En Venezuela, la mordaza a la prensa es prioridad revolucionaria
Las similitudes entre Cuba y Venezuela se están haciendo cada vez más evidentes, y no se trata solo de las coincidencias ideológicas y de la repetición de ideas vacías y panfletarias. El día a día cada vez se asemeja más y los designios arbitrarios de sus regímenes coinciden en tratar a la prensa como enemigos.
Quien visite Caracas después de años sin hacerlo se encontrará una ciudad muy distinta a la que conoció. Basura por las calles, cráteres en las vías, edificios deteriorados y un parque automotor de más de diez años son la evidencia de una descomposición que avanza como un cáncer en el paisaje urbano.
En las aceras se pueden ver largas filas de personas que madrugan delante de los supermercados para obtener algún alimento que le permita subsistir, gente hurgando en la basura para comer, niños deambulando solos, con ropa sucia y sin zapatos, y quizás el rostro de algún peatón con lágrimas y mirada perdida. Si se acerca a un hospital, el dramatismo se torna aún mayor ante la falta de insumos.
Es difícil encontrar en la primera página de los principales diarios de circulación nacional o regional la crisis económica y social que vive Venezuela. Los más grandes del país, Últimas Noticias y El Universal, desde hace varios años fueron vendidos en operaciones nada transparentes y han caído en manos de consorcios cuyos dueños se presumen amigos del Gobierno, pues cambiaron por completo sus líneas editoriales y en sus páginas se despliegan fundamentalmente los discursos oficiales, mientras la versión de la disidencia es silenciada o manipulada y la publicidad es gubernamental. Los periodistas más prestigiosos han sido despedidos o han renunciado ante el desempeño antiético.
Las restricciones del monopolio estatal de venta de papel periódico, sumado a la imposibilidad de acceder a divisas para importarlo, han sido las razones por la que una buena parte de los medios impresos han dejado de circular o tuvieron que limitarse a publicar online .
En abril pasado el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, 60 años después de su fundación, tuvo que convertirse en semanario, un paso previo al cierre definitivo de la versión impresa que han dado otros periódicos en un intento de estirar al máximo el papel disponible, como Tal Cual, que ahora cuenta únicamente con su versión online.
La circulación de al menos 42 diarios se ha visto afectada desde 2013 según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). De ellos, 19 cesaron sus ediciones impresas de forma definitiva, mientras que los otros 23 periódicos pausaron su publicación temporalmente. Además, más de 50 periódicos han tenido que reducir el tiraje, la circulación y número de cuerpos informativos para sortear la escasez, no solo del papel periódico sino de otros insumos, como planchas y bobinas que son necesarias para su circulación.
Algunos diarios impresos que se vieron obligados a suspender su publicación fueron La Región (Sucre), El Impulso (Lara) Diario Los Andes (Mérida), Ciudad Maturín (Monagas), y El Mío (Anzoátegui).
En su último informe, el IPYS señaló que "las agresiones, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación, la opacidad y diversas formas de censura, marcaron 2017 como el año de los mayores obstáculos para el ejercicio del periodismo en Venezuela". Fue así como los resultados del sistema de monitoreo y alertas de esta organización detectaron al menos 518 casos que sumaban 1087 violaciones a la libertad de expresión.
Los hechos comprendieron 507 agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, 283 limitaciones de acceso a la información pública, 250 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 22 acciones legales administrativas, 10 casos de censura interna, ocho casos de censura previa, seis agresiones con el uso de normas que dificultan la libertad de expresión y un caso de impunidad.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explica que en el marco de la visión de los gobiernos chavistas se desarrollaron diversas estrategias para golpear a periodistas y medios. "La primera estrategia fue la descalificación pública, las agresiones con impunidad por personas que no se identificaban como funcionarios, pero, desde el año 2014, en el contexto de las movilizaciones de protestas, son funcionarios quienes golpean a los periodistas"
El año pasado las agresiones a los trabajadores de los medios que cubrían las intensas protestas que sacudieron al país fueron reiteradas. Pero la imagen de una periodista arrastrada y tomada por los cabellos por 16 efectivos de la Guardia Nacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia se viralizó e impactó por la brutalidad de las fuerzas represoras.
La protagonista de la historia era la corresponsal de Univisión en Venezuela, Elyangélica González, quien después de aquel incidente abandonó el país y continúa trabajando para la cadena, ahora en Estados Unidos.
Estaba narrando una actuación de los colectivos (grupos paramilitares oficialistas) contra estudiantes que se manifestaban ante el Tribunal Superior de Justicia sin que la Guardia hiciera absolutamente nada. Fui agredida por más de 16 funcionarios, aunque lo peor vino después: persecuciones y amenazas que me hicieron salir del país, porque estaba en riesgo mi familia y mi seguridad. Había una intención de callar una realidad", expone vía telefónica.
Las restricciones para el ejercicio del periodismo no se producen solo en la calle. Las gerencias de los medios y las mesas editoriales pueden ser otros campos para librar una batalla distinta en forma, pero que lleva implícito el mismo objetivo: censurar las historias que pueden poner en aprietos a la empresa, por temor a las medidas que pueda tomar el régimen.
"En Venevisión no me dijeron nunca esto no sale -cuenta González-, simplemente yo dejaba mi nota hecha, me iba y ellos en reunión editorial decían que una noticia no debía salir, la cortaban o pasaban solamente un sonido (una entrevista de pocos segundos) para que no se dijera que no se transmitió, pero a mí no me participaban. Si no estaban de acuerdo con la óptica que le daba a la información me decían: "esto no puede salir así". Entonces se silenciaba. Un locutor da la información, sin análisis, sin profundidad y ponen un sonido".
González destaca que en la emisora de radio en la que trabajaba en Venezuela se le recordaba que debía ser imparcial. "Pero nos prohibían hablar de algunos temas y eso no es imparcialidad, es censura", añade.
Las restricciones al acceso a las fuentes informativas también son una realidad que los periodistas venezolanos deben enfrentar. Hay una prohibición expresa para que ningún funcionario público declare a medios de comunicación privados y entes como el Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Salud ocultan las estadísticas que deberían ser de conocimiento público.
Una de las pocas fuentes informativas del poder público abierta a los periodistas es la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pero la intención del silenciamiento absoluto de la información ha movido a la Guardia Nacional a impedir, incluso, el acceso a los trabajadores de los medios al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano.
Carlos Correa destaca además el paquete de leyes aprobadas para impedir la libre expresión de las ideas, como la reforma del Código Penal, la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y recientemente la Ley contra el Odio, aprobada por la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente.
"Se ha castigado muy duro a funcionarios que expresan sus opiniones críticas. Nosotros hemos documentado más de 80 detenciones aplicando la Ley del Odio por expresiones de funcionarios", informó el director de Espacio Público.
Según el estudio del Instituto Prensa y Sociedad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente rector en la materia, puso fin el año pasado a las transmisiones de 54 estaciones de radio. "Estas han sido las medidas más abusivas y desproporcionadas que ha ejercido Conatel en los últimos 12 años, de acuerdo a los análisis que ha realizado IPYS Venezuela", señala.
El informe detalla que entre los últimos medios afectados estaban reconocidas emisoras de radio como 92.9 Tu FM y Mágica 91.1 FM. "El 25 de agosto de 2017 el organismo estatal no les renovó la concesión e, inmediatamente después, sus señales fueron sustituidas por otras emisoras llamadas Radio Corazón Llanero y Radio Vinotinto FM, respectivamente. Poco después, el 5 de septiembre, Conatel ordenó ordenado el cese de las transmisiones de la estación 88.1 FM Fe y Alegría, en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde revocó la orden sin brindar explicaciones".
Según el registro de IPYS Venezuela durante 2017 ascendió a 49 el número de estaciones de radios nacionales censuradas.
24 de las estaciones radioeléctricas salieron del aire en el marco de las manifestaciones ciudadanas que comenzaron el 1 de abril "en un contexto en el que fueron confiscadas las libertades ciudadanas en Venezuela bajo un decreto de Estado de excepción", acotó el IPYS.
Algunos canales de televisión no escaparon de estas inhabilitaciones. El 16 de julio también había sido clausurado por Conatel el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, ULA TV, alegando falta de documentos. En Santa Cruz de Mora y Tovar, en el estado Mérida, el ente además cerró las televisoras locales ZeaTv y Televisora Cultural de Tovar.
El 24 de agosto Conatel también retiró de la parrilla de programación a los canales de televisión colombianos Caracol TV y RCN y, entre 2014 y 2017, seis televisoras extranjeras han salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa del organismo estatal. Los otros canales de televisión suspendidos fueron CNN En Español (EE UU), El Tiempo Televisión (Colombia), Todo Noticias (Argentina) y Antena 3 (España), refiere el informe.
Ante la arremetida en contra de medios convencionales como la radio, televisión y la prensa escrita, los trabajos de investigación periodística y la información en tiempo real se han refugiado en internet. Pero el brazo censor del régimen ha llegado allí también, aunque con más dificultad, más que todo por las complicaciones técnicas.
Venezuela figura en los últimos lugares del continente en cuanto a la velocidad de internet, pero a ello hay que sumar bloqueos y hackeos constantes a portales de periodismo independiente, como elpitazo.com.
En momentos de agitación política los bloqueos se hacen más evidentes e IPYS Venezuela confirmó a través de su Red Nacional de corresponsales que en abril de 2017 los usuarios en cinco ciudades del país no pudieron acceder a la cobertura de protestas ciudadanas que ofrecían los portales de noticias VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV. La organización asegura que esos canales de televisión digital fueron censurados por cinco proveedores de internet, estatales y privados.
No es una sorpresa entonces que Venezuela haya registrado la mayor caída en el continente en cuanto a libertad de prensa, al perder seis posiciones para colocarse en el puesto 143 de los 180 países analizados en el último informe de Reporteros Sin Fronteras.
REYES THEIS, CARACAS 2018
Tema anterior
Primer 
