"El Bronx es la síntesis de la violencia en Colombia"

Ingrid Morris es antropóloga. Desde que era estudiante de la Universidad de los Andes ha estado interesada en la memoria de la ciudad. Sus investigaciones sobre el barrio Santa Inés –donde se ubicaba la antigua calle del Cartucho—fueron publicadas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en 2011, en el libro En un lugar llamado El Cartucho, que recoge la historia de dicho sector y en el que explica cómo se fue conformando lo que ella llama “un lugar en el que se expresa la metástasis de una enfermedad llamada conflicto armado”.

Morris ha trabajado con habitantes de la calle desde el DABS, hoy Secretaría de Integración Social, y desde varios colectivos culturales que han intentado otros abordajes para una problemática que, en la última semana, ha vuelto a cobrar notoriedad mediática por cuenta de la intervención realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá al sector conocido como el Bronx. Allí –que ya era una olla no intervenida entonces– migraron muchos de los antiguos habitantes del Cartucho tras la demolición de la última de sus calles, en 2005. Justo detrás de la iglesia del Voto Nacional, a una cuadra de la Dirección de Reclutamiento del Ejército y a dos de la Policía Judicial y del comando de la Policía Metropolitana; siete cuadras al occidente de la Presidencia de la República. En el centro estratégico de la ciudad.

A pesar de que exista una coincidencia en que dicho sector debía intervenirse, muchos piensan como Morris que no fue la manera indicada. Hoy, aproximadamente unos 5.000 habitantes de calle están regados por la ciudad, en ollas que se encuentran en sectores de Suba Rincón, Kennedy (María Paz), Usme o el Siete de Agosto (alrededor de la plaza). No hay un censo oficial de estos habitantes. “La experiencia del Cartucho demuestra la multiplicación de cartuchos y el recrudecimiento de la realidad del Bronx en la ciudad. Los medios deben comenzar a hablar de qué manera se mitiga la problemática de habitabilidad en calle, cómo están funcionando los Hogares de Paso, si tienen la capacidad para recibir la gente que se expulsó de la zona o cómo se reduce el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo funcionarán estos programas si actualmente se les ha reducido el presupuesto y de los cuatro centros creados en la pasada administración, según dicen los habitantes de calle, la actual ha considerado cerrar el centro de acogida Academia o reducir los cupos de asistencia a las personas? ¿Y cómo pretenden atender a las personas que están desplazando de sus lugares de residencia?”.

Usted conoce bien el sector, lo ha documentado y ha trabajado con habitantes de calle. ¿Cuál es su opinión de esta intervención?

La intervención en el Bronx no puede ser solo un plan de renovación urbana y debe estar acompañado de una política social desde el estado. En el Bronx no solo habitaban mafias y consumidores de estupefacientes; también convivían familias, mujeres y niños. ¿Cuál es la política social de atención a estas personas? El Bronx está controlado por paramilitares y esto debe ser un tema de preocupación nacional así como ha sido el crecimiento de estos grupos en el país. Es verdad que el Bronx era un infierno –aunque no más del que refleja una sociedad con tantos conflictos–, había torturas, casas de pique, y todo lo que se ha mediatizado estos días.

Sin embargo, también hay que hablar de que detrás, desde el plan Centro, hay un proceso de gentrificación. Hay una pretensión por valorizar el centro de la ciudad y desplazar a la gente a la periferia. Estos barrios tienen una historia que ha sido borrada. Ya ocurrió con Santa Inés (El Cartucho) y la construcción del Parque Tercer Milenio en donde incluso algunos de los arquitectos que consulté para mi libro me dijeron que podía salvarse la arquitectura patrimonial que había allí, pero la idea de la alcaldía de entonces era arrasar. Lo único que quedó en pie fue el colegio Santa Inés. La zona se desvalorizó y la tierra se recompró muy barata.

¿Cuál es la historia del Cartucho y del Bronx?

El barrio Santa Inés comenzó a partirse con la construcción de la carrera Décima en los años 50 que lo aisló de la parte oriental del centro de la ciudad. Era el barrio de la gente de clase alta a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. El Bogotazo produjo un proceso de urbanización hacia el norte de Bogotá y los habitantes tradicionales se fueron hacia allá. Ese barrio se convirtió en un receptor de miles de personas que llegaban provenientes de diversas regiones de Colombia desplazadas por la violencia, sin oportunidades. Poco a poco cambió a barrio comercial, y desde comienzos de los años setenta se concentró la actividad criminal del país allí, lo cual coincide con los albores del narcotráfico que trajo consigo la idea de hacer dinero fácil y que, en una economía deprimida como la nuestra, hizo que allí llegaran muchas personas a buscar refugio. El Bronx y el Parque de Los Mártires eran brazos alternos del Cartucho.

¿Cómo fue el proceso social tras el desalojo del Cartucho?

En esa época se crearon algunos lugares de paso, se les pagaron hoteles por seis meses. Algunos fueron sacados de Bogotá. Se trató de dar unos subsidios. En general, desde dicho desalojo han sido paños de agua tibia. La raíz del problema es mucho más profunda: los consumidores solo cambian cuando reconocen que tienen una enfermedad. Los hogares de paso para darles comida y baño sirven pero en condiciones dignas. Las mafias, que son parte del narcotráfico de Colombia, tienen redes, se mueven, no se quedan quietas. Muchas de ellas se fueron, en ese entonces, al barrio Santa fe donde compraron casas para convertirlas en ollas y prostíbulos. Otros se fueron al Bronx. Hay más de 20 ollas iguales o peores en Bogotá.

¿Por qué no ha habido una reflexión sobre los habitantes de calle más allá de lo anecdótico?

El problema humano del Bronx es un problema de todos los colombianos. ¿Qué familia no ha sido tocada por el narcotráfico en este país? En vez de satanizar a estos hombres y mujeres que viven en la calle, de señalarlos como indeseables, de evacuarlos y llevarlos al Matadero Distrital, como ocurrió en 2005, habría que pensar cuál es nuestra responsabilidad como sociedad. Hay habitantes de calle por decisión propia, que no se sienten cobijados por un sistema económico implacable; otros que son producto de familias incomprensivas; enfermos mentales, gente con baja autoestima, desplazados por la violencia, adictos, todos ellos controlados por mafias que solo mutan. Rechazarlos no es lo adecuado. Desde los años ochenta, la antropóloga María Teresa Salcedo señaló que ninguna administración desde la década de los sesenta hizo nada por ellos ni por el sector.

¿En qué ha fallado la sociedad y la intervención del estado?

Si de verdad la intervención va a trascender lo policivo deberíamos haber pensado en una inversión importante a la Subdirección de Adultez, de la cual dependen los habitantes de la calle, por parte la Secretaría de Integración Social. La intervención no puede ser “por renovación urbana”; todos los procesos de reeducación cultural y de aprendizaje se demoran. Debemos comprender que los adictos también tienen derechos, aunque cueste. Hay experiencias exitosas como las de Brasil o Uruguay al respecto, de las que podríamos aprender. Nadie entiende a los golpes y por ello el tema humano es fundamental. ¿Dónde están las casas de atención para estas personas? ¿Los adictos se pueden borrar? ¿No será mejor dejar de excluirlos y comprender que a lo mejor lo deseable es la reducción del consumo como política de ciudad? Eso implica invertir, aunque a la sociedad le duela, como lo he oído, que se le dé “plata a unos vagos y ñeros, para que sigan robándonos”.