El juez federal Claudio Bonadio preparó ayer el terreno para detener a Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado tomó ayer la primer indagatoria en una causa armada, Los Sauces, y volvió a la carga con una imputación por asociación ilícita contra todos los citados. El 6 y 7 de marzo deberán afrontar la indagatoria Máximo y Florencia Kirchner y al final la ex presidenta. El magistrado señala en la acusación que la organización supuestamente destinada a lavar dinero empezó a funcionar en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, curiosamente en tiempos en que ni siquiera existía Los Sauces. Y el grupo organizado para delinquir –integrado por empleados administrativos, gerentes, empresarios, los hijos del matrimonio presidencial y la propia ex mandataria– siguió funcionando hasta 2016, cuando Bonadio intervino la sociedad. La insólita acusación, leída ayer a un empleado administrativo, es igual para todos los imputados, sin ninguna descripción del papel que jugó cada uno. 

La causa Los Sauces es un grotesco armado de Bonadio, quien puso en marcha una especie de causa colectora después que fue eyectado de la causa original, Hotesur, por graves irregularidades. Bonadio convocaba a testigos sin avisar a las partes e incluso puso en marcha una pericia sin notificar a las defensas para que designaran los peritos correspondientes. Ese cúmulo de atropellos llevaron a la Cámara Federal a apartarlo de la causa Hotesur, que luego quedó en manos de Julián Ercolini. 

Sin embargo, Bonadio armó rápidamente una causa paralela. Lo hizo en mayo de 2016, cuando Hotesur era una causa muy anterior, de noviembre de 2014 y que incluía toda la operatoria de Los Sauces. En la pericia ordenada por Ercolini en Hotesur, por ejemplo, 14 de los 33 puntos de pericia estaban referidos al alquiler de las oficinas e inmuebles de la empresa Los Sauces. Nada importó: el fiscal Carlos Rívolo y el juez aceptaron una denuncia de Margarita Stolbizer y, pese a que se trataba del mismo objeto procesal, no se envió la denuncia a Ercolini para que la sumara, sino que Bonadio se quedó con esa causa colectora. Es parte de la trama político-mediática-judicial de Comodoro Py. 

En la mañana de ayer se produjo la primera indagatoria ordenada por Bonadio. El citado fue Oscar Leiva, un empleado administrativo que realizó depósitos de cheques entre 2009 y 2015 y que fue titular de Hotesur durante tres meses. Leiva llegó a Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Arias Duval, del estudio Arslanian, y hasta ese momento no sabía de qué se lo acusaba. Cuando leyó la descripción en la que se lo ubicaba como integrante de una organización –asombrosamente en paralelo con CFK– en la que se hacían operaciones más bien ficticias para lavar dinero, Leiva se negó a declarar. El imputado y el letrado quedaron en estudiar el listado de los depósitos de cheques que Leiva hizo como empleado administrativo y responderán con un escrito explicativo en los próximos días. 

Como se sabe, la familia Kirchner sostiene que su negocio siempre fue el alquiler de propiedades y que todos los movimientos fueron bancarizados, por lo que no puede haber lavado de dinero. Menos todavía puede tratarse de retornos por la obra pública: el total de los movimientos de Hotesur o Los Sauces fue menos del 0,02 por ciento de la obra pública. 

Más allá de esos argumentos, la impresión que quedó en todos los que pasaron por Comodoro Py ayer es que Bonadio prepara el terreno para detener a CFK cuando tenga que resolver la situación, hacia mediados de marzo. Esa preparación del terreno ya la hizo anteriormente en la causa dólar futuro, pero finalmente desistió de la acusación por asociación ilícita. No se sabe si esta vez hará lo mismo. Lo que está claro es que con la descabellada imputación de ayer sentó las bases de la detención. Y lo hizo en una causa armada e ilegal. 

Después de los feriados de Carnaval, el juez Claudio Bonadio arremeterá con las indagatorias más importantes en la causa Los Sauces. El viernes tendrá que declarar Lázaro Báez, el lunes Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, también el lunes Florencia y Máximo Kirchner, y el martes 7 de marzo Cristina Fernández de Kirchner. En el edificio de Comodoro Py está instalado el rumor de que Bonadio podria detener a CFK en esta causa. No el 7 de marzo, sino cuando resuelva la situación de los imputados –habrá procesamiento para todos– unos diez días más tarde. El magistrado le ha hecho saber a algún comunicador que la versión es falsa y que CFK siempre estuvo a derecho. Pese a ello, el rumor está extendido en el edificio. 

El caso plantea una larga serie de preguntas, algunas de ellas sin respuesta. 

1 ¿Cual es la acusación formulada por el juez?

Cuando el lunes pasado se presentaron a declarar distintos empleados administrativos de Los Sauces o de otras empresas, se sorprendieron cuando les leyeron la acusación: “Haber conformado una organización junto a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Cristóbal López, Fabián De Souza, Lázaro Báez y otros... para desarrollar designios criminales con la finalidad de recibir dinero ilegítimo originado en adjudicaciones ilegales de obra pública, áreas petroleras, licencias de juego, para introducir el dinero en el mercado financiero, procurando la apariencia de origen lícito”. En la página 6 de la indagatoria se dice que “Cristina Kirchner y Máximo Kirchner fueron los que impartieron las directivas”. Es decir que Bonadio acusa a todos de integrar una asociación ilícita y señala a CFK y Máximo como sus jefes. El rumor en Comodoro Py es que esta imputación está formulada para detener, con el argumento de que la pena mínima es de 5 años. 

Por supuesto que no hay ninguna razón para una detención ya que CFK está a derecho y no tiene chances de obstaculizar la causa, pero el juez ya mostró una gran animosidad contra la ex mandataria, al punto que sugirió que el gobierno kirchnerista mató a Alberto Nisman. A Máximo obviamente no lo puede detener por ser diputado. 

2 ¿Por qué las defensas de todos los imputados sostienen que es una causa ilegal y armada?

La familia Kirchner se dedica desde hace décadas a la compra de propiedades y al alquiler de esas propiedades. Antes, eran sólo departamentos. En los últimos años se trata de hoteles, oficinas y departamentos. Toda esa operatoria se investiga en otra causa llamada Hotesur, denominación que tomó de la empresa de los Kirchner dueña del hotel Alto Calafate y otras propiedades. Sin embargo, la investigación abarcaba todos los alquileres, incluyendo los que figuraban a nombre de Los Sauces, la otra empresa de Los Kirchner, concentrada en alquilar departamentos, oficinas y terrenos. Esa causa global, Hotesur, fue instruida por Bonadio. 

La Cámara Federal expulsó al juez de Hotesur por irregularidades: llamaba a testigos a declarar sin informar a la defensa, no permitía el acceso al expediente y llamó a realizar una especie de pericia, igualmente sin informar ni darle participación a las defensas. La causa Hotesur pasó a estar en manos del juez Julián Ercolini quien ordenó una amplia pericia de 33 puntos. De ese total, 14 estaban referidos a los alquileres de la empresa Los Sauces.  

Sin embargo, Bonadio armó una causa-colectora. Tomó una denuncia de Margarita Stolbizer y sostuvo que lo de Los Sauces era otra causa. Por lo tanto hoy se da la situación de que Ercolini esté investigando el alquiler de oficinas de los Kirchner en Puerto Madero, o terrenos en El Chaltén o Río Gallegos, y Bonadio también. 

Como señaló el abogado de Báez, Maximiliano Rusconi, “es insólito que la misma Cámara que lo apartó de Hotesur por hechos graves, le permita instruir una causa que tiene el mismo objeto procesal”.

3 ¿Cuál es la acusación central?

Como se aprecia en el texto formulado por Bonadio se imputa a todos por integrar una asociación ilícita con la que se cobraban alquileres y ese dinero en realidad no eran alquileres sino coimas por la adjudicación de obras públicas, otorgamiento de licencias de juego y áreas petroleras.

La pericia que se hizo en el expediente determina que, en total, Los Sauces facturó entre 2009 y 2016 un total de 29 millones de pesos, que descontado el IVA pagado a la AFIP, fueron 24 millones de pesos. 

La cifra no resiste ninguna proporción: sólo Lázaro Báez ganó licitaciones por más de 20.000 millones de pesos, o sea que lo facturado por Los Sauces es menos del 0,10 por ciento. Esto último no puede ser, ni por asomo, una coima de lo otro. 

4 ¿Pero los alquileres fueron reales?

En cada uno de los 40 allanamientos que ordenó Bonadio se encontraron los inmuebles ocupados, es decir con las personas o empresas que alquilaban. No se detectó un solo alquiler simulado. 

De manera que esos 24 millones de pesos facturados por Los Sauces en siete años representaban alquileres reales. En este expediente no se debate si hubo habitaciones ocupadas o vacías: está claro que todas las propiedades alquiladas tenían sus inquilinos. De todas maneras, el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, siempre aclara que la familia no se dedica ni a la actividad hotelera ni turística: construye y alquila. 

5 ¿Cómo se explica que los Kirchner le alquilaron casi exclusivamente a Báez y Cristóbal López?

La defensa de la familia Kirchner explica que siempre hubo un vínculo entre Néstor Kirchner y ambos constructores, que eran los principales constructores de Santa Cruz. De manera que participaron en la edificación y luego fueron grandes demandantes de alquileres. Cristóbal López, por ejemplo, alquila unas 300 propiedades. Y Báez requiere una enorme cantidad de alquileres porque ubica en esos inmuebles a centenares de personas que participan de las obras en rutas, por ejemplo. 

Respecto de las propiedades de los Kirchner en Capital Federal, en Puerto Madero, las defensas argumentan que es público que en una de las oficinas está la central del propio Cristóbal López y en el otro departamento vive la ex esposa de su socio, De Souza. Nuevamente, la defensa insiste en que los allanamientos de Bonadío demostraron que no existe simulación, sino alquileres reales. 

6 ¿Hay discrepancias en las cotizaciones de las propiedades?

Las defensas sostienen que Bonadío recurrió al Tribunal de Tasación, que depende del Poder Ejecutivo, es decir del macrismo. Correspondía en cambio que trabajara el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, con control de las partes. Eso era lo legal. Aquí no hubo participación de ninguna de las defensas, por lo tanto no puede ser tomado como una pericia y, además, es ilegal. 

Los abogados dicen que hubo errores notorios: por ejemplo, el departamento en el que vive la ex esposa de De Souza tiene menos metros cuadrados y tres cocheras menos que las oficinas de Cristóbal López y sin embargo lo cotizaron más alto a éstas últimas. 

Hubo algún caso en que el estudio incluso dió al revés: que Los Sauces pagó demasiado por una obra. Eso significaría que se estaba pagando una coima al revés, de los Kirchner a los empresarios. 

Entre las tantas versiones difundidas por el juzgado se cuestionó el viernes que Osvaldo Sanfelice, empresario amigo de los Kirchner, haya comprado la casa en la que vive Cristina en Río Gallegos en 200.000 dólares en 2009 y que se la vendió a los Kirchner en 2010 en 250.000.- dólares. La defensa de CFK dice que esa era la cotización en 2010, que se registró a ese valor en los libros sociales, se pagó en cuotas y se escrituró. Los tasadores indicaron que la casa era todavía más cara. “El objetivo –dicen las defensas– es poner todo en sospecha”. De todas maneras, no parecen haber diferencias significativas.

7 ¿Cómo se hicieron las transacciones?

Según afirman las defensas, todo estuvo siempre bancarizado y oficializado. Las compras o construcciones de propiedades, en los registros correspondientes y ante escribano. Los alquileres, con contratos declarados en la AFIP, pagados los impuestos, y los alquileres cobrados con cheque y bancarizados. 

Durante la semana que pasó, el juzgado difundió versiones tremendistas de que tal o cual imputado declaró que depositó cheques por orden de Báez. Es que esa era la mecánica, el pago de los alquileres con cheques, orden de Báez o de Cristóbal López o de los inquilinos que fueran. 

Beraldi sostiene que “el estudio contable que ordenó Bonadio demuestra que toda la actividad fue en el sentido contrario de un lavado de dinero. Nada fue clandestino. Las compras de inmuebles figuran en las actas de directorio. Las facturas por los alquileres motivaron no sólo pagos de IVA sino retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de los inquilinos. Incluso si faltara alguna factura, como siempre se pagó o se cobró con cheque, es perfectamente trazable el dinero”.

8 ¿Qué declararon los hijos de Lázaro Báez?

Entre las versiones tremendistas que se hacen circular se difunde que los hijos de Báez –Leandro, Martín y Luciana– complicaron al padre diciendo que ellos depositaban o firmaban cheques, siempre bajo las directivas de su padre. 

Es publico y notorio que hay diferencias dentro de la familia, pero Lázaro Báez confirmará punto por punto lo que dijeron sus hijos. Cuando vaya a declarar el viernes, dirá lo mismo: que él conducía la empresa y que fue él quien concretaba las operaciones de sus empresas. Reiterará también que tenía 4.000 empleados para hacer las obras y que alquilaba propiedades para alojar a los cargos jerárquicos. 

Un detalle de cierta importancia es que los hijos reiteraron que Lázaro era amigo de Néstor Kirchner, pero que no tenía buen vínculo con CFK. Todo lo que acreditaron es que el constructor estuvo una vez en Olivos. 

Tampoco tuvieron relación con Máximo. Uno de los hijos declaró que una vez jugó con el hijo de los presidentes al fútbol y mencionaron que a Romina Mercado, la titular de Los Sauces, se la cruzaban en Río Gallegos pero que no tenían amistad: “es una ciudad chica, nos conocemos todos”. A Florencia no la conoce ninguno de los Báez. 

9¿Hay irregularidades en la causa Los Sauces?

Las irregularidades parten desde el principio, empezando por el hecho de que es una causa-colectora, con el mismo objeto procesal que Hotesur. Un juez –Bonadio– expulsado del expediente original se mete por la puerta de atrás armando otro expediente sobre lo mismo. 

Pero Bonadio protagoniza otras invasiones. Como se ve en la imputación transcripta al principio, el magistrado sostiene que los alquileres son una especie de coima por la obra pública, con lo que dá por supuestamente probado que hubo irregularidades en la obra pública. Sin embargo, esa investigación está en manos de otro juez, Julián Ercolini. De manera que el objeto procesal con el que se mete Bonadio invade el expediente que tiene Ercolini. 

En paralelo, Bonadio también dice que los alquileres a Los Sauces son pagos por las licencias de juego que se le concedieron a Cristóbal López. Sin embargo, ya hubo una causa sobre ese tema, en especial la extensión de la concesión de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Quien instruyó ese expediente fue Ercolini y sobreseyó a López, con el visto bueno de la fiscalía. 

Y el mismo mecanismo aparece respecto de las concesiones de áreas petroleras. También hubo un expediente que terminó tramitándose en el Sur. Cristóbal López igualmente fue sobreseído en esa causa. 

De manera que Bonadio armó una causa replicada, se mete con la causa de la obra pública y con dos causas en las que ya hay fallos. 

10 Es la política, estúpido.

La causa Los Sauces es una exhibición de cómo juega hoy el bloque político-judicial-mediático con sede en Comodoro Py. No importan ni las causas duplicadas ni la invasión en otros expedientes ni las pericias que no son pericias porque no participan las partes. 

Y, como siempre, se utiliza la cuestionada figura de la asociación ilícita, aquella consagrada en la pelea contra los sindicatos: el delito era ser parte de la organización gremial, no cometer un delito. 

Con esa óptica, la causa Los Sauces –armada e ilegal– funciona al ritmo de la política. Es obvio que Bonadio procesará a todos, como ya lo hizo en la causa dólar-futuro. Y la sensación que queda es que en la medida en que continúen las dificultades económicas o los escándalos como el del Correo o las transferencias de Gustavo Arribas, más se utilizarán estos expedientes para la batalla política. 

Bonadio le dijo a algún comunicador, en off the record, que no detendrá a CFK. Lo indudable es que puso las bases para hacerlo, con una acusación descabellada como jefa de una asociación ilícita. Es la fórmula comodín, utilizada para reprimir, antes a los sindicatos y ahora a lo que el bloque político-mediático-judicial llama “los gobiernos populistas”.