La causa AMIA, las claves del atentado por el que investigan a Kirchner

¿Qué es la causa AMIA?

La investigación judicial sobre el atentado que, el 18 de julio de 1994, provocó la muerte, en Buenos Aires, de 85 personas mediante la explosión de un coche bomba, a las 9:05, frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Seis. El 5 de octubre de 2006, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente a Irán de ser el autor intelectual del atentado y a al partido-milicia Hezbolá de ejecutarlo. Solicitó una orden de captura contra cinco iraníes y un libanés. Los iraníes eran: el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el exministro de Información Alí Fallahijan, el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari y el libanés Imad Fayez.

En marzo de 2007, Interpol colocó a los seis altos cargos bajo el sistema rojo de notificaciones, es decir, en busca y captura.

¿Quién era Alberto Nisman?

El hombre a quien el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) encomendó la tarea exclusiva de investigar el atentado, en 2004. Era conocido desde hacía diez años como el “fiscal especial de la causa AMIA”. El 14 de enero de 2015 Nisman denunció a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner; al canciller, Héctor Timerman, y a otros dirigentes de tramar un plan para dar impunidad a los iraníes acusados por el atentado de la AMIA. Cuatro días después de la denuncia, Nisman fue hallado muerto en su casa de un disparo en la cabeza. Tenía 51 años y era padre de dos hijas. El último peritaje, realizado el pasado septiembre, determinó que el fiscal fue asesinado.

¿Cuándo comenzó el distanciamiento entre Nisman y el Gobierno argentino?

Se hizo patente en enero de 2013, con la firma del Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina para avanzar en la causa de los iraníes acusados. El acuerdo se efectuó sin el conocimiento de Nisman, quien siempre se declaró en contra.

¿De qué acusó Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015?

De "decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA". Según el fiscal, la presidenta y el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República argentina”. Nisman aseguró que, el acuerdo entre Irán y Argentina, solo era la consecución lógica de negociaciones secretas que se había iniciado dos años atrás bajo órdenes de la presidenta.

¿Qué pruebas aportó Nisman para sostener su acusación?

Disponía de un informe de 300 páginas basado, sobre todo, en escuchas recabadas desde hacía más de dos años. Pero solo puso a disposición de los medios dos resúmenes. Pretendía aportar más detalles en la comparecencia de carácter reservado que solicitó, para este lunes, la oposición argentina. El fiscal decía que la única forma de ahondar en más detalles, sin contravenir la ley que protege a los agentes de espionaje, era conferirle a su comparecencia el carácter reservado. Pero los diputados oficialistas solicitaron que sus palabras fueran emitidas en directo por televisión. En sus escuchas no había ninguna grabación de Cristina Fernández ni de Héctor Timerman.

¿Cuáles fueron los principales argumentos que esgrimió el Gobierno contra la denuncia de Nisman?

Nisman aseguró que, mediante ese acuerdo, Irán tenía previsto anular las órdenes de busca y captura de Interpol que pesaban sobre sus cinco exaltos cargos. Sin embargo, el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, presentó dos cartas para desmentir esa hipótesis. En una de ellas, firmada por él, el 15 de febrero de 2013, le decía al entonces responsable de Interpol que el Memorándum no producía cambio alguno en los requerimientos de captura. Y, la segunda carta, la remitía el entonces responsable de Interpol, Ronald Noble, y refrendaba las palabras de Timerman.

¿En qué estado está ahora la causa contra Kirchner?

La causa abierta por Nisman se archivó en mayo de 2015, pero volvió a reabrirse hace un año con la aparición de nuevas pruebas. El juez Claudio Bonadio citó a declarar hace un mes y medio a los 14 imputados por la causa y este jueves dictó su procesamiento y prisión preventiva para varios de ellos, entre ellos para la expresidenta argentina. El magistrado solicita al Senado que retire la inmunidad parlamentaria para Cristina Fernández de Kirchner, que juró como legisladora hace tan solo ocho días. La Cámara alta tiene 180 días para tomar la decisión. El excanciller quedó detenido en prisión domiciliaria, mientras que el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y varios dirigentes sociales kirchneristas fueron arrestados en sus domicilios.

Los peronistas decidirán si mandan a Cristina a la cárcel

La batalla por el poder en la oposición llega a su punto clave: son los compañeros de la expresidenta los que deben votar si la sacan del tablero o la dejan dentro

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CARLOS E. CUÉ

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7 DIC 2017 - 22:10 CET

Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 29 de noviembre, cuando juró como senadora. AFP

Desde los tiempos de Perón, Argentina no es país para perdedores. No hay espacio para el segundo puesto. No lo hay en el fútbol, donde los argentinos consideran una humillación ser finalistas y no ganar, y machacan a los jugadores, incluido al extraterrestre Messi. No lo hay en el sindicalismo, donde el que pierde la batalla interna acaba muchas veces expulsado. Y mucho menos en la política. Por eso muchos presidentes, como Carlos Menem, se aferran al poder. Porque temen ir a la cárcel en cuanto lo pierdan. Cristina Fernández de Kirchner perdió su gran batalla, las elecciones en Buenos Aires, y ese fue el mensaje definitivo para todos. Pero sobre todo para los jueces. Primero fue a la cárcel su súper ministro histórico, Julio De Vido. Después su exvicepresidente y ministro de Economía. Amado Boudou. En medio dimitió la fiscal general, Alejandra Gils Carbo, la última kirchnerista con poder. También cayeron los empresarios y los medios de comunicación más cercanos, casi todos al borde del cierre. El despido de Víctor Hugo Morales de C5N fue el último hito de este hundimiento del kirchnerismo que dominó por completo el país durante casi 13 años.

Ahora llega la detención del hombre de su máxima confianza, su ideólogo, Carlos Zannini, El Chino, el único con el que cenaba casi todas las noches después de perder a su marido, Néstor Kirchner, en 2010. Han caído casi todos. Pero queda ella. El juez Claudio Bonadío, un peronista enfrentado con los Kirchner de la manera cruenta en la que solo los peronistas saben peelarse, ha dejado en manos de los senadores, incluido el propio Menem, la decisión clave de la política argentina: ¿qué hacer con Cristina? ¿Va a la cárcel o se queda como jefa de la oposición en el Senado?

Esa pregunta lleva rondando las reuniones oficiales y sobre todo los asados de fin de semana del Gobierno argentino desde que Mauricio Macri se convirtió en presidente. Una parte del entorno de Macri lleva dos años pidiéndole que haga lo que tenga que hacer para que ella vaya a la cárcel. Otros le dicen que al contrario, que le conviene tenerla activa como jefa de la oposición en el Senado porque ella divide al peronismo y es la garantía del éxito del macrismo. Macri fue dejando pasar el tiempo. Pero ahora hay que decidir. Y son los peronistas, que dominan el senado, los que tendrán que hacerlo. La decisión no tiene nada que ver con la justicia. Ni siquiera es una causa de corrupción -de las varias que tiene- la que puede llevar a Cristina a la cárcel por primera vez en su vida. Es una opción política en la que se juegan todos los equilibrios de poder del complejísimo mundo de la política, el empresariado y el sindicalismo argentino, tan estrechamente vinculados al Estado que casi todos los negocios giran en torno a él. Si la mandan a la cárcel sus propios compañeros, la guerra interna será encarnizada. Si la dejan, ella les deberá ese favor.

Cristina es un problema para todos, menos para sus millones de votantes fieles, dispuestos a respaldarla incluso en la cárcel. La mayoría de los gobernadores peronistas, que siguen dominando medio país, quieren acabar con ella para hacerse con el control de la oposición. Pero nadie entre ellos tiene tanto tirón entre los votantes. Así que están buscando estrategias para aislarla. La de mandarla a la cárcel, que está ahora en sus manos, es la más extrema, pero esos senadores peronistas van a tener que asumir el coste de votar a favor de meter en prisión a un referente para sus propios votantes.

Argentina vive un momento complejo. Macri no tiene margen político para hacer un ajuste fuerte, pero quiere cambiar poco a poco la economía de un país que sigue teniendo un 25% de inflación, algo inédito en toda Latinoamérica con la excepción del caos venezolano. Y Cristina es una resistencia fuerte a ese cambio. Los rumores en Argentina señalan que Hugo Moyano, el histórico sindicalista y el otro gran freno a estas reformas, podría acabar también en la cárcel.

En otros países, donde sí hay lugar para el perdedor y el derrotado se coloca como contrapoder a la espera de una nueva oportunidad, este tipo de movimientos generarían un gran escándalo. Pero en Argentina todos están acostumbrados a esta lógica. Perder el poder es perderlo todo. "El que gana conduce y el que pierde acompaña", decía Perón.

Muchos dicen que cada día que pasa Macri utiliza más la lógica peronista para gobernar un país dominado por este movimiento en todas las esferas. Cristina ha tratado de romper esa dinámica para colocarse enfrente de Macri, un presidente cada vez más fuerte, empujado por una gran ola de apoyo popular que se demostró en las elecciones. Y esa resistencia parece ser el principio de su final. Aunque otra de las tradiciones de Argentina es que nada es definitivo, y hasta Perón, acusado como Cristina de traición a la patria, pudo volver a ser presidente después de 18 años de exilio.