Son más de 30 los detenidos por la fallida incursión desde Colombia, otro hecho de desestabilización en el contexto de “guerra no convencional” impulsado por la oposición. La participación de la DEA y de la empresa SilvercorpUSA. Violentos tiroteos en barrios de Caracas.
A una semana del fallido intento de invasión planificado desde Colombia hacia las costas venezolanas, ya fueron detenidas más de 30 personas, “entre mercenarios y equipo de apoyo”, dos de ellos exboinas verdes, Luke Denman y Airam Berry, de la empresa Silvercorp, contratada por el equipo asesor de Juan Guaidó para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, hay cada vez mayores evidencias del uso y captación de Bandas Criminales (las Bacrim, como se las llama en la región), en un sostenido proceso de desestabilización interno en el contexto de “guerra no convencional”.
Al mismo tiempo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene activada la Operación Negro Primero y la Fase III del Plan Escudo Bolivariano 2020. Por un lado, en las últimas horas se realizaron operaciones de patrullaje y “búsqueda de elementos terroristas” en las riveras de Bolivar y Apure, y se hallaron “a la deriva tres lanchas militares de la Armada Colombiana modelo Boston Wheele”. Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ordenó un dispositivo especial en Petare, la barriada popular más grande de la Gran Caracas, ubicada en el municipio Sucre, Miranda. Allí se produjeron cinco días de fuertes tiroteos previos al intento de incursión armada, y luego continuaron como parte de una maniobra distractiva coordinada entre los grupos mercenarios y bandas del hampa común de la zona, según confesó uno de los primeros detenidos, José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, un conocido traficante de drogas en Colombia. Además aseguró que fue contratado por la Agencia antinarcóticos de EE UU, la DEA, para provocar enfrentamientos ficticios y crear zozobra dentro de la población.
Los tiroteos se reiteraron en las últimas horas. Y las Fuerzas de Acciones Especiales y la Guardia Nacional Bolivariana desplegaron un impresionante operativo en las adyacencias del barrio José Félix Ribas de Petare. Rumores y fakes news tomaron las redes sociales, y hubo gran inquietud dentro y fuera del territorio nacional por una supuesta “guerra declarada” entre el hampa y el gobierno. En operativos se incautaron gran número de armamento, drogas y vehículos, y fueron abatidos más de una docena de delincuentes.
Por otro lado, la CIDH reiteró su denuncia de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela en un informe elaborado desde la frontera colombo-venezolana: “Se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza”, asegura. El pronunciamiento ocurre justo cuando hay cada vez mayores evidencias del uso y captación de las Bacrim y cuando familiares de Denman, el mercenario capturado, declararon a la prensa estadounidense que tenían información de que había recibido buen trato.
También en las últimas horas, el vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, presentó nuevas pruebas del contrato suscrito por los asesores del “gobierno interino”, Juan José Rendón, Sergio Vergara y el mismo Guaidó, con la contratista norteamericana SilvercorpUSA, de Jordan Goudreau. Allí se especificaba la captura o asesinato del presidente Maduro y su gabinete ejecutivo, del alto mando militar y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el uso de la fuerza letal contra la población civil que se resistiera al cambio de gobierno, así como la derogación de la Constitución vigente y las instituciones del Estado, y su reemplazo por una cadena de mando que incluía a funcionarios extranjeros. La acción se llevaría a cabo por un monto de más de 212 millones de dólares.
El Fiscal General, Tarek William Saab, emitió orden de aprehensión y solicitud de extradición contra Rendón, Vergara y Goudreau por la “Operación Gedeón”, como fue bautizado el fallido intento de invasión. No hubo ninguna referencia a Guaidó por su posible complicidad.
Tras las acusaciones realizadas por Maduro, hacia los gobiernos de EE UU y Colombia, los presidentes Donald Trump e Iván Duque se apresuraron a deslindarse de estos hechos. El mandatario colombiano negó cualquier vinculación con la operación, pero insistió en la “necesidad de la comunidad internacional de reactivar la democracia en Venezuela”. En Colombia, alertó Maduro, residen Juvenal Sequea, Hernán Alemán y Alexander Ruso, quienes participaron en el intento de magnicidio de 2018 y en el golpe de abril de 2019 que permitió la fuga de Leopoldo López a la embajada de España.
Sequea, desertor de la GNB y hermano del capitán Antonio Sequea, es uno de los capturados. En una entrevista a VPITV admitió que el grupo “esperaba hacer todas las coordinaciones con los países que participan en la operación antinarcóticos en el Mar Caribe para capturar a los requeridos- entre ellos al presidente Maduro- y llevarlos ante los tribunales internacionales”.
En este delicado escenario, los casos de coronavirus llegaron a 388 y el gobierno evalúa propuestas para reforzar la cuarentena social a fin de evitar un brote masivo en el país. Hasta el momento hay 10 fallecidos y se han recuperado 190 personas. El 98% de los casos registrados son asintomáticos o leves, un 1,5% son moderados y un 0,5% se encuentran graves o en estado crítico.
La brutal honestidad de Trump
Ante la denuncia de Maduro de que EE UU estaba involucrado en el fallido desembarco en Caracas, Trump no se guardó nada: “Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y no harían nada al respecto, se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no. Sería llamado un ejército (…) Sería llamado una invasión”, afirmó en una entrevista con Fox News.
El 1 de abril, el mandatario de EE UU anunció el despliegue de la mayor operación militar antinarcóticos en el Caribe para acabar con “la amenaza del tráfico de drogas” y el fiscal general de su país emitió una orden de captura con una recompensa de 15 millones de dólares sobre Maduro, al que imputó por narcotráfico.
Luego nominó a James Story, encargado de negocios de la Oficina Externa de EE UU para Venezuela desde Colombia, como su nuevo embajador en Caracas, pese a no mantener relaciones diplomáticas con el gobierno chavista sino con el autodesignado Guaidó. Esto fue considerado por la diplomacia bolivariana como una nueva agresión. Story volvió a involucrar a Venezuela en el narcotráfico, a la vez que negó la participación de su país en la Operación Gedeón y ratificó su apoyo a Guaidó.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS 
(Gran Papiyo)
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