Yoon Su Ryun, una mujer agredida sexualmente cuando estaba detenida en Corea del Norte, este agosto en Corea del Sur. En vídeo, declaraciones del director de HRW.HUMAN RIGHTS WATCH / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
En Corea del Norte, al contrario que en Occidente o en su vecina del Sur, no existe una palabra para expresar el concepto “abuso sexual”. Para describirlo, hay que recurrir a vagas perífrasis, traducibles como "violencia de contenido sexual" o "situaciones de trasfondo sexual en las que las mujeres se sienten incómodas o avergonzadas".
Pero aunque falten las palabras, abundan los casos.
Un exhaustivo informe de la ONG Human Rights Watch, presentado este jueves en Seúl, resume los testimonios de 54 norcoreanos de a pie huidos desde 2011 —el año en que Kim Jong-un llegó al poder— y ocho exfuncionarios del régimen asilados en el exterior. Y encuentra que los abusos sexuales y el contacto sexual no deseado son tan frecuentes en Corea del Norte que las mujeres los perciben como parte de la vida habitual. Sus supervivientes asumen que no se puede hacer nada por impedir esos abusos; solo intentar evitarlos tratando de pasar desapercibidas o cambiándose de sitio. O consiguiendo que un hombre en posiciones de poder las proteja.
“Aunque la violencia sexual y de género es una preocupación global, cada vez más indicios sugieren que es endémica en Corea del Norte”, señala el informe de 86 páginas, titulado Lloras por la noche y no sabes por qué: violencia sexual contra las mujeres en Corea del Norte.
Oficialmente, Pyongyang defiende la igualdad de hombres y mujeres, consagrada en la ley desde 1946, y asegura que el país es “un paraíso para las mujeres”. La violación está tipificada como delito. En 2010 aprobó una Ley para la Protección y Promoción de los Derechos de la Mujer.
Pero en su demoledor informe de 2014 sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país, una comisión de la ONU incluía violaciones, abortos forzados y otros tipos de violencia sexual entre los abusos que se perpetran en ese país. Citaba también a testigos que aseguraban que “la violencia contra las mujeres no se limita al hogar, y es común ver golpear y asaltar sexualmente a mujeres en público”.
“La violencia sexual en Corea del Norte es un secreto a voces, ampliamente tolerado y sobre el que no se actúa”, denuncia el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
A raíz de la hambruna de los años noventa, y sin la obligación de acudir diariamente a su puesto de trabajo en una institución oficial, las mujeres comenzaron a comerciar en los mercados y se convirtieron en el principal sustento de su familia. Una posición que, según encuentra HRW, las hace vulnerables a los ataques, dada la falta de regulación clara sobre estos mercados.
Oh Jung Hee, una de las mujeres entrevistadas en el informe, era una de estas vendedoras en la ciudad fronteriza de Hyesan. Hasta que huyó en 2014, cuenta, era frecuente que los vigilantes del mercado exigieran sobornos, en muchos casos de naturaleza sexual. “Fui una víctima muchas veces… Cuando les apetecía, los guardias del mercado o funcionarios de policía me decían que les siguiera a una habitación vacía fuera del mercado, o algún otro lugar que escogían. ¿Qué podemos hacer? Nos consideran juguetes (sexuales)… Nosotras estamos a merced de los hombres. Ahora, las mujeres no pueden sobrevivir si no tienen cerca a hombres con poder”, cuenta esta refugiada.
El caso de Oh parece habitual. Entre los norcoreanos entrevistados por HRW, 21 mujeres vendedoras declararon haber padecido violencia sexual y propuestas o tocamientos indeseados por parte de policías u otros funcionarios en sus desplazamientos de trabajo. Ocho antiguas detenidas denunciaron haber sufrido abusos de esta naturaleza a manos de guardianes, abogados u otros hombres en puestos de responsabilidad.
“Casi cada vez que me interrogaba me tocaba la cara, las manos y me agarraba las piernas en torno al pubis. Entonces yo no pensaba que eso tuviera nada de raro. Me sentía incómoda y no me gustaba, pero no se me ocurrió otra cosa”, explica en el documento Kim Eun A, huida a Corea del Sur en 2015, sobre el funcionario que la interrogó al ser detenida en un primer intento de escapar en 2012.
Mientras en el resto del mundo el movimiento #MeToo cumple un año y cada vez más mujeres se atreven a denunciar casos de abusos, para las norcoreanas negarse no es una opción. Las mujeres vendedoras “se arriesgan a perder su principal fuente de ingresos y poner en peligro la supervivencia de su familia, la confiscación de sus bienes y dinero, y a un aumento del escrutinio o el castigo”, incluido el envío a prisión, explica el informe de 86 páginas. En el caso de las reclusas, el precio es ver incrementado su tiempo de detención, más abusos, palizas o trabajos forzados.
Tan normalizada está esta violencia que los hombres abusadores no son siquiera conscientes de estar haciendo algo malo, y sus supervivientes la consideran algo inevitable. O un precio que hay que pagar para continuar con sus actividades o esquivar daños mayores. No es un tema del que se hable, dado el estigma que recae sobre las víctimas de estos abusos. “Pero a veces por la noche, de repente, lloras y no sabes por qué”, cuenta Oh.
Incluso una vez huidas de su país, hablar sobre estas experiencias no es simple. En el coreano que se habla en el norte no hay palabras específicas para expresar el concepto de abuso sexual o violencia doméstica, tan habitual que varias entrevistadas declararon que todas las mujeres que conocen han recibido golpes de su marido alguna vez.
Aunque la lacra de los abusos sexuales es global, “Corea del Norte parece estar especialmente mal en lo que respecta a estos abusos”, explica Roth mediante un correo electrónico. A la naturaleza totalitaria y aislada de este estado Estado —analiza— se le suma una corrupción agravada por los cambios socioeconómicos, graves pautas de discriminación contra las mujeres y una ausencia de educación sexual. Todo ello “crea una tormenta perfecta de victimización sexual omnipresente para las mujeres norcoreanas. No sorprende que los funcionarios gubernamentales norcoreanos crean que siempre pueden salirse con la suya en casos de violaciones y abusos sexuales”.
Un joven recluta, identificado solo como Kim, es uno de los últimos desertores que ha pasado de Corea del Norte a su vecino del sur. Y tras recorrer más de 200 kilómetros a pie desde su cuartel, lo ha hecho por la vía más espectacular y directa, también la menos frecuentada: la frontera común, salpicada de minas. Toda una proeza, dadas las dificultades cada vez mayores para que los desertores norcoreanos puedan salir de su país y llegar a su meca soñada, Corea del Sur. Según el Ministerio de Unificación en Seúl, solo 1.396 norcoreanos pidieron asilo en 2014, la cifra más baja en nueve años. Entre 2007 y 2011 ese número había llegado a situarse entre los 2.400 y los 2.900.
La gran mayoría huye a través de la frontera con China, cruzando los ríos Tunmen o Yalu. Siempre en grupos de menos de seis personas, para llamar la atención lo menos posible. Es un trayecto peligroso: en verano hay que atravesar las aguas a nado. En invierno, cuando hiela, se puede cruzar a pie, pero es más fácil que los guardias norcoreanos puedan perseguirlos. Por eso, explica Park, el método más simple es sobornar a los soldados que guardan la frontera para que hagan la vista gorda. Preferentemente, mandos de mayor graduación: “Es más sencillo. Son más veteranos y están más preocupados por preparar su jubilación”. Pero desde la llegada al poder de Kim Jong-un esa posibilidad se ha hecho mucho más difícil.
Sobornos a 2.200 euros
“Cuando yo me marché (en 2009), el soborno podía costar entre 30.000 y 100.000 won coreanos (entre 24 y 80 euros). Ahora se paga como poco 2.500 dólares (2.219 euros), una cifra mucho más alta”, afirma el intermediario, de 37 años y que llegó a Seúl hace cinco, dejando atrás a sus padres. Por un lado, se han aumentado las rotaciones de los guardias, para evitar posibles confraternizaciones con los residentes locales. El régimen norcoreano se ha vuelto mucho más estricto a la hora de castigar a quienes ayuden en la huida, describe Park. No solo a los guardias, sino también a quienes actúen como intermediarios en el norte para organizar las fugas. Park asegura saber que varios de sus contactos en el norte han acabado en prisión.
Las penas de cárcel se han endurecido. Previamente, los desertores capturados, o quienes ayudaran al contacto con Corea del Sur, podían acabar cumpliendo largas condenas en un campo de reeducación, una prisión relativamente menos severa y que suele acoger a presos comunes. Ahora, denuncia Park, “inevitablemente” su destino es el campo de prisioneros políticos, “de donde es imposible escaparse. Y las cadenas son siempre perpetuas”.
Human Rights Watch ha descrito este último tipo de centro penitenciario como “caracterizado por abusos sistemáticos y a menudo unas condiciones letales, incluidas raciones escasas que llevan prácticamente a la inanición, apenas sin cuidados médicos, alojamiento o ropa adecuada y con maltratos habituales que incluyen abusos sexuales, torturas de los guardias o ejecuciones”.
Las amenazas hacen que cada vez sea más difícil encontrar colaboradores para las redes de fuga y organizar traslados, asegura Park. Aunque el intermediario reconoce que en la caída en las cifras de huidos también juega un papel el que la situación económica ya no es la de los tiempos de la hambruna de los años noventa. Los agricultores están autorizados a quedarse con el 60% de la producción acordada con el Gobierno y con el exceso, si lo hay. Sobre todo en las áreas fronterizas florece una muy incipiente economía privada, basada en el trueque y semitolerada por el régimen.
Pero, según él, el principal motivo es el endurecimiento de la persecución. Las órdenes de impedir el tránsito de los desertores, asegura, provienen directamente de Kim Jong-un y de su entorno. “Para él, los desertores somos escoria humana, traidores. Gente que ha difamado al régimen y lo ha puesto en entredicho ante la comunidad internacional”.
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