El secretario general de la Organización de Estados Americanos, (OEA), Luis Almagro, invocó la Carta Democrática del organismo contra Venezuela si este no llama a elecciones generales, lo que podría desembocar en la suspensión del país caribeño del organismo y la anulación de cualquier ayuda económica para cercar al Gobierno. 

La aplicación de la Carta debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la organización. Según los artículos 3 y 4, el documento se aplicaría si en un país se pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder por elección popular, la separación de poderes públicos, entre otros.

El informe elaborado por Almagro es una actualización del primer reporte presentado el 30 de mayo de 2016 y expone una serie de supuestos factores que provocan en Venezuela una "alteración del orden constitucional" en detrimento de la democracia en el país. 

¿La polarización es un motivo para llamar a un referendo revocatorio?

El secretario general de la OEA argumentó en el informe que la solución para un sistema político polarizado es un referendo revocatorio y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de "obstaculizar los procesos de validación de firmas" llevados a cabo por la oposición venezolana en 2016. 

Almagro instó a realizar elecciones generales en 30 días porque "se están violentando los derechos de los venezolanos", sin embargo, "esta es una visión muy forzada de la realidad", explicó el analista político e investigador de Misión Verdad, Bruno Sgarzini. 

Sgarzini recordó que existe un periodo constitucionalmente establecido que va desde la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en 2013 hasta las elecciones presidenciales programadas para el año 2018. 

"Los argumentos del informe de Almagro no tienen validez científica porque utilizan datos de ONGs que están financiadas por el Departamento de Estado de EE.UU.", como la organización sin fines de lucro Freedom House cuya sede está en Washington y es el brazo derecho del Departamento de Estado. 

El 31 de enero esta organización declaró a Venezuela como un país "no libre", donde existe una dictadura que viola todas las convenciones internacionales y se restringen los derechos de manera generalizada. 

Freedom House fue una de las principales agencias intelectuales y propagandísticas que utilizó Estados Unidos para la creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y defiende la dictadura de las corporaciones en todo el mundo.

Las sanciones financieras e intervenciones en varios países por parte de EE.UU. tienen como referencia las calificaciones emitidas mediante los informes de Freedom House. La organización recibe un 80 por ciento de su financiamiento del Departamento de Estado de EE.UU. y de la  Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés).

¿Cómo y cuándo se puede invocar la Carta Democrática Interamericana?

"La Carta establece que cuando un país sufre la ruptura constitucional democrática, esta nación pide a la OEA que se aplique el mecanismo, no a través del secretario general porque no está contemplado que este actúe", explicó el experto argentino Bruno Sgarzini y añadió: "Es la primera vez que un secretario general hace un informe sin pedido de un Estado afectado". 

A pesar de que la Carta Democrática Interamericana menciona como uno de los propósitos primordiales de la OEA la consolidación de "la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención", el informe de Almagro presentado el 14 de marzo de 2017 utiliza como fuente a la ONG International Crisis Group, financiada por la empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil.

Son notables entonces los intereses de grandes corporaciones en intervenir Venezuela, dado que el modelo económico, político y social implementado desde la llegada del presidente Hugo Chávez son contrarios a los suyos.

¿Qué es la Carta Democrática?

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre en Perú por 34 Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Estados miembros asumieron la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los 27 artículos que contempla la misiva. 

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El documento concede facultades a la OEA y a los miembros de la organización para determinar si existe ruptura del orden democrático en un país y de comprobarse, se convoca al Consejo Permanente para examinar el caso. 

Este documento tiene fuerza vinculante como la declaración universal de los derechos humanos y cuando el país sancionado supera la situación política, cualquier Estado miembro podrá proponer el levantamiento de la misma.