Un caso que movió el avispero de la cooperación extranjera fue el de los aportes recibidos por la organización Súmate, que había sido artífice de la recolección de firmas para el referéndum revocatorio de 2004. Un periodista se amparó en la legislación sobre acceso a la información norteamericana y presentó un requerimiento en la CIA (espionaje externo estadounidense) para que informara si estaba subvencionando a Súmate utilizando a NED como pantalla. La CIA respondió que no podía confirmar ni negar esa información, lo que fue considerado por el chavismo como una prueba en contra de Súmate.

Los cables difundidos por WikiLeaks explicitan que Súmate se beneficiaba con la ayuda del programa Democracy, Human Rights and Labour (Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, DRL para el Departamento de Estado), que tiene por meta derivar fondos en forma flexible.

La Asamblea Nacional, con mayoría chavista, había lanzado una investigación porque sospechaba que Súmate había recibido 300.000 dólares para organizar una elección primaria para elegir candidato entre los partidos de la oposición. Según la Embajada, ese dinero había sido transferido, pero no para que los antichavistas eligieran un postulante, lo que estaba prohibido, sino para controlar el padrón electoral. La entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice, una de las figuras más prominentes de los halcones de la administración Bush, envió a los directivos de Súmate (entre ellos quien luego sería precandidata de la oposición en 2012, María Corina Machado) un salvavidas de plomo, al dar a conocer una enfática carta de solidaridad. La misiva sería refrendada cuando en junio de 2005 Bush recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca, para solaz del chavismo.

En agosto de 2006, bajo presión de la Asamblea Nacional y la Justicia, Súmate fue a la representación norteamericana a pedir una carta en la que el Departamento de Estado reconociera que los fondos habían sido devueltos. La única preocupación del encargado de Negocios norteamericano que firmó el informe a Washington era que Chávez no utilizara la carta en contra de la ONG. Lo llamativo es que el texto enviado a Washington revela que los 300.000 dólares en cuestión habían salido del Departamento (ministerio) de Salud norteamericano y no del Departamento de Estado (Cancillería).

 

La elite de poder de Venezuela había dejado sus huellas marcadas en el golpe de Estado de 2002. El 12 de abril de ese año, con el empresario Pedro Carmona como mandatario de facto y Hugo Chávez recluido en el Fuerte Tiuna, los patios generosos del presidencial Palacio Miraflores fueron escenario de una desorganizada recepción festiva.

Por allí pasaron monseñores, un prominente rabino, magnates, sindicalistas, generales, legisladores y dueños de medios, entre los que destacaron las cúpulas de los canales Radio Caracas Televisión (RCTV, Marcel Granier) y Globovisión (Guillermo Zuloaga y Alberto Ravell).

Entre abrazos, los golpistas repetían un mantra en cuanto micrófono se les cruzara: “Gracias a los medios comunicación: RCTV, Globovisión, Televén, Venevisión, CMT…”.

El canal Globovisión (para la Embajada, “un importante canal de noticias independiente”) insistía en que se había producido una “acción contundente de la sociedad democrática venezolana”.

Casi todos los medios se habían unificado los días previos al levantamiento con el lema “Ni un paso atrás”. Desplazado Chávez del poder, los canales privados pasaron de las arengas a toda hora al bloqueo informativo. El 13 de abril, mientras multitudes se congregaban en las inmediaciones del presidencial Palacio Miraflores y el Fuerte Tiuna, los canales optaron por omitir esas imágenes. Ante ello, las sedes de RCTV, Globovisión y Venevisión fueron rodeadas por chavistas que clamaban “informen la verdad” apenas se encendía una cámara. La emisora estatal Venezolana de Televisión había sido sacada del aire.

Una de las aristas más difundidas por las organizaciones periodísticas privadas horas antes del arresto de Chávez era que el mandatario venezolano había lanzado a las calles a grupos armados para reprimir a los opositores. En particular, los canales RCTV y Venevisión serían acusados más tarde de haber manipulado la famosa imagen de un tiroteo en Puente Llaguno, cerca del palacio presidencial, ocultando los disparos de francotiradores opositores. “Las bandas chavistas disparaban a mansalva contra los manifestantes”, denunciarían decenas de veces los canales privados el 11 de abril de 2002.

Al día siguiente, producido el golpe, el matutino El Nacional (según la Embajada, “liberal/opositor”, y otras veces, “independiente”), uno de los dos más importantes de Caracas, tituló “Renunció Chávez”, siguiendo la versión del Alto Mando Militar que luego se demostraría falsa.

El vespertino opositor 2001 no dejaría lugar a dudas sobre el papel de los medios en la asonada: “Cayó Chávez. Acción de las Fuerzas Armadas Nacionales, la prensa y la sociedad civil lo obligó a dejar la Presidencia”.

Venezuela ha tenido una rica tradición en la prensa gráfica, alimentada por diferentes corrientes desde principios del siglo XX y por el exilio latinoamericano que se refugió en Caracas en los setenta, pero el 2002 encontró un panorama bastante uniforme. De cara a Chávez, además de los diarios mencionados, El Universal (en términos de la Embajada, “conservador, opositor”, “de referencia” o “independiente”), Tal Cual (del exdirigente de izquierda y luego liberal y precandidato presidencial antichavista Teodoro Petkoff), El Nuevo País y El Mundo se ubicaron, en diferentes grados, en la misma senda, en tanto que Últimas Noticias y Panorama (se edita en Maracaibo y es el de mayor difusión fuera de Caracas) exhibían, según los chavistas, un comportamiento más equidistante, y según los opositores y la Embajada, más oficialista.

En el rubro audiovisual, el frente contra el Presidente que lideraban Radio Caracas Televisión y Venevisión (Grupo Cisneros, uno de los más importantes de habla hispana) era secundado por Televén (Grupo Camero, edita el periódico Quinto Día), el Canal Metropolitano de Televisión (en Caracas), Valores Educativos TV (de la Iglesia Católica), Meridiano TV (deportivo, De Armas) y Globovisión (Zuloaga, Ravell y Mezerhane, canal de noticias que transmitía en abierto solo en Caracas).

Casi todos los apellidos importantes de la estructura mediática son citados en diálogos transcriptos con funcionarios de la Embajada norteamericana que tuvieron lugar en los años siguientes a la fallida asonada de 2002. El intercambio fue fluido y emergió ante cada asunto polémico de la relación de Chávez con la prensa. Con distintos niveles de locuacidad, Andrés Mata, de El Universal; Teodoro Petkoff, de Tal Cual; Miguel Henrique Otero, de El Nacional; Marcel Granier, de RCTV; Alberto Ravell y Guillermo Zuloaga, de Globovisión; y los ejecutivos de Venevisión dieron su opinión sobre la actualidad, sugirieron acciones o demandaron ayuda. Acaso, la relación que alcanzó mayor intensidad con el Gobierno norteamericano fue la del periódico El Nacional, como evidencian cables mencionados más adelante.

Ante el dominio de los medios antichavistas, los oficialistas remaban hasta 2002 en franca minoría. Además de las entonces debilitadas señales estatales Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela e YVKE Mundial, que no estaban bajo una coordinación de comunicación pública y fueron boicoteadas los días del golpe, apenas se podían contabilizar en un registro menos crítico a la cadena radial cristiana Fe y Alegría, canales comunitarios como Catia TV y periódicos de alcance limitado.

El panorama comenzaría a cambiar después del golpe, hasta alcanzar un 22 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios llamados “públicos” (entre estatales y “comunitarios”), de acuerdo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en 2010.

Reestablecido Chávez en el Poder Ejecutivo, casi de inmediato, el 14 de mayo de 2002, fue lanzado el sitio web Aporrea.org, que con el tiempo se transformaría en una de las principales herramientas del bloque mediático oficialista.

Ese fue un germen a partir del cual Chávez se dotaría de una red de medios estatales, paraestatales o de empresarios “bolivarianos”, que en términos generales, fueron concebidos bajo la lógica de la trinchera periodística para disparar contra los adversarios.

Aun algunos de los que ven con ojos críticos a los medios privados dominantes no dejan de observar errores en el modelo chavista de medios, tales como su partidismo exacerbado, sus dificultades para encontrar un público o la exclusión de voces y actores que tampoco logran cabida en los conglomerados opositores.

A diez años de iniciado el proceso de construcción de un sistema oficialista de radio, TV, prensa y webs, las experiencias han sido variadas en términos de éxito y calidad, un análisis que excede los objetivos de este libro.

Así, el Gobierno venezolano potenció los medios estatales tradicionales como Venezolana de Televisión, Radio Nacional e YVKE Mundial, cuya incidencia era reducida antes de 2002, y creó nuevos. Entre otros: Vive (2003, cultural, UHF o TV paga), Agencia Venezolana de Noticias (2005), Telesur (2005, noticias internacionales, en sociedad con otros gobiernos latinoamericanos), TVes (Venezolana Social, emite en la señal abierta que ocupaba el privado RCTV hasta la no renovación de la licencia, en mayo de 2007), Asamblea Nacional TV (2005, UHF y cable), Ávila TV (2006, que en sus inicios fue de la Alcaldía Metropolitana) y Radio del Sur (2010, FM).

En el rubro gráfico, también hubo novedades. En 2003 fue lanzado el diario tabloide VEA (25.000 ejemplares en 2005, según la Embajada), y en 2009, el estatal Correo del Orinoco. Unas 244 radios y cuarenta canales comunitarios están registrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y decenas de periódicos y webs alimentan una red que abarca desde la militancia chavista hasta un apoyo con matices al Gobierno.

No bien comenzó a conformarse, la Embajada estadounidense observó el multimedios chavista con alarma, todo un contraste con la descripción desprovista de intención crítica de las organizaciones de prensa opositoras.

Según datos no oficiales con los que el embajador Shapiro dijo contar en mayo de 2004, el Gobierno gastaba un millón de dólares por día en su “campaña de propaganda política”. Las tácticas de Chávez mencionadas por los textos de la Embajada incluían la contratación de empresas de lobby en Estados Unidos para mejorar la imagen presidencial y polarizar a la sociedad “a través de mensajes e imágenes en los que los pobres, la clase media y los de piel oscura son buena gente y apoyan al Gobierno”, y los “ricos y ‘escuálidos’ a la oposición”. El detallado cable de Shapiro, redactado bajo el típico prisma del marketing político norteamericano, describe un plan chavista con estrategias, tácticas, mensajes, herramientas de propaganda y acciones internacionales.

 

El contraataque oficialista contra los medios opositores tampoco se limitó a la creación de una oferta afín, anécdotas como largas cadenas presidenciales o un lenguaje ofensivo hacia sus adversarios, sino que incluyó métodos que combinaron la aplicación genuina de la ley y el acoso.

En marzo de 2004, el organismo recaudador estatal Seniat reclamó a los dueños de Globovisión, RCTV, Venevisión y Televén el pago de 3,3 millones de dólares en impuestos. La ofensiva tenía cierta sutileza. Según el Estado, los canales de TV habían evadido el IVA sobre espacios propagandísticos que esas emisoras habían difundido a toda hora en apoyo al paro sindical-empresario que se había extendido entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Para los medios, se trataba de espacios gratuitos de “servicio público”, pero el Gobierno entendía que, al haber sido difundidos en los segmentos publicitarios, debían tributar.

Un hombre de RCTV se quejó ante la representación de Washington de que Chávez procuraba poner “un impuesto al pluralismo político”. Los funcionarios norteamericanos compartieron el espíritu de la queja, pero dado que el “principio de caracterización” que obliga a los medios a delimitar con precisión entre publicidad y contenidos editoriales está bastante asentado en Estados Unidos, los escribas de los cables concedieron: “algunos ejecutivos de los negocios y de los medios creen que la Seniat probablemente tiene alguna razón”.

Uno de los consultados por la Embajada fue Andrés Mata, directivo del diario más influyente de Caracas, El Universal, quien dijo que él había pagado el IVA sobre los avisos donados a los organizadores del paro, “porque es la ley”.

No obstante, el cable anteriormente citado constituye una excepción. En general, la Embajada no concedió al chavismo un ápice de razón. Las ONG IPYS y Espacio Público alimentaban “acosos” de todo tipo a los medios, como “amenazas de clausura, violencia, multas y otras”, por lo que el discurso de los cables, con el chavismo ya asentado, alcanzaría un tono a veces lúgubre:

“El aparato de medios controlado por el Estado trabaja incansablemente para embarullar, contaminar y distorsionar los puntos de vista en Venezuela, lo que mantiene a los venezolanos y la comunidad internacional sesgados y confundidos”.

Otro hito que marcó la preocupación del Departamento de Estado fue la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), sancionada en diciembre de 2004, con modificaciones posteriores que extendieron su aplicación a los contenidos de las pàginas web.

En la lógica hiperbólica de la discusión en Venezuela, los medios críticos presentaron el proyecto, que complementaba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000, como una amenaza al derecho a opinar e informar, una percepción que acompañó la Embajada.

El texto de la ley Resorte establece prescripciones bastante ambiciosas, pero también dispone sanciones severas como suspensión de la emisión o revocatoria de la licencia bajo figuras imprecisas, por ejemplo, contra “quienes promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o inciten al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa; sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Otras penas menores, como multas, les cabe a quien “difunda propaganda anónima”, o “incumpla la obligación de difundir los mensajes del Estado” o interfiera las cadenas nacionales, por ejemplo.

Los organismos reguladores fijados en el texto son un Directorio de Responsabilidad Social dominado por el Gobierno central pero integrado también por iglesias, indígenas, académicos y representantes sociales, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuerpo con todavía mayor presencia del Poder Ejecutivo. Las mencionadas disposiciones de la ley Resorte merecieron la crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Cuando el Gobierno reflotó el proyecto de la ley, en el segundo semestre de 2004, directivos de medios volvieron a concurrir a la Embajada. La cúpula de El Universal dibujó un escenario preocupante, incluidas “amenazas telefónicas”, y admitió que el diario se autocensuraba para contener supuestas represalias. En el texto que narra el encuentro, la Embajada dejó clara su percepción de que la ley Resorte era en respuesta al papel de los medios durante el golpe de Estado de 2002.

“La nueva ley de medios sería indudablemente utilizada para presionar a los medios opositores...La dirección de El Universal es sincera en sus preocupaciones acerca de las amenazas físicas, pese a lo cual es difícil decir qué tan lejos irían el Gobierno y sus militantes para silenciar a la prensa…”.

Una vez más, vuelven a aparece las ONG en la estrategia del Departamento de Estado.

“Chávez escucha poco de las reacciones internacionales a esta ley; tendremos más impacto, sin embargo, si logramos difundir nuestras opiniones en acuerdo con otros países y ONG”.

La Embajada tenía un plan, que llegaba de la mano de una de una organización norteamericana que actuaba bajo el paraguas de Usaid/Oti, la Fundación para el Desarrollo Panamericano, con el fin de “ayudar a deconstruir algo de la mitología alrededor de Chávez y su revolución”. Ese sello trabajaba con “nueve importantes organizaciones de la sociedad civil que son realmente independientes”.

Asimismo, Chávez y sus funcionarios usarían en repetidas ocasiones la amenaza de demandar sanciones a partir de la ley Resorte y otras herramientas jurídicas, aunque serían muchas menos las veces que pasarían a los hechos.

Mientras tanto, la batería del acoso que denunciaban los medios privados ante la Embajada incluía presión impositiva, trabas administrativas hasta para instalar un móvil de televisión en la vía pública, inhabilitación de edificios, agresiones físicas a periodistas, amedrentamiento por parte del grupo chavista La Piedrita, retiro de licencias, premios y castigos a través de la publicidad estatal y otras amenazas, de acuerdo a lo que transcriben decenas de cables liberados por WikiLeaks y que fueron emitidos, sobre todo, bajo la gestión del embajador William Brownfield, sucesor de Charles Shapiro. La conclusión de la Embajada es que la suma de herramientas mencionadas provocaba autocensura en los medios. Como muestra de los textos que pintan el panorama mediático según los ojos de la Embajada, estos son algunos:

Los informes sobre ataques físicos a periodistas se harían más frecuentes hacia el final de la década. Cierto es que la Embajada, a la hora de enviar a Washington encendidas alarmas, seguía midiendo con distinta vara según la pertenencia política de la víctima

La contracara de la ofensiva chavista sobre la prensa opositora sería que las críticas exacerbadas al Gobierno seguían teniendo difusión cotidiana en muchos medios varios años después la barrera cruzada en 2002, lo que incluía exabruptos como la advertencia de que el Presidente terminaría “como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo”, dicha en Globovisión, o una tira cómica del diario El Mundo en la que un personaje invitaba a matar a Chávez.

 

A comienzos de 2006, la representación norteamericana informaría otra escala en la “ofensiva” del Gobierno populista de izquierda. Dos rasgos que ya no se inscribían en las disputas retóricas o en legislaciones con aristas polémicas y consecuencias hipotéticas.

Por un lado, la delegación pondría el foco en una decisión judicial que prohibió, a instancias del Gobierno, difundir detalles de la investigación sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson que había ocurrido en noviembre de 2004 cuando investigaba diversos casos de fraude al Estado y las responsabilidades del golpe de Estado. La delegación norteamericana detectaría en esa prohibición judicial el primer caso importante de censura previa durante el “régimen de Chávez”, un extremo negado por el oficialismo.

En segundo orden, lo que para la Embajada fue “cruzar la línea roja que no había atravesado previamente”, dos periodistas, Gustavo Azócar, del estado de Tachira, e Ibéyise Pacheco, columnista de El Nacional de Caracas, fueron arrestados y liberados de inmediato, aunque al menos el primer caso revestía costados cuestionables como para inscribirlo en el rubro “libertad de expresión”, lo que no fue tenido en cuenta por la delegación norteamericana.

Azócar estaba acusado de corrupción y desvío de fondos en la gestión de un contrato publicitario con Loterías de Tachira, en tanto que Ibéyise Pacheco recibió una condena en una demanda por injurias entablada por un coronel, en 2002.

Según contó el dueño de RCTV Marcel Granier a la Embajada, Lula da Silva y Néstor Kirchner llamaron a Chávez para cuestionar las detenciones de los periodistas, en el marco de una efervescente reacción internacional. Entonces, el Presidente venezolano pidió públicamente a sus seguidores evitar demandas contra periodistas que supusieran penas de prisión, a su estilo: “Dejen ladrar a los perros”. Reflexionó al respecto la Embajada, a siete años de la asunción de Chávez en el Palacio Miraflores:

“Los arrestos no fueron nada comunes en un régimen que es hipersensible a su imagen en el exterior”

Detenciones menos efímeras sufrieron los periodistas José Rafael Ramírez y Leocenis García, del periódico económico Reporte, por una causa por extorsión a un empresario. Al igual que Pacheco y Azócar, ambos se caracterizaban por el perfil altisonante de su tarea, pero a diferencia de aquellos, pasaron años en la cárcel hasta salir en 2010.

Si bien la Embajada consideró en el momento de las detenciones de los cronistas de Reporte que había “una amplia coincidencia en que Ramírez es culpable, pero actuó solo”, argumentó que el caso procuraba “silenciar los informes de medios independientes sobre la rampante corrupción en la petrolera estatal PDVSA”.

Otro arresto generó menos inquietud en las organizaciones no gubernamentales y la Embajada. Fue el del chavista Alejandro Ramírez Saavedra, dueño de medios en Maracay, ocurrido en 2009. El empresario integraba una asociación patronal socialista y cayó preso tres años bajo la acusación de que se había apropiado de equipamiento médico destinado a hospitales públicos del estado de Aragua. El procedimiento judicial incluyó el allanamiento de sus medios. En el escueto análisis de la Embajada, se trató de una mera interna política, pese a que Ramírez Saavedra aducía, en una defensa previsible, un ataque a la libertad de prensa.

El capítulo del asesinato de periodistas, especialmente en ciudades del interior, también exhibe un sesgo en los informes que envió la Embajada en Caracas a Washington. Venezuela es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de homicidios, por lo que ha resultado difícil determinar las causas de los crímenes de pequeños empresarios o trabajadores de prensa, máxime en un ambiente en el que cada bando le otorgaba condimentos políticos a los asesinatos en virtud de la adscripción política del asesinado.

Uno de los homicidios tuvo por víctima a Joaquín Tovar Figueroa, a quien la Embajada calificó como un “editor de un periódico chavista” llamado Ahora. Tovar Figueroa fue ultimado con al menos siete disparos.

Al mes siguiente, en agosto de 2006, resultó asesinado con ocho tiros el periodista Jesús Flores Rojas, “el turco”, corresponsal del diario La Región. Entre las organizaciones que habían emitido alertas por el homicidio de Flores Rojas se encontraban la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras (que también había condenado el homicidio de Tovar Figueroa), el director de la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un tercer homicidio de un periodista referido en los despachos de la Embajada, sobre cuatro en el año, es el de Pedro Bastardo, exdirector de prensa de un municipio del estado de Sucre. IPYS informó a la Embajada, en noviembre de 2006, que Bastardo no era antichavista.

En 2008 y 2009, dos “actualizaciones sobre libertad de prensa”, que se habían hecho rutina para la Embajada, reportan otros tres homicidios. Uno de ellos, el del periodista de El Siglo, de Aragua, Nelson Álvarez, y los otros dos en el estado de Lara: el cronista y fotógrafo Jacinto López, del diario El Impulso (que pertenece a familiares del efímero presidente golpista Pedro Carmona), y su colega de Radio América Orel Sambrano, ambos ultimados por sicarios. López y Sambrano, resalta la delegación norteamericana, eran críticos del Gobierno de Chávez.

En ese mismo texto, tras citar ataques con gas lacrimógeno a las oficinas del canal opositor Globovisión, el robo a un equipo de RCTV Internacional y una agresión en la vía pública a una fotógrafa del diario El Nuevo País, entre varios hechos de similar nivel de violencia, el despacho de la Embajada aclara:

“Mientras la mayoría de los ataques han ocurrido contra periodistas opositores, no estuvieron estrictamente limitados a la prensa anti-Chávez. En el estado de Portuguesa, Rafael Finol, periodista del diario El Regional, fue disparado en la cabeza y sobrevivió. De acuerdo a Zelideth Flores, miembro de la Consejo Nacional de Periodistas, es la primera vez que hay un ataque contra un periodista oficialista en el estado de Portuguesa”.

 

La política de comunicación pública de Chávez ha tenido diversos rasgos conflictivos. En algunos casos se avanzó contra la concentración de medios en manos privadas y en otros casos se cuestionó el principio de libertad de expresión. De todas las medidas adoptadas, ninguna tuvo tanta repercusión como la caducidad de la licencia del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), que se llevó a cabo en mayo de 2007. Los cables de sobre RCTV del dossier venezolano de WikiLeaks se cuentan por decenas.

Prescindiendo del hecho clave de que la decisión de no prorrogar la licencia fue asumida en los hechos por el Presidente, lo que está alejado de los procedimientos recomendables en la regulación de medios en países con políticas de comunicación inclusivas, y de que los motivos esgrimidos parecieron aplicarse con exclusividad al canal del empresario Marcel Granier y no a otros (como al Grupo Cisneros), el Gobierno de Chávez podía exponer dos razones jurídicas elementales: la licencia en efecto se vencía, por lo que no mediaría expropiación o revocación, y RCTV había apoyado sin disimulo un golpe de Estado en 2002 y nunca había ofrecido disculpas públicas, un dato inadmisible para un medio de comunicación de una democracia desarrollada.

Los primeros indicios sobre la caducidad surgieron en la precampaña electoral de 2006, cuando el Presidente iba camino a obtener, en diciembre, una victoria demoledora frente a Manuel Rosales, con casi 63 por ciento de los votos.. “No me hagan tomar medidas drásticas”, advertía el comandante a quienes, a su entender, promovían otro golpe institucional o desconocer el resultado de las urnas.

Todos los caminos conducían a RCTV. A un año del vencimiento de la licencia, el ministro de Comunicación, William Lara, argumentaba que la emisora no cumplía con la ley Resorte para su renovación, lo que desencadenaría la reacción inmediata de gran parte del arco político y mediático opositor. El anuncio era de alto impacto. Se trataba del canal privado más antiguo de Venezuela, fundado en 1953, uno de los líderes en audiencia y facturación, con conexiones políticas y económicas con diversas capitales del mundo.

En enero de 2007, con Chávez reelecto para otro período en el Palacio Miraflores, las insinuaciones y rumores se transformaron en un anuncio explícito. “Sin guantes: Chávez dice que cerrará RCTV” fue el título del despacho enviado por la legación norteamericana. El texto atiende los argumentos del Gobierno contra RCTV:

“Marcel Granier y los contenidos editoriales y noticiosos de RCTV son indudablemente anti-Gobierno…RCTV, con otros canales privados, en efecto difundió anuncios de la oposición durante el golpe de abril de 2002…La mayoría de las cadenas privadas, incluida RCTV, rápidamente reconocieron la legitimidad del Gobierno interino de Pedro Carmona”.

A medida que el mandatario venezolano se mostraba más decidido, la reacción nacional e internacional crecía.

Los redactores de los cables norteamericanos parecían inspirados. En el despacho “A la lona: Chávez se calienta con Insulza y la Iglesia por RCTV” se narra el conflicto entre el Presidente y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (ante la dura crítica del socialista chileno, el mandatario venezolano lanzaría aquello de “el insulso señor Insulza”), y la Iglesia Católica. En pocos días, ya se habían expresado en contra de la caducidad de RCTV el Comité para la Protección de Periodistas, la Conferencia Episcopal Venezolana, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y el relator de Libertad de Expresión de la OEA. Con el tiempo, se sumarían el Senado de Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Internacional de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, la Comisión y el Parlamento europeos, el Partido Popular de España, Human Rights Watch, el presidente peruano Alan García y el Gobierno de George W. Bush.

La Embajada estaba en contacto casi permanente con el dueño del canal, quien se planteaba dar la pelea en los tribunales venezolanos e interamericanos, con el argumento de que su licencia expiraba en 2022. El Gobierno había mostrado el boletín oficial de 1987 que fijaba una fecha de caducidad exacta: 27 de mayo de 2007. La cuenta regresiva estaba en marcha.

Otra apuesta que Granier consideraba crucial para salvar su canal era convencer a países “amigos” para que presionaran al Ejecutivo venezolano, entre los que citó a España, Argentina, Brasil y Chile. La percepción de que Lula da Silva y Néstor Kirchner tenían influencia decisiva en Chávez era un tópico del pensamiento de Granier. “¿Qué puede hacer el Gobierno de Estados Unidos?”, se pregunta la Embajada. Una vez más, la estrategia explicitada pasaba por las ONG:

“...la acciones más efectivas serían sugerir a ONG de derechos humanos e instituciones académicas que se podrían interesar en el tema, trabajando para la repercusión en los medios internacionales, especialmente de Estados Unidos y de los cuatro países que Granier sugirió…”

Ya en abril, un mes antes del fin de la licencia, entre lamentos por la falta de coordinación de los partidos opositores y por la ausencia de una reacción masiva en las calles, la Embajada creía que estaba todo dicho.

La ola de críticas internacionales era la mayor que había recibido Chávez en cuanto a su relación con los medios en sus, por entonces, nueve años en el Gobierno. En un encuentro de funcionarios de las embajadas en Caracas, los representantes de Francia y España deslizaron críticas arrasadoras, con más énfasis que lo que sus respectivos Gobiernos se permitían en público. Ante ello, la Cancillería venezolana convocó a los embajadores apostados en Caracas, mientras representantes de la Asamblea Nacional viajaron a Washington a reunirse con ONG y parlamentarios.

Se acercaba la fecha de cierre y fracasaban los últimos intentos judiciales de Granier. Las calles eran escenario de marchas, mientras el Poder Ejecutivo ultimaba los detalles del lanzamiento de la señal TVes que reemplazaría a RCTV y se sumaría al ya congestionado conglomerado estatal de medios.

Con cinco décadas de experiencia en el espectáculo televisivo, RCTV jugaría su mejor carta con sus estrellas artísticas y periodísticas, dando a la pantalla un toque épico contra el cierre. Los despachos diplomáticos a Washington sobre el tema alcanzaban frecuencia diaria.

Llegaría el fin. Tras 53 años de aire, el 27 de mayo de 2007, la última emisión por señal abierta tuvo lugar en un estudio abarrotado de trabajadores de RCTV, actores, cantantes, estrellas (incluso de otros canales privados) y directivos. Con el desorden propio de la ocasión, la despedida fue entre llantos, abrazos, canciones, promesas de retorno y consignas de “libertad”. Para la Embajada, el panorama democrático de Venezuela tocaba fondo:

“Venezuela es cada vez menos una nación de leyes e instituciones y más una autocracia del pulgar de Chávez”.

La reacción en las calles, que había decepcionado a la Embajada, cobró intensidad en los días posteriores, en especial entre estudiantes universitarios, pero en cualquier caso, las marchas eran mucho menos numerosas que las que convocaba el oficialismo “contra el imperio” y “contra RCTV” por la misma fecha, que según la representación de Washington, eran de “entre 100.000 y 200.000 participantes”, lo que era atribuido a “la maquinaria política chavista”.

“La revolución no será transmitida”, se atrevió a titular la Embajada un despacho del 5 de junio de 2007, a una semana de la salida del aire de RCTV. En el texto se repasan cómo los seguidores de RCTV apelaban a las redes sociales mientras crecía la audiencia de Globovisión.

Lejos de retroceder, el Gobierno de Chávez autorizaba a la nueva señal estatal TVes a utilizar equipos de RCTV, a la vez que reclamaba a la emisora de Granier deudas impositivas.

A dos meses de su salida del aire, RCTV Internacional comenzó a emitir, con formatos más modestos, a través de sistemas de TV paga.

El proceso de revisión de licencias alcanzaría a decenas de radios en 2009, que según el Gobierno, no pagaban impuestos hacía años o estaban fuera de la ley, y según la Embajada, eran “independientes u opositoras”.

De acuerdo al director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, a quien la delegación de la Casa Blanca calificaba como “contacto cercano”, Venezuela padecía “las medidas más drásticas contra la libertad de expresión como nunca hemos visto”.

En enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó la salida del aire de RCTV Internacional, ya que el canal se resistía a emitir las cadenas nacionales obligatorias, aduciendo que gran parte de su producción tenía lugar en Miami. “¿Cuánto más silencio necesita, señor Presidente?”, preguntó Granier, poco tiempo antes de admitir “bajo protesta” que la emisora debía someterse a las leyes venezolanas. Los medios privados acompañaron la queja de Granier en todo el proceso, no bien comenzaron las primeras insinuaciones de que serían revisadas las concesiones, a excepción de dos antiguos aliados: los canales Televén y Venevisión. Este último capitalizaría a la postre el cierre de RCTV por la transferencia de audiencia y de anunciantes publicitarios, que mudaron del gigante de Granier al de Gustavo Cisneros.

Según la visión crítica de la delegación norteamericana, no se trató sólo de crear medios oficialistas o de retirar licencias a los opositores, sino de pactar con algunos de los grupos concentrados ya existentes.

Venevisión, uno de los dos canales de TV más importantes de Caracas, había sido puesto por el Gobierno en la misma bolsa que RCTV y Globovisión a la hora de denunciar el complot que derivó en el golpe de Estado de 2002. De hecho, en un editorial emitido el 12 de abril, día de la instauración del efímero Gobierno de facto dirigido por Pedro Carmona, Venevisión declaró su “orgullo de haber contribuido” a la caída del mandatario constitucional, y algunos le atribuyen a su propietario, Gustavo Cisneros, dueño del grupo, un rol crucial como estratega de la asonada.

Sin embargo, a partir del 2004, tras una instancia de mediación promovida por la ONG del expresidente norteamericano James Carter, el canal abandonó el tono militante contra Chávez y acentuó el perfil pasatista. Ello fue visto por muchos representantes del arco opositor y la Embajada como un pacto implícito o explícito con el Gobierno. Cierto o no, en mayo de 2007, cuando no fue renovada la licencia de RCTV, los canales de TV abierta Venevisión y Televén recibieron una nueva concesión, aunque no por los 25 años solicitados.

A menos de tres semanas de esa renovación, el 12 de junio de 2007, en medio de la ebullición internacional que tenía lugar por la caducidad de RCTV (que junto a Venevisón congregaba el setenta por ciento de la facturación publicitaria televisiva), la funcionaria del Departamento de Estado Deborah McCarthy y otro diplomático cenaron con los ejecutivos del Grupo Cisneros Luis Villanueva y María Antonieta Mendoza de López. Los estadounidenses querían saber de qué lado estaban.

“Tanto Villanueva como López expresaron su frustración por la percepción pública de que RCTV había caído peleando mientras que Venevisión se había vendido al Gobierno. Por el contrario, argumentaron que la campaña de RCTV contra Chávez había sido ‘irresponsable’ y que había ‘sacrificado su frecuencia por nada’ mientras que Venevisión mantiene sus reservas ‘esperando el momento adecuado’ para desafiar al Gobierno de Venezuela”.

La dupla del grupo de Cisneros destacó ante la funcionaria que la renovación de la licencia había sido sólo por cinco años, y que incluso creían que en los dos años siguientes (2007-2009), la concesión a Venevisión sería revocada (no ocurrió). Los ejecutivos resaltaron que habían actuado “de forma inteligente para hallar un modus vivendi con el Gobierno de Venezuela y mantenerse vivos y funcionando”. No obstante:

“Villanueva y López también enfatizaron que Cisneros está trabajando en silencio y personalmente fuera de Venezuela para instruir a los líderes de la amenaza del chavismo, y que había dado instrucciones a Venevisión de elevar su cobertura de las protestas estudiantiles (ndr, que protestaba por el cierre de RCTV)”.

La enviada del Departamento de Estado se despediría de los directivos de Venevisión con una sugerencia. Dice el cable de junio de 2007:

“McCarthy alentó los planes de Venevisión para volverse cada vez más directo en sus noticias y opiniones domésticas, y sugirió al Grupo Cisneros considerar actividades para crear conciencia acerca de la realidad de la Venezuela bolivariana. Resaltó la importancia de interlocutores no vinculados al Gobierno norteamericano que le hagan frente a Chávez y de personas como Gustavo Cisneros que pueden llegar a grandes audiencias”.

Tres años más tarde, representantes de Venevisión, en un encuentro en el propio canal con el nuevo embajador norteamericano Patrick Duddy, fueron más pulcros a la hora de defender la postura asumida por el Grupo Cisneros.

En la cita estaba nuevamente María Antonieta Mendoza de López junto a los número uno y dos del canal, Carlos Bardasano y Luis Emilio Gómez Godoy, quienes, sometidos al escrutinio de la Embajada, se ataron al discurso de la objetividad y el equilibrio informativo en una política tan polarizada.

Sin la competencia de RCTV, la emisora del Grupo Cisneros concentraba en 2010 el sesenta por ciento de la audiencia, según la delegación norteamericana. “Venevision brega por una cobertura objetiva y neutral”, recitaron los directivos. Incluso informaron que el canal daba a la oposición sesenta por ciento del espacio informativo contra cuarenta del oficialismo. Tan solo se quejaron de que las leyes de medios chavistas disponían demasiados espacios para mensajes del Estado, y que ello derivaba en un “estrangulamiento económico”. Es una estrategia de muerte lenta”, arriesgó uno de los hombres de Cisneros.

 

El contacto de los medios privados y los opositores con la Embajada incluiría denuncias, coordinación de acciones y pedidos de ayuda directa a la Casa Blanca, incluso financiera, de acuerdo a los despachos diplomáticos desclasificados.

Tres diputados del partido Podemos fueron recibidos con beneplácito por la Embajada, en septiembre de 2008. El antiguo jefe de la misión en Caracas Charles Shapiro ya había definido como un objetivo primordial penetrar en las bases del chavismo y dividirlo. Cuando los legisladores de Podemos Ricardo Gutiérrez, Juan José Molina e Ismael García golpearon la puerta de la delegación estadounidense, en la Embajada habrán celebrado el hecho como una “misión cumplida”, pese a que no se esperarían la osadía de sus visitantes.

Podemos se había escindido del Movimiento al Socialismo en 2002, cuando este partido histórico del centroizquierda venezolano apoyó el golpe contra Chávez. En consecuencia, Podemos pasó a formar parte del oficialismo, con cierto margen de independencia, hasta 2007, cuando rompió lanzas a raíz de que el Presidente dispuso unificar a todas las fuerzas chavistas bajo la marca Partido Socialista Unido de Venezuela. Dado que la oposición no se había presentado a las elecciones legislativas, Podemos pasó a ocupar un lugar estelar como única voz disidente en la Asamblea Nacional.

Durante la reunión con el embajador Patrick Duddy, los diputados de este grupo que se asumía como de centroizquierda agradaron a la Embajada al criticar los vínculos del Gobierno de Venezuela con Irán y Cuba, tras lo cual irrumpieron con un pedido sorpresivo:

“García puntualmente pidió que Estados Unidos, a través de la National Endowment for Democracy (ndr: entidad fundada bajo mandato del republicano Ronald Reagan en los ochenta) u otros canales del Gobierno norteamericano, podría ayudar a Podemos.. Molina y García sugirieron que el apoyo de Estados Unidos podría ser utilizado para crear una red de cable o internet para contrarrestar la clausura e intimidación a otros medios”.

La respuesta del embajador Duddy habrá dejado helados a los diputados antichavistas de Podemos que procuraban incursionar en las telecomunicaciones:

“El embajador enfatizó que Estados Unidos no interviene en Venezuela, a lo cual García respondió: ‘Sí, pero es hora de que empiece’”.

Un camino similar recorrió el dueño del diario El Nacional, aunque su caso es más comprensible dado el nexo fluido que mantenía con la legación norteamericana.

Miguel Henrique Otero, presidente y director del segundo diario de centroderecha de Caracas, y su esposa, Antonieta Jurado, se encontraron con el embajador Duddy el 19 de febrero de 2010. La pareja se quejó de la “asfixia” a la que, según dijo, El Nacional era sometido, entre otras cosas, por el bloqueo publicitario tanto estatal como privado, ratificando lo que IPYS había denunciado cuatro años antes.

Los directivos dijeron a Duddy que El Nacional sólo tenía resto económico hasta abril de 2010 (el diario se sigue editando al cierre de la edición de este libro), y deslizaron que similar panorama se le presentaba al otro gran periódico de centroderecha de Caracas, El Universal. “Globovisión ha sido derrotado ahora, nosotros somos los próximos”, dramatizaron. Descripto el escenario, Otero pasó a lo concreto, según el texto:

“Para mantener a El Nacional con vida, Otero preguntó si la Embajada conocía de fuentes de financiación privada a las que pudiera acudir en el exterior, o si ello fallaba, si el Gobierno de Estados Unidos podría ayudar. (Nota: El embajador remarcó que los inversores y las instituciones financieras de Estados Unidos estaban crecientemente inquietos por la expansión –del chavismo, ndr- en Venezuela. También remarcó que nunca había oído que el Gobierno norteamericano financiara a diarios ni siquiera, por ejemplo, durante períodos difíciles como en los tempranos ochenta del Chile de Pinochet”.

Curiosa respuesta. En rigor, documentos desclasificados prueban que la Casa Blanca sí financió al chileno El Mercurio, pero en la etapa previa a Pinochet, para desestabilizar al presidente socialista Salvador Allende.

El canal de noticias Globovisión, que se emite en abierto en Caracas, Maracaibo y Valencia, y por TV paga en la mayor parte del interior, había participado junto al resto de los canales privados de las arengas golpistas de 2002 y del bloqueo informativo que procuró ocultar la reacción popular que había desatado la detención del Presidente.

Con el canal Radio Caracas Televisión (RCTV) fuera de la cancha desde 2007, Venevisión y Televén habiendo moderado su perfil político, y con el desarrollo de una red considerable de medios oficiales o militantes, Globovisión pasó a ser la estrella del antichavismo televisivo, con un discurso frecuentemente despectivo y hasta insultante hacia los militantes chavistas y el propio mandatario.

Afirmado en el poder, el Gobierno comenzó a contarle las costillas al canal cuya propiedad era compartida por Guillermo Zuloaga, el banquero Nélson Mezharane y el director periodístico Alberto Ravell. Más de una vez, el propio Chávez advirtió sobre castigos de diverso grado.

En mayo de 2007, Globovisión había emitido un video en homenaje al canal RCTV, que estaba próximo a salir del aire, en el que el Ministerio de Poder Popular para la Comunicación y la Información creyó ver una incitación al magnicidio en virtud de la superposición de una canción de Rubén Bladez y el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Una denuncia rebuscada. Si el chavismo hubiera tenido un poco de paciencia, no le hacía falta hilar tan fino.

La delegación norteamericana seguía paso a paso el expediente Globovisión. En febrero de 2008, un texto diplomático firmado por el embajador Duddy enumeraría acciones del Poder Ejecutivo contra el canal crítico, a las que definía como “acoso”: una denuncia del ente regulador por supuesta violación de la ley de responsabilidad social de la radio y la TV, una investigación en el Congreso “por su constante campaña de desestabilización”, otra por “difamación” contra Chávez, un proyecto de consulta popular para decidir la revocatoria de la concesión y reclamos impositivos. “¿Por qué ahora?”, se pregunta el texto de la Embajada:

“A pesar de la intimidación del Presidente, la cadena mantiene su línea editorial crítica. Esto envalentonó la posición de Globovisión como único canal de noticias que sigue siendo independiente…Mientras Globovisión tiene solo el cinco por ciento del mercado, poco comparado con el 40 por ciento de RCTV antes de que fuera sacada del aire, su derecho a emitir se ha vuelto un motivo de unión de la oposición”.

“Globovisión juega con fuego. Quemados una sexta vez”, se titula el cable diplomático emitido a Washington el 15 de septiembre de 2009, poco antes de las sutilezas de Poleo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) acababa de abrir el sexto procedimiento administrativo contra Globovisión. El canal había transmitido en el programa “Buenas noches” mensajes de texto de sus televidentes que decían, según transcribió la Embajada: “Urgente: Activen las redes de información. Posible golpe. Alerta para el viernes temprano por la mañana”. “Tenemos que marchar y no abandonar la calle. Debemos derrocar al tirano de una vez por todas. Al mal paso, darle prisa”. “A quien anuncie el golpe, que no se preocupe por Chávez, está a salvo con Gadafi. En Guatire estamos todos contra Chávez, no lo dejaremos entrar al país”. “Cien máscaras antigás y trescientas personas para implementar la resistencia contra la dictadura”.

Conatel y una fiscal iniciaron actuaciones contra Globovisión que le podrían hacer perder la licencia. Una fuente de la emisora, que argumentó que los mensajes habían salido al aire sin que nadie los chequeara, confesó ante la Embajada; “Por primera vez, no sabemos cómo defendernos”. El reporte enviado a Washington por el embajador Duddy constituye toda una excepción en la matriz de análisis de los diplomáticos asentados en Caracas:

“Mientras Globovisión sólo concentra 3,9 por ciento del mercado de la TV abierta nacional, juega un papel desproporcionado en la formación de la mirada desde el exterior sobre Venezuela. Globovisión está claramente jugando con fuego emitiendo mensajes incendiarios, lo que menoscaba su credibilidad y legitimidad, y lo pone en riesgo al darle a Chávez una excusa más fuerte e irresistible para cerrar el canal”.

Un mes después, en octubre de 2008, Rafael Poleo, director del diario ultraopositor El Nuevo País y de la revista Zeta (“liberal” para la Embajada), dijo en el programa “Aló Ciudadano” (contracara del “Aló Presidente” de Chávez, que se emite por el canal estatal): “Hugo va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo”. El conductor del programa, Leopoldo Castillo, mencionó que tal expresión podía significar apología del delito, ante lo que el periodista Poleo respondió con ironía: “No, yo lo digo de manera precautelativa. Cuídate Hugo, no termines como Benito Mussolini”.

Pese a que la Embajada tomaba distancia de estos excesos, la prensa oficialista denunciaría que el Departamento de Estado coordinaba acciones con los principales dirigentes de la oposición y Alberto Ravell, directivo y accionista minoritario de Globovisión. En lo que la representación norteamericana consideró como la cobertura de un hecho “obviamente filtrado por la Inteligencia”, un cronista del canal estatal Ávila TV abordó de improviso en el aeropuerto de Maiquetia a Ravell y los dirigentes opositores Julio Borges, Luis Planas y Omar Barboza cuando regresaban de Puerto Rico. Según la versión, habían coordinado con el entonces jefe de la Embajada en Caracas, el encargado de negocios John Claufield, el plan de acción de cara al referéndum constitucional de 2009 que habilitaría la reelección indefinida, para el que contaban con tres millones de dólares. El reporte de la Embajada del 14 de enero de 2009 admite que Claufield había estado en Puerto Rico para asistir a un casamiento, pero que no había visto a los opositores.

Según la denuncia de los chavistas, Ravell había convocado por email a los opositores a Puerto Rico para encontrarse con Claufield. El directivo de Globovisión diría a la Embajada que el mail exhibido era apócrifo, y la Embajada reflexionaría:

“Que los líderes de la oposición se sientan compelidos a diseñar la estrategia fuera del país y que el Gobierno avise que está monitoreando sus actividades habla del totalitarismo rampante en Venezuela”.

La siguiente ofensiva del Gobierno sería en mayo de 2009, con un allanamiento al domicilio del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, en el que fueron registrados 24 autos importados que supuestamente formaban parte de una maniobra ilegal. De acuerdo a la explicación del empresario, los vehículos correspondían al negocio de su propia concesionaria de autos Toyota.

El episodio de los Toyota coincidió con una visita a Caracas de los relatores para la libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, y de Naciones Unidas, Frank La Rue, en la que ambos hablaron de “intimidación contra Globovisión”. La Rue se expresaría luego a favor de la ley de medios sancionada por el Gobierno argentino, ese mismo año.

Nueve meses después del allanamiento al domicilio de Zuloaga, accionista mayoritario de Globovisión, se dispuso la salida del canal del director Alberto Ravell, también propietario minoritario de la emisora.

Zuloaga y otro accionista, el banquero Nelson Mezerhane, informaron a la Embajada que la partida de Ravell se debía a presiones del Gobierno. A su vez, el directivo despedido argumentaría que su cabeza fue parte de la negociación de Zuloaga con el Palacio Miraflores en el marco de la causa de los autos Toyota.

Si hubo un pacto de Zuloaga con el Poder Ejecutivo, fue efímero. En marzo de 2010, el accionista mayoritario de Globovisión pasaría brevemente por la cárcel por una denuncia de “vilipendio” contra Chávez.

En julio siguiente, la Justicia dispuso la confiscación de los bienes de Mezerhane, incluida su participación en Globovisión, por presunto fraude cometido en el Banco Federal. El banquero solicitó asilo en Estados Unidos. En noviembre haría lo propio su socio Guillermo Zuloaga.

Tiempo antes, la Embajada reflexionaba porqué Chávez no cerraba Globovisión “teniendo el poder para hacerlo”. La repuesta que se da el texto es atendible:

“Una explicación es que el presidente Chávez disfruta de tener un blanco claro al que apuntar, y otra es que el Gobierno está usando las acusaciones y acciones contra Globovisión para restringir drásticamente las actividades de todos los medios”.