Claudio Bonadio falleció a las 6.20 de la mañana en su casa, a los 64 años. Estaba con cuidados paliativos, producto del tumor en el cerebro que padecía. Había tramitado hacía tiempo su jubilación, pero seguía en el cargo con una evidente obsesión con las causas contra funcionarios del kirchnerismo. Desde 1994 ocupaba el juzgado número 11 del fuero federal que montó Carlos Menem con jueces afines que eran nombrados a dedo sin escalas ni exámenes por el Poder Ejecutivo. Cuando escuchaba música sacra en la oficina sus empleados tenían la entrada prohibida. Había trabajado con Carlos Corach en la Secretaría legal y Técnica y fue, de hecho, uno de los nombres que denunció Domingo Cavallo en la célebre servilleta donde dijo que el ex ministro del Interior había escrito los nombres de quienes garantizarían protección judicial. Se reconocía como peronista y había trabajado antes en el Concejo deliberante porteño como asesor del bloque justicialista. Con el tiempo, quedó claro que Bonadío no se quedaría por siempre amarrado a sus mentores o al poder político de turno, sino que jugaba para Bonadío.
La embajada
Su juzgado fue conocido como “La Embajada” porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones “carnales” con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso “dólar futuro”. Pero también artilugios que utilizó en los últimos años con asiduidad cuando agudizó sus intentos por lograr efectos políticos desde su poder como juez. Un ejemplo es la creación de causas mellizas. Lo hizo cuando la Cámara Federal lo apartó del caso Hotesur (por impedir a las defensas acceso a estudios periciales) y cuando recibió una denuncia por hechos casi análogos abrió otra causa conocida como Los Sauces, donde se declaró incompetente después de procesar a la actual vicepresidenta. Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman, conocida como la de “Memorándum”, que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de “traición a la patria” que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva. El forum shopping y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora.
En los tiempos que le tocó investigar el encubrimiento desplegado en la investigación original del atentado a la AMIA, Bonadio no había tenido ni la mitad del ahínco que se le vio en el caso del Memorándum. Protegió a funcionarios judiciales –entre ellos a su amigo el ex juez Juan José Galeano-- y ex funcionarios, entre ellos a su mentor Corach. Tuvo cinco años cajoneada la causa, hasta que la Cámara Federal se la quitó, y pasó al juez Ariel Lijo. Paradoja si las hay, Nisman lo había denunciado a Bonadio en 2010. Lo acusaba de intentar apartarlo de la investigación del atentado a la AMIA en connivencia con Corach y el Fino Palacios.
Otros hitos de su biografía fueron la detención en 2003 de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes les adjudicaba la desaparición de trece integrantes de Montoneros, una forma de resucitar la teoría de los dos demonios. Antes, en 2001, había asesinado en el barrio de Florida con su pistola Glock a dos jóvenes que habían querido asaltarlo cuando estaba con un amigo.
No es que Bonadio no haya tenido denuncias con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Tuvo al menos 70. Pero siempre logró sortearlas con la protección de diversos sectores en el organismo, en especial sus colegas, el peronismo y la propia corporación judicial. Hubo un grupo de denuncias que pintan su actuación en los años 90, como la causa que estiró por siete años sobre el vaciamiento del astillero Tandanor y otra por créditos irregulares que el Banco Nación le dio a la curtiembre Yoma, que duró casi una década. Toda una estrategia para conducir los expedientes a la prescripción. La máxima consecuencia por aquellas acusaciones fue que le pusieron una multa del 30 por ciento de su sueldo, que igual la Corte después cuestionó. Otro cajoneo de una década que le costó un pedido de remoción fue el caso donde debió investigar una denuncia de pacientes hemofílicos contagiados de VIH y hepatitis por transfusiones de sangre. Eran 1200 personas afectadas, algunas de las cuales fallecían por el paso del tiempo. Pero ni este hecho, ni otros como haber utilizado el peritaje trucho del perito procesado por falso testimonio en la causa sobre GNL, le trajeron costos o consecuencias.
Tres de las denuncias que subsistían contra Bonadio, y que ahora caerán, estaban vinculadas con su actuación en la causa de los cuadernos; otra se la había hecho Oscar Parrilli, también por abusos en la instrucción de un caso en su contra y falsificación de testimonios. El abogado de CFK, Carlos Beraldi, denunció que le impidió ingresar a un allanamiento en la casa de la ex presidenta. También lo denunció Gerardo Ferreyra. A la vez tenía acusaciones vinculadas a los últimos escándalos: el llamado “D’Alessio gate”, la causa de espionaje que tramita ante Alejo Ramos Padilla y el manejo de la causa que se utilizó para atacar a aquella, llamada “operativo puf”, basada en escuchas en el penal de Ezeiza, que Bonadio tomó como válidas.
Bonadio fue un hombre con ascendencia en Comodoro Py entre sus pares. Aún algunos que no lo querían comentaban tras su fallecimiento: “habrá sido un mal juez pero tenía huevos”. Así como sus superiores fueron alguna vez críticos de su actuación, en los últimos años le ofrecieron mayor respaldo, lo que se vio a las claras en el caso cuadernos y la utilización de la figura del arrepentido en acuerdos con el poder político. Bonadio tuvo amistad con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que allá por 2017 arengaba a los jueces federales a que avanzaran contra ex funcionarios del kirchnerismo. Una famosa foto de Bonadio y Lorenzetti junto con el actual ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, resume el mensaje. Moro era entonces juez, el magistrado que metió preso a Lula, y era traído como modelo a seguir por el Poder Judicial argentino. Lorenzetti ponía a Bonadio como juez ejemplar por rapidez en la causa por el accidente de Once, por la que terminaron varios ex funcionarios presos. Las buenas migas con el gobierno de Cambiemos no sólo se vieron en el caso Memorándum y en cuadernos. Bonadio sobreseyó sin indagarlos a Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich en una causa por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo. Bonadio llegó a citar a Cristina Fernández de Kirchner a 8 indagatorias en un mismo día. Había creado múltiples desprendimientos del caso cuadernos y así multiplicaba las acusaciones, varias por asociación ilícita, esa figura utilizada como comodín cuando no hay nada para sostener un delito específico. Fue el exponente del lawfare en Argentina por excelencia. Hasta logró que el bolillero electrónico que sortea las causas le asignara la mayoría de las que le interesaban para provocar algún impacto en la política.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS 
(Gran Papiyo)
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