Lo hizo de nuevo. Tras referirse al “curro en derechos humanos”, Mauricio Macri volvió ayer sobre el tema y provocó una nueva polémica. “Los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas”, afirmó el todavía procesado jefe de Gobierno sobre el proceso actual de juzgamiento de los que cometieron delitos de lesa humanidad. Macri remarcó: “Hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI, ocuparse de lo que está pasando hoy”. Sus nuevas declaraciones parecieron empardar a las de Sergio Massa, quien habló de “cerrar la época de los derechos humanos”.

Al igual que cuando hizo sus primeras declaraciones, en las que sostuvo que con un gobierno suyo “se termina el curro en derechos humanos”, ayer Macri tuvo réplicas de sus adversarios políticos. El diputado Juan Cabandié –quien todavía no anunció su posible candidatura a jefe de Gobierno– respondió a Macri en términos de los derechos humanos “del siglo XXI” que reclamaba el líder del PRO: “Mientras el gobierno porteño achica sistemáticamente el presupuesto destinado a educación, vivienda, salud y seguridad social, el Estado nacional continúa defendiendo y ampliando los derechos humanos de todos los argentinos y argentinas”, sostuvo Cabandié. “La reconciliación que propone el macrismo pretende dejar impunes a los responsables cívico-militares de la dictadura y responde a los intereses de aquellos que se beneficiaron de la etapa más oscura de nuestra historia”, indicó.

“No me sorprende. Es el Macri de siempre. Es evidente que se quiere diferenciar del gobierno nacional por recomendaciones de Duran Barba. Se cuidó durante todos estos años de hablar de esto, incluso aunque conocíamos desde el comienzo de su gestión del veto al subsidio para Abuelas de Plaza de Mayo”, recordó la jefa del bloque kirchnerista en la Legislatura Gabriela Alegre. “La política de derechos humanos de la Ciudad es de las últimas prioridades de la gestión”, sostuvo.

En la última semana, los trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña dieron una conferencia de prensa en la Legislatura para denunciar “la precarización laboral y el vaciamiento de los diferentes programas de atención a las víctimas y el Parque para la Memoria” por parte del gobierno de Macri. “Venimos a denunciar avasallamiento, precarización laboral y la persecución a la que somos sometidos los trabajadores por parte del titular del área Claudio Avruj”, advirtieron los integrantes de la junta gremial de ATE-CTA.

Sobre las declaraciones de Macri, el legislador Aníbal Ibarra remarcó que “El concepto de Macri sobre derechos humanos es el mismo que tenía Menem: considera que hay que olvidar todo y mirar para adelante. Y si uno pretende llevar a los que violaron los derechos humanos ante los tribunales, creen que es una revancha. En los derechos humanos, Macri es el indulto y la amnistía. Es volver atrás”. La legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti destacó que “si Macri cree que buscar justicia, con paciencia y firmeza, después de treinta años, es revanchista es porque nunca creyó realmente en la causa de los derechos humanos”. “Por suerte, como ahora es candidato a presidente y ya no puede hablar sólo de las bicisendas comienza a permear su verdadera ideología”, indicó Cerruti.

En tanto, al diputada de FA-Unen Victoria Donda afirmó que “pareciera ser que el jefe de Gobierno se arroga la prerrogativa de seleccionar los derechos humanos que son importantes y los que no. Macri nos tendría que explicar a los familiares de los desaparecidos de la última dictadura cómo hacemos para conocer el paradero de los restos de nuestra familia, cómo hacen los 400 hijos de desaparecidos para conocer su identidad y cómo las Abuelas para poder conocer a sus nietos que tan incansablemente buscan, si el Estado no se ocupa de los derechos humanos de la dictadura”.

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(Gran Papiyo)        

Ayer se conoció el audio completo de conversación pública que Luis Majul y Edi Zunino mantuvieron con el ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, en la que el funcionario afirmó que “en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. En el audio puede escucharse al ex vocero de Fernando de la Rúa afirmar que el número de 30 mil desaparecidos, producto del terrorismo de Estado, “es una mentira que se construyó en una mesa” para “obtener subsidios” por parte de los familiares de las víctimas. La respuesta de los organismos de derechos humanos fue de unánime repudio.

“Que Lopérfido nos dé la lista de los que piensa que son los desa- parecidos. Manejamos la cifra de 30 mil porque los propios depredadores registraron cerca de 45 mil”, le contestó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien también criticó a Mauricio Macri por ser el primer presidente electo en democracia que se niega a recibir a organismos de derechos humanos (ver aparte). “Es nefasto, pero no es extraño”, lo cruzó la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. “A este muchacho le recomiendo que se informe correctamente y deje de malgastar su tiempo”, le enrostró el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel.

El diálogo entre el ex miembro del Grupo Sushi durante el gobierno de la Alianza y los periodistas Zunino –editor de la revista Noticias– y Majul tuvo lugar en un balneario de Pinamar, donde este último montó un ciclo de charlas de Margen del Mundo, su museo de periodismo. Durante la entrevista, Lopérfido aseguró que “si los militares cometieron un error enorme, fue no hacer un proceso legal”; que “en los 70 hubo muertos por dos bandas armadas donde la gente estaba en el medio”; que “los chicos que militan en La Cámpora están reivindicando la idea de la muerte” y que “hubo una exaltación de la violencia de los 70 desde el Estado”.

“Estuvieron con los militares, estuvieron de acuerdo con la tortura, con la muerte y la desaparición. Odian a nuestros hijos y tienen el mismo odio contra las Madres y las Abuelas”, dijo Hebe de Bonafini sobre Lopérfido y, por extensión, sobre Cambiemos. “Si Lopérfido hace cuentas con su suegro, el genocida civil Mitre, la suma no le va a dar 30 mil desaparecidos”, ironizaron desde Hijos sobre el parentesco del ministro con el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre.

El fragmento del diálogo, que comenzó con una discusión sobre el populismo, fue así:

–El populismo es el efecto de países que no deciden y no se los deja encarar caminos independientes... –opinó Zunino.

–Pero quién no se los deja. Quién no se los dejó a Chile, a Uruguay... –contestó Lopérfido.

–En Uruguay hubo tupamaros –señaló el periodista.

–En Uruguay no se llama a los tupamaros salvadores de la democracia, (...) no se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo, en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios... –se descargó el funcionario. Y luego añadió:

–Perdoname. Vos lo comparabas con los tupamaros. Los tupamaros estuvieron presos. Los montoneros no estuvieron presos. Si los militares cometieron un error enorme fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecerlos y matarlos de esa manera. Ahora, que se haya convertido a la década de los 70, (...) en la que hubo muertos por dos bandas armadas, donde la población estaba en el medio, y que se haya hecho una exaltación de esa época, es una exaltación hecha por el Estado de una época violenta (...). Vos decías que estabas contento con que la gente milite. Que la gente milite reivindicando los 70, es reivindicando la idea de la muerte. Que haya chicos que se llamen La Cámpora, que fue el símbolo del momento en que el montonerismo intentó voltear al Estado de derecho (...) es seguir construyendo desde la mentira –liquidó Lopérfido.

Más tarde, el ministro de Cultura porteño dobló la apuesta y aseguró que las reacciones ante sus comentarios se debieron “al resabio que nos quedó de la época kirchnerista”. Desde Hijos se preguntaron si Lopérfido tenía las listas de los desaparecidos, ya que objetaba la cifra estimada por los organismos de derechos humanos en base a las denuncias recibidas. “Funcionario dice que los desaparecidos no fueron 30 mil, nombran a defensor de los genocidas en Seguridad y el presidente no nos recibe. Cambió”, afirmaron.

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(Gran Papiyo)          

El presidente Mauricio Macri no recibirá a los organismos de derechos humanos que pidieron una reunión urgente con el primer mandatario a comienzos de enero. En una carta les comunicó que “le resulta imposible acceder a la entrevista solicitada” dada “la extensa actividad de gobierno”. Luego de un debate interno, los organismos decidieron acudir mañana a la reunión que en su reemplazo convocó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La preocupación por la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la represión a la protesta social y la detención de la dirigente social Milagro Sala serán parte de los ejes de lo que esperan sea el comienzo de una mesa de diálogo, marcha atrás y reversión de las políticas planteadas.

Macri dirigió la carta a Estela de Carlotto como “si yo representara a todos los organismos”, señala a este diario la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Dice que lamenta no poder recibirnos por razones de tiempo y disponibilidad, pero tampoco aclara que podría hacerlo en una fecha próxima, nada de nada. Dice que pone a una persona en nombre de él para hacerlo, lo único que faltó decir en realidad es ‘no los recibo porque no quiero’.”

Carlotto recuerda que Raúl Alfonsín tardó tres años en recibirlos, pero tenía el país en llamas, dificultades y a los militares en la puerta de la Rosada. Luego fueron recibidos por todos los presidentes. Desde Carlos Menem hasta Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. No tuvieron reuniones con cinco presidentes de la crisis de fines de 2001 porque no hubo días suficientes. Y, se sabe, luego tuvieron encuentros y puertas abiertas con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El pasado 8 de enero, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e HIJOS, entre otros organismos, pidieron la entrevista con carácter de “urgente” con el Presidente de la Nación. Habían tenido una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj. Entre las razones del pedido, había causas inmediatas como la “preocupación por la situación de incertidumbre” que atravesó el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) a cargo del ya removido Horacio Pietragalla. Y una preocupación estructural referida a “la ausencia de información acerca de las políticas que su gobierno va a implementar en materia de Memoria, Verdad y Justicia”. Desde entonces, sin embargo, corrió mucha agua bajo el puente. Y la agenda del encuentro con Peña –que va a terminar de acordarse durante el día de hoy– escaló cada día, de preocupación en preocupación.

“En principio es llamativo que un presidente no reciba a los organismos cuando lo hacen desde hace años, incluso durante los 90”, dice Carlos Pisoni, de HIJOS. “La reunión se motiva en la preocupación que nos causan distintas situaciones de Argentina. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para la cual es fundamental la continuidad de los trabajadores y espacios como el Centro Ulloa o el Programa Verdad y Justicia porque sin esos espacios muchas de las políticas no se pueden continuar. Pero luego existe una gran preocupación por las olas generalizadas de despidos, la política de represión a las distintas protestas como Cresta Roja y La Plata y nos parece preocupante que esto se lleve al punto máximo de encarcelar a Milagro Sala por el derecho a protestar que es un derecho fundamental”, explica. Situado ayer en Jujuy, junto a integrantes de otros organismos y mientras esperaban una entrevista con el gobernador Gerardo Morales que hasta la noche no los recibía (ver página 7), Pisoni señaló que acuden al encuentro con el jefe de gabinete con la expectativa de que el gobierno abra una instancia de diálogo. “Ha corrido mucha sangre en Argentina y para llegar a esta democracia; hay que defender las conquistas de estos años. Como organismos de derechos humanos lo que esperamos es que se reviertan las decisiones como los despidos, la represión. Nos vamos a reunir para plantearle al Estado nacional que recapacite y esperanzados que puedan dar marcha atrás.”

En ese mismo sentido, Carlotto señala que las preocupaciones crecen a medida que pasan los días. “Supongo que nos recibirá cordialmente y sin apuros para poder trasmitir las preocupaciones que son muchísimas”, dice Carlotto. “Ya le habíamos pedido al presidente –como hicieron todos los candidatos durante la campaña pero él no lo hizo– que explique cuál es su proyecto de gestión en derechos humanos, aunque ya lo está demostrando, pero que diga qué más va a hacer”, dice. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se suma a esa línea. “Una de las cosas puntuales es que no sabemos nada por boca de él –aunque nos estamos dando cuenta– de las políticas de derechos humanos que va impulsar el Estado.”

En Abuelas entienden que las reuniones que tuvieron con Garavano y Avruj fueron constructivas, “pero resulta que todos los días nos encontramos con temas colaterales nuevos y preocupantes”, agrega Carlotto. “Porque uno dice que no nos toque, pero nosotros no somos una burbuja. Ponen presa a Milagro Sala; emprendemos de nuevo el camino al Fondo Monetario Internacional; están los despidos masivos, las represiones y balas de goma, la ley de medios y ahora el Fútbol para Todos para el canal del grupo Clarín y otras empresas, todo está claro y es muy desagradable. Cambiar el nombre del hospital que llevaba el nombre de una madre de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, una profesional, que falleció, no puede hacerse con un pretexto vano. Se ve que quieren borrar, como si quisiesen borrar lo construido por Néstor y Cristina, es un cambio apresuradísimo, en poco tiempo y de un impacto muy grave.”

Probablemente luego de una puesta en común, cada organismo haga una exposición de preocupaciones propias.

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(Gran Papiyo)      

Entre las varias medidas autoritarias adoptadas por el nuevo gobierno argentino, merece una particular atención la que dispuso Jorge Lemus, el nuevo ministro de Salud Pública.

En momentos en que estaba en curso de aprobación un proyecto de ley designando al Hospital “en red” de Salud Mental (ex Cenareso) con el nombre de “Licenciada Laura Bonaparte”, el apenas designado ministro decidió impedirlo y frustrar el homenaje a la psicóloga y Madre de Plaza de Mayo, que viera diezmada su familia durante la última dictadura.

“Habíamos elegido su nombre porque Laura trabajaba a partir de una concepción social de la salud, porque era psicóloga y también militante a favor de los derechos humanos”, dijo Edith Benedetti, directora del organismo.

Ese reconocimiento a Laura Bonaparte, y sobre todo a su trabajo en materia de salud pública, había sido aprobado hace varios meses por la Cámara de Diputados, y próximamente debía ser considerado por el Senado. Si la decisión del ministro Lemus se mantiene sería una nueva y flagrante deslegitimación del Parlamento de parte del gobierno instalado el 10 de diciembre pasado.

Acompañando las iniciativas de varios organismos de defensa de los derechos humanos, personalidades políticas como el senador nacional del Frente para la Victoria (FpV) Juan Manuel Abal Medina se pronunciaron para que esa medida sea nuevamente discutida.

Cabe aquí recordar la trayectoria de esa mujer excepcional que fue Laura Bonaparte, psicóloga social en la década de 1970, a la vanguardia de las políticas sanitarias en los barrios marginales, particularmente en el Hospital Policlínico de Lanús.

Cuando Argentina soportaba la peor dictadura de su historia, que había “desaparecido” a varios de sus hijos, Laura, exiliada en México, se esforzaba en ayudar a los refugiados de América Central, sin derechos ni techo, ni papeles: los sin voz de América latina.

Sobreponiéndose a un dolor “imposible de nombrar” como ella misma lo había calificado, Laura encontró fuerza para ayudar a refugiados traumatizados por los bombardeos, las exacciones y los desplazamientos forzados, y hasta para curar niños nacidos en plena guerra en América Central.

Una pregunta se impone. ¿En la Argentina actual, el Ministerio de Salud no tiene otras prioridades que impedir un homenaje a una dama ejemplar, interrumpiendo un proceso parlamentario y democrático?

La respuesta quizá la tenga Hugo Ginzberg, médico argentino y nieto de Laura Bonaparte:

“Lo bien que hacen, mi abuela fue luchadora, feminista, transgresora, rebelde, solidaria, dura, tenaz, madre de la Plaza, alegre, compañera. Qué pequeños se verían a sí mismos al lado de semejante ejemplo estos miserables. Hay tres cosas que vienen tratando de borrar hace mucho tiempo y nunca pudieron, ni con palos ni amenazas ni decretos ni leyes truchas ni indultos. Tres cosas: Memoria, Verdad, Justicia”.

* Autora de Laura Bonaparte, una madre de Plaza de Mayo contra el olvido - Corresponsal del diario francés Sud-Ouest, en Buenos Aires.

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El lunes 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. El encuentro se hizo en la sede de la calle Sarmiento del Ministerio de Justicia, pero no trascendió. Ante una consulta de este diario, la propia Cecilia Pando confirmó que tuvo carácter de “privado” y no iba a dar a conocerse. “Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente!”. Recién cuando Página/12 consultó al Ministerio de Justicia por ese encuentro, voceros del ministro admitieron que se realizó.

Hace tres meses, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se reunió, en el predio de la ex ESMA, con integrantes del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado. El encuentro fue repudiado de modo unánime por los organismos de derechos humanos que pidieron en un documento público que estos encuentros no pueden ocurrir jamás en espacios de construcción de memoria colectiva. El tema quedó incluido en un documento que entregaron más tarde, primero al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego al presidente Mauricio Macri. El nuevo encuentro con quienes claman por el fin de los juicios a los militares no se hizo, esta vez, en el predio de la ex ESMA. Pero quienes participaron guardaron un sigilo culposo. No fue comunicado a los medios de prensa. Y recién fue admitido cuando este diario lo consultó.

Pando integra una asociación llamada de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina que consideran que los represores que se hayan sujetos a los distintos procesos de Justicia con todas las garantías de la ley, son “presos políticos”. El domingo pasado este diario llamó a su casa y ella se sorprendió ante la consulta, evidentemente convencida de que no iba a saberse.

–Queremos confirmar un encuentro suyo con Germán Garavano y Claudio Avruj en el Ministerio de Justicia –explicó este diario a Pando.

–Sí. Pero te explico que fue una reunión privada. Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente! –contestó la mujer.

Pando aseguró que la reunión tuvo un carácter “humanitario”. “Nuestra preocupación es el tema de las irregularidades en cuanto a los juicios a los militares”, señaló. Enumeró los reclamos que llevaron ante los representantes del gobierno, que son los mismos que enarbolaban frente al palacio de Tribunales. En la lista, incluyó la prolongación de situaciones de prisiones preventivas y la “cantidad de muertos” en las cárceles. Con un discurso más aggiornado que cuando insultaba jueces a los gritos después de una condena a represores, le hacía el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y decía que estaba orgullosa de defender a quienes se habían apropiado hijos de desaparecidos, explicó que los militares detenidos en cárceles comunes se hayan en “condiciones inhumanas de detención”. Por esas características, reclama al Estado por la figura de “abandono de persona”. “Nosotros le manifestábamos nada más que esto”, dijo ella.

Cuando este diario le preguntó por una versión según la cual ellos están pidiendo un lugar en la ex ESMA, lo negó: “Nada que ver –dijo–. Eso no es así.” Explicó que desde el Gobierno le dijeron que debían hacer los pedidos a los tribunales, pero que los representantes del Estado manifestaron que “sí, que el tema tiene que tener una solución”.

Este diario volvió a llamarla ayer para consultarle sobre detalles de la reunión, entre otras cosas, si estaba segura de que Avruj había participado, ya que sus voceros lo habían negado con énfasis. Pando se corrigió y dijo que el secretario no participó. También negó que estén recorriendo los ministerios para pedir un pronunciamiento del Ejecutivo en contra de los juicios, otra de las versiones que circulaban.

Los rumores sobre la realización de ese encuentro comenzaron a correr apenas se hizo. Hubo muchos actores involucrados. Desde las personas de la mesa de entrada, el protocolo y ceremonial del ministerio y los trabajadores. Facundo Di Filippo ex legislador porteño y dirigente del Partido Social fue uno de los primeros en saberlo. “Me preocupó la hipótesis que había surgido sobre una posible sesión del predio de la ex ESMA a ellos, eso me parece terrorífico. Pero espantada esa posibilidad, esto me hace reflexionar sobre la apertura que esta teniendo el gobierno nacional a sectores con ese nivel de conservadurismo y tan reaccionarios. Y me preocupa altamente el desfinanciamiento de las tareas del personal y la posiciones laxas en materia de preservación de memoria y que a su vez se den en un marco de amplitud con Cecilia Pando y personas que generan serias dudas porque siguen sosteniendo posturas contra lo que se consiguió después de muchos años de pelea en el último plazo de un gobierno nacional”.

La misma preocupación sostiene Pablo Llonto, querellante de las causas de lesa humanidad. “Creo que esto merece nuestro mayor repudio porque es una vergüenza que el ministro de Justicia reciba a un símbolo de la defensa del terrorismo de Estado y del genocidio, a una provocadora, que se ha expresado en contra de los organismos de derechos humanos y además a alguien que no fue a hablar por un familiar sino en nombre de un organismo o una asociación que reivindica el terrorismo de Estado. Si cambiáramos de escenario y por un momento nos fuéramos a Alemania, es como si allí viésemos que algunas de las instituciones dedicadas a las políticas del Nunca Más, a la lucha contra lo que fue el Holocausto, empezaran a recibir a los representantes de los nazis”.

Uno de los puntos en debate es el rol de las agencias del Estado en su relación con perpetradores y sus familiares. Luis Alén fue subsecretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo y asegura que él mismo recibió un pedido de entrevista de Pando y que dieron lugar al encuentro pero, a diferencia de lo que sucedió ahora, no le dieron el carácter de privado sino que lo dieron a conocer. “La Secretaría es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, sus competencias están en el decreto de estructura explica ante la consulta de este diario. En la estructura que teníamos nosotros no estaba prevista la atención a familiares de represores. Nosotros atendíamos a víctimas: esa es la obligación del Estado. Imposible considerar como víctima al familiar de un represor, por lo tanto si necesita asistencia tendrá que recurrir a su obra social, medicina prepaga o lo que sea como cualquier persona”.

Llonto también explica que los represores tienen “derecho y cualquiera tiene derecho a quejarse o peticionar sobre las cuestiones de cada detenido, pero eso tienen que hacerlo ante la Justicia”. Y señala que “esto es una petición sectorial de un grupo de condenados. Es como si un grupo de condenados por violación forman una asociación de familiares de condenados por violación y dicen que son presos políticos. Y acá el Estado está demostrando que lentamente lo que dice por un lado, lo borra por el otro. Avruj dice que no está de acuerdo con la teoría de los dos demonios, pero su postura se va confirmando mes a mes con cada paso. Primero recibió a los familiares en enero. Ahora la secretaría de Derechos Humanos está respondiendo notas a los represores en vez de ponerle un sello y poner que sean presentadas en los Juzgados. Hacen hasta dictámenes y muchas están esperando una resolución como si hubiese algo para pensar en todo esto. La secretaría que no se abrió para esto, va a terminar teniendo una ventanilla a la izquierda para las víctimas y una a la derecha para los perpetradores del genocidio y esto va a llevar al ridículo una cuestión tan seria como la política argentina en esta materia que fue el primer país que implementó un espacio como este para la defensa de las víctimas”.

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