Tanto el fiscal general Javier De Luca como la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta presentaron sendos recursos extraordinarios contra el fallo de la Cámara de Casación Penal Federal que confirmó la condena a la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru por el episodio ocurrido en octubre de 2009 en el que otras personas arrojaron huevos contra el entonces senador y ahora gobernador de Jujuy, contador Gerardo Morales. El escandaloso fallo de la Casación ordenó al Tribunal Oral Federal de Jujuy que ampliara la condena a tres años, que es de cumplimiento condicional, al agregarle una pena por amenazas coactivas. Tanto De Luca cuanto Gómez Alcorta consideran que la sentencia parece escrita de antemano, ya que no responde a los agravios que ambos presentaron por escrito y durante la audiencia pública del mes pasado. La mañana de la audiencia el operador legal de Morales, Ricardo Gil Lavedra, caminó por el piso de Comodoro Py donde tienen su despacho los tres jueces.

El principal agravio desoído es la forma acrítica en que fue convalidada la declaración de los únicos dos testigos contra Milagro y empleados en el gobierno de Morales, René El Cochinillo Arellano y su compañera Cristina Noemí Chauque, ambos denunciados por falso testimonio. El fiscal y la defensa coinciden en que el Tribunal Oral basó su sentencia en afirmaciones de Orellano prestadas en la etapa de instrucción pero no repetidas en el debate oral, que es donde se adquieren las pruebas que luego los jueces ponderan al fallar, incluyendo las preguntas y/o réplicas de las partes. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h) afirman que la declaración de Arellano fue incorporada por lectura al debate y “en consecuencia es prueba válida”. Esto es falso, lo cual transgrede el objetivo de un juicio penal, que es la búsqueda de la verdad. Lo único que se leyó en la audiencia de diciembre de 2016 fueron cuatro líneas de una foja de la instrucción, para establecer si Cochinillo admitía o negaba haber participado del escrache, porque sus dos declaraciones eran contradictorias. Lo que no se incorporó y el Tribunal Oral tomó directamente de la instrucción es la declaración de que Graciela López estuvo en la reunión en la que Milagro habría dicho que fueran a “romper sillas, pegarle a Morales si podían llegar a él y tirar huevos”. Si el más alto tribunal penal del país puede mentir en forma tan alevosa para justificar el encarcelamiento de una dirigente social, hay pocas esperanzas en esta etapa de la vida nacional. En una situación normal, podrían depositarse expectativas en la Corte Suprema o en el Consejo de la Magistratura. Pero esta no es una situación normal y el gobierno de Pro y su aliado radical hacen y deshacen a su antojo en una justicia que se pliega sin pudor a sus operaciones políticas.

El jueves la Corte Suprema de Justicia hasta ordenó cerrar las puertas de los tribunales casi una hora antes de que se cumpliera el horario, para no recibir miles de cartas en las que personas de todo el mundo les reclamaban que se pronunciaran sobre la libertad de Milagro Sala, solicitada en dos recursos extraordinarios, que están en la Corte desde febrero. Sólo la insistencia de Eduardo Tavani, suaviter in forma fortiter in re, consiguió que se permitiera el paso a una delegación. La Procuración  General  dictaminó a favor de Milagro en abril, pero la Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos impuestos ni asumidos por voluntad propia y ostenta un mayestático desprecio por la libertad de las personas. Milagro fue privada de la suya hace un año y medio, en forma arbitraria según el grupo de trabajo de Naciones Unidas.

La semana pasada medio millar de trabajadores estatales, encabezados por el secretario general de la seccional Capital de ATE, Daniel Catalano, manifestaron frente a la sede nacional para exigir la renuncia de Ernesto Suárez, vocal del gremio y candidato de Cambiemos en Jujuy. Suárez forma parte del Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP), el microemprendimiento de Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Hugo Godoy, que se colgó de la alianza que en Jujuy encabeza Gerardo Morales. Frente a la sede nacional de ATE Catalano leyó unas líneas manuscritas por Milagro Sala desde la prisión de Alto Sufridero. “Hace rato que mantengo diferencias con la conducción nacional de ATE pero nunca imaginé que iba a tener que ver como algunos de ellos acompañaban a los que me encarcelaron, a los que persiguen a los tupaqueros y empobrecen a los jujeños. Además son los mismos que ya despidieron a miles de estatales y les descontaron los salarios por defender sus derechos”, dijo.

Ya sin el juez Eduardo Freiler, suspendido en una maniobra coordinada entre la mayoría macrista del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó al juez Claudio Bonadio al frente de la causa Los Sauces. El pedido de recusación contra Bonadio lo había presentado la defensa del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, que invocó como fundamentos su detención arbitraria y su complicidad con el montaje del ministerio de Seguridad para exhibirlo como un temible narcotraficante. A principios de agosto, al avalar el pedido de excarcelación de Manzanares, Freiler había pedido el apartamiento de Bonadio por arbitrariedad y “vicios de fundamentación” en sus resoluciones. Los camaristas Eduardo Bruglia y Jorge Ballesteros, que entonces firmaron el voto mayoritario, descartaron ayer cualquier indicio que ponga en duda la imparcialidad de Bonadio.

Carlos Beraldi, abogado de Manzanares, recusó a Bonadío por “la detención arbitraria”, por declaraciones en las que anticipó “el desenlace de la causa”, y denunció que “por acción u omisión permitió que las fuerzas de seguridad montaran una actividad humillante e innecesaria al exhibirlo ante la prensa como un peligroso narcotraficante o terrorista, demorando innecesariamente su traslado” desde Santa Cruz a los tribunales de Comodoro Py. Agregó que no hubo respuesta a un pedido para ampliar la declaración indagatoria y destacó la “inexistencia de un motivo real” para llevarlo a Comodoro Py “donde sólo se limitó a notificarlo de la detención”.

“No advierto acto alguno por parte del magistrado que evidencie una violación” a la garantía de imparcialidad “que debe imperar en el proceso penal por parte de los juzgadores”, escribió Bruglia, en el primer acuerdo sin la presencia de Freiler. “La tacha de arbitrariedad invocada como primer causal objetiva de imparcialidad se desvanece”, sostuvo su colega Ballestero. Agregó que en la resolución anterior, cuando rechazaron la excarcelación de Manzanares, se concluyó que la decisión de detenerlo provino de “la comprobación de un comportamiento que, en el contexto en el que se produjo, no puede dejar de ser interpretado como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso”. “Más allá del acierto o desacierto que pudo tener el magistrado en el modo en que desarrolló los actos” vinculados a la detención del contador, “no revisten tenor suficiente” para confirmar su falta de imparcialidad, concluyó.

Las reacciones ante la suspensión del camarista federal Eduardo Freiler en una sesión para el escándalo en el Consejo de la Magistratura se siguieron mutliplicando durante todo el día de ayer. Las críticas llegaron desde organizaciones variopintas del ámbito judicial, consejeros y jueces. Fueron, ante todo, advertencias sobre posible ilegalidad y futuras consecuencias para otros jueces del procedimiento que impuso la mayoría oficialista del organismo, que aprovechó una mayoría circunstancial cuando por un rato quedó sin representación completa el peronismo. El respaldo corrió por cuenta de dirigentes de Cambiemos y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito que había elegido Mauricio Macri en junio para decir que si los jueces no actúan como el gobierno espera “buscaremos otros que nos representen”. El propio Freiler aseguró que su suspensión “demuestra que el presidente (Mauricio) Macri quiere disciplinar a los jueces” y que pone en evidencia “la necesaria participación” del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y ratificó  que presentará una denuncia penal.       

En los tribunales de Comodoro Py la maniobra causó perplejidad. En los pasillos un abogado igualmente azorado ironizaba: “Tuvo prolijidad de un mecanismo de relojería suizo y la falta de sutileza de un camionero, con todo respeto a los choferes”. Se refería al modo en que habían encastrado paso a paso las piezas necesarias para que todo terminara como sucedió con participación de exponentes de todos los poderes del Estado. Primero, un empuje contundente del Gobierno; luego un juez contencioso administrativo que decidió a instancias de un abogado macrista que el senador Ruperto Godoy se tenía que ir del Consejo por no ser abogado; luego una Cámara que lo avaló y que dispuso ejecutar esa decisión; el macrismo más puro del consejo      –con el diputado Pablo Tonelli a la cabeza– que esperaba el momento exacto para conseguir imponerse después de meses de no lograr juntar los votos y al final del camino, la jugada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que decidió sorpresivamente demorar unas horas la jura del reemplazante de Godoy. En ese hueco que dejó el supremo, el oficialismo votó con dos tercios de 12 miembros, ya que consideraba que la presencia de Godoy no contaba.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que nadie podría tildar de kirchnerista, acusó al cuerpo de consejeros de “atentar gravemente contra los principios fundamentales del debido proceso” y generar “una amenaza contra el Estado de Derecho” con su decisión. “Urgimos al Consejo de la Magistratura a anular la resolución en cuestión, y a avanzar en la apertura del procedimiento disciplinario contra el juez Freiler en un Plenario integrado regularmente”, señaló la entidad en un comunicado. “La suspensión del juez y la apertura del jurado de enjuiciamiento se realizó mediante una maniobra irregular”, agregó. Advirtió que no había una urgencia para no esperar la jura de Mario Pais, el senador suplente.

La asociación Justicia Legítima denunció “un atropello institucional” y advirtió que afecta al “sistema democrático”. “Asistimos a mecanismos que cruzan todo límite y agravian a las instituciones”, que “se inscriben en la postura que afirma que el fin justifica los medios”. “Estas actitudes no van a amedrentar a los jueces comprometidos con una administración de justicia propia de un Estado de Derecho”, sostuvo la organización. Su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, describió los sucesos como “una maniobra de barrabravas” que se enmarca en “una campaña de disciplinamiento y domesticación de los jueces”. La camarista laboral Gabriela Vázquez, una de las consejeras que se opuso a la suspensión y apertura del jury, dijo que la decisión debería ser considerada “nula” porque el Consejo “no estaba constituido legalmente”, ya que faltaba un representante del Senado. Además, advirtió que “no hay nada que celebrar” –contra las expresiones de Macri que festejó el desenlace– porque “no hay manera, en este contexto, de poder resguardar la independencia del Poder Judicial”. Jorge Candis, el consejero que representa al estamento académico (que fue el voto que en mayo el oficialismo pensó que tenía para enjuiciar a Freiler, pero se equivocó), fue un poco más suave: dijo que Cambiemos cometió una “picardía” pero que estaba “dentro de los reglamentos”. “No fue muy ético pero está dentro de las picardías que se hacen en política”, evaluó.

Con cierto aire sobrador, Tonelli dijo que el oficialismo no puede hacerse cargo de que los senadores peronistas sean “poco previsores” y no hayan advertido que, tras forzar la salida de Godoy, aprovecharían la mayoría ocasional. “Candis, que no puede ser sospechado de oficialista, dijo que hubo falta de previsión por parte del bloque de senadores peronistas”, enfatizó. El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, dijo que la decisión del Consejo es “auspiciosa”. El Colegio de Abogados de la Ciudad, conocido como Colegio de la calle Montevideo, dijo que se respetaron las garantías y que lo sucedido es “sumamente auspicioso para el restablecimiento y plena vigencia de la calidad institucional”. Teniendo en cuenta que es la entidad que avaló los golpes de Estado, su visión de “calidad institucional” es bastante dudosa.

“Está casi todo filmado”, dicen que dijo la ministra Patricia Bullrich, entre las sucesivas omisiones, tergiversaciones y falsedades que pronunció desde que desapareció Santiago Maldonado, en medio del operativo represivo a los mapuches en Cushamen. Así, un nuevo video acerca más al joven al momento en que los gendarmes lo habrían secuestrado y, por lo tanto, complica más al gobierno: se suman a la causa judicial pruebas aportadas por su familia que lo ubican en el lugar de los hechos poco antes de que fuera visto por última vez, el 1 de agosto sobre la ruta 40 con las primeras luces de la mañana. Además, los Maldonado presentaron evidencias de un intercambio de mensajes entre Santiago y su cuñada el 25 de julio, día de su cumpleaños. La parte de esta película que sigue faltando es la que transcurre entre las 11.15 y las 13.30 de ese día, cuando según los tres testigos que declararon en el expediente, tanto ante el juez federal Guido Otranto como frente a la fiscal Silvina Ávila, el artesano intentaba escapar de la cacería de la Gendarmería, sin lograrlo.

Además de programar con varias organizaciones de derechos humanos la movilización prevista para el viernes, cuando se cumplirá un mes de la desaparición de su hermano, Sergio Maldonado acudió una vez más a la fiscalía federal de Esquel, que la semana pasada recaratuló la investigación como desaparición forzada de persona. Acompañado por su abogada, Verónica Heredia, dijo que se presentaba para “aportar pruebas a fin de acreditar la falsedad de la hipótesis de que Santiago fue herido en un hecho ocurrido el 21 de julio de 2017”.

Según consta en el escrito que recibió la fiscal, “Santiago cumplió 28 años el 25 de julio y se comunicó con nuestra cuñada”. Sergio Maldonado acompañó con la captura de pantalla del celular de la esposa de Germán Maldonado, Carolina. “Feliz cumple, ardilla!! Te estamos esperando. Besos de los dos!!”, le enviaron desde 25 de Mayo. “Hola Caro, cómo andan? Gracias por acordarse!! Pronto nos veremos! Saludos!!”, respondió Santiago, desde El Bolsón.

“También venimos a aportar pruebas de la presencia de Santiago en el lugar de los hechos, entre las fotos que nos fueron acercadas a través de las redes sociales se observa a Santiago con la misma vestimenta que se lo ve en un video publicado en YouTube y la gorra hallada en el rastrillaje del 5 de agosto”, dijo Sergio Maldonado

En el sitio web www.santiagomaldonado.com la familia compartió la foto del momento en que fue encontrada la gorra blanca, cerca del río por parte de dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la imagen de Santiago con la misma prenda en la cabeza.

El video fue emitido por el canal de Esquel y sus imágenes muestran el corte de la madrugada del 1 de agosto. Por la vestimenta la familia asegura haber indentificado a Santiago en ese momento en la ruta 40, cuando se acercó a solidarizarse con el reclamo de la comunidad mapuche por la liberación de su lonko, Facundo Jones Huala. Los peritos de las partes deberán analizar éste y los demás materiales fílmicos del caso para reconstruir cómo fueron los hechos.

En la línea de tiempo informada oficialmente luego de ese desalojo se produjo la detención de dos mujeres y un hombre mapuches que entraron y salieron de la Lof en un vehículo, con una requisa de los gendarmes que habría sido ilegal; la reacción de la comunidad ante esto; y el ingreso de los uniformados al predio para “proceder a la aprehensión de los agresores”, según informó el alferez Daniel Gómez a sus superiores. Imágenes de la “agresión” aún no aportó Gendarmería, pero la campaña nacional e internacional exige respuestas sobre Santiago Maldonado, visto por última vez en ese momento y en ese lugar.