Tras la resolución de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del "2 x 1" a los condenados por delitos de lesa humanidad, los abogados de Madres de Plaza de Mayo adelantaron que pedirán el juicio político contra los tres jueces que firmaron el fallo que "abre la puerta para la impunidad de los genocidas".
(Imagen: Télam)
Tras la resolución de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del "2 x 1" a los condenados por delitos de lesa humanidad, la titular de la Asociación de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que "el fallo no es nada más y nada menos que un indulto encubierto". Durante la habitual ronda de los jueves, las Madres estuvieron acompañadas por los abogados Eduardo Barcesat, Juan Manuel Morente, Carlos Rosanzki y Pablo Llonto quienes coincidieron en la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana, que sesionará en el país entre el 22 y 26 de mayo, y exigieron el inicio de un juicio político, por mal desempeño, contra los tres jueces que votaron a favor de otorgar el beneficio a los genocidas.
"El fallo de la Corte es uno de los instrumentos por los cuales el macrismo y el radicalismo quieren largar a todos los genocidas. Lo vienen haciendo desde que asumieron, con políticas de vaciamiento de los organismos que investigaban a los represores", denunció Pablo Llonto, quien recordó que las Madres habían señalado a Mauricio Macri como "el enemigo", en el acampe que realizaron el día de la asunción del actual mandatario.
"Hubo otros fallos judiciales, pero este ha sido el puñal más duro. No hay que olvidar los nombres de los tres jueces que dieron el voto al '2 x 1' para repudiarlos de por vida", pidió Llonto antes de señalar que los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti "son quienes Macri quizo meter por la ventana (con un decreto presidencial) a pocas semanas de asumir" y que "vienen de la mano del Grupo Clarín". Sobre la jueza Elena Highton de Nolasco advirtió que "el Gobierno negoció no apelar la resolución" que le permitirá continuar integrando el tribunal supremo a pesar de cumplir 75 años en diciembre, sembrando la duda acerca de un canje de favores.
Llonto aseguró que el fallo "no hará retroceder" a los organismos de derechos humanos y anticipó que desde mañana en Santa Fe habrá un encuentro de abogados de derechos humanos para analizar los pasos a seguir. "Tomaremos todas las medidas desde el pedido de juicio político a la denuncia penal, y la presentación ante la CIDH".
Por su parte, Barcesat ratificó la iniciativa de solicitar el juicio político por mal desempeño contra Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz y aseguró que se trató de una "complicidad de clase". Además, anticipó una presentación ante la CIDH, a pesar de que la Corte Suprema emitió una acordada en febrero en la que sostiene que las sentencias del tribunal interamericano no son vinculantes ante decisiones del máximo tribunal.
"La denuncia hay que hacerla igual, porque si no no hubiésemos presentado hábeas corpus durante la dictadura militar. El deber es hacerlo por el compromiso como abogados de derechos humanos. Todo lo que signifique denunciar la bajeza moral en la que ha incurrido la Corte lo vamos a decir y hacer", aseguró.
Para criticar el fallo de mayoría, Barcesat se detuvo en uno de los argumentos utilizados en los fallos de minoría —Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— respecto del "delito continuo". "Cuando se trata de desaparición forzada de personas estamos ante un delito continuo porque ninguno de los compañeros, compañeras, hijos y nietos han aparecido y, por lo tanto, no puede haber ni prescripción ni beneficio para aquellos que fueron parte de la maquinaria de la muerte".
Hebe tomó el micrófono para cerrar la conferencia de prensa, convocada en la víspera tras la difusión del fallo de la Corte, y reivindicó las políticas de derechos humanos llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Estoy cada vez más segura que es al pedo hacer nada si no tenemos un gobierno como el de Néstor y Cristina. El resto de los gobiernos han servido para poner perdones. Lo que tenemos que tener es un buen gobierno. Tenemos que saber elegir, no nos tenemos que volver a equivocar".
Apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri mostró hasta dónde estaba dispuesto a forzar la institucionalidad democrática. Designó por decreto a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Dos delegados del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado que aceptaron presurosos el honor. El escándalo fue tal que tuvo que hacer que respetaba el decreto 222 y envió los nombres de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Senado.
El vicio de origen de sus postulaciones no fue obstáculo ni para ellos ni para los senadores radicales, peronistas y parte del Frente para la Victoria que los convirtieron en supremos.
Pasado más de un año, queda claro el plan sistemático que empezó con ese avasallamiento inaugural. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se permitió decir que “es un error apuntar al Gobierno por una decisión de la Corte”.
“Eso fue hace dos años”, había dicho Avruj cuando le recordaron que Macri se ufanaba y repetía: “Se va a acabar con el curro de los derechos humanos”, como si fuese una cuestión de tiempo el bastardeo de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Con la ayuda de Elena Highton de Nolasco, quien no dudó en cambiar de criterio y aplicar el 2x1 para delitos de lesa humanidad, la cabeza del Poder Judicial extremó los razonamientos y justificó un privilegio impensado para sortear las condenas.
El plan sistemático tiene un derrotero certero: en un fallo previo desconocieron el rango constitucional de los tribunales internacionales y se consagraron como palabra última de esta alambicada democracia.
Esperaron que el Episcopado retomara las banderas de la reconciliación sin justicia y que pasaran los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo y dieron el paso que imaginan final para llegar a las elecciones con la mayoría de los represores libres.
Fortunas amasadas al calor de la dictadura, la cúpula de la Iglesia cómplice junto a insistentes editoriales de La Nación forman los cimientos de una decisión que recrea un fuero especial para los represores. Actores menores como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión probaron hasta dónde se toleraba el retroceso.
El ex mayor médico del ejército Norberto Bianco, quien atendía los partos de las detenidas en Campo de Mayo durante la pasada dictadura y condenado a 14 años por el robo sistemáticos de bebés nacidos en cautiverio fue puesto en libertad este viernes, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer decidió aplicar la Ley del 2×1 (derogada en 2001) para reducir la penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, mientras otros magistrados decidieron enfrentar a la Corte.
El Tribunal Oral número cinco (TOF) que rechazó el beneficio del 2×1 para reducir su condena en el recurso presentado por el coronel retirado Héctor Salvador Girbone, condenado por entregar a una familia a un niño nacido en cautiverio y robado a sus padres desaparecidos durante la pasada dictadura.
Había presentado su recurso sólo 48 horas después del fallo de la CSJ que posibilitó la excarcelación de numerosos responsables de delitos de lesa humanidad.
Giribone entregó al niño-ahora el nieto 101, Pablo Javier Gaona Miranda, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
Ante el pedido de otro represor que solicitó el beneficio, el apropiador de niños Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en 2012, la fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, solicitó ante el TOF 6 la declaración de “inconstitucionalidad” del fallo de la CSJ que resolvió extender los beneficios de la Ley del 2×1 ( derogada en 2001) a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos y sectores políticos atribuyen esto a una acción del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien ya había señales de que propiciaría este fallo, al contar con dos jueces nuevos en la Corte, a quienes nombró por decreto casi de inmediato de asumir el poder en diciembre de 2015.
Ramos advirtió que “el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática”, y que el Ministerio Público rechazara los pedidos de excarcelación de los genocidas, considerando que si Gallo no cumpliera su condena íntegra estaría comprometida “la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
En Mendoza, el TOF 2 rechazó un pedido similar realizado por el ex comisario Norberto Mercado, detenido con prisión preventiva desde 2012 por la desaparición de 14 personas.
“No puede obviarse que la pretensión de la defensa está desprovista de un mínimo de razones sobre la pertinencia del instituto que reclama”, dijeron los jueces.
De hecho la CSJ tomó su decisión con base en el caso del represor Luis Muiña, quien actuó en secuestros, torturas y desapariciones como miembro del grupo de tareas Swat, en el hospital Posadas, que fue tomado por los militares, y que convirtieron la casa donde vivía el director en un centro de torturas.
El testimonio de una de sus víctimas, la enfermera Gladys Cuervo en televisión y otros medios produjo una verdadera conmoción aquí, al relatar las torturas a que fue sometida.
“El fallo de la Corte Suprema me dejó anonada”, dijo Gladys, y sostuvo se trata de un indulto encubierto y “un golpe terrible para la democracia y la humanidad
El argumento principal sobre el que se sostiene el fallo “Muiña” –además de otras cuestiones técnicas que no podemos desarrollar aquí– es que los derechos y garantías son iguales para todos incluso para los condenados por delitos aberrantes. “El Estado de Derecho no es aquel que comel paíste la el paísrel paísrie apartándose del ordenamiento jurídico”, dice el voto mayoritario. De acuerdo con el fallo de la Corte, el legislador no previó excepciones para la aplicación de la garantía de retroactividad de la ley más benigna y lo que no hizo el legislador no lo puede hacer el juez sin violar el principio constitucional de la división de poderes.
Las garantías constitucionales tienen como fin proteger los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la libertad. Como toda norma, su alcance depende de cómo se las interprete. El espectro hermenéutico de las garantías oscila entre aquellas interpretaciones que maximizan su potencia protectora para el individuo frente al poder punitivo y las que se limitan a salvaguardar estándares mínimos. La Corte es reacia a tratar recursos penales (la mayoría son desestimados con la sola invocación de dos artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, cuando lo hace, suele privilegiar las interpretaciones minimalistas de las garantías.
El fallo demuestra un garantismo inusitado en la Corte del que no gozan, por ejemplo, las presas emel paísrazadas o las que deben criar a sus hijos en el encierro. Ese garantismo tampoco alcanza a quienes llegan a la Corte con la esperanza de ver revisadas sus condenas porque en ellas se omitió considerar prueel paíss pertinentes o porque se les aplicó un determinado monto de pena sin fundamento alguno. Por estas razones es que la afirmación de que la ley es igual para todos se revela, en este contexto, cargada de cinismo.
Más aún cuando el reconocimiento de la aplicación ultraactiva de la regla del “2x1” beneficiará prácticamente solo a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Mi forma de pensar el derecho es contraria a todo tipo de excepción. Precisamente por ello es que no podemos dejar de señalar que durante los años en que tuvo vigencia la regla del “2x1” los responsables por delitos de lesa humanidad fueron exceptuados del alcance de la ley por las leyes de impunidad.
Tampoco puede soslayarse que respecto de los crímenes de lesa humanidad hay un interés de la comunidad internacional en que se persigan, una exigencia de justicia para cuya satisfacción no el paíssta con que haya juicio, condena y cumplimiento de la pena, sino que además dicha pena debe ser proporcional. Así lo estableció la Corte Interamericana en el “Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia” en el que señaló que para la aplicación del principio de favorabilidad (ley más benigna) “debe procurarse su armonización con el principio de proporcionalidad, de manera que no se haga ilusoria la justicia penal”.
La Corte no dicta sus fallos por orden de llegada de las causas sino que elige cuidadosa y estratégicamente el tiempo más conveniente para hacerlo. Ha sido tradicionalmente una hábil lectora de los tiempos políticos y ha sabido adaptarse a ellos casi con naturalidad. Esta decisión encaja perfectamente, si no con el espíritu de los tiempos, cuanto menos con la voluntad explícita del poder de conformar un clima cultural en el que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea revisado.
Frente a ello, es necesario que los jueces de instancias inferiores no apliquen este beneficio si con ello se puede desnaturalizar la pena aplicada y, de ese modo, tornarse ilusoria la justicia por la que tanto se ha luchado.
* Abogado penalista, docente de la Facultad de Derecho (UEL PAIS).
El FpV pidió el juicio político contra los supremos que avalaron el 2x1
"Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio", denuncian los legisladores del Frente para la Victoria-PJ en sus fundamentos.
(Imagen: Twitter)
Mientras el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, que adhirió a la marcha de mañana, solicitó el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema que avalaron la aplicación del 2x1 a los genocidas, los diputados de la alianza Cambiemos Daniel Lipovetzky y Anabella Hers, en un nuevo intento por despegar al Gobierno del escándalo, presentaron un proyecto de ley para anular la aplicación del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad y que restringe la aplicación de la ley 24.390 a los procesados que estuvieran detenidos durante la vigencia de la norma (entre 1994 y 2001).
El pedido de juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fue firmado, entre otros, por Juan Cabandié, nacido en la ESMA e hijo de desaparecidos y nieto recuperado. El proyecto, cuyas firmas encabeza el jefe del bloque, Héctor Recalde, propone, además, una ley aclaratoria que establezca que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
"Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio", denuncian los legisladores del FpV en sus fundamentos.
A su vez, el bloque Peronismo para la Victoria presentó otro proyecto elaborado junto con Abuelas de Plaza de Mayo, en el cual se ratifica que "no es aplicable" el artículo 7 de la ley 24.390 a "conductas delictivas que hayan implicado graves violaciones de los Derechos Humanos o encuadren en la categoría de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional".
En un segundo artículo la iniciativa aclara que "la disposiciones sobre prisión preventiva que surgen de la ley 24.390 son aplicables exclusivamente a casos en los que la detención preventiva ocurra o hubiera ocurrido durante la vigencia de dicha ley" y no como beneficio retroactiva como "ley más benigna" como alega el fallo dividido de la Corte Suprema.
Por su parte, el Bloque Justicialista a través de Pablo Kosiner presentó ante el máximo tribunal un recurso de nulidad "absoluta e insanable para cualquier acto que conceda libertades prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad". Kosiner pide así, a la propia Corte Suprema, que declare "inválido" lo resuelto en el fallo Muiña, que concedió el beneficio conocido como "2 x1" a un condenado por delitos de lesa humanidad.
El repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del “2 x 1” a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el que advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”. Fueron palabras del titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, que advirtió de manera directa: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su página oficial. Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. El texto difundido ayer por el Alto Comisionado advierte: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”. Además, le señala específicamente a la Corte Suprema que debe “considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.
El mensaje es que los acusados de crímenes de lesa humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de los delitos que se les endilgan. Léase, que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe.
La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad condicional. Aplicó la ley del “2 x 1” a pesar de que su sanción fue posterior a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.
La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh apunta a evitar retrocesos. Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas– hasta Sergio Massa que dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión especial en Diputados (ver página 7).
A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas, Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi. Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al país el 22 de este mes.
La presentación señala que la ley del “2 x1” por uno no estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la práctica de su juzgamiento. La aplicación de la norma ahora “se asimila a una reducción en la pena, con lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos”, advierte el escrito enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte Interamericana (“Masacre de la Rochela vs. Colombia”) “donde se trató un supuesto de aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la aplicación del marco legal respetase ‘la existencia de un principio de proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos’, bajo parámetros que ratifiquen a su vez el principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia…”. Advierte que en el fallo de la Corte podría haber responsabilidad internacional del Estado argentino porque “desnaturaliza la pena” y “porque opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables” para sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y la causa le tocó a Daniel Rafecas.
Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia conciliatoria al Estado “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Gil Domínguez dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el criterio de la Corte viola disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos, como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional) más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de derechos humanos. Mauricio Macri lo llamó “el curro de los derechos humanos” en su campaña electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un repudio generalizado tan contundente.
Imputan a los tres jueces que avalaron el 2x1 para los genocidas
El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se investigue por prevaricato a los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La denuncia penal contra los tres jueces de la Corte Suprema que avalaron el beneficio del 2x1 para represores condenados por delitos de lesa humanidad, avanza en los tribunales.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dio curso a la denuncia contra los tres jueces de la Corte que avalaron la aplicación del 2x1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Desde los tribunales informaron que Marijuan solicitó que se investigue a los camaristas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, por el delito de prevaricato.
El dictamen del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli. Prevaricato es el delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Rafecas bajo el número 5900/2017 y apuntó contra los tres jueces que avalaron la aplicación del 2x1 para Luis Muiña, condenado a trece años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.
Llegan al Congreso varios proyectos de ley para enmendar el fallo de la Corte Suprema, que hoy no defienden ni siquiera todos sus firmantes. El gobierno y la Iglesia buscaron fidelizar el voto castrense, pero el tiro les salió por la culata y ahora buscan la manera menos gravosa de dar marcha atrás.
Jueces de la Corte incómodos en sus sillones. Los que formaron la mayoría no imaginaron las consecuencias políticas y sociales de lo que firmaron. (Imagen: Joaquín Salguero)
El intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2x1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno nacional y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme. Incluso, mientras el papa Bergoglio pronunciaba su homilía dominical desde la ventana sobre la Plaza de San Pedro, medio centenar de personas exhibieron carteles de repudio al fallo.
La ley del 2x1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional, que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, estuvieron entre los gestores del fallo. El 20 de marzo, Avruj y el asesor de Garavano, Siro de Martini, le pidieron en Washington al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista peruano Francisco Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrao, que durante su visita a la Argentina este mes recibieran a los familiares de los militares detenidos y al nuncio apostólico, quien abogaría por la llamada reconciliación. Avruj fue el primer funcionario que se pronunció en apoyo de la sentencia de la Corte. Sin embargo, también él recibió la directiva de retractarse, cosa que hizo sin preocuparse por la prolijidad. Cuando lo celebró “no tenía cabal conocimiento del fallo” dijo. Luego escribió un artículo para la agencia estatal Telam (que operó a favor del proyecto eclesiástico) en el que dijo que “es inadmisible el uso de la figura del 2x1” y que “compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”. Marcos Peña Braun, quien es el estratega electoral del gobierno, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo, quien hasta anunció un proyecto de ley del oficialismo para oponerse. Garavano dijo que el 2x1 era una ley perversa contra la que siempre se había opuesto y que su aplicación a crímenes de lesa humanidad “debería estar fuera del debate jurídico”. El ministro ni siquiera descarta hacer algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como si fuera un particular afectado por el fallo y no un miembro del Poder Ejecutivo que representa al Estado Nacional. En ese camino se va a tropezar con Sergio Tomás Massa, quien ya anunció que presentará ese recurso. Aunque se presente como opositor al gobierno, él tampoco puede ser peticionario porque no ha sido afectado ni es un defensor de los Derechos Humanos. Por eso, su suegro, Fernando Galmarini, está recurriendo a la libreta telefónica de sus tiempos en Montoneros, en procura de víctimas dispuestas a acompañar a Massa.
Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del FpV Héctor Recalde presentará un proyecto de ley aclaratoria sobre los alcances del 2x1, reivindicatorio de la soberanía popular sobre un poder contramayoritario. También circulan otros dos textos, preparados por el fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduria de crímenes de lesa humanidad, y el fiscal Pablo Parenti, que dirige la Unidad sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El ex juez y ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, dio su aprobación al proyecto de Parenti. Una vez que todos tengan estado parlamentario, se compatibilizarán en Comisiones en procura de un texto único que pueda ser aprobado por unanimidad o amplísima mayoría, como contundente mensaje político. Esa sería una salida bienvenida incluso por algunos de los jueces que formaron la mayoría, sin imaginar las consecuencias sociales y políticas de lo que firmaron.
El analista Rosendo Fraga escribió en su newsletter de la primera quincena de mayo que el 2x1 sancionado por la Corte Suprema “se convirtió en un problema político”. Según Fraga, el fallo fue inspirado por la Iglesia Católica Apostólica Romana al plantear la denominada “reconciliacion” y convocar a su asamblea plenaria “a partícipes de ambos lados del conflicto de los años setenta para escucharlos”. Y antes la misma Corte había fallado por la prisión domiciliaria para un caso de lesa humanidad. “El gobierno acompañó e impulsó ambas acciones (de la Iglesia y la Corte) percibiendo en ellas la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos. Los dos miembros del tribunal designados a propuesta de Macri, votaron los dos fallos a favor de la extensión de los beneficios de la ley penal común a estos casos”. Fraga añade que frente las críticas de las organizaciones de derechos humanos, “el gobierno decidió tomar distancia e incluso criticó el fallo a través de funcionarios relevantes (Peña y Garavano). Este retroceso, no impedirá las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos afines a ellas y puede hacer perder la adhesión electoral del voto militar, que en la segunda vuelta optó por Macri en aproximadamente 85 por ciento”.
El domingo, un nutrido grupo de personas se estacionó junto a la valla de ingreso a la Plaza de San Pedro, sobre la avenida de la Conciliación, que conmemora los tratados de Letrán de 1929 entre Benito Mussolini y el papa Pío XI, por los que la Iglesia Católica reconoció la soberanía del Reino de Italia, que a su vez le pagó una cuantiosa indemnización por las propiedades de los Estados Pontificios nacionalizadas. Forman parte del Grupo de argentinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, formado cuando Maurizio Macrì ganó las elecciones presidenciales y que se hizo presente durante su primera visita a Roma. Sus pancartas caseras decían “Argentina. Memoria, Verdad, Justicia”, “No 2x1. Nunca Más”, “No al 2x1 a los genocidas. Son 30 mil”, “Ninguna reconciliación. Prisión a los genocidas”. También había reclamos por Ni Una menos y por la libertad de Milagro Sala. Bergoglio participó en la ordenación de diez sacerdotes en la Basílica de San Pedro y concelebró la misa con el cardenal Agostino Vallini, el vicegerente Filippo Iannone, los obispos auxiliares de la diócesis de Roma, los párrocos de los nuevos curas y los superiores de los seminarios en que estudiaron. En su homilía dirigida a los fieles reunidos en la plaza, Bergoglio predicó a los nuevos sacerdotes que fueron elegidos “no para hacer carrera, sino para servis” y les aconsejó que “no hagan homilías intelectuales o elaboradas, hablen claro, hablen al corazón”, porque “la doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene 1, 2 o 3 diplomas, pero no ha aprendido a llevar la Cruz de Cristo no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote”.
Aparte de las fotos que ilustran esta nota hubo otras tomadas para el diario Clarín, que por supuesto no las publicó. En cuanto desplegaron los carteles un policía romano pidió refuerzos. Acudieron a su llamado sérpicos de inteligencia de la DIGOS. Cuando se cerró el balcón del Papa, les recomendaron que “la próxima vez” pidieran permiso previo y que les sería concedido, recomendación que tomaron muy en serio. Mañana, en adhesión a la marcha sobre la plaza de Mayo, el grupo de argentinos se congregará frente a la embajada argentina, a la vista de la basílica de Santa Maria Maggiore, que habitualmente usa el Papa.
Argentinos del grupo Memoria, Verdad, Justicia protestan contra el 2x1 en el acceso a la plaza de San Pedro
DECLARACIÓN DE ABOGADOS CONTRA EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
"Un inadmisible paso hacia la impunidad"
Desde Santa Fe
Las abogadas y abogados de juicios por crímenes de lesa humanidad que deliberaron en Santa Fe advirtieron que el fallo de la Corte Suprema de la Nación que conmutó la condena a un genocida por la ley del 2x1 es "ilegal" y "un inadmisible paso hacia la impunidad" del terrorismo de estado en la Argentina. Lo denunciarán en una audiencia que ya les concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando esté en Buenos Aires, entre el 22 y el 26 de mayo. Y anunciaron que pedirán en el Congreso el juicio político a los tres jueces de la mayoría macrista que votaron la sentencia, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Higton de Nolasco, por la causal del "mal desempeño de sus funciones".
La resolución cerró la quinta jornada nacional del colectivo Mario Bosch que reunió a más de 90 profesionales de todo el país y se conoció cuando ya se preparan para mañana, a las 18, marchas de repudio al fallo en las principales ciudades -en Rosario, en el Monumento a la Bandera y en Santa Fe, en la plaza del Soldado‑. Mientras arrecian las protestas públicas, entre ellas la del Partido Justicialista de Santa Fe que sumó su segundo "repudio" a Rosatti: el primero, por haber aceptado que Mauricio Macri lo designe por decreto en la Corte y ahora por beneficiar "a los autores de las más cruentas aberraciones violatorias de derechos humanos que conocemos en la Argentina, como el plan sistemático de exterminio y la desaparición de jóvenes y de trabajadores, torturas y apropiación de bebés, entre otras". El PJ ratificó su compromiso con "la defensa de la memoria, la verdad y la justicia y la "protección de los derechos humanos", lo que deja en falsa escuadra a su ex afiliado Rosatti.
El colectivo de abogadas y abogados dijo que el fallo de la Corte tendrá "un grave impacto" en los juicios al terrorismo de estado y debilita la "obligación" de la Argentina de "prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad". "No sólo es injusto", sino que es "ilegal", "de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad".
Por lo tanto, resolvió pedir el "juicio político" a Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti por "mal desempeño en sus funciones" y denunciar ante la CIDH "la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" en la Argentina.
Al mismo tiempo, alentó los pronunciamientos políticos en el Congreso y en las Legislatura. El jueves, la Cámara de Diputados de la provincia ya había rechazado el fallo de la Corte al votar un proyecto que impulsó el jefe del interbloque del Frente Progresista, Eduardo Di Pollina.
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