Como parte de las investigaciones que adelanta la Procuraduría por el caso Odebrecht, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, ordenó reabrir una investigación del año 2010 en la que se habían denunciado supuestas extorsiones a firmas constructoras que habían manifestado interés en participar de la licitación de la Ruta del Sol y que en el 2015 fue cerrada sin ningún resultado por el procurador Alejandro Ordóñez.
(Además: Hay acuerdo para la terminación del contrato de Ruta del Sol II)
El órgano de control recibió el 11 de noviembre del 2010 una queja del representante de la Red de Veedurías Ciudadanas contra Daniel García Arizabaleta, director del Invías para la época de los hechos; Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente encargado del Inco; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías, y Miguel Peñalosa, alto consejero para las Regiones y Participación Ciudadana.
Así, Carrillo revocó todo lo actuado durante la administración Ordóñez y trasladó el expediente a la Comisión Especial Disciplinaria que designó para llevar el caso Odebrecht.
Según Carrillo, durante los cinco años que estuvo abierta la investigación en el órgano de control, no se le prestó suficiente atención a la denuncia y básicamente todo el trámite se concentró en resolver un conflicto de competencias sobre quién debería llevar el proceso.
En la decisión se enviaron, además, copias compulsadas a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios por presuntas omisiones.
"La Comisión Especial Disciplinaria para el caso Odebrecht buscará establecer si hubo presiones indebidas a los contratistas y en qué momento fueron hechas", señaló la Procuraduría.