La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió fue denunciada por sus múltiples viajes al exterior. La presentación señala que “resultan inconsistentes respecto de sus ingresos como legisladora nacional”. Además se solicitó indagar sus vínculos con la empresa chaqueña Amarilla Gas, su falta de transparencia fiscal y presuntas irregularidades en la compra de una chacra en un barrio cerrado de Capilla del Señor. 

La presentación original fue realizada en noviembre de 2016 por el abogado,  que la amplió la semana pasada. Le imputó a Carrió los presuntos delitos de dádivas, evasión fiscal, peculado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Según la denuncia, la legisladora pasó 103 días en el exterior entre febrero de 2013 y mayo de 2015 y siempre habría viajado a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitzky. Lilita y Lili incluso habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. La presentación judicial no descarta que la líder de la CC sea “socia no declarada” de la empresa.

Lili es hija de Herman Miedvietzky, fundador del poderoso grupo empresario chaqueño Amarilla Gas, que maneja el negocio de las garrafas de gas licuado en gran parte del Litoral y posee 17 plantas en 7 provincias. La denuncia de Valdez se basa en publicaciones periodísticas para sostener que Carrió realizó tareas de lobby al interior del gobierno de Cambiemos para que Amarilla Gas sea concesionaria de las redes de distribución del Gasoducto del Nordeste Argentino, que se encuentra en plena ejecución. En el escrito se vincula la gestión a favor de la empresa con la denuncia penal hecha por la diputada en noviembre pasado contra funcionarios del Ministerio de Energía por conflictos de interés.

El pedido de investigación a Carrió también menciona la compra en 2012 de un lote de más de 4 mil metros cuadrados en el Club de Campo Chacras de la Cruz, de Capilla del Señor, donde la legisladora construyó una vivienda que el abogado denunciante valúa en 400 mil dólares. Según afirma Valdez, los ingresos declarados de la diputada (478.453 pesos brutos en 2012) no permiten justificar la adquisición de ese terreno. Además, se detalla que Carrió declaró una deuda de 258.983 pesos y un pasivo de 124.137 pesos con la empresa Urbaland Argentina SA, a la que le compró ese lote, pero la compañía nunca registró esa deuda como crédito.

Entre otros cuestionamientos, la denuncia señala la “escasa transparencia impositiva” de la líder de la Coalición Cívica por no haber presentado su Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias en 2012 y 2013. En 2014 Carrió sí presentó su declaración e informó sobre dos deudas del período fiscal anterior con dos personas físicas: Facundo Del Gaiso, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, y Maximiliano Ferraro, legislador porteño por la CC-ARI. La particularidad es que el primero declaró “0” en el rubro créditos en su declaración de 2013 y el segundo no tiene presentaciones de declaraciones juradas. “Las dos deudas declaradas resultan ser, al menos presumiblemente, ficticias”, se afirmó.

La presentación judicial menciona  supuestas maniobras de tráfico de influencias de Lilita para desactivar causas judiciales por narcotráfico presuntamente abiertas contra su hijo en México –algo desmentido por la CC– e irregularidades en los manejos del Instituto Hannah Arendt,  que señala como su “fuente de financiamiento”. En la denuncia se afirma que la diputada usa una tarjeta de crédito cuya titularidad es de esa entidad y se habla de un “descuento no oficial” de 25% del sueldo de sus colaboradores en el Congreso, que deben destinar ese dinero al Instituto.