido. El millonario embargo impuesto a Fernández —666 millones de euros— ha proyectado además en la sociedad argentina una imagen del volumen de dinero defraudado que investiga la justicia argentina.
La corrupción es sin duda uno de los males mayores que acechan a algunas democracias latinoamericanas, cuyos sistemas judiciales se enfrentan en ocasiones a poderosas tramas políticas que dificultan su labor. Las investigaciones contra Fernández —iniciadas ya cuando esta ocupaba la Casa Rosada— han estado siempre envueltas en la polémica, destacando la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, acaecida en enero de 2015, horas antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para denunciar a la entonces presidenta por encubrimiento desde su cargo de los autores del atentado contra la Mutua Judía Argentina (AMIA). El caso fue cerrado oficialmente como suicidio.
Argentina se enfrenta a una grave crisis económica y requiere a estabilidad para hacerle frente, pero no puede caer en el viejo vicio de pasar por alto la corrupción a fin de lograrla. La justicia del país sudamericano así lo ha entendido y ahora resta que el proceso siga su curso, Fernández tenga las debidas garantías y se emita un veredicto.
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