¿Cómo afirmar que un Estado tiene una situación de alteración del orden democrático, violando la institucionalidad de la propia organización que declara esa condición? Así lo hizo la OEA el pasado 3 de abril de cara a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Hubo un arranque de enajenación, obsesión, aberración o de locura? Nada de eso.
Fue en pleno estado de conciencia. Como sabemos, la Organización de Estados Americanos, mediante una reunión de su Consejo Permanente, dictaminó ese escenario, el mismo que intentó instalar en mayo del 2016 y a finales de ese propio año. En el primer proyecto, solo Paraguay se identificó con esa posición y en el segundo el Vaticano recomendó continuar con la mesa del diálogo entre gobierno y oposición.
Ahora Bolivia, no en condición de aliado de Venezuela, sino investida de la autoridad que le otorga la presidencia pro tempore de ese Consejo, fue desconocida violándose la institucionalidad del organismo en la letra del artículo 6 del Reglamento de ese órgano del bloque, donde se lee: «En caso de ausencia temporal o de impedimento del Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente y, en caso de ausencia temporal o de impedimento de ambos, ejercerá la presidencia el representante titular más antiguo».
Ni uno ni otro estaban ausentes. La presidencia del Consejo lo que hizo fue suspender la sesión del Consejo por considerarla inconsulta, pero así y todo se dio, bajo la tutela de Honduras por corresponder a la tercera acepción del articulado. Así actúa, no importa si altera o no el orden, si hay o no democracia, si se cumple o no lo legislado.
A la OEA y a una poderosa y orquestada maquinaria de medios de comunicación, les cuesta reconocer que en abril del 2002 hubo un golpe de Estado, en Venezuela; que fue golpe lo del 2008 en Bolivia, con la insurgencia de cuatro gobernadores contra el presidente Evo Morales; que lo mismo ocurrió en el 2009 en la Honduras de Manuel Zelaya; que en el 2010 los policías y militares atentaron contra Rafael Correa, en Ecuador; que en el 2012 la sustitución por el congreso de Fernando Lugo, en Paraguay, fue un golpe parlamentario como el de Dilma Rouseff, en Brasil. Sin embargo, que en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia asuma las funciones de un Parlamento en desacato –ojo no es disolver la Asamblea Nacional–, enseguida explotó en televisoras, agencias, internet y en donde quiera que se anuncie algo, como golpe de Estado. Y la «salvadora» OEA corre, dándose ella misma un golpe institucional –puede calificar también como de Estado–, a declarar alteración democrática en ese país. La verdad, incluso hasta dándole el beneficio de la duda, es poco serio y nada creíble.
Después de casi 70 años su historia sigue siendo vergonzosa. Acerquémonos a ella, pero con cuidado porque es infecciosa.
En la conferencia de San Francisco (abril de 1945), en la cual se funda la ONU, la diplomacia norteamericana, apoyada por los países latinoamericanos, defendió la «autonomía» para el Sistema Interamericano –nacido un mes antes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en Chapultepec–, y logró que en el artículo 51 de la Carta de la organización mundial se preservara la solución de controversias mediante métodos y sistemas «americanos».
La Conferencia Panamericana de Río de Janeiro (agosto-1947) aprobó una resolución que dio origen a la herramienta que daría vida a la cláusula de permisividad arrancada a la ONU: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que reafirmaba el principio de «solidaridad» continental esgrimido por Washington, en función de enfrentar cualquier situación que pusiera en peligro «su paz» en América y adoptar las medidas necesarias, incluida el uso de la fuerza. Con el TIAR se impuso la voluntad yanki en el continente, constituyendo una amenaza permanente para la soberanía de los países latinoamericanos.
Luego, en mayo de 1948, la Conferencia Internacional Americana de Bogotá dio vida a la OEA, con el sanguinario prólogo del asesinato del líder liberal colombiano Jorge E. Gaitán, de gran arraigo popular, lo que motivó una gran insurrección conocida como el Bogotazo, brutalmente reprimida y que sirvió para manipular el curso y los resultados de la Conferencia, al promover EE.UU. la amenaza que significaban para la democracia el «auge» de la Unión Soviética y el comunismo, al que culpaban por las muertes del Bogotazo.
Desde entonces, su retórica relativa a los postulados sobre independencia y soberanía de las naciones y los derechos del hombre y de los pueblos, son letra muerta.
En 1954, Guatemala fue invadida por tropas mercenarias organizadas por la CIA, que derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz. La OEA se había prestado antes para aprobar una resolución que introducía la variante de intervención colectiva regional, en expresa violación de su propia Carta y la de la ONU.
El apoyo a la invasión de Playa Girón en 1961, las acciones que desplegó en el orden político-diplomático para aislar a Cuba, que concluyeron con su expulsión en enero de 1962 y la ruptura de relaciones diplomáticas de los países de la región con la isla caribeña, significaron un nivel de ensañamiento tal, que puso más en entredicho a la organización.
Estados Unidos hizo desembarcar a sus marines en Santo Domingo en abril de 1965 para impedir la victoria del movimiento popular constitucionalista. La OEA envió a esa capital a su secretario general, el uruguayo José A. Mora, con el aparente propósito de obtener una tregua, mientras dilataba una decisión para facilitar que las fuerzas militares yankis tomaran el control. Luego de múltiples gestiones, EE.UU. logró por el estrecho margen de un voto la aprobación de una resolución que dispuso la creación de una Fuerza Interamericana de Paz, produciéndose, por primera vez bajo el sello de la OEA, una intervención colectiva en un país del área.
Marzo de 1982 trajo la intervención británica que inició la Guerra de las Malvinas, la primera agresión de una potencia extra continental a un país del Sistema Interamericano, lo que, según el TIAR, debía convocar la solidaridad continental con el agredido. ¿Y... ? EE.UU., apoyó política y militarmente a Gran Bretaña e impuso sanciones económicas contra Argentina. ¿Y la OEA qué? Demoró su reacción, adoptó una tibia resolución llamando al cese del conflicto y solo un mes más tarde condenó el ataque armado e instó a que se levantaran las medidas aplicadas a Argentina.
En octubre de 1983 un golpe militar derrocó al primer ministro granadino, Maurice Bishop, quien murió asesinado a manos de los golpistas. A Granada también EE.UU. envió una fuerza invasora de 1 900 infantes de marina. El principio de no intervención volvía a carecer de validez. En la OEA, la mayoría aprobó esa acción como «medida preventiva», mientras otros la rechazaron.
Calló ante la muerte de Salvador Allende, ante el asesinato y desaparición forzosa de decenas de miles de sudamericanos durante la tenebrosa Operación Cóndor. No promovió la paz en Centroamérica en los años 80, en un conflicto que cobró cerca de 100 000 vidas humanas. No respaldó las investigaciones para esclarecer la sospechosa muerte del general Torrijos en Panamá.
Justo el 11 de septiembre del 2001, cuando se desplomaban las torres gemelas en Nueva York, se promulgó la Carta Democrática Interamericana, la cual estableció las reglas que estaban obligados a seguir los países para ser miembros del bloque. Antes no se podía ser marxista-leninista; ahora había que adoptar como requisito la democracia representativa burguesa y el «Dios Mercado».
Es esa Carta la que se quiere aplicar hoy a Venezuela, la misma que desde la Revolución de Chávez ha llevado a cabo 22 procesos electorales y que arrancó esta declaración que no es del chavismo ni del ALBA: «Tomando en cuenta las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor en el mundo», dijo el expresidente estadounidense James Carter. Para la aplicación del citado documento ni hay nada de enajenación, obsesión, aberración o de locura. La OEA y su secretario general Luis Almagro, cumplen la magra misión para lo cual fue creada esa institución. Un artículo aparecido el 30 de marzo, cuatro días antes de la reunión del 3 de abril, desenmascara al excanciller uruguayo y al organismo que dirige. Lo escribió la periodista argentina Telma Luzzani, en Tiempoar.com.
«Existe un gravísimo señalamiento contra el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lo involucra en una operación comando planificada por el Pentágono contra el gobierno de Venezuela. El dato se encuentra en un documento titulado Venezuela Freedom 2, con fecha del 25 de febrero del 2015 y está firmado por el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd. Cabe destacar que Estados Unidos nunca cuestionó su autenticidad ni el acuerdo entre el Pentágono y Almagro», relata Telma.
«Consta de 12 puntos y plantea entre otras cosas un enfoque de cerco y asfixia contra el gobierno de Nicolás Maduro y, en el plano político interno, insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia», se lee en el artículo.
El punto octavo es el que involucra directamente a Almagro. «En el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA», reza el texto.
Eso explica, abunda la colega Telma, el afán con que Almagro se ha abocado desde el comienzo de su cargo en la OEA a derribar el gobierno de Maduro. «Almagro condena a diario la prisión del venezolano Leopoldo López (quien, como dice el politólogo Atilio Borón, si hubiera realizado los mismos actos en EE.UU. no tendría apenas 13 años de prisión, sino probablemente cadena perpetua) pero no dice una palabra sobre los asesinatos a líderes sociales en Colombia, ni de los crímenes diarios en Honduras o México, ni de las denuncias de persecución que elevan organizaciones sociales y de izquierda contra el gobierno de Horacio Cartes en Paraguay», afirma la periodista.
Hugo Chávez diría, como aseguró en la sala de la Asamblea General de la ONU, esto huele a azufre.