La decisión del Gobierno de Rumanía de retirar el polémico decreto que despenalizaba ciertos delitos de corrupción no ha aplacado el descontento de los ciudadanos, que ya llevan ocho jornadas consecutivas de protestas, las mayores en el país desde la caída del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu, en 1989.
En este artículo, tratamos de responder a las principales cuestiones que han llevado a miles de rumanos a tomar las calles durante una semana para exigir responsabilidades al Ejecutivo rumano.
¿Quién gobierna en Rumanía?
El Partido Socialdemócrata (PSD) ganó las elecciones parlamentarias, celebradas el pasado 11 de diciembre, con un 45,2% de los votos. Sin embargo, su líder, Liviu Dagnea, quedó excluido del cargo de primer ministro debido a una condena a dos años de cárcel en suspenso por fraude electoral, lo que le inhabilitaba para el puesto, según las leyes del país.
Así, a finales de diciembre, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, quien tiene la facultad de aceptar o vetar a los candidatos, designó como primer ministro al socialdemócrata Sorin Grindeanu, tras rechazar la propuesta de la candidata musulmana Sevil Shhaideh.
Una semana después, el Parlamento ratificó el nombramiento de Grindeanu gracias al apoyo de la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE), partido con el que el SPD gobierna en coalición Rumanía. Entre ambos, ocupan 250 de los 465 escaños del Parlamento.
¿Qué ley ha originado las protestas?
El pasado martes, el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros. Además, esta modificación penal iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Tanto los partidos de la oposición como el presidente del país, así como la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y algunos países europeos como Alemania y Francia, criticaron duramente el decreto, que además no figuraba en el programa electoral del SPD.
¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía?
La decisión provocó un descontento masivo y desató una ola de protestas de los ciudadanos, frustrados con el Gobierno. Desde el martes, miles de personas han tomado las calles de Bucarest, así como de otras ciudades rumanas, al grito de "ladrones" y "traidores". Se trata de las manifestaciones más fuertes que vive el país desde la caída del régimen comunista, en 1989.
Hay que tener en cuenta que uno de los beneficiados de la despenalización era el propio Dragnea, el líder del SPD, condenado por ofrecer un soborno en 2015 valorado en 24.000 euros.
El gobierno rectifica, ¿por qué no han cesado las movilizaciones?
Los manifestantes recibieron el apoyo del presidente Iohannis, lo que fue calificado automáticamente por el primer ministro Grindeanu como "intentona golpista", y del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, quien afirmó que "la lucha contra la corrupción debe ser reforzada".
Así, cuatro días después del inicio de las manifestaciones, el Gobierno se vio obligado a anunciar la retirada del polémico decreto. El primer ministro aseguró que no quería que la sociedad rumana se dividiera y que negociaría con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.
Sin embargo, la rectificación no ha servido para aplacar el descontento de los ciudadanos, que continúan manifestándose cada noche en la capital y otras ciudades para exigir la dimisión del Ejecutivo y repetir las elecciones, algo que se niega a hacer el PSD, que califica las reivindicaciones como un pretexto para forzar el cambio del poder.
María Jesús Vigo Pastur
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