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El Reino Unido activó hoy el periodo de dos años para negociar con Bruselas las condiciones de salida de la Unión Europea (UE), un escueto plazo en el que debe redefinir la relación con sus vecinos más cercanos, así como su papel económico y político en la escena mundial.
Desde que el "brexit" se impuso de forma inesperada en el referéndum del pasado 23 de junio, miles de funcionarios de todos los ministerios del Reino Unido trabajan a contrarreloj para preparar unas negociaciones que el Ejecutivo ha definido como "el mayor reto" en tiempos de paz.
Londres debe acordar la factura por sus compromisos ya adquiridos con la UE, que puede ascender a unos 60.000 millones de euros, comenzar a diseñar la futura relación comercial con los 27 países del bloque comunitario y empezar a forjar nuevos vínculos internacionales fuera del paraguas europeo.
Además del complejo escenario exterior, el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, afronta tensiones internas ante la presión de los independentistas en Escocia y los republicanos en Irlanda del Norte, contrarios al "brexit".
"Hasta que veamos cuáles son los términos finales del 'brexit', no se puede predecir las consecuencias. Hay quien dice que va a ser un completo desastre para el Reino Unido, pero quizás no sea así", dijo a Efe Thomas Lundberg, politólogo de la Universidad de Glasgow (Escocia).
En la carta que ha enviado a la UE, May dice que quiere crear una "relación especial y profunda" con el bloque.
Antes de comenzar a negociar los vínculos futuros, sin embargo, la principal tarea sobre la mesa será destejer 44 años de integración europea.
Se abordarán los derechos de los británicos y los comunitarios a ambos lados del Canal de la Mancha, el futuro de las agencias europeas con sede en el Reino Unido y los detalles de cooperación en seguridad y fronteras, entre otros asuntos.
En una segunda fase -que May quiere hacer coincidir con el periodo de dos años, aunque el Tratado de Lisboa no lo exige-, ambos equipos comenzarán a diseñar su nueva relación bilateral.
Ese será el momento de abordar cuestiones como un acuerdo comercial, la participación del Reino Unido en programas comunitarios de investigación, el papel británico en Europol y la Orden de Detención Europea, el Tribunal de Justicia europeo (TJUE), el espacio aéreo común y los estándares de patentes.
Al término del periodo de dos años, existe la posibilidad de alargar el plazo, si hay unanimidad entre los 28 países implicados, pero también de que el Reino Unido corte sus lazos con la UE sin haber firmado acuerdo alguno.
"Que no haya acuerdo es mejor que un mal acuerdo", expresó May en su discurso en el palacete londinense de Lancaster House en enero, cuando estableció sus prioridades de cara al "brexit".
Diversos organismos han alertado sobre el trauma que supondría para la economía británica la imposición automática de aranceles a todas sus exportaciones a la UE, que representan alrededor del 45 % de sus ventas fuera de las islas.
El ministro para el "brexit", David Davis, ha asegurado que la ruptura sin acuerdo es un escenario "improbable", pero cree que el Gobierno debe contar con planes para esa eventualidad.
La primera ministra ha propuesto además a Bruselas un periodo de transición que suavice la ruptura definitiva de los lazos, un ajuste abrupto que representaría un "precipicio" para individuos y empresas a ambos lados del Canal.
May debe comenzar a pensar asimismo en sustituir los acuerdos de libre comercio de los que Londres se beneficiaba dentro de la Unión (con Corea del Sur, Suráfrica y México, entre otros) y negociar nuevos arreglos con países como China y Estados Unidos.
En paralelo a ese trabajo, Londres cuenta asimismo con un plazo de dos años para adaptar su legislación al nuevo escenario.
El primer paso en ese largo camino será anular la ley de 1972 que otorga validez a las leyes europeas en el Reino Unido y absorber al mismo tiempo en el cuerpo legal británico todas las disposiciones que la UE ha ido aprobando en las últimas cuatro décadas.
Esa tarea se hará en una única ley, bautizada como la Great Repeal Bill (ley de la Gran Abrogación), que el Gobierno espera tener aprobada a principios de 2018.
Serán necesario, además, enmendar "miles de páginas" de legislación para adaptarlas a las características específicas del Reino Unido, ha señalado el Ministerio del "brexit", una tarea que según los expertos ocupará gran parte del tiempo parlamentario de los próximos dos años.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo deberá negociar con las autonomías -Irlanda del norte y Escocia, principalmente- qué competencias devueltas desde Bruselas se quedarán en Londres y cuáles se transferirán a las cámaras regionales, un rompecabezas que anticipa nuevos roces en la política interna.
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