Francisco José Sempere
¿Algún juez o jueza valiente se atreve? A aplicar al pie de la letra el Código Penal, ilegalizar al PP y mandar a la cárcel a su cúpula directiva?

Para sopesar y ejecutar la más excelsa prosa de nuestro prolijo Código Penal, el cual —oh, casualidad, casualitatis— en su artículo 515 nos cuenta: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”.

Curioso. Parece retratar con fidelidad al PP y sólo al PP como asociación creada exclusivamente con fines criminales. Pero más curioso es que en el artículo 517 del Código nos encontremos con esto: “En los casos previstos en el número 1º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas: 1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años; 2.º A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses”. ¡Jopé!, tal parece que las pistas, pruebas e indicios conducen a que el actual Presidente, la actual secretaria general del Partido y todos sus compinches podrían estar incursos en delitos de asociación criminal, hecho en el que también abunda y convierte en punible el artículo 518: “Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1.º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años”. Y con mucha suerte o con muy mala para ellos, también alguno de los que todavía están fuera y muchos de los que ya disfrutan de privilegiada hostelería estatal gratuita entre rejas penitenciarias podrían verse afectados por lo que describe el artículo 519: “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores”.

Disolución, caramba, disolución del PP como asociación criminal mafiosa constituida sólo para cometer delitos
Aunque atención, ¡atención!, todo esto, indicios, pruebas y normas acaban por confluir en una única deducción silogística, inexorable, pura inferencia lógica que se deduce de todo lo expuesto y que bien retrata el artículo 520 del Código Penal. Ojo: “Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código”. Disolución, caramba, disolución del PP como asociación criminal mafiosa constituida sólo para cometer delitos, disolución e ilegalización del Partido Popular que no sería sólo un hecho aislado, pues conllevaría aparejadamente penas de cárcel e inhabilitación para Rajoy y para su camarilla, tal como muestra el artículo 521: “En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años”.

¡Vaya! No soy periodista, ni fiscal, ni juez, ni siquiera el aventajado agitprop que me presuponía antaño, pues hogaño sólo soy un trotamundos de la palabra, quizás el único de entre los pobrecitos habladores que poblamos la red al que se le ocurriría que si hubiera en este desventurado y desgraciado país que quiere dejar de serlo un solo juez, una sola jueza llenos de miedo pero cargados de valor, el Partido Popular sería inmediatamente ilegalizado por asociación delictiva creada con fines criminales y sus dirigentes estarían todos ellos acusados, enjuiciados y presos por la comisión de graves delitos contra la Hacienda Pública, contra el Estado y contra la Ética democrática. Sí, no soy periodista, ni fiscal, ni juez, pues ¿qué periodista exigiría o qué fiscal o juez osaría aplicar al pie de la letra el Código Penal, ilegalizar al PP y mandar a la cárcel a su cúpula directiva?