El Gobierno les ordenó a las distribuidoras de gas posponer para después de las elecciones el cobro del monto correspondiente al 50 por ciento de las facturas emitidas entre el 25 de agosto y el 31 de octubre. Esas boletas incluyen los consumos del bimestre julio-agosto, período en el que se concentra la mayor demanda anual de gas. La medida beneficia a los clientes residenciales y el único objetivo es evitar que lleguen facturas con fuertes subas en la recta final de la campaña electoral. Una vez que pasen las elecciones del 22 de octubre, los usuarios deberán afrontar el 50 por ciento que les quedó pendiente junto con el monto del próximo período, pero para entonces ya habrán votado. El costo financiero que suponga para las distribuidoras postergar pagos a transportistas y productoras de gas, a raíz de los menores ingresos que perciban, será afrontado por el Estado Nacional. 

La novedad trascendió ayer luego de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le enviara una carta al directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) donde le solicita al organismo que adopte las medidas necesarias para que las distribuidoras difieran el cobro del 50 por ciento de las boletas correspondientes al período julio-agosto y lo incluyan, sin intereses, en la primera factura emitida con posterioridad al 31 de octubre. Hoy saldrá en el Boletín Oficial un “aviso a usuarios” informando sobre la nueva directiva que Enargas le transmitió a las distribuidoras. 

Si a un hogar le tocaba pagar 1000 pesos por el consumo bimestral de gas de julio y agosto, entre fines de septiembre y octubre le va a llegar una factura de 500 pesos, que podrá pagar en dos cuotas de 250 pesos mensuales, y entre fines de octubre y noviembre le llegará otra factura de 500 pesos que también podrá pagar en dos cuotas de 250 pesos. El problema es que los 500 pesos que le lleguen a ese usuario residencial después de las elecciones legislativas se sumarán al gasto correspondiente a su próxima factura. Además, el ministro confirmó ayer en el Consejo de las Américas que luego de las elecciones habrá una nueva revisión integral de tarifas de luz y gas. “Ahí se definirá la magnitud de los aumentos dependiendo del costo de la energía”, aseguró (ver aparte). Las próximas subas se sumarán al incremento interanual de hasta un 400 por ciento que tienen que afrontar este invierno los hogares que consuman lo mismo que en igual período de 2016. 

En la carta enviada al Enargas, Aranguren justifica la medida al afirmar que “considerando la incidencia de los mayores consumos de gas característicos del período invernal en la facturación del servicio y su efecto en la economía de los hogares, se estima conveniente adoptar medidas adicionales orientadas a facilitar el pago de dichas facturas”. Sin embargo, el propio ministro había afirmado en reiteradas ocasiones que los cuadros tarifarios surgidos de la última Revisión Tarifaria Integral cumplían con los criterios de gradualidad y previsibilidad que había exigido la Corte Suprema de Justicia en su fallo de agosto del año pasado. De hecho, en una entrevista publicada el 24 de mayo PáginaI12 le recordó que muchos sectores cuestionaban el criterio de gradualidad aplicado por su administración y Aranguren, no solo defendió el cronograma oficial de quita de subsidios, sino que dejó en claro que no estaba dispuesto a cambiarlo: “¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones. Para que si el criterio arbitrario de esta administración no es el correcto venga otra administración y lo haga mejor”, aseguró.

Ahora, en cambio, se decidió modificar ese criterio de gradualidad, pero no a raíz de un fallo judicial sino por una cuestión electoral. De hecho, en la nota enviada por el ministro no se propone aplicar una nueva modalidad de cobro para los meses de invierno sino sólo posponer por única vez el pago del 50 por ciento de la factura del período julio-agosto para después de las elecciones. En Buenos Aires el invierno fue relativamente cálido comparado con el año pasado, pero en la Patagonia se soportaron intensas nevadas y en el gobierno tenían claro que a los usuarios de esa zona les iban a llegar facturas muy abultadas, justo en el mes previo a una elección que consideran clave de cara al 2019.  

La nota de Aranguren al Enargas aclara además que “de verificarse una afectación financiera por la aplicación del diferimiento arriba mencionado en los ingresos propios de las licenciatarias de los servicios de distribución y por el potencial diferimiento en los pagos de dichas distribuidoras a los productores de gas y/o a las licenciatarias de transporte, tal afectación será oportunamente evaluada y asumida por el Estado Nacional, a cuyos efectos se realizarán las gestiones presupuestarias”. Ese punto será negociado con las empresas en las próximas semanas.  

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