El Cochinillo René Arellano, utilizado por el contador Gerardo Morales para condenar a Milagro Sala por el lanzamiento de huevos durante un acto en el que la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru no participó, recibió en los meses previos al juicio al menos un millón de pesos. De ellos, 822.000 pesos de origen desconocido y el resto en los sueldos que los gobiernos de la provincia de Jujuy y el municipio de San Salvador le pagaron al menos a él, a uno de sus hijos, Freddy Santiago Arellano, y a las parejas de ambos, Cristina Noemí Chauque y Soledad Seña. Arellano lleva una sobresaltada vida sentimental y durante el juicio se separó de Chauque, quien ventila su infidelidad en las redes antisociales, donde se identifica como Solange de los Ángeles. Por eso Arellano no tiene empresas ni bienes a su nombre, de modo que los fondos se gestionan a través de sus hijos y cooperativas fantasma. La gobernación provincial debió admitir que Arellano trabaja en la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales del gobierno de Morales, cosa que ocultó durante el juicio. El sesgado Tribunal Oral Federal que condenó a Milagro Sala a tres años de cárcel sobre la única base de la palabra de Cochinillo y Chauque, se negó a remitir las actuaciones a otro tribunal para que los investigara por falso testimonio. Según el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, Arellano informó en su muro de Facebook que desde 2014 trabaja a sueldo de la intendencia radical de San Salvador. Ante una consulta para esta nota, los Disidentes Escalada y Ronconi profundizaron la investigación y descubrieron que también el hijo Freddy Santiago Arellano, de 26 años, (CUIL: 20349126002, DNI: 34.912.600) trabaja de forma permanente en la Contaduría de la Provincia. Morales creó el 8 de marzo del año pasado la dependencia donde opera el Cochinillo, como parte de su tarea de desmembramiento de la Túpac Amaru. El decreto 804-G-2016 especifica que su función es “el registro e inscripción para la constitución de cooperativas y otras organizaciones sociales”. Su hijo Freddy Santiago Arellano es titular de una de esas cooperativas junto con Ivana Ruth Soledad Seña (quien se identifica como Solsito Sena, con hiriente s, en su muro de Facebook, donde reproduce los videos de propaganda de Morales y los avisos de su gobierno). La Cooperativa Newen Limitada (CUIT: 30714310956, Código 410011: Construcción, Reforma y Reparación de Edificios Residenciales) está registrada en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, cuyo presidente es Walter Morales, hermano del gobernador. La particularidad de esa cooperativa es que no declara empleados ni tuvo movimiento alguno desde su constitución en 2012. Pero al acercarse la fecha del juicio oral entró en erupción: según su balance declarado ante la AFIP, en abril de 2016 registró el ingreso de 37.000 pesos, en agosto de 507.000 y en octubre de 278.000, en total 822.000 pesos. El 20 de septiembre, Seña y Freddy Arellano habían firmado el cheque sin fondos 55948393, por 40.000 pesos. En octubre, también Solsito (CUIT 27337649977) comenzó a cobrar un sueldo por un empleo permanente en la contaduría de la gobernación. Ante la presión de los organismos internacionales que reclaman por la detención arbitraria de la líder indígena Morales apuró el primer juicio. El gobernador pudo hablar del tema con el jefe de gabinete de Ministros Marcos Peña Braun, durante las dos audiencias que mantuvieron, el 10 de agosto y el 28 de septiembre de 2016 (según el registro oficial los temas fueron política nacional y proyectos para Jujuy). La semana pasada, Morales volvió a descalificar las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que solicitaron la libertad inmediata de Milagro Sala y se jactó de contar con el respaldo del presidente Maurizio Macrì. Así es: el ministro de Justicia Germán Garavano, ala presuntamente moderada del gabinete, llegó a decir el viernes que Milagro Sala “podrá ser inocente o no y tendrá que demostrarlo en juicio”. Quienes creían que la inocencia se presume hasta que se demuestre en juicio lo contrario, han vivido equivocados. Varios acontecimientos recientes confirman que la actividad de Morales contra la Túpac Amaru juega un rol central en el programa de la Alianza Cambiemos, porque ejemplifica las alternativas que ofrece a quienes se le oponen: plata o palos.

La maniaca publicidad oficial seguirá pregonando que todo está bien e irá mejor, porque el consultor Jaime Durán Barba logró instilar que las elecciones se ganan demoliendo al adversario y hablando de cualquier cosa menos de la realidad. El gobierno sigue apelando a la pesada herencia recibida y realimenta ese discurso con la promoción de causas judiciales cada vez más denigrantes contra la ex presidente CFK. Incluso ha comenzado a contarle las costillas a En-quien-te-han-convertido Daniel. A medida que pasan los meses la eficacia de esa apelación disminuye. La reabierta causa por la denuncia del ex fiscal Natalio A. Nisman une lo útil a lo agradable: pondrá en las páginas judiciales a la ex presidente CFK (Margarita Stolbizer considera “un espanto” que pueda ser candidata “con chances electorales”) y al mismo tiempo llenará de júbilo a los gobiernos de extrema derecha de Israel y al que asumirá en dos semanas en Washington, empeñados en invalidar el tratado nuclear con Irán y justificar la escalada armamentista que ya anunció Donald Trump. Que en el camino se destroce el estado de derecho en la Argentina es un daño colateral que a nadie inquieta. En un panel organizado la semana pasada en el Congreso de Washington la organización Unidos contra un Irán Nuclear recomendó no solo sanciones económicas sino también la confrontación militar y el castigo a organizaciones que define como máscaras de Irán, como la Guardia Revolucionaria y Hezbollah. Participó del encuentro una vieja conocida de la Argentina, la diputada republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, una de las habituales interlocutoras de Nisman durante sus frecuentes viajes a Estados Unidos en amorosa compañía.

Palos y pelos

La agresión a trabajadores y delegados del ministerio de Educación que reclamaban por el vaciamiento de programas en los barrios y el despido de docentes que se encargan de esa capacitación, fue realizado por efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, que fueron denunciados por la fisura en la vértebra de una delegada y las lesiones al secretario general de la comisión interna. Los decretos de ascensos de la Policía Federal y su nueva cúpula contienen elementos para preocuparse. Entre los ascendidos figuran:

El ahora Comisario Mayor Arnaldo Daniel Neira, nuevo Director General de Orden Urbano y Federal. Jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, Neira fue relevado cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. Del GEOF pasó al Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB) cuya llegada a las villas procuraba ser el germen de una nueva policía, con formación en técnicas de mediación y articulación con las organizaciones sociales y con otras agencias no represivas. Pero las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías, que se comportaron como patotas intimidatorias. Durante la gestión de la ministra Nilda Garré, Neira también fue investigado por negocios incompatibles con su función pública, ya que realizaba tareas extrapoliciales como asesor y coordinador de protección para la empresa Equality S.A. 

El flamante Comisario Mayor Alejandro Oscar Sánchez estará a cargo de la Dirección General de Antiterrorismo. En 2012, fue pasado a disponibilidad en la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, cuando se descubrió que uno de sus subordinados, el oficial de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena, estaba infiltrado en la Agencia de noticias Walsh desde el gobierno interino del senador Eduardo Duhalde. 

El ascendido Comisario Mayor Renato Costantini será director general de Criminalística. El 23 de Agosto de 2014, atropelló a tres policías salteños con su automóvil para esquivar un control de alcoholemia. Fue condenado a pagar una multa de 15.000 pesos e inhabilitado para conducir durante un año.

El comisario mayor Luis Abel Gigena quedó a cargo de la nueva Dirección General Antidrogas Interior. En 2011 fue removido por Garré de la División Drogas Peligrosas. De fuertes vinculaciones con la DEA, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado intercedió por él.

Leandro Luis Lallana ascendió a Comisario Inspector. El 29 de diciembre de 2001 fue el primer policía que llegó al sitio de la masacre de Floresta, cuando su colega suboficial Juan de Dios Velaztiqui fusiló a tres muchachos en un maxikiosko porque no le gustaron sus comentarios sobre la represión en la Plaza de Mayo. Velaztiqui dijo que había abatido a tres ladrones y así lo trataron: sin esposas y sentado dentro de un móvil policial. Pero en 2003 fue condenado a prisión perpetua por ese triple homicidio con alevosía.

Carlos Manfroni reapareció en la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad. Al iniciarse el gobierno de Macrì debió renunciar como subsecretario de articulación legislativa del mismo ministerio, luego de que en esta página se recordaran sus columnas durante la dictadura militar en el mensuario surrealista Cabildo:

• La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa.
• El progresismo es un infeccioso mal.
• El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder. 
• La “filosofía” del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García. 

Luego de esa publicación ATE denunció a la ministra Bullrich que Manfroni había solicitado “la filiación política, ideológica y sindical de los trabajadores del ministerio”. Charly García recriminó su designación. Manfroni renunció para “no perjudicar al nuevo gobierno”. Luego de un año en stand-by, Bullrich volvió a designarlo, acaso como tributo a la nueva relación con Estados Unidos y el Papa Francisco. Manfroni dicta un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, y objeta los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Tampoco hay buenas noticias en la Policía de la Ciudad, donde asumió como jefe el comisario José Pedro Potocar, graduado de la Academia del FBI estadounidense. Se desempeñó en las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la Policía Federal. Su último destino fue como Director de Comisarías de la Ciudad. En septiembre de 1993, cuando era oficial inspector, mostró qué temprano se adquieren las mañas del oficio. El periodista Hernán López Echagüe investigó en este diario la utilización de patotas por parte del gobierno bonaerense, entonces a cargo de Eduardo Duhalde. Días después dos desconocidos lo mandaron a golpes al hospital. “Se trata de un costo lamentable del acceso del periodismo al poder”, interpretó Duhalde (flamante adquisición de su sucesora María Eugenia Vidal en su proyecto de renovar la política). Los agresores fueron detenidos días después por Potocar cuando controlaba el acceso de público a la cancha de River. ¡Aún llevaban encima la manopla con la cual golpearon al periodista, el plano de su casa garabateado en un papel de aluminio y una sevillana! Pero López Echagüe no los reconoció, el testigo Claudio Calo no vio que la policía revisara los bolsillos de los detenidos, pero sí oyó a uno de ellos gritar: “Eso me lo pusiste vos”. La jueza María Laura Garrigós de Rébori los sobreseyó en octubre de 1993 porque consideró que no fueron autores de las lesiones, que quedaron impunes.

Republiqueta en armas

Este cuadro se completa con el acuerdo firmado el 13 de diciembre por el ministro de Defensa Julio Martínez quien se rebajó al nivel del segundo jefe de la Guardia Nacional de la provincia estadounidense de Georgia, general de brigada Joseph Jarrard. En sus considerandos sostiene que las Fuerzas Armadas argentinas y la Guardia Nacional de Georgia “comparten objetivos similares de cooperación internacional, prosperidad mutua y paz mundial” y que la colaboración entre ellas “ofrece oportunidades de beneficio mutuo para mejorar la asistencia humanitaria y la capacidad de respuesta a desastres para minimizar el sufrimiento humano”, cuestiones que exceden a las Fuerzas Armadas y al propio ministerio de Defensa. Jarrard dijo que la Argentina tiene “una economía abierta y bien desarrollada y unas Fuerzas Armadas maduras” y que espera proveer “asistencia en temas ambientales como inundaciones e incendios, intercambios aéreos, logística para la seguridad de las fronteras y preparación contra desastres”, lo cual “incrementará la estabilidad en las Américas” (sic). Las definiciones de la Guardia Nacional y del Comando Sur indican que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe, donde la Guardia Nacional “conduce compromisos entre fuerzas militares, en apoyo de objetivos de defensa y seguridad pero también se vale de las relaciones y capacidades de toda la sociedad que abarcan las esferas militar, gubernamental, económica y social”, es decir todo lo que la imaginación alcance. La híbrida Guardia Nacional es tanto una fuerza de seguridad provincial como la reserva militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La asistencia que ofrece comprende temas vedados a las Fuerzas Armadas argentinas, como seguridad interior, protección de fronteras, lucha contra el terrorismo o en donde el Sistema de Defensa es sólo contribuyente, como la asistencia en Catástrofes, que aquí está legislada desde este año como responsabilidad del ministerio de seguridad. Al tratarse de un acuerdo con una fuerza provincial, se intenta eludir al Congreso, que debe ratificar los tratados internacionales. En marzo, el comunicado argentino sobre el encuentro de Macrì con Barack Obama en Buenos Aires dijo que la Argentina se había comprometido a incrementar su participación en las misiones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con el apoyo de los Estados Unidos para fortalecer y equipar algunas capacidades de especial prioridad para esas misiones, que pueden ser desplegadas en África durante 2017. En agosto, el canciller John Kerry anunció en Buenos Aires un aporte de 1,2 millones de dólares para que la Argentina se sume a las operaciones de “Mantenimiento de la Paz” que Estados Unidos canaliza a través de las Naciones Unidas. El país señalado es la República Centroafricana, donde ya hay medio millón de refugiados, aunque el sigilo imperante no permite confirmar si la decisión fue tomada.

El programa con la Guardia Nacional tiene 73 miembros y la Argentina sería uno de los tres que se sumarían este año. De este modo, un gobierno que no ceja en su voluntad de criminalizar la protesta social y hasta la oposición política, sincroniza esa obsesión con la retórica estadounidense contra el evanescente terrorismo internacional. Esto evoca lo que Carlos Menem hizo en 1992, al sumar una fragata a la flota reunida por Estados Unidos para atacar Irak, donde aún gobernaba Saddam Hussein. Han pasado 25 años y el mundo es otro, infinitamente más peligroso e inestable como para que otro entusiasta vuelva a poner al país en la línea de fuego. Fasten seat belt, please.