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Un equipo élite de tres ministerios tendrá en sus manos el financiamiento para mejorar la asistencia médica, instituciones educativas y el acceso a agua potable en esa región del país, castigada por la desnutrición y otros flagelos, confirmó la Casa de Nariño.
El objetivo es usar de manera efectiva y transparente el dinero planificado para superar la crisis que afecta a los habitantes de dicho territorio, particularmente a los indígenas de la etnia wayú (hombre poderoso en lengua arahuaca), amplió la Presidencia de la República.
En dos oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares para proteger a ese pueblo originario.
El primer fallo de la CIDH fue emitido en 2015 a fin de resguardar la vida de los niños y adolescentes de tal colectividad pertenecientes a las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; mientras otra sentencia de fecha reciente persigue amparar igualmente a embarazadas y mujeres que amamantan a sus bebés.
Líderes de esa agrupación humana afirman que más de cuatro mil pequeños han muerto debido a la hambruna durante los últimos años, en tanto unas 36 madres fallecieron por esa causa en 2016.
No obstante la actual administración descartó la opción de declarar a La Guajira en estado de emergencia social y económica, medida solicitada por una jurista.
Según el Ejecutivo será preciso primero aplicar todas las medidas ordinarias antes de decretar el estado de excepción.
El Gobierno no ha puesto en práctica disposiciones capaces de parar el exterminio sistemático, los niños siguen muriendo a pesar de los pedidos de la CIDH, comentó el vocero comunitario Javier Rojas, citado por el diario El Espectador.
Los wayús, quienes representan el 44,9 por ciento de la población de La Guajira, perdieron valiosas hectáreas de tierra cultivable y el acceso al río Ranchería como resultado de la expansión de los programas mineros.
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