CARACAS.—Venezuela repudia la arremetida de la derecha internacional contra el Estado de Derecho y el orden constitucional de la patria, estrategia impulsada desde Estados Unidos y una coalición de gobiernos en el continente, junto con sectores de oposición que promueven una intervención en el país.

Un comunicado difundido por la Cancillería de la nación aclaró que es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República».

Aún no han procesado la derrota de hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA), del plan que intentó imponer su secretario general, Luis Almagro, en franca violación a la legalidad internacional y nacional, agregó la comunicación.

Han desatado, apuntó el texto, una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos.

El documento, replicado por AVN, señaló que el gobierno bolivariano considera «absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos».

Además es inmoral la operación de desestabilización sin precedentes que han desatado contra Venezuela, su Revolución y su pueblo.

Asimismo, acusó a gobiernos que violan los derechos humanos, reprimen violentamente a la disidencia política, ejecutan golpes de Estado, torturan y asesinan, y promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza, de intentar «condenar a Venezuela, acompañados de poderosas transnacionales de la comunicación».

A propósito de ello, el gobierno bolivariano anunció que ejercerá acciones políticas y diplomáticas establecidas por el derecho internacional y el orden jurídico venezolano, para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en el país.

Por su parte, la derecha nacional activó una nueva faceta de su plan de golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro con el inicio de una campaña —con apoyo internacional— que pretende justificar la desobediencia al ordenamiento jurídico y a los poderes públicos.

Uno de los pilares de esta nueva arremetida es el desconocimiento de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que esta semana emitió dos sentencias que definen los límites de la inmunidad parlamentaria y las condiciones del ejercicio de la función legislativa mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato.

El relato de la supuesta «ruptura del orden constitucional» promovido por parlamentarios de la llamada Mesa de la Unidad es replicado por medios privados, nacionales e internacionales, y está alineado con el pronunciamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y con lo anunciado este viernes por el opositor Julio Borges, quien introdujo un recurso de acción penal ante la Fiscalía General de la República contra magistrados del tribunal.

A esa maniobra se suma una agenda de acciones para «darle energía a la calle», expresó Borges, quien cuestionó el papel del Estado en la preservación de la paz con llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a desconocer su papel en defensa del orden constitucional