CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
Lo que el dictador Nicolás Maduro y su régimen insisten en presentar como “elecciones”, es una cadena de delitos graves para falsear la soberanía popular, sostener el narco estado y garantizarse impunidad. El “grupo delictivo organizado” que detenta el poder, ha cometido y está dispuesto a perpetrar cuanto delito sea necesario para seguir obteniendo los beneficios criminales que han llevado a Venezuela a la crisis humanitaria. Lo de Venezuela no son elecciones, es la suplantación del proceso electoral por acciones de crimen organizado transnacional y la respuesta que corresponde es el NO reconocimiento internacional.
Se trata de un proceso forzado y acomodado a conveniencia del régimen, que busca legitimar la ilegal retención indefinida del poder político que el castrochavismo ejerce por la fuerza en Venezuela. Es la acción que busca ocultar el repudio del ochenta por ciento de la población venezolana a Nicolás Maduro y su régimen de intervención y oprobio, falsificando un apoyo inexistente.
Es un “iter criminis” de una serie interminable de delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, detenciones ilegales, torturas, asesinatos, masacres, manipulación de procesos judiciales con sentencias infames, suplantación de órganos del poder público como el Tribunal Supremo de Justicia, sometimiento por la fuerza, sobornos, narcotráfico, asalto a los recursos del Estado, robos, extorsiones, falsificación de noticias, atentados contra la vida y el honor de la personas y contra la libertad de prensa, migración forzada de millones de ciudadanos, amenazas para el voto, fraude electoral y muchos más delitos se repiten usando el poder del Estado contra el pueblo venezolano en situación de indefensión.
La política como “quehacer ordenado al bien común” es una actividad de servicio e interés público cuya esencia es que sea lícita, legal, que se realice en el marco de lo permitido según la justicia, la razón y el interés común. En cambio la delincuencia refiere la “acción de perpetrar delitos” y es una consideración absolutamente negativa porque atenta contra el bien común, causa daño e implica violencia. La política y la delincuencia son conceptos antagónicos, opuestos, pues una de las funciones de la política es evitar, impedir la delincuencia.
Nicolás Maduro llegó al poder por la muerte de Hugo Chávez y lo hizo por imposición de la dictadura de Cuba, que con el dictador Castro como jefe, controló a partir de ese hecho el proyecto que llamaron movimiento bolivariano, Alba (Alianza Bolivariana para los pueblos de América), socialismo del siglo XXI, castrochavismo y que ahora es el grupo de delincuencia organizada transnacional que aún tienen los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
El siglo XXI en América Latina está marcado -hasta ahora- por quienes se presentaron como políticos populistas, socialistas, progresistas, de la nueva izquierda, bolivarianos, antiimperialistas, promotores de Alba, seguidores de Hugo Chávez y Fidel Castro, que retienen el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tomaron el poder en Ecuador con Correa, Brasil con Lula y Rousseff, Argentina con los Kirchner, la OEA con Insulza y gobiernos de países del Petrocaribe. Todos estos dirigentes y sus entornos están hoy marcados por la delincuencia, lo que plantea la cuestión de que si empezaron haciendo política y luego optaron por el crimen y la corruptela, o si el proyecto de expansión castrista con dinero y petróleo venezolanos malversados por Chávez en otra serie de delitos, fue siempre un proyecto antidemocrático y criminal.
Los resultados y la realidad objetiva demuestran hoy que aunque el castrochavismo hubiera empezado con los mas altruistas propósitos políticos para el bien común de los pueblos, lo que ha logrado es corrupción, violencia, delincuencia organizada nunca antes vistos, como el “lava jato” y su muestra Odebrecht que afecta a toda la región, el “caso Nisman” en Argentina, lo que ahora se empieza a destapar en Ecuador, o lo que simplemente aún se encubre en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua cuyos gobernantes usan el poder para mantenerse en la impunidad.
Venezuela es hoy con lo que el régimen llama elecciones, el caso más grave de las acciones de crimen organizado y la repuesta de las democracias del mundo, ajustada a derecho, es el NO RECONOCIMIENTO, o sea, quitar la condición de sujeto de Derecho Internacional. Lo contrario es aceptar que el crimen crea derechos.
Rechazo internacional a la reelección de Maduro
Se incrementa el cerco económico y financiero que la comunidad internacional ha estado tejiendo alrededor del régimen venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el lunes una primera andanada de sanciones económicas de Estados Unidos y el rechazo internacional tras su cuestionada reelección en comicios desconocidos por la oposición, informa la AFP.
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a los ciudadanos de su país comprar obligaciones de deuda venezolana, incluida de la estatal PDVSA, en momentos en que el país petrolero está asfixiado por una profunda crisis económica.
Washington, que tilda de “dictador” a Maduro, había prometido más temprano “rápidas medidas económicas y diplomáticas”, tras tildar de “farsa” la votación del domingo.
“Estas medidas van a estrangular a la economía venezolana y en particular al régimen”, aseguró el internacionalista Carlos Romero.
Para el politólogo Luis Salamanca, el “círculo se está estrechando”.
El Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) llamó a consultas a sus embajadores en Caracas, acordó “reducir el nivel de las relaciones diplomáticas” y actuar para bloquear fondos internacionales a Venezuela.
“No nos importa lo que opinen”, dijo el jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, al denunciar una “agresión orquestada por Estados Unidos” y la “derecha venezolana” para desestabilizar al presidente.
“A esos gobiernos les invitamos reflexionar y a recomponer relaciones de respeto mutuo”, escribió en Twitter el canciller Jorge Arreaza.
Ese bloque, Estados Unidos y la Unión Europea habían adelantado que desconocerían los resultados apoyando a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que boicoteó los comicios por considerarlos fraudulentos.
En contraste, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, sumándose a sus aliados Bolivia, Cuba, China y El Salvador, que pidieron respetar los resultados.
Maduro, de 55 años, tuvo 68 % de sufragios contra 21 % del exchavista Henri Falcón, quien consideró el proceso “ilegítimo” y pidió repetir la votación, acusando al gobierno de “compra de votos” y “chantaje” con los programas sociales.
“Los escenarios están cantados: tensión política, radicalización, represión, desconocimiento internacional masivo, agudización de las sanciones y clímax de la crisis económica”, apuntó el analista Luis Vicente León.
Venezuela sufre la peor crisis de su historia reciente: el FMI estima la caída del PIB en 15 % y la hiperinflación en 13.800 % para 2018. Su producción de crudo cayó al peor nivel en 30 años.
La abstención alcanzó un récord de 54 %, y Maduro, reelegido por seis años, perdió poco más de un millón de votos frente a su elección en 2013.
Los venezolanos soportan la falta de comida y medicinas, el alto costo de vida con un ingreso mínimo que solo da para medio kilo de carne, y el éxodo de cientos de miles.
“Mi pensión de vejez no me alcanza para nada. Espero que el Gobierno mejore la economía”, dijo este lunes a AFP Miguel Medina, de 61 años, en una estación del metro de Caracas.
Maduro atribuye la debacle a una “guerra económica de la derecha” aliada con Washington, que ha sancionado a unos 60 jerarcas venezolanos.
Estados Unidos, al que Venezuela vende un tercio de su producción de crudo, ya había prohibido a los estadounidenses negociar deuda del país sudamericano, en default parcial, y amenaza con un embargo petrolero.
“Me dedicaré por entero a la recuperación de la economía”, prometió Maduro, al proclamar su victoria.
Maduro confía en China y Rusia, pero un “gobierno, considerado ilegítimo, no tendrá capacidad de maniobra ni en finanzas internacionales ni en diplomacia”, advirtió el analista Andrés Cañizalez.
Tras la votación, Maduro convocó a un “diálogo”, pero el Frente Amplio, que reúne a la MUD y a organizaciones sociales, lo descartaron.
“No vamos a caer en estrategias dilatorias que pretenden mantener como un hecho aceptado el fraude de ayer”, señaló Omar Barboza, presidente del parlamento, de mayoría opositora.
Pero la oposición, que exige unas “verdaderas elecciones” este año, está profundamente dividida. Falcón se apartó de la MUD para lanzar su candidatura y no logró quitarse el estigma de “traidor”, que también le cargan del lado del chavismo.
“Falcón no logró ni ganarle a Maduro ni a la MUD. Vendrán las recriminaciones mutuas, los intentos por capitalizar la abstención”, aseguró Salamanca.
Para los expertos, el desafío de la oposición es reunificarse en torno a “una estrategia” que quiebre al chavismo, en el poder desde hace casi dos décadas.
Una “implosión” representa el “mayor riesgo” de Maduro —quien cuenta con el respaldo de la cúpula militar—, si cada vez más funcionarios se sienten acorralados por las sanciones, opinó León.
El analista Benigno Alarcón consideró que, cercado, el gobierno podría radicalizar su sistema político. Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit (Londres), no descarta nuevas protestas.
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN:
Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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